“Me van a sentenciar”: inicia un juicio “lleno de irregularidades” contra José Rubén Zamora

A pocas horas del día mundial de la libertad de prensa, este martes inició en Guatemala el juicio contra el director y dueño del diario elPeriódico José Rubén Zamora. Un tribunal abrió la investigación en contra del periodista, sus colaboradores y columnistas del diario. Pero, ¿en qué consisten las acusaciones y qué opina su defensa? El equipo de DiverCheck te explica


Este martes inició el polémico juicio por lavado de dinero contra José Rubén Zamora, dueño de un diario crítico del gobierno de Alejandro Gianmattei, quien enfrenta una condena de 20 años de prisión y cuyo encarcelamiento ha provocado denuncias de ataques a la libertad de expresión.

José Rubén Zamora, director de elPeriódico y en prisión desde julio pasado, está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y chantaje, cargos que él afirma que son una represalia por decenas de publicaciones sobre corrupción en el gobierno guatemalteco.

“El tribunal declara abierto el debate oral y público”, anunció su presidenta, Oly González, al arrancar el juicio en presencia de Zamora, quien vestía traje azul oscuro, camisa blanca y corbata roja. “Soy un preso político y he sido tratado como tal”, declaró Zamora a periodistas al llegar al tribunal. Y aseguró: “En este juicio me van a sentenciar”.

Las supuestas evidencias del Tribunal

“Me van a sentenciar”: inicia un juicio “lleno de irregularidades” contra José Rubén Zamora

El primer caso contra Zamora tiene que ver con una transacción de efectivo que efectuó con el exgerente del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo, quien fue detenido en 2018 bajo cargos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado, en un caso que investigó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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Años más tarde, en 2022 Navarijo se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir investigaciones contra funcionarios señalados por corrupción y presentar denuncias espurias contra operadores de justicia.

El 28 de febrero de este año, un juzgado guatemalteco resolvió que el presidente del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, debe enfrentar un segundo proceso penal, por el supuesto delito de conspiración para obstruir la justicia. El Ministerio Público lo acusa de ocultar el origen de 25,600 dólares (unos 700,000 quetzales). 

Durante la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer también ordenó que se inicie una investigación por “obstrucción de justicia” contra los columnistas de elPeriódico Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, la directora del medio, Julia Corado, y un grupo de periodistas que trabajaron o siguen vinculados a ese diario, crítico con el oficialismo: Rony Ríos, Alexander Valdéz, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz. Actualmente se encuentran en el exilio. 

La resolución del juez, a partir de la exposición de la fiscal Cinthia Monterroso, pide investigar “a quien resulte responsable por la comisión de algún ilícito”. La fiscal desplegó ante el juez varias publicaciones con las que elPeriódico dio cobertura al primer caso contra Zamora, que describió como un “andamiaje de desinformación”. Monterroso pidió que Zamora siga en prisión para que no se obstaculice la investigación en su contra, ya que en su opinión las publicaciones de prensa “afectan la integridad física, el honor principalmente o los bienes” de los operadores de justicia.

“Un proceso lleno de irregularidades” 

“Me van a sentenciar”: inicia un juicio “lleno de irregularidades” contra José Rubén Zamora

El querellante adhesivo en este caso, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dijo por medio de uno de sus miembros, el abogado Raúl Falla, que la simulación de una operación (como la elaboración de la factura por un servicio que no se recibió) era punible por la ley. Sin embargo, uno de los abogados que defendió a Zamora, Cristian Ulate, señaló en agosto del año pasado que para “lavar el dinero” este debía tener un origen ilícito, y eso no lo ha probado la FECI, que sólo cuenta con la declaración de García Navarijo.

Entre la audiencia de primera declaración de Zamora, del 8 y 9 de agosto, y mediados de octubre pasado, cuando Ulate dejó el caso, este abogado siempre señaló, como se lo aseguró su cliente, que el dinero provenía de dos empresarios y financistas quienes lo retiraron de una agencia bancaria. Ambos le entregaron dinero en efectivo para no dejar un rastro en papel de su vínculo con elPeriódico, y no ser blanco de acoso del gobierno por esa razón.

Asimismo Ulate afirmó que las cintas bancarias con las que estaban sujetados los billetes, y que incluían el nombre del Banco Industrial, comprobaban que el dinero salió de un banco. Es decir, de una fuente lícita, y por lo tanto no sustentaba el cargo de lavado. No obstante, también reveló que la FECI descartó las cintas como evidencia. Falla dijo que las cintas bancarias son irrelevantes porque no implican que el dinero no se retiró para pagar un chantaje.

Al menos cinco abogados han dejado la defensa del periodista por persecución penal o amenazas, además de un número no determinado de abogados que se rehusaron a defenderlo porque recibieron amenazas, o fueron intimidados por vía electrónica, según Ramón Zamora, hijo del periodista.

Antes de que Ulate abandonara la defensa del caso en octubre del año pasado, al encargarse de la defensa del periodista, argumentó que toda la evidencia recabada por García Navarijo fue obtenida de forma ilegal porque el Ministerio Público es quien debió encargarse de intervenir las líneas telefónicas y grabar las conversaciones. Gustavo Ovalle, abogado de Flora Silva, exdirectora financiera y administrativa de elPeriódico, siempre argumentó que la misma Constitución de la República sólo faculta a policías y funcionarios públicos a actuar como agentes encubiertos y recabar evidencia, y no a civiles. García Navarijo además está acusado de lavado de dinero en otro caso.

Gremios de la prensa y oenegés internacionales exigen que se levanten los cargos contra Zamora, mientras Estados Unidos expresó su preocupación por los intentos de “criminalizar” la labor de los periodistas en Guatemala.

“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan”, declaró hace unos días la presidenta de la ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez Sandoval, al cierre de una visita a Guatemala.

“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

Es “un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”, señaló por su parte en Nueva York el director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna.

Zamora es sólo uno de los 363 periodistas encarcelados en todo el mundo a finales del año pasado, una cifra récord, según el Comité para la Protección de los Periodistas.