Un operativo de la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo se reactivó la mañana de este martes en León, una de las principales ciudades de Nicaragua, ubicada en el occidente del país, para seguir cazando ciudadanos considerados opositores. Esta vez, los oficiales arrestaron de manera violenta al neumólogo Pablo Amaya. El doctor se suma a las 21 personas que han sido “detenidas arbitrariamente” desde el pasado 22 de noviembre, denunció este martes el Monitoreo Azul y Blanco a través de un comunicado.
Si bien la organización de Sociedad Civil (que documenta las detenciones políticas desde el exilio) reporta arrestos en al menos diez departamentos del país, León ha sido uno de los más golpeados. Desde la noche del viernes 22 inició la cacería de personas, eminentemente activistas, académicos y periodistas.
Los operativos en León han sido dirigidos por el comisionado Fidel Domínguez, un leal a la pareja presidencial. Entre los primeros detenidos en León sobresalen el periodista Leo Catalino Cárcamo y Arnoldo Toruño, un respetable médico metropolitano de 78 años de edad. Toruño estaba jubilado y retirado de la vida pública desde hace varios años.
El Monitoreo Azul y Blanco califica como “alarmante” el registro de familias completas detenidas, “incluidos niños menores de edad y 10 adultos mayores en estado vulnerable, cuyos paraderos también son desconocidos”. También se conoció del arresto del periodista y empresario Henry Briceño de 75 años en el municipio de San Rafael del Sur.
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Fuentes cercanas a la policía de los Ortega-Murillo han confiado a DIVERGENTES que las diez personas detenidas en León durante el fin de semana pasado fueron trasladas a El Chipote, una prisión señalada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como un centro de “torturas”. Sin embargo, los oficiales no les revelan el paradero de los detenidos a sus familiares, quienes se encuentran en un estado de conmoción, desespero y terror.
“Además de las detenciones injustas, las autoridades tratan con saña a los familiares, negándoles información sobre el paradero de las personas detenidas y desapareciéndolas por días. Esta estrategia alimenta la desinformación, creando un ambiente de angustia y zozobra”, advierte el comunicado del Monitoreo Azul y Blanco. “Esta situación evidencia la falta de respeto por los derechos humanos básicos y refuerza un clima de miedo e incertidumbre en el país”, insisten.
Detenciones en medio de profundo cambios legales
Esta nueva oleada de detenciones ocurre en un momento en que la dictadura Ortega-Murillo está realizando profundas reformas legales en Nicaragua para dotar de un marco legal al Estado totalitario que vienen implantando desde 2018, de acuerdo a opositores en el exilio. El primer cambio sustancial fue una reforma profunda de casi cien artículos a la Constitución Política.
“Estas acciones de detención se dan tras las reformas inconstitucionales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, que refuerzan su control represivo”, dice el Monitoreo Azul y Blanco.
La nueva Carta Magna impuesta cambia el sentido del Estado de Nicaragua al nombrarlo “revolucionario y socialista”, y crea una “copresidencia” compartida entre Ortega y Murillo, resolviendo de esa manera el controvertido tema de la sucesión familiar. Además, la reforma permite a los copresidentes designar a dedo a los vicepresidentes que consideren necesarios, sin que pasen por el sufragio popular. Esta disposición ha sido interpretada por críticos como la apertura para nombrar en la nueva línea de sucesión constitucional a sus hijos, como Laureano Ortega, el “delfín” que sus padres promueven con mayor énfasis.
En total, este cambio de la Constitución afecta a un centenar de artículos, que sepulta las ruinas del balance de poderes, legaliza a los paramilitares, faculta al Ejército de Nicaragua para reprimir por motivos políticos junto a la Policía Nacional y justifican el despojo de la nacionalidad a críticos considerados “traidores a la patria”.
La dictadura también ordenó este martes reformas la Ley de Migración para dotar de legalidad el destierro de nicaragüenses y encarcelar a los que salgan del país de forma irregular. La reforma incluye también una adición a la Ley 641 o Código Penal de la República de Nicaragua para castigar con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntamente “menoscabo a la integridad nacional, la soberanía” o supuestos actos “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.