En su más reciente Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), actualizado a septiembre de 2025, el Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó un crecimiento del 7.2% respecto al mismo período del año anterior. Lo que más destaca es que la explotación de minas y canteras encabeza el impulso económico, con un salto del 21.2%, seguida por la construcción (15.6%) y hoteles y restaurantes (9.9%). La pregunta es si este repunte minero se debe a que el país está ante una bonanza estadística, o frente a una acelerada expansión de extractivismo? Aquí te lo explicamos.
En el informe de Comercio Exterior del primer trimestre del BCN reporta que la industria minera ganó más de 49.6 millones de dólares más que el 2024, gracias al aumento de las exportaciones, lo que representa un crecimiento del 15.8%, impulsado por aumentos en las exportaciones de oro que asciende a 52.1 millones de dólares, 17.1% más que en el mismo período anterior.
Esta institución estatal recalca que el incremento no se debe a que exista un mayor volumen de exportación, sino de que el precio promedio al que Nicaragua vende el oro en el mercado internacional se incrementó.
En el informe del segundo trimestre del BCN menciona que Nicaragua exportó 159.7 millones de dólares más en productos mineros que el año anterior, lo que significa un aumento de 45.4%. Durante el tercer trimestre, el informe de Comercio Exterior de esta entidad, indicó que las exportaciones de oro, comparado al año anterior, aumentaron 272.1 millones de dólares, un crecimiento del 87%.
Minería duplicó sus exportaciones
Es decir, la minería casi duplicó sus ingresos de exportaciones. El informe finaliza con el dato acumulado de 2025, en el cual se refleja que las exportaciones mineras aumentaron a más de 481.4 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 49.2%.
Esto significa que el oro vuelve a “salvar” la economía, pero a costa de una creciente dependencia de un solo sector y de elevados impactos sociales y ambientales, advierte Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, perseguida y confiscada por el régimen sandinista.
Los datos del IMAE muestran que la minería impulsa el crecimiento económico a un ritmo muy superior al del resto de las actividades productivas de Nicaragua. El BCN refiere que el incremento no se debe al volumen exportado, es decir, no existe un incremento de la producción real, sino al aumento de precio promedio internacional.
Esta impresión sólo lo deja claro en el primer trimestre, según el informe de Comercio Exterior. Sin embargo, los reportes son claros; la minería se acelera cada trimestre, al punto que para el tercer trimestre, este rubro casi se duplicó sus ingresos en un 87%, incluso el dato acumulado muestra que el país ha llegado a un incremento histórico.
Esto implica que, lo que inició como un aumento de precios terminó convirtiéndose en una expansión agresiva del sector porque los datos reflejan mayores extracciones de “oro, material selecto, piedra triturada y yeso”, lo que según Ruiz se aprecia en mayor número de concesiones activas y ampliadas, el aumento de exportación en territorios indígenas y afrodescendientes, potencial incremento de la minería industrial y artesanal y claros riesgos socioambientales.
El alza del oro acelera la extracción y expande las concesiones mineras en Nicaragua
Según Ruiz, el aumento de las exportaciones de oro está estrechamente ligado a dos factores: una mayor extracción y el alza sostenida del precio internacional del metal. En los últimos años, el valor del oro ha alcanzado niveles históricos. Al 13 de diciembre de 2025, la onza troy se cotizaba en 4300 dólares, frente a los 3325 dólares registrados en junio del mismo año.
En 2024 el precio rondaba los 2390 dólares, y en 2023 se ubicaba en 1943 dólares por onza, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en sus indicadores mineros al 21 de marzo del 2025. Este incremento explica por qué la minería aurífera continúa siendo un negocio altamente rentable.
La pregunta clave es si este crecimiento también implica una mayor extracción física de oro. Los datos oficiales sugieren que sí. Según el MEM, hasta agosto de 2024 se otorgaron 144 concesiones mineras metálicas, que abarcan 1 742 578.65 hectáreas, y 104 concesiones no metálicas, con una extensión de 49 316.06 hectáreas. En total, el país registra 248 concesiones mineras que cubren 1 791 894.71 hectáreas, de 13 037 347 que abarca la superficie total del territorio nicaragüense.
Además, el Estado reporta 155 solicitudes de nuevas concesiones, de las cuales 74 son metálicas y 41 no metálicas. Sin embargo, como advierte Ruiz, no existen cálculos actualizados e independientes debido a la opacidad del Estado, por lo que, hasta ahora, las cifras oficiales del régimen siguen siendo la única referencia disponible.
Ruiz afirma que el número de concesiones nuevas no existe, Fundación del Río ha hecho un esfuerzo por ahondar más sobre los nuevos movimientos del régimen en este sector, porque “las concesiones chinas que están otorgando son en su mayoría áreas de reserva minera o de concesiones anteriores sido otorgadas a otras empresas, por lo cual no son concesiones nuevas, sino es una cesión de derechos de una empresa, que ya tenía la concesión antes, a otra empresa de China. En cambio, según el ambientalista, “las concesiones nuevas, nuevas por así decirlo, son áreas que no eran ni área de reserva minera, ni que le pertenecían a otra empresa concesionaria, pero no tenemos el dato”.
El auge minero no se traduce en trabajo ni salarios dignos
Aunque el crecimiento en la industria del oro ha crecido (metálica y no), esto no significa una mejoraría en las condiciones laborales, ni tampoco más plazas de trabajo. “Es una actividad que produce aproximadamente 5000 empleos formales, pero es la industria número uno de exportación y la que menos empleo produce en el país.
Este no es el caso de la minería artesanal, que toda o la mayoría es ilegal, no cumple las condiciones laborales y tampoco produce empleo formal, esto implica que no pagan seguro social, hay riesgos laborales, hay accidentes, no paga impuestos o por lo menos no por la vía formal”, aclara el ambientalista, quien desnacionalizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según Ruiz, más 40 000 personas que trabajan en la minería artesanal de manera ilegal,están fuera de cualquier sistema de tributación, seguridad social o control ambiental, lo que significa que esta actividad no aporta ingresos fiscales al Estado. Estas cifras revelan una contradicción central del auge minero en Nicaragua: crece la extracción y el valor de las exportaciones, pero no el empleo formal, ni la recaudación tributaria estatal.
En contraste, los datos oficiales del MEM muestran que la minería industrial genera poco empleo formal. Hasta 2022, el propio ministerio reportó 3045 empleos en minería metálica y 564 en minería no metálica, para un total de 3609 puestos de trabajo, concentrados únicamente en la fase de explotación.
Esta cifra resulta incluso menor a la registrada en 2007, cuando ambas actividades sumaban 4156 empleos. Es decir, el número de personas que dependen de la minería ilegal y la limitada generación de empleo formal evidencia que el crecimiento del sector no se traduce en desarrollo laboral, sino en un modelo extractivo que expande concesiones, aumenta exportaciones y eleva ingresos empresariales, mientras precariza el trabajo, debilita la fiscalización y reduce los beneficios reales para la economía nacional.
Salarios de sector minero no cubren canasta básica
Sin embargo, los registros del BCN sobre el número de asegurados activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por actividad económica muestran que el crecimiento del empleo formal en el sector minero es limitada y gradual. En 2023, la actividad de minas y canteras registraba 5611 asegurados; un año después, en 2024, la cifra aumentó levemente a 5851, y hasta octubre de 2025 se contabilizan 6234 trabajadores asegurados.
En cuanto a los ingresos, evidencian que, aunque el salario mínimo aumentó de forma progresiva, el número de empleos formales en la minería no crece al mismo ritmo que la expansión del sector, ni que el aumento del valor del oro en los últimos cinco años.
En septiembre de 2025, el salario mínimo se ubicó en 12 678 córdobas; en diciembre de 2024 era de 11 586 córdobas; en diciembre de 2023, 10 149 córdobas; en 2022, 8470.90 córdobas; y en 2021, 8075.90. Sin embargo, al comparar el salario mínimo con el costo de la canasta básica en noviembre de 2025 —que alcanzó los 20 768.22 córdobas, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide)— se evidencia una brecha significativa.
Para cubrir únicamente los bienes y servicios básicos de una familia, un trabajador del sector minero tendría que destinar aproximadamente el 164% de su salario mensual, es decir, más de una vez y media su sueldo.
El costo ambiental y social del boom minero
El costo medioambiental es una preocupación directa de Fundación del Río y otras organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, sin embargo, la incidencia que tenían, después de 2018 es casi nula.
Ruiz cuenta que con la entrada de empresas de origen chino, protestaron movimientos y comunidades para evitar la extracción de oro, pero luego de la crisis socioeconómica que marcó el país ese año, “el régimen controló las movilizaciones sociales, pues la gente tiene miedo de expresarse y de enfrentar cualquier arbitrariedad que sucede con la minería industrial o artesanal y no se puede establecer ninguna protesta ni ningún reclamo”.
Es decir, no hay cuestionamientos directos por parte de las comunidades pero siguen las preocupaciones por el tema de la tierra, como por ejemplo, “¿qué va a pasar con las tierras de las personas que están dentro de esas concesiones mineras chinas?”, peor aún luego de que el régimen modificara la Ley de Áreas Protegidas y el Sistema de Evaluación Ambiental, permitiendo la entrada de la minería dentro de áreas protegidas, además de que a los proyectos mineros no se les exige presentar estudios de impacto ambiental, ni hacer consultas previas a comunidades afectadas por los proyectos.
“Esas dos modificaciones son las principales preocupaciones y riesgos más importantes que enfrentan los recursos naturales y las áreas protegidas, por el daño ambiental que puede provocar estas industrias mineras en esa zona”, recalca Ruiz. Y es que los estudios de impacto ambiental, que deberían presentarse antes de la instalación de una minera, ahora son sustituidos por programas de gestión ambiental que se exigen después de que el proyecto ya está operando en el territorio. Esto incrementa de forma significativa el riesgo de daños ambientales.
Pese a liderar el crecimiento económico, la minería no se traduce en más empleo formal ni en mejores condiciones de vida: los salarios del sector continúan por debajo del costo de la canasta básica y miles de personas permanecen en la minería artesanal e informal, fuera de cualquier protección laboral o contribución fiscal, advierte Ruiz. Así, más que una bonanza generalizada, los datos revelan un crecimiento concentrado, con altos costos sociales y ambientales.