Juan Carlos Ocampo, activista de la organización indígena Prilaka:

“Matan animales y a la gente. Es un horror extremo en las comunidades indígenas”

El régimen Ortega-Murillo no ha emitido un pronunciamiento sobre la masacre ocurrida en Wilú, en el territorio Mayangna Sauni As. Los comunitarios denuncian que en lugar de garantizar seguridad en la zona, las autoridades del régimen ponen trabas para la ayuda humanitaria que los comunitarios reciben de familiares y otros nicaragüenses interesados en apoyarlos. La violencia persiste en 250 de las 340 comunidades del Caribe Norte, mientras el Estado mantiene una postura indolente y negligente que genera impunidad


26 de marzo 2023

La comunidad de Wilú tras el paso de los colonos. Foto tomada por los comunitarios.

La última masacre indígena ocurrida en la comunidad de Wilú, territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, fue minimizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A pesar de que fueron asesinados cinco comunitarios por colonos fuertemente armados, la dictadura únicamente envió una comisión interinstitucional conformada por la Policía, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ejército que, en lugar de garantizar la seguridad de las víctimas, ha instalado un control sobre la poca ayuda humanitaria que los ciudadanos están recibiendo, denuncian los comunitarios. 

La inseguridad persiste en Wilú y otras comunidades del Caribe. Esta semana Prilaka, una organización que se dedica a denunciar la violación de derechos humanos de las comunidades indígenas de Nicaragua, informó que una banda fuertemente armada integrada por al menos 36 colonos mantienen presencia en el sitio de trabajo agrícola conocido como Arawas, en el territorio Wangki Twi Tasba Raya en el municipio de Waspam.

Los comunitarios y líderes reiteran el llamado a las autoridades competentes a tomar acciones contra la violencia y tensión que viven las comunidades indígenas a raíz de la invasión de colonos. Solicitan desarmar a quienes organizan este tipo de acciones y ejecutar un saneamiento”, recomendó Prilaka.

Aunque los líderes indígenas de las comunidades han solicitado mayor vigilancia en la zona, hasta ahora ni el Ejército ni la Policía han desarrollado un plan para garantizar la tranquilidad de los comunitarios. “El Gobierno ni siquiera se ha referido a lo ocurrido. Tenemos una situación de inseguridad alimentaria, de exposición a potenciales enfermedades, y la única respuesta es el silencio”, denunció Juan Carlos Ocampo, activista de la organización Prilaka y defensor de los derechos de los indígenas.

En esta entrevista con DIVERGENTES, Ocampo relata cuál es el sentir de las comunidades respecto a la masacre indígena y el futuro que les espera ante un Estado indolente hacia las víctimas.

“Matan animales y a la gente. Es un horror extremo en las comunidades indígenas”
uan Carlos Ocampo, activista de la organización Prilaka
Hace dos semanas un grupo de invasores asesinó a cinco indígenas en la comunidad de Wilú, ubicada en el territorio Mayangna Sauni As. ¿Qué ha ocurrido en el territorio desde ese día?

Ha habido una movilización para la protección de la vida no sólo de los habitantes de la comunidad de Wilú, sino también de las comunidades aledañas. Toda esa gente está prácticamente refugiada en Musawas. Tenemos una emergencia humanitaria: la gente no tiene casa, tampoco tienen acceso a sus áreas de cultivo, al bosque para poder cazar, pescar, porque los invasores están en el territorio. Es una situación de inseguridad alimentaria, de exposición también a potenciales enfermedades, de hacinamiento en la comunidad. Y obviamente hay todo un trauma por la experiencia tan dura que se ha vivido. Existe mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en los próximos meses. La gente no sabe cómo recomenzar su vida, especialmente los familiares de los asesinados.

Un día después de la masacre los comunitarios informaron que las autoridades locales llegaron a Wilú para “evaluar” lo ocurrido. ¿Cuál fue el resultado de esa visita?

El domingo doce de marzo, un día después de la masacre, llegó el Minsa, la Alcaldía, la Policía y el Ejército. Hicieron un levantamiento forense de algunos cuerpos que todavía no habían sido enterrados y el lunes visitaron Wilú. La postura de las comunidades es que el resultado de esa visita fue insuficiente, porque las autoridades no cumplieron con las expectativas que tenían de protección y de control de la violencia que hay en los territorios, pero también de seguridad para poder regresar a sus tierras. Llama también poderosamente la atención que a estas alturas el Gobierno de Nicaragua no haya sacado un comunicado informando lo que ocurrió. Lo que persiste en el terreno es la supervisión y control de las autoridades sobre la poca ayuda humanitaria que ha llegado a la comunidad. De alguna manera lo que se quiere es que todo sea a través de las instituciones del gobierno. Pero la gente también quiere hacer cosas, muchos tienen familiares en las comunidades, mucha gente también quiere apoyar por solidaridad. Pero es complejo

¿Cuáles eran las expectativas que tenían los comunitarios con la visita institucional de MINSA, Alcaldía, Policía y Ejército?

Un compromiso con la judicialización, con la investigación, con llevar ante la justicia a los responsables de la violencia y de todo lo que pasó en Wilú. Y también una presencia más permanente del Ejército para tratar de identificar y ubicar a los delincuentes y desarmar a estas bandas armadas. En general lo que la gente espera es tener condiciones de seguridad para vivir en paz en sus comunidades. Pero los hechos demuestran que no ha sido eficiente el trabajo de las autoridades.

Se supone que el Ejército cuenta con un batallón destinado para el resguardo de esta zona en donde están asentadas las comunidades indígenas. ¿Cuál es el papel de la autoridad militar respecto a las masacres y qué dicen sobre estas? 

En primer lugar hay que tomar en cuenta que hay mucho hermetismo sobre lo que hacen las instituciones del Estado y no hay mucha información sobre lo que realmente hace el Ejército. Obviamente el mandato del Ejército es proteger Bosawás del saqueo y de las invasiones, y se supone también que deben garantizar la seguridad de los dueños ancestrales históricos de esos territorios, que son las comunidades indígenas. Sin embargo, no hay información pública que demuestre que ha habido trabajo sistemático del Ejército para detener a los responsables de las invasiones de los territorios y también de la violencia que hay en las comunidades. De lo que sí hay reportes es de cómo el Ejército muchas veces ha amenazado o intimidado a comunitarios. En algunos casos, por ejemplo, en el río Coco, han golpeado a comunitarios que son líderes que están al pie y junto a sus comunidades en la lucha por organizarse para hacerle frente a las invasiones. Entonces, desde el punto de vista de las comunidades, el trabajo del ejército es más bien de condicionar de manera negativa la organización comunitaria y sembrar más miedo.

Leímos en la página de Instagram de Prilaka que había registros de nuevas invasiones en los territorios indígenas. ¿Cuál es la situación en esas comunidades?

Es importante tener en cuenta que la ocupación de tierra es de manera permanente y más en esta época, que es de preparación de primera y los invasores están buscando áreas para rozar, tumbar y quemar para luego sembrar pasto para el ganado. La violencia ha aumentado porque los colonos prácticamente han ocupado la mayor parte del área boscosa que las comunidades tenemos como reservas y ahora están llegando al área de tacotales, es decir, de rastrojos y áreas cultivadas.

Los colonos de alguna manera lo que buscan es tener cierta certeza de que controlan el área para garantizar un retorno de las inversiones que están haciendo en potreros y en muchas otras cosas. Entonces, lo que buscan con eso es someter, que te sumés a su bando y si no logran eso, entonces buscan cómo desplazarte con violencia. Es parte de un proceso, digamos acelerado, de despojo del territorio con el desplazamiento y la persecución. Siempre hay nuevas familias que están siendo desplazadas de sus áreas de cultivo, nuevas hectáreas ocupadas, nuevo bosque talado y deforestado.

¿Cuál es el ambiente que se vive en las comunidades que no fueron atacadas? ¿Cómo viven con este problema en sus territorios?

Hay aproximadamente 340 comunidades indígenas y al menos en 250 está ocurriendo esta situación de violencia. Algunas no tienen muchos problemas con el tema de invasión de propiedad, pero no quiere decir que no existan. Es que en los otros territorios el bosque es de pinar y es altamente ácido, o sea, impide el desarrollo del pasto que necesita el ganado de los invasores. 

En este momento la situación de violencia agravada está ocurriendo en un territorio, el Mayangna Sauni As, que está conformado por unas 30 comunidades. Esta violencia extrema, el ataque a las familias, la quema de comunidades y el asesinato de comunitarios está focalizado en este territorio. Ellos tienen en sus patios a un montón de ladrones que están dispuestos a asaltarlos. Ya te podrás imaginar cómo se sienten. Hay mucho temor  como para realizar actividades de agricultura o pesca. Incluso hay temor dentro de las comunidades, porque lo que ha demostrado la situación en Wilú, es que ya no hay respeto por la vida porque entran y le pegan fuego a todo lo que encuentran, matan animales, matan a la gente. Es un horror extremo en las comunidades indígenas. 

Otro fenómeno que está ocurriendo, no solo en Musawás, sino en otros territorios, es que los jóvenes, al ver que las invasiones son tan violentas y que el Estado no ha garantizado justicia, se apoyan de sus redes, los que pueden, y migran. Por ejemplo, están saliendo de las comunidades para ir a las tabacaleras en Estelí o a las mismas plantaciones de palma africana en el sur. Y lo que ganan ahí a duras penas les da para comer y mandarle a su familia. Hay todo un drama con varios rostros a varios niveles, una crisis social que estamos viviendo derivado de las invasiones.

¿Cómo puedes describir la actitud del Estado en todo este tiempo de invasión? 

Ese silencio, esa falta de una comunicación oficial, esa falta también de garantía permanente, el hecho de que no ataquen los factores de violencia como son las bandas armadas y los invasores, genera muchos cuestionamientos y también mina la credibilidad que la gente tiene en el Estado. En ese sentido, también se ve como al Estado nicaragüense es el principal violador del marco jurídico que tenemos en el país en materia de derechos humanos, de pueblos indígenas y afrodescendientes, pues aunque aprobó las leyes, no hace nada para proteger los bienes jurídicos.

Hay distintas prácticas negativas, pero por ejemplo, una de estas es que (el régimen) niega las razones estructurales del conflicto, que es la invasión y el modelo económico agresivo extractivista en la zona. Ellos argumentan falsamente que los conflictos son étnicos o se debe a rencillas personales, o incluso en algún momento han dicho que son grupos políticos con fines electorales manipulando a los indígenas. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que ese discurso no exime la responsabilidad que tiene el Estado de darle seguridad a las comunidades y a todo ciudadano en el país.

Otra práctica importante que ejecutan es la negación de justicia a las comunidades. La impunidad. Y la impunidad solo permite más violencia. La impunidad premia al agresor y castiga a la víctima. Yo creo que si el Gobierno aplicara la ley y hubieran traficantes de tierras presos, invasores judicializados por los más de 80 asesinatos de indígenas en los últimos 13 años, probablemente no se hubiera llegado a este nivel de violencia. Pero al haber tanta impunidad, hacen con los territorios lo que les da la gana.

Otro problema del Gobierno es la imposición de autoridades paralelas que no son reconocidas por las comunidades. Seleccionan a sus simpatizantes y luego los transforman en la junta directiva de la comunidad. Hacen elecciones con sus fieles para elegir al presidente territorial y todos van condicionados,  y aunque sea el vende tierra, lo apoyan. Luego el gobierno dice que las ventas de tierras o los arrendamientos los han hecho las autoridades de las comunidades, o sea, son autoridades impuestas por ellos, no son autoridades de las comunidades. Y esto es una práctica que socava la autonomía comunitaria, que socava los procesos de toma de decisión y que están también como una de las causas principales del conflicto. Y si a esto le sumamos que producto de la represión de la sociedad civil las pocas organizaciones que estaban en el Caribe trabajando de cerca con las comunidades, apoyando su organización en denuncia, no existen por las cancelaron, lo que vivimos es una indefensión total

¿Cuál debería ser ese primer paso para terminar con este conflicto tan complejo? ¿Qué debería ser un Estado responsable? 

Abordar el problema de invasión en la Costa Caribe es muy complejo porque involucra muchos intereses políticos, económicos y culturales, y requiere un abordaje distinto del Estado para que haya una solución a largo plazo. Una de las cosas importantes que se debería hacer es que el Estado reconozca que ha sido negligente, que no ha abordado debidamente el conflicto y que ha crecido principalmente por su responsabilidad. Este sería un primer paso, supondría buena voluntad para iniciar un proceso que permitan resolver el problema. Otra acción es que el Ejército, por ejemplo, pueda hacer patrullaje permanente con varias unidades en distintos puntos de la reserva, al menos por unos seis o siete meses, hasta poder identificar y capturar y desarticular todas las redes que tienen estas bandas armadas. Eso es fundamental también, quitar todo ese armamento pesado, que les permite andar por esos montes sin ningún temor a nada, porque saben que las comunidades no están armadas y que pueden hacer lo que quieran. También urge convocar a asambleas territoriales y comunales para que la gente elija a sus líderes.

Eso va a permitir sacar de los procesos de toma de decisión a un montón de gente corrupta que han agarrado el dinero de los colonos, que han amenazado a comunitarios, que están organizando grupos de choque en las comunidades. Y permitiría que cualquier proceso de saneamiento sea dirigido por gente que no está manchada, que no tiene otras intenciones.