Nasry Asfura y el desafío de frenar la sangre en Honduras

El inicio del Gobierno de Nasry Asfura ha estado marcado por una paradoja de esperanza y sangre. Mientras el mandatario pregona una era de “Seguridad con Rostro Humano” y mayor austeridad estatal, las calles de las principales ciudades del país cuentan una historia distinta. Tras el cese del estado de excepción y los recientes cambios en la cúpula policial, el país enfrenta un repunte de homicidios que amenaza con eclipsar los planes económicos de la nueva administración.

En lo que va de 2026, los datos reflejan una tendencia preocupante. Según informes preliminares de la Mesa Técnica de Muertes Violentas, el primer trimestre bajo la gestión de Asfura ha registrado un incremento del 12% en homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este fenómeno coincide con el fin definitivo del estado de excepción, una medida heredada del Gobierno anterior que, aunque cuestionada por derechos humanos, mantenía ciertos perímetros de control.

Hasta el 5 de abril de 2026, el Sistema de Información de la Secretaría de Seguridad (Sepol) registraba preliminarmente 598 homicidios a nivel nacional, un incremento de 32 casos respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a un 5.65 % más. Fue en marzo cuando la cifra se disparó, dejando 39 homicidios más que en el mismo mes del año anterior.

“Estamos viendo un reacomodo de las estructuras criminales. Al levantarse las restricciones de movilidad y los operativos fijos en barrios calientes, las maras han retomado el cobro de extorsión y el ajuste de cuentas con una agresividad renovada”, señala un analista del Observatorio de la Violencia (IUDPAS).

Preparando recomendación…

Ante la presión social y editorial, el presidente Asfura convocó de urgencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). La narrativa oficial sostiene que el incremento no es producto de la inoperancia, sino de una “reacción desesperada” del crimen organizado ante los nuevos operativos en yonkers y autolotes, que buscan asfixiar el lavado de activos.

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“No vamos a retroceder. El Consejo de Seguridad ha definido acciones claras contra el crimen; nuestra prioridad es la prevención, pero no dudaremos en usar la fuerza del Estado para proteger al ciudadano”, declaró el presidente Nasry Asfura tras su última reunión de gabinete.

Sin embargo, para medios de investigación hondureños como Contracorriente, el problema subyace en la propia institución policial. Investigaciones recientes apuntan a que el incremento de desapariciones y homicidios ocurre en un contexto donde policías cuestionados por la administración anterior han sido reintegrados o mantenidos en puestos clave bajo el nuevo mando.

La brecha entre el plan y la realidad

El plan de Gobierno 2026-2030 de Asfura se apoya en tres pilares: prevención, refuerzo institucional y protección a colectivos vulnerables mediante programas como Ciudad Mujer. No obstante, la realidad de municipios como San Pedro Sula y el Distrito Central desborda cualquier esquema preventivo.

Un editorial reciente del diario hondureño El Heraldo resumía el sentimiento de la población: “La violencia sigue enlutando a Honduras. No bastan las buenas intenciones o los discursos de austeridad cuando las familias siguen recogiendo a sus muertos en las aceras”.

El enfoque de “Rostro Humano” que promueve el Partido Nacional busca distanciarse de la militarización extrema, pero la falta de resultados inmediatos está generando un vacío de poder. La extorsión, lejos de frenarse con el fin del estado de excepción, se ha sofisticado.

A diferencia de años anteriores, Asfura cuenta con un respaldo explícito de sectores conservadores en Estados Unidos, lo que ha facilitado la llegada de recursos para inteligencia. Sin embargo, este apoyo viene con la condición de reducir la migración, la cual está directamente vinculada a la violencia interna. Si el ciudadano no se siente seguro, seguirá huyendo.

“Honduras no solo lucha contra sicarios, lucha contra la falta de confianza en sus instituciones. Si el gobierno de Asfura no logra depurar la policía mientras combate el crimen, el alza de homicidios será solo el inicio de una crisis mayor”, advirtió un representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Para el ciudadano de a pie, la política de seguridad se mide en la tranquilidad de abrir un negocio o caminar hacia el transporte público. El Gobierno de Nasry Asfura tiene el desafío de demostrar que su modelo de prevención es capaz de contener un fuego que lleva décadas ardiendo. Por ahora, las cifras de abril de 2026 sugieren que el camino hacia la paz está más lejos de lo prometido en su campaña electoral.

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