Guatemala realizará elecciones generales para el cargo de la presidencia y vicepresidencia el próximo mes de junio. También están en juego 160 diputaciones, 340 alcaldías y 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano. Estos comicios se llevarán a cabo en un contexto de deterioro del Estado de Derecho y de las garantías de los derechos humanos y en un ambiente de persecución hacia jueces, fiscales, abogados y periodistas.

  Aunado a lo anterior, uno de los actores protagónicos para asegurar las condiciones mínimas para un voto justo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), está en la mira por las decisiones que ha tomado durante los procesos de inscripción de candidaturas.

La práctica de votar es un aspecto característico del acceso democrático al poder, ya que las elecciones en las democracias representativas son el principal mecanismo legítimo para designar a las autoridades. Por ‘voto justo’ entendemos que todos los ciudadanos y ciudadanas estén registrados para votar, que las papeletas o boletas se impriman oportunamente, que las juntas o mesas electorales abran a tiempo, que el escrutinio de votos se realice con precisión, que exista certeza en las reglas para resolver disputas pre y poselectorales y en general que se eviten los problemas relacionados con las malas prácticas electorales. Esto es evitar la manipulación de los procesos y resultados, por ejemplo violencia política, compra de votos, delitos electorales, baja profesionalización y otras debilidades de organización, entre otras. 

Todas las tareas de buenas prácticas electorales son indispensables en las democracias representativas, ya que un núcleo de su legitimidad (en su dimensión electoral) descansa, en parte, en tener elecciones libres, competitivas y justas. A pesar de la importancia clave de estas cuestiones para la democracia guatemalteca, el actuar reciente de su TSE ha sembrado dudas sobre la integridad electoral del próximo proceso.

Recapitulemos los hechos acaecidos en los últimos días en este país del Triángulo Norte de Centroamérica, sobre el inicio del período electoral. Primero, el 27 de enero el Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos (partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MPLP), organización política de izquierda y fundada por indígenas y campesinos. Posteriormente esta decisión fue ratificada por el pleno del TSE, conformado por cinco magistrados, en voto de mayoría (cuatro contra uno). Esto significa que el binomio presidencial del MPLP, que busca postular a Thelma Cabrera en la presidencia y Jordán Rodas en la vicepresidencia, está fuera de la contienda. Cabrera fue candidata presidencial en las elecciones pasadas y quedó en cuarto lugar. Segundo, este organismo electoral autorizó la inscripción de la candidatura de Zury Ríos Sosa, hija del dictador y militar Efraín Ríos Montt, quien ejerció la presidencia vía golpe de Estado entre 1982 y 1983. 

Ríos Sosa ha intentado tres veces ser candidata presidencial, empero pesa sobre ella una prohibición constitucional para poder postularse al ser hija del perpetrador de un golpe de Estado, conforme lo establece el artículo 186 de la Constitucional nacional. Prohibición ratificada por resoluciones del TSE y de la Corte de Constitucionalidad. No obstante, en esta ocasión su candidatura sí fue avalada. 

Como se dijo, en los regímenes políticos democráticos las elecciones periódicas son el principal mecanismo institucionalizado para acceder y controlar a quienes detentan el poder político. Por ello, el que se lleven a cabo de manera íntegra ponen a prueba parte de la institucionalidad democrática de un país. Es debido a esto que es de importancia asegurar la calidad de los procesos electorales.

 En términos generales el papel de actores e instituciones denominados de ‘gobernanza electoral’ es proporcionar certeza procesal a la incertidumbre de los resultados en elecciones democráticas. Como bien lo ha señalado el profesor de la Universidad de Nueva York, Adam Przeworski, una característica de las democracias es justamente “certeza de reglas e incertidumbre de resultados”.

Asegurar lo anterior es de importancia en la región de América Latina en donde la desconfianza y la polarización han tendido a ser pronunciadas, y esto ha apuntado hacia la centralidad del conglomerado de actores e instituciones de gobernanza electoral. En particular en Centroamérica el establecimiento de Tribunales Electorales (cámaras, cortes, jurados, juntas o consejos especializados, electorales, en cada país estos organismos reciben una denominación diferente) fue un elemento vital para los acuerdos de paz en la posguerra de varios países de la región y como parte indispensable de sus procesos de transición democrática, para garantizar la integridad y confiabilidad del proceso electoral. 

En temas concretos, los Tribunales Electorales toman decisiones sobre resultados electorales, creación y extinción de partidos políticos, democratización interna de estos, representación y participación política de las mujeres, e implementación efectiva de las medidas de acción afirmativa y/o el principio de paridad de género, sobre candidaturas, financiamiento político y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, sistema electoral, modalidades especiales del voto, mecanismos de democracia directa y sobre derechos electorales fundamentales. Debido a los temas que deben resolver son los árbitros de la aplicación de reglas del juego electoral y ponen punto final a los comicios.

 Estos actores judiciales son claves en un sistema político democrático, al tener a cargo una variedad de deberes todos ellos relacionados -directa o indirectamente- con el ejercicio electoral. En otras palabras, estos actores judiciales fueron constituidos para ser guardianes de la democracia.

Tomando en consideración lo señalado previamente surge entonces el interrogante: ¿cómo se puede llevar a cabo unas elecciones íntegras en un contexto de deterioro de la institucionalidad democrática como el acaecido en Guatemala? 

La credibilidad de las elecciones y la aceptación de los resultados finales, por quienes perdieron la contienda electoral y también por parte de la ciudadanía dependen, en parte, de Tribunales Electorales profesionales, permanentes y autónomos para la conducción de elecciones exitosas y creíbles. En  Guatemala, el deterioro democrático en los últimos años es notable, conforme a diversos indicadores sobre democracia según V-Dem y sumado al hecho de que el TSE, institución encargada de supervisar las elecciones, tiene poca independencia y credibilidad, con sus actos siembra muchas dudas sobre si el proceso electoral logrará superar la prueba de la integridad electoral.