Aunque el Ejército fue disuelto hace 30 años en Panamá, el legado de las fuerzas armadas pervive en la Fuerza Pública. Desde los actuales uniformes camuflados hasta la insensibilidad hacia los derechos humanos, según críticos panameños. La pujante economía del país canalero ha eclipsado el tema, pero ¿qué es hoy Panamá?¿Una sociedad hija del militarismo o una democracia ya consolidada?
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ–. Hace 30 años que Panamá no tiene ejército. Fue disuelto tras la invasión de Estados Unidos. Desde entonces, la economía ha crecido de forma casi sostenida. Han gobernado siete presidentes, todos elegidos mediante el sufragio.
Se creó, además, la Fuerza Pública, encargada de la seguridad y la defensa nacional tras el legado de represión de las Fuerzas de Defensa (FFDD), el brazo armado de la dictadura que controló el país entre 1968 y 1989. Pero algunas de las estructuras y vicios heredados de los militares persisten hasta el día de hoy.
Históricamente, el militarismo panameño ha estado vinculado a las pugnas políticas, desde lo local, y a los cambiantes requerimientos de seguridad de los Estados Unidos. Empoderado como parte de una política de contención al comunismo, el 11 de octubre de 1968 se tomó el poder; primero como Guardia Nacional y, a partir de 1983, como las Fuerzas de Defensa (FFDD). La entidad estaba llamada a defender el Canal una vez pasara manos panameñas, en cumplimiento del Tratado de 1977, pero la invasión militar estadounidense puso fin al régimen militar.
La vigilancia del Canal quedó, como siempre estuvo, en manos de los Estados Unidos. Es por ello que Francisco Quezada, ex mayor de las Fuerzas de Defensa que participó en la reestructuración de la policía durante el primer gobierno post invasión, afirma que esta tarea ya no justifica que Panamá tenga un ejército que “se descalificó con Noriega”. Sin embargo, aún existen unidades militarizadas dentro de la Fuerza Pública, como el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval.
El SENAFRONT fue creado en el 2008 con la misión de resguardar las “fronteras terrestres de Panamá y proteger su soberanía e integridad territorial”. En realidad, funciona como un pequeño ejército dentro de la estructura de la Fuerza Pública. Formado por 11 batallones y con un presupuesto de 3, 635, 600 millones de dólares, tiene la mayoría de sus bases en Darién, donde a través de los años ha lidiado con grupos guerrilleros y criminales procedentes de Colombia.
Pero su campo de acción no se limita a las zonas fronterizas. Es recordada su participación en la represión de las protestas del 2010 y 2012 en Chiriquí y Colón, que dejaron un saldo de ocho muertes y cientos de heridos. La abogada Gilma Camargo recuerda que se presentaron demandas nacionales e internacionales. “Panamá está usando el SENAFRONT como se ha utilizado la Guardia Nacional en los Estados Unidos: para ahuyentar manifestantes”, agrega por su parte el cineasta Xavier Ucar, quien actualmente trabaja en un documental sobre la época militar.
Hoy en día, el SENAFRONT está metido en varios frentes: en la “securitización” de la respuesta a la pandemia, en el manejo de la situación de miles de migrantes que se encuentran varados tras el cierre de fronteras y en los operativos antidrogas -en los que también participa el SENAN. “Nadie puede negar la importancia del establecimiento de fuerzas especiales y fronterizas para combatir el tráfico de personas y drogas, pero las de Panamá, además de ser represivas, responden una agenda de Estados Unidos”, indica Camargo.
Para la jurista de derechos humanos, el problema radica en que “nunca hemos resuelto el tema de la dictadura y del abuso de autoridad”. Son estructuras pendientes de ser demolidas, como la Constitución de 1972, legado de los militares, que tiende a concentrar el poder en el Ejecutivo.
La vulnerabilidad frente a la corrupción es otro elemento que persiste en la actual Fuerza Pública. Prueba de eso son las cárceles, que en vez de ser centros de resocialización, se han convertido en espacios de negocios que son disputados fieramente -el año pasado 13 reclusos perdieron la vida en una reyerta-, y en los que participan hasta los custodios. En las requisas se han encontrado armas, celulares, cigarrillos drogas y todo tipo de artículos. Para contrarrestar esta situación, Quezada propone la creación de una policía carcelaria que esté bajo las órdenes de un civil.
El autoritarismo se ha manifestado durante la implementación de una estricta cuarentena, con casos de abusos de fuerza y de negligencia. El más lamentable ocurrió cuando un hombre que atentaba contra su vida recibió dos disparos con un arma Taser a finales de mayo. Falleció después de haber sido presentado ante un juez de paz sin haber recibido atención médica previa. Asimismo, Camargo denuncia actos de discriminación contra extranjeros y la comunidad LGTB.
En la policía actual todavía se acostumbra a que un director se congracie con sus subordinados mediante el otorgamiento de dádivas y ascensos, tal como ocurría en las FFDD, desconociendo méritos, rango y antigüedad. En la planilla del Ministerio de Seguridad aparecen cerca de 118 comisionados, con un salario promedio de cinco mil dólares cada uno -más de medio millón de dólares en total-, una cantidad que, según el exdirector de la Policía Nacional refleja una saturación en los rangos superiores. Según informes periodísticos, algunos comisionados, al igual que otros miembros de la policía, han estado involucrados en el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.
El legado del militarismo también se visibiliza en los uniformes, con algunas unidades, entre ellas el SENAFRONT, utilizando camuflaje cuando operan en entornos urbanos. “Esto les causa a los policías un daño terrible en su estructura mental y, por consiguiente, en su comportamiento; no saben realmente quiénes son, ni cómo comportarse, si como policías o soldados”.
Para conocer si existe o no confusión entre las diferentes unidades que integran la Fuerza Pública, y sí se ha planteado la implementación de un sistema de méritos al momento de otorgar los ascensos, la semana pasada se envió un cuestionario por correo electrónico al Ministerio de Seguridad. Las preguntas no fueron contestadas.
El autoritarismo de antaño ha devenido hoy en una insensibilidad hacia los derechos humanos, advierte Camargo. Esto se traduce en actos de discriminación contra extranjeros y la comunidad LGBT. Esto atenta contra la cultura de paz que promueve la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030, encaminada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Los expertos concuerdan en que es tiempo de repensar a las instituciones de seguridad, para que sean “eficaces, responsables y transparentes”, para que vuelvan a incorporar a las comunidades, promoviendo la participación por encima del acto meramente represivo.