El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del reglamento de Extranjería por la que se facilita la incorporación de los extranjeros al mercado de trabajo. Con ello se pretende mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo a quienes ya están en el país, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para trabajar por cuenta ajena.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había puesto en marcha desde el mes pasado esta reforma normativa que allana el camino para que los extranjeros puedan trabajar legalmente en España.
A partir de ahora se podrá estudiar y trabajar legalmente además de tener la posibilidad de que se contrate en el país de origen, ampliando las normas establecidas hasta ahora.
“El objetivo es modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia”, explicó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
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La población extranjera residente en España a enero de 2022 ascendía a 5,42 millones de personas. De ellas, más de 776 mil eran de origen marroquí, siendo así el colectivo inmigrante más numeroso en el país mediterráneo.
Por otro lado, por tercer año consecutivo, España se situó en la tercera posición de país receptor de personas solicitantes de asilo en la Unión Europea, con 65 mil 404, registrando un leve descenso con respecto a 2020 (88 mil 530), según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) publicado en junio de 2022.
Según datos del Ministerio del Interior de España, las personas que solicitaron asilo, en 2020, procedían principalmente de Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua. De los nicaragüenses, en particular, se recibieron 3 mil 749 solicitudes de asilo.
De acuerdo con los mismos datos oficiales, se reconoció el derecho de asilo a 1,114 nicaragüenses y se le denegó a 3 mil 305 personas y a cuatro se les otorgó una protección subsidiaria.
En el año 2021 recibieron 1,260 solicitudes de asilo y solo 498 fueron aceptadas. Entre enero y junio de 2022, 994 personas han presentado solicitud de protección internacional, mientras que 250 han sido clasificados con estatuto de refugiado.
En España, hasta el año 2021 se registraron un total de 61 mil 563 nicaragüenses migrantes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Son muchos millares más los que están en situación irregular en espera de conseguir arraigo o trabajo.
¿Cuáles son los cambios?
Primero, no se trata de una regularización masiva como las que se han llevado a cabo en otras ocasiones en el pasado, sino de un cambio de la ley para, por un lado, promover la contratación de trabajadores extranjeros desde sus países de origen y, por otro, suavizar los criterios actuales para que quienes están en España en situación irregular consigan autorizaciones de residencia y trabajo.
La reforma tiene como prioridad ampliar y mejorar la contratación de extranjeros en origen, especialmente la contratación colectiva, limitada hasta ahora a temporeros, especialmente del sector agrícola. A partir de la aprobación del texto, se ofrecerá a estos trabajadores una autorización de trabajo de cuatro años que les permitirá emplearse nueve meses por cada ejercicio. Si los trabajadores vuelven a sus países en cada final de temporada, se les premiará con una autorización de residencia y trabajo de dos años, prorrogables, con la que podrán vivir y trabajar en España por cuenta ajena y propia.
El modelo de contratación de profesionales desde sus países, en España, está determinado por un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que no responde a la realidad. Según esta lista, el país, básicamente, solo necesita personal de buque, entrenadores y deportistas de élite. El nuevo reglamento implica cambiar la manera en la que se elabora este catálogo, actualizarlo cada tres meses, reducir plazos y flexibilizar la contratación en sectores que determinará, según la coyuntura, el Ministerio de Asuntos Económicos.
El nuevo texto introduce la posibilidad de que cualquier persona que realice un curso de formación tenga automáticamente permiso de trabajo. Es decir, podrá compaginar sus estudios con un contrato laboral y podrá mantenerlo el tiempo que duren sus estudios, siempre que su contrato no supere las 30 horas semanales. Hasta ahora la visa de estudiante no daba permiso de trabajo y este requería una estancia mínima de tres años en España.
La última gran novedad consiste en crear una figura legal para que inmigrantes que lleven en situación irregular en España al menos dos años tengan una vía para obtener sus papeles. Se trata del arraigo por formación con el que se ofrecerá una autorización de residencia para formarse en ocupaciones en las que se necesita mano de obra y que, posteriormente, permitirá trabajar si el extranjero consigue un contrato de trabajo.
Según los últimos datos de la Seguridad Social referentes al mes de junio, un total de 2,3 millones de trabajadores en activo han nacido fuera de España.
La campaña por la regularización de los migrantes
La plataforma de organizaciones de sociedad civil Esenciales inició en España una campaña de recolección de firmas para poder lograr que el Congreso de los Diputados pueda aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes. Las estimaciones más recientes calculan que en España residen de manera administrativa irregular entre 475 mil y 514 mil personas.
La meta de la campaña es la recolección de más de 500 mil firmas para que el Congreso pueda debatir y aprobar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que logre la regularización extraordinaria de todas las personas en situación migratoria irregular que viven en esa nación.
Esta iniciativa solo puede ser firmada por ciudadanos españoles y por extranjeros nacionalizados. Según Esenciales, las firmas recogidas ascienden a 300 mil en toda España.
La importancia de esta iniciativa es que todos aquellos extranjeros que vivan en España podrán tener la certeza de regularizar su situación migratoria en un plazo de seis meses y tener los derechos que posee actualmente un residente legal.
“Con esta iniciativa se busca que los migrantes puedan acceder a derechos básicos como atención en salud y educación, la firma de un contrato de trabajo con todas las garantías de ley y la posibilidad de insertarse plenamente a esta sociedad”, afirmó el periodista nicaragüense Israel González, exiliado en España y quien se ha involucrado en la campaña, al medio digital Artículo 66.