El Ministerio del Interior (MINT) estableció a través del Acuerdo Ministerial No. 05-2024 la “Regulación de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos o Espectáculos Artísticos Públicos”, emitido este martes 12 de marzo por la ministra María Amelia Coronel Kinloch.
El acuerdo ministerial establece que el MINT es ahora el ente encargado de regular a las personas naturales o jurídicas que realicen actuaciones artísticas, supervisar sus actividades, solicitar información y aplicar sanciones si se incumple las disposiciones de esta normativa.
Esta regulación incluye la creación de El Registro de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos y Espectáculos Artísticos Públicos, en el cual se tendrán que incorporar a todas aquellos promotores que realicen alguna actividad como las anteriormente mencionadas.
Para poder funcionar, estas personas también deberán brindar “toda información necesaria” al Ministerio del Interior “para garantizar la aplicación de la presente normativa”. Y en el caso de los productores, promotores y organizadores extranjeros, tendrán que asociarse con una persona nicaragüense para realizar ese tipo de actividades.
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Nuevas obligaciones de las personas productoras y organizadoras de eventos
Los productores, promotores y organizadores que hayan solicitado su registro y este haya sido aprobado, tendrán la obligación de informar cuando ocurran cambios en su domicilio, datos de contactos y poderes de presentación.
Además de registrarse, los productores, promotores y organizadores, también deben de enviar solicitudes al MINT para la realización de cualquier actividad, evento o espectáculo, y estas actividades solo se podrán realizar si se cumplen con los requisitos establecidos en la regulación.
Esta información se debe de reportar “en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir del cambio ocurrido”, de lo contrario, el Ministerio del Interior puede aplicar una sanción. Sin embargo, la institución no especificó los tipos de sanciones que pueden ser aplicadas.
Estas personas también tendrán que solicitar al MINT una Constancia de Autorización para la realización de cualquier evento o actividad con al menos 30 días de anticipación.
Para conseguir dicha constancia, se debe de tener permiso de la Policía Nacional; Constancia de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; documentos acreditativos de las obligaciones ante la Dirección General de Ingresos, Dirección General de Servicios Aduaneros y alcaldía correspondiente; y autorización de la Dirección General de Migración y Extranjería en el caso que ingresen personas extranjeras al país.
Además, todo productor, promotor y organizador será responsable de indemnizar o reparar los daños y perjuicios personales y materiales, ya sean públicos y privados, en el caso que se ocasione algún daño durante el espectáculo.
Otro mecanismo de vigilancia y control del régimen
En un país normal este tipo de regulaciones serían beneficiosas para garantizar la seguridad de la gente, dice el exproductor de eventos Carlos, quien pidió ser llamado así para resguardar su identidad para evitar represalias del régimen. No obstante, señaló, en un país que vive en una dictadura y ha encarcelado y expulsado del país a productores y artistas críticos del régimen, esta es más que otra herramienta de vigilancia.
“En un país normal, este tipo de regulación es válida, ya que los productores tienen muchísima responsabilidad con la seguridad de la gente. En un país normal este tipo de regulación es buena. Al final estamos viviendo en una dictadura”, señala.
“No creo que tenga mucho impacto en los productores grandes porque se sabe quiénes son y siempre han tenido una relación directa con el Gobierno, las alcaldías, la policía y los bomberos, porque siempre se han pedido esos permisos. El impacto va a ser en los negocios pequeños que organizan eventos”, agrega.
Los principales afectados por nueva medida de la dictadura
Según Carlos, las personas más afectadas con esta nueva medida son quienes tienen negocios como bares, restaurantes o teatros, que invitan a artistas y bandas a realizar eventos y pequeños conciertos, pues dentro de la disposición, tendrían la obligación de registrarse y someterse a las obligaciones.
Esta regulación también le otorga mayor control a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de decir cuáles artistas pueden entrar a Nicaragua y cuáles no. “El Gobierno ya lo hacía antes, pero ahora lo va hacer más”, dice.
De acuerdo con Carlos, esta regulación pudo haber sido creada debido al incremento de eventos y espectáculos artísticos en estos dos últimos años, así como la mayor asistencia de las personas a estas actividades.
“Esto es porque la gente está yendo a los eventos. Estos eventos se están llenando y se están vendiendo. El Gobierno está viendo que no todas las personas que asisten son aliadas al partido y tienen miedo de que algo suceda. Tienen miedo que hagan algo político. Estoy muy seguro que detrás de estos eventos, está lleno de policías y bomberos para vigilar”, indica.
Un país con artistas perseguidos
En 2022, la dictadura Ortega-Murillo ejecutó una caza de persecución, encarcelamiento y destierro de varios artistas y productores nicaragüenses y extranjeros, por el simple hecho de no compaginar políticamente con el régimen
Una investigación de DIVERGENTES expuso que la persona detrás de estas detenciones fue el hijo de la pareja dictatorial, Juan Carlos Ortega Murillo. Pues, varias personas cercanas a su círculo lo apuntaban como un perseguidor de artistas y productores independientes.
Entre los promotores y músicos afectados estuvieron Josué Monroy, líder de la banda Monroy & Surmenage; Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, propietarios de la productora del concierto, Saxo Producciones; Lenin Ortiz, exproductor musical del régimen y exdirector de la banda Manifiesto Urbano; Ludwing Gómez, uno de los vocalistas de la banda Ximena; y la artista italiana Emilia Arienti y el músico Leonardo Canales, productor del espacio audiovisual de música La Antesala.