El medio de comunicación de Honduras Criterio.hn es objeto de un hostigamiento institucional por parte del Ministerio Público (MP) de ese país, que exige se revele la fuente primaria de una investigación periodística publicada por este portal de noticias el 11 de agosto de 2022.
El MP, a través de la Oficina de Supervisión Nacional, remitió una petición formal requiriendo la nota íntegra y, de forma explícita, la identificación de la fuente y el procedimiento mediante el cual Criterio.hn obtuvo dicha información, publicó el medio en su sitio web.
Desde el 31 de octubre de 2025, personal de la Fiscalía acudió en al menos dos ocasiones a la oficina de Criterio.hn, exigiendo una respuesta inmediata a sus respuestas, generando preocupación y una atmósfera de presión innecesaria sobre el ejercicio periodístico independiente.
“Estas acciones son vistas por el medio como hostigamiento, pues buscan que Criterio.hn viole el derecho constitucional y ético al secreto profesional, al exigir que se revele una fuente protegida por la legislación nacional e internacional”, reseña el sitio de Criterio.
Precedente alarmante del Ministerio Público
De acuerdo con Emy Padilla, directora y cofundadora de Criterio.hn, el medio digital hondureño enfrenta una situación sin precedentes de hostigamiento institucional por parte del MP. Señaló que estas agresiones son insólitas y preocupantes, especialmente al venir de una institución estatal que debería ser garante de los derechos y garantías ciudadanas, y no perseguir a quienes informan sobre delitos y corrupción.
“Estamos ante un precedente alarmante porque el Ministerio Público, encargado de investigar a criminales y proteger a la ciudadanía, no debería actuar contra la prensa que informa y revela cómo se ejecutan actos criminales por parte de políticos, empresarios o bandas. Eso es lo que hacemos en Criterio.hn: investigar la corrupción, los abusos y las violaciones a los derechos humanos y transmitir información verificada”, remarcó Padilla.
Ante la solicitud del Ministerio Público, Criterio.hn, con el acompañamiento legal del Bufete Justicias para los Pueblos, respondió oficialmente recordando su compromiso con los principios constitucionales de libertad de expresión, prensa y derecho a la información, consagrados en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República, así como los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La defensa de Criterio
El medio reafirmó que toda la información publicada se produce bajo esos principios, que protegen tanto la libertad editorial como la reserva de fuentes periodísticas, según estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Criterio.hn además, recordó que el Código Penal hondureño castiga la revelación injustificada de secretos profesionales y que la protección de las fuentes es esencial para que periodistas puedan informar sobre asuntos de interés público, citando jurisprudencia internacional y el propio Código de Ética del Colegio de Periodistas de Honduras.
A través de una alerta, Artículo 19 México y Centroamérica advirtió que esta serie de acciones constituye hostigamiento y recordó que la legislación citada por el Ministerio Público no justifica exigir colaboración a particulares o medios independientes, calificando de preocupantes los intentos de forzar la revelación de fuentes, aún más cuando la investigación periodística trata temas de alto interés público, como el uso de recursos estatales y la transparencia gubernamental.
Article 19 exige el cese del hostigamiento estatal, y solicitó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) y al Mecanismo Nacional de Protección que activen de manera urgente sus protocolos de seguridad para las y los integrantes de Criterio.hn.
La defensora de la libertad de expresión subrayó que la protección de las fuentes es “el estándar básico mínimo para el quehacer periodístico”, y que la presión del Ministerio Público instala un ambiente de censura, especialmente preocupante en un contexto electoral donde el periodismo juega un papel clave en la transparencia y vigilancia ciudadana.
Por su parte, Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), destacó que “la protección de las fuentes es una garantía sine qua non amparada por el sistema jurídico nacional e internacional”, y que la obligación de revelar fuentes solo podría considerarse en casos excepcionales, estrictamente justificados por el interés público y bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad.
Cáceres recalcó que el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público, invocado por el ente acusador del Estado, aplica exclusivamente a funcionarios públicos, no a medios independientes ni periodistas, por lo que no corresponde exigir esta colaboración de Criterio.hn.
RCP expresa su profunda preocupación
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) expresó su profunda preocupación ante las múltiples agresiones sufridas por el medio independiente Criterio.hn y su equipo periodístico que incluyen amenazas, vigilancia, ataques digitales, intentos de hackeo y campañas de estigmatización dirigidas a deslegitimar su labor informativa.
“La situación de Criterio.hn no es aislada: forma parte de un entorno donde las voces independientes enfrentan censura indirecta, campañas de desprestigio y presiones políticas para limitar la cobertura periodística sobre temas de corrupción y derechos humanos”, advierte la RCP.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los recientes ataques y actos de hostigamiento contra nuestro medio digital Criterio.hn calificándolos como una grave amenaza a la libertad de prensa en Honduras.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la escalada de ataques contra el medio digital Criterio.hn. Su directora y cofundadora, Emy Padilla, denunció la intervención de sus cuentas en redes sociales, la estigmatización pública y un acoso administrativo por parte del Ministerio Público, que solicitó al portal revelar sus fuentes en investigaciones sobre presuntas conexiones comerciales de la empresaria Kensy Ivette García Torres —procesada en EE. UU.— con redes de narcotráfico, funcionarios vinculados a corrupción y el exministro de Defensa Samuel Reyes (2014–2018).
La organización exhortó a las autoridades hondureñas a garantizar el secreto profesional y la protección del anonimato de las fuentes periodísticas, un principio consagrado tanto en la Constitución hondureña como en los estándares internacionales de libertad de prensa.