La decisión del presidente José Figueres de abolir el Ejército rompió el status quo en 1949, y cimentó un sistema de bienestar social con un entramado institucional que predomina por encima de los anhelos y antojos de los gobernantes del momento. Las consecuencias resultaron en enormes beneficios más allá de la imagen de paz y la proyección de ser un país que supo trascender a la expresión militar del poder instalada como una norma mundial.
SAN JOSÉ, COSTA RICA–. En mayo de este año, en plena pandemia de COVID-19, la reconocida líder ambientalista Christiana Figueres fue la invitada especial en el acto de formalización del primero de diciembre como fiesta nacional en Costa Rica por la abolición del Ejército. Siete décadas después, la formalidad costarricense aún digiere el significado de aquella decisión que se tomó con fines más políticos que pacifistas, pero que se convirtió en una insignia internacional. Sobre todo, en un símbolo de estilo de desarrollo y una rareza en Centroamérica, una región marcada con sangre por sus ejércitos.
“La decisión de abolir el ejército fue un valiente rompimiento con el status quo que teníamos y que ya había agotado su beneficio”, resumió Figueres, hija del político que en 1949 formalizó la abolición del Ejército y que encauzó al país por una ruta de desarrollo que depararía altos niveles de estabilidad política y progreso social, aunque poco de esto podía presupuestarse a mitad de siglo.
Costa Rica es ahora el país más estable de Centroamérica y una de las democracias más consolidadas del continente americano, con un sistema de bienestar social y un entramado institucional que predomina por encima de los anhelos y antojos de los gobernantes del momento. Las explicaciones pueden ser variadas y depender de la lente ideológica, pero pocos factores generan tanto consenso como los beneficios de la decisión de José Figueres de abolir aquel ejército que le representaba más un lastre que un activo. Y al país, se pudo concluir tiempo después.
Ahora se tiene claro, aunque requirió décadas en formarse una comprensión general sobre el valor de la abolición del ejército, en buena medida porque esta se identificó con el Partido Liberación Nacional (PLN) fundado por Figueres, lo cual dificultaba que se le aplaudiera desde el partido adversario durante el bipartidismo del siglo XX. En el siglo actual, diluida mucha de la militancia y las adversidades partidarias del pasado, la ausencia de ejército es una de las banderas nacionales, aunque no fue hasta este 2020 cuando se aprobó como fiesta nacional el 1 de diciembre.
Las consecuencias, sin embargo, resultaron en enormes beneficios más allá de la imagen de paz y la proyección de ser un país que supo trascender a la expresión militar del poder instalada como una norma mundial. Esos réditos se conocen con números: la inversión social se multiplicó por cinco al pasar de 2,6% del PIB pasó al 13,4% en los 25 años posteriores a la supresión del ejército, como un efecto atribuible a la decisión que materializó Figueres.
En ese cuarto de siglo posterior a la desmilitarización, Costa Rica duplicó la inversión en educación y triplicó la cantidad de escuelas (2.610 en el año 1974, una por cada 800 habitantes del momento). También pudo aumentar a 29% del PIB el presupuesto destinado salud y multiplicar por tres la cobertura de seguro social de la población, según las conclusiones de un estudio publicado en 2018 en la Universidad de Costa Rica por los investigadores Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez.
Casi 50 años después, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cobrarían valor esas inversiones. Costa Rica recibió el virus global con un sistema de salud sólido y un entramado social que, aunque deteriorado en las últimas tres décadas, funcionó como soporte de las acciones políticas e institucionales para el control sanitario, al menos en la primera etapa pandémica.
Sin posibilidad de acudir a un ejército para obligar a atender las medidas sanitarias o a instrumentos legales del ámbito militar como el toque de queda, Costa Rica echa mano de sus instituciones y de inversiones hechas en el pasado relacionadas con recursos que no debieron utilizarse para mantener fuerzas armadas o los costos que habrían implicado sus operaciones en episodios como las guerras centroamericanas de los años 80, por ejemplo.
Adicionalmente se desarrolló en Costa Rica la apuesta por un sistema de Derecho interno e internacional, un entramado civilista y por el mecanismo electoral como método único de relevo del poder político, sin posibilidad de golpes militares después de 1948. Eso a su vez redunda en la depuración del funcionamiento institucional democrático, como en la división moderada de los poderes de la República y la necesidad de un poder electoral que reduzca al mínimo los espacios de sospecha.
Fue en 1948 cuando un intento de alteración electoral derivó en enfrentamientos políticos y en la revolución que tornó en una guerra civil ganada por las fuerzas lideradas por Figueres, quien después, durante año y medio ejerció como jefe de un gobierno de facto en medio de tensiones.
Era una época en que Estados Unidos ejercía dominio sobre los ejércitos de Nicaragua y Panamá, al norte y sur de Costa Rica, dada la importancia que en la primera mitad del siglo XX adquirió la región cercana al canal de Panamá. Esto facilitaba las cosas para Figueres, según la historiadora Mercedes Muñoz, porque Costa Rica podía que valerse de los acuerdos de seguridad colectiva para efectos internacionales, mientras que el poder interno de las fuerzas armadas había sufrido un menoscabo económico progresivo en la primera mitad del siglo XX y un golpe letal durante la revolución del 48.
La abolición formalizada en 1949 no fue producto de una iluminación repentina. El mismo Figueres dijo que desde 1919 hubo propuestas abolicionistas, después de caída la dictadura del general Federico Tinoco que había empezado con un golpe militar en 1917. Incidieron factores como la crisis económica mundial de los años 30 y la relativa debilidad de las clases militares ligadas a élites económicas menos poderosas que en el resto de Centroamérica, pero las circunstancias nunca fueron suficientes hasta que Figueres concluyó que era una amenaza para su gobierno la existencia formal de la institución del ejército.