Nicaragua aumentó a 197 el número de fallecidos a causa de la COVID-19 y a 10.054 los casos confirmados desde que la enfermedad se detectó en el país, en marzo de 2020, según el informe semanal divulgado este martes por el Ministerio de Salud. Desde el miércoles de la semana pasada hasta las 10.00 horas de este martes, se registró un nuevo fallecido atribuible al coronavirus, que elevó a 197 las muertes; también se presentaron 398 nuevos casos confirmados o probables, para totalizar 10.054, de acuerdo con el reporte oficial.
Según los datos gubernamentales, desde octubre pasado la pandemia se ha cobrado la vida de una persona cada semana, de manera constante. También, por quinta semana consecutiva, se reportan más de 300 casos de la covid-19 en 7 días, esta vez 398.
Asimismo, según el Ministerio de Salud, en los últimos siete días “se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas”, aunque no especificó ni la cantidad ni si los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.
Amenaza sobre médicos
Los datos oficiales mantuvieron el contraste con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 3.718 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 20.286 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.
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El Ministerio de Salud ha amenazado con cárcel y con suspender la licencia médica a los galenos que cuestionan el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia de la covid-19, según han denunciado los médicos independientes.
Las autoridades de salud han comenzado a citar a los médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les han advertido con aplicar la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.
La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
Asimismo, la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, canceló la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia, a petición del Ministerio de Gobernación.
El Gobierno es criticado desde diversos sectores por continuar promoviendo eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y apenas establecer restricciones.
Ortega se declaró en contra de la campaña “Quédate en casa” porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.