Los exiliados del gobierno de Bukele

Al menos 50 personas salieron de El Salvador en el último año por persecución política. Seguimientos y órdenes judiciales antecedieron la huida de estas personas. En el caso de las mujeres, pandilleros les hicieron amenazas directas, según los datos recabados por las organizaciones de la sociedad civil. La persecución política se sumó a la violencia y a la pobreza como causa para huir del país centroamericano


I. La última comisionada del IAIP

“Me sentí amenazada. Me mandaron a decir con la comisionada suplente que me preparara, porque me iban a meter presa”, relata la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, desde un país del continente donde gestiona asilo junto a sus hijos de cuatro y 11 años, y su esposo. 

Escobar salió de El Salvador el pasado 4 de mayo de 2021, dos días después de haber recibido aquella advertencia, y tres días después de que la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo desmanteló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y la Fiscalía General. Fue separada temporalmente de su cargo el 23 de abril de 2021, luego de que concediera una entrevista a Revista Factum, en la que denunció irregularidades en materia de acceso a la información pública. El gobierno la acusó de filtrar información confidencial a la prensa desde su cargo como garante de la liberación de datos públicos. El presidente Nayib Bukele concretó su remoción definitiva el pasado 7 de febrero de 2022. 

La excomisionada se fue de El Salvador porque sintió que el sistema no le daba seguridad como ciudadana, ni garantías jurídicas. Dos denuncias en su contra en la Fiscalía la hicieron acelerar su decisión. Y no es la única. Once abogados, tres defensores de derechos humanos, tres políticas, un tecnólogo, seis exfiscales, tres periodistas, empresarios, un médico, cinco exfuncionarios, exempleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y extrabajadores municipales salieron de El Salvador al sentirse vulnerables tras haber recibido amenazas, haber sufrido seguimientos de cuerpos de seguridad o por sentirse en riesgo ante la falta de garantías constitucionales. Son al menos 50 salvadoreños se han ido del país por persecución política en el último año, según un recuento de integrantes de la sociedad civil. 

En varios de los casos han sido pandilleros los que han hecho las amenazas, en su mayoría, a exfuncionarias, según explica Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, una organización que registra casos de desplazamiento forzado. Solo Cristosal contabilizaba 30 exiliados políticos hasta noviembre de 2021. 

 “Hay un tema de violencia social donde las pandillas son instrumentalizadas y reclutadas o contratadas para hacer ese tipo de amenazas. No siempre las razones del ataque estarían vinculadas a un tema de extorsión o del funcionamiento de pandillas en la zona”, dice Montti. 

Hombres tomando fotografías, llantas de vehículos pinchadas, amenazas de pandilleros, persecución fiscal por medio de auditorías del Ministerio de Hacienda, acoso digital con amenazas directas, denuncias en la Fiscalía General de la República y agentes de la policía o militares afuera de sus viviendas son algunas de las situaciones que activaron una alerta para que este grupo de salvadoreños decidiera marcharse de su país. 

Todos tienen una coincidencia: se convirtieron en opositores políticos, ya sea porque se desempeñaban en cargos importantes en las organizaciones de la sociedad civil que señalan las irregularidades del gobierno de Bukele, porque conocían a profundidad casos de corrupción o porque expresaron su descontento ante una política estatal. Todos, de alguna manera, eran voces críticas contra el oficialismo.

Escobar ha recopilado en una bitácora los sucesos que la alertaron para concretar su salida de El Salvador: las cuatro llantas de su vehículo fueron pinchadas con un destornillador, patrullas policiales y militares se estacionaban con frecuencia afuera de su casa, y siempre sospechó que su teléfono celular estaba intervenido por el gobierno. 

El 25 de junio de 2020 el vehículo militar placas E184 004 permaneció durante varias horas afuera del portón de la colonia donde residía la excomisionada del IAIP Liduvina Escobar. Ella vivía en las primeras casas. La vigilancia militar coincidió con la época que el IAIP conocía casos polémicos en contra del gobierno. Foto: cortesía

La familia de la excomisionada tuvo que mudarse antes de salir del país. Se sentían en riesgo. El día de la mudanza, cuando el esposo de la exfuncionaria colocó sus muebles en un pick up, un hombre que no se identificó y que cubría su rostro con una mascarilla y lentes oscuros le preguntó dónde estaba su esposa, hacia dónde se mudarían y porqué. Sin darle explicaciones el esposo de la comisionada se fue del lugar, según cuenta ella. 

En su exilio de 10 meses, sus amigos le han ayudado a sobrevivir. Con actividades de recaudación de fondos, como ventas de platillos típicos y de ropa usada, la exfuncionaria pudo pagar su alimentación, gastos personales y su factura de teléfono. Ella dice que está agradecida, porque también le prestaron un vehículo, pero preferiría estar en El Salvador y ejerciendo su profesión. Ahora depende de una respuesta migratoria para continuar con su vida. 

“Venir a la nada, vivir de solidaridad. Yo preferiría mil veces estar en mi país, en mi casa, comiendo frijoles con mi familia. En lugar de estar aquí. Jamás un país, por más gente buena que encuentre, va a ser el suyo, va a ser su tierra”, recalca. 

Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acesso a la Información Pública, tuvo que salir del país tras recibir intimidaciones y amenazas directas por velar por el respeto al acceso a la información pública. Foto archivo/ Salvador Meléndez

A finales de 2020, el gobierno de Bukele tomó el control del Instituto de Acceso a la Información, una institución que le había empezado a incomodar por ordenarle transparentar el uso de recursos públicos. El oficialismo nombró como comisionados a Roxana Soriano, excandidata a diputada del presidente, y a Luis Suárez, ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional. Según Escobar, con la llegada de sus nuevos compañeros empezó un ambiente laboral hostil hasta con el personal administrativo de la institución.  

En los meses previos a su remoción, Escobar lideraba el quinto proceso sancionatorio contra el director general de Centros Penales, Osiris Luna, porque no entregó la información del viaje que hizo en un jet privado a México en octubre de 2019. La excomisionada también abanderó la orden institucional para que el Ministerio de Defensa hiciera una nueva búsqueda de archivos de operativos militares en la Universidad de El Salvador.  Dos de las últimas causas que empujó fueron la entrega de información de los atestados de la jefa de Gabinete en el gobierno de Bukele e incluida en la lista Engel, Carolina Recinos, y la entrega de información de plazas y salarios de empleados de gobierno. 

Los planes de Escobar y su familia están lejos de El Salvador. Contempla iniciar una nueva vida en un país donde les permitan trabajar y vivir con tranquilidad. “Ahora, después de varios meses de separación, estoy con mi familia resistiendo en otro país. No es justo”, expresa la excomisionada, mientras muestra un video de su hija de cuatro años jugando en el patio de una casa ajena, la tarde del sábado 12 de marzo de 2022. 

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La falta de confianza en las instituciones del Estado frenó a los exiliados por persecución política para interponer una denuncia en El Salvador, según las organizaciones de la sociedad civil que registraron las salidas. El presidente Nayib Bukele controla las decisiones de la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, que nombraron a magistrados de la Corte Suprema y a un fiscal general afines al oficialismo. La Sala de lo Constitucional, que podría frenar abusos cometidos por el Ejecutivo; y la Fiscalía General, que podría perseguir penalmente actos ilícitos, están alineadas con el partido de gobierno. La persecución política recrudeció desde el 1 de mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó el control de los tres órganos de Estado, según la documentación de casos.

Verónica Reyna, directora de programas de Derechos Humanos en el Servicio Social Pasionista, una organización que durante años ha analizado la violencia y la migración en El Salvador, dice que si bien es cierto el factor económico y la violencia siguen provocando la mayoría de las migraciones, se debe prestar atención a los exilios por persecución política, aunque no sean masivos como para representar la tercera causa de migración. 

“Esto puede ir avanzando en la medida que ciertos perfiles de la población, que han sido denominados por las autoridades como opositores, pero que son voces críticas, como empresarios, partidos políticos, periodistas, organizaciones sociales e incluso personas que identifican un riesgo probable en el ejercicio de su profesión, puedan ir tomando más seguido la decisión de salir del país para evitar una posible criminalización o agresión hacia su integridad o hacia su vida”, dice Reyna.

El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó tres casos de periodistas que se vieron obligados a salir del país luego de recibir amenazas, sufrir persecución y vigilancia.

“Y la corrupción no es nueva, a ningún poder de turno le gusta que le señalen sus errores. Los políticos quieren una prensa que los alabe y solo ataque a sus adversarios. Y cuando se ven descubiertos por el periodismo lo que hacen es tratar de desacreditar al periodista», afirma Susana Peñate, síndica de la APES.

Otras organizaciones de la sociedad civil compartieron sus registros de exiliados por motivos políticos, pero pidieron mantener el anonimato en este reportaje para su seguridad y la de quienes buscaron auxilio con ellos antes de abandonar el país. 

Un total de 13,404 salvadoreños solicitaron asilo por diferentes razones en diversos países del mundo en el primer semestre de 2021, según los registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés). Los países que más solicitudes de asilo de salvadoreños reportaron son Estados Unidos y México. En la región, los salvadoreños buscaron asilarse en Guatemala y Costa Rica.

Los datos completos del año pasado aún no están disponibles en la base de datos de UNHCR, por lo que de momento no puede efectuarse un comparativo que establezca si existe disminución o aumento de peticiones este año respecto al año pasado. Lo que sí es posible determinar con estas cifras es que en los primeros dos años del gobierno de Nayib Bukele 106,104 personas solicitaron asilo en otros países.  Una cifra que refleja que, aun con pandemia de covid-19 de por medio, los salvadoreños siguieron saliendo del país, pues en los últimos tres años del gobierno de Sánchez Cerén un total de 153,563 personas buscaron asilo en el extranjero.

II. Una activista y excandidata atacada por pensar distinto

Alejandra Menjívar es la primera mujer trans que ha competido por una diputación en el Parlamento Centroamericano. Es una reconocida activista de derechos humanos. Relata que el 20 de mayo de 2021, cuando caminaba por la colonia San Luis de San Salvador, un vehículo se detuvo frente a ella y un grupo de hombres se bajó para intimidarla. Foto archivo/Gerson Nájera.

“Estoy segura de que si no hubiera salido del país hoy sería una desaparecida. Estaría muerta”, dice la salvadoreña Alejandra Menjívar, de 36 años, la primera mujer trans en competir por una diputación por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien conversó con Revista Factum desde México, el país que le ha otorgado residencia permanente después de haber sufrido un ataque. 

Menjívar es defensora de derechos humanos y militante del partido de izquierda FMLN desde 2006. Después de participar en la última contienda electoral de alcaldes, diputados y del Parlacen, en febrero de 2021, en sus redes sociales siguió siendo crítica a las decisiones gubernamentales. 

El 20 de mayo de 2021, mientras caminaba por la colonia San Luis, al norte de la zona metropolitana de San Salvador, un vehículo se detuvo frente a ella e inmediatamente un grupo de hombres, que ella supone eran pandilleros, salieron para amenazarla directamente, según su relato. “Te vamos a dar una lección para que te quedés callada”, recuerda que le dijo un hombre que le apuntó con una pistola en la cabeza y jaló del gatillo. El arma se atascó y la bala no dañó a Menjívar. 

El hombre insistió, nervioso, y jaló por segunda vez del gatillo, recuerda Menjívar. Nuevamente falló. El sonido de una patrulla que pasaba por la zona ahuyentó a los acantes y la excandidata despertó del trance en el dice que entró cuando creyó que iba a morir.

“En ese momento entendí que existía una persecución contra mí, que los ojos del gobierno están tras las voces disidentes, y que no iba a correr con la suerte (de una pistola atascada) dos o tres veces. Decidí salir del país y lo hice en un lapso rápido de 24 horas después de lo que me ocurrió”, afirma la activista. 

Organizaciones de derechos humanos de Guatemala y México la ayudaron para que cruzara rápidamente la región. La excandidata afirma que tiene la certeza suficiente para afirmar que ese ataque fue patrocinado por el gobierno, pues cree que por decisión propia no le harían una amenaza directa.  “No van a llegar y decirte ‘vas a aprender a quedarte callada, a no abrir la boca‘. Las declaraciones y críticas que hice horas antes habían sido hacia el gobierno y entendí que ese ataque vino de parte de ellos”, enfatiza. 

Ser mujer trans supone un riesgo adicional en El Salvador. Entre 2011 y 2021, 42 mujeres trans fueron asesinadas, según la organización Concavis Trans, que recopila datos de víctimas de la comunidad LGBTI. Durante la campaña política para la diputación regional, Menjívar dice que junto a su familia tuvieron que irse del lugar donde vivían porque recibieron llamadas de pandilleros que los amenazaban por ser militantes del partido FMLN. 

Los mensajes de odio, recuerda, se centraron en su identidad de género. “Días después me tuve que alejar de mi familia para no ponerla en peligro. Era un riesgo que yo estuviera cerca de ellos. Tampoco pude hacer campaña en todo el país porque las pandillas tienen presencia en todos lados”, agrega. 

En México, pidió refugio por razones humanitarias en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Entre enero y septiembre de 2021, un total de 5,170 salvadoreños pidieron refugio a México, de ellos, 2,286 obtuvieron el beneficio migratorio. 

En un país que no es el suyo también se la ha pasado mal. Fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2021 por la organización Refugio Casa Frida. La difusión fue hecha porque no tenían noticias de ella y había sido vista por última vez el 20 de junio de 2021 en la colonia Roma, en Ciudad de México.  Fue localizada y la diputada mexicana Lucía Riojas informó en los medios mexicanos que la activista “fue violentada y será atendida como corresponde”. 

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Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los salvadoreños que huyen de su país. La violencia social y la falta de recursos económicos fueron por años el motivo principal para quienes decidían marcharse a diario. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, año fiscal estadounidense, fueron detenidos 95, 930 salvadoreños por cruzar la frontera sur, según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).  Esa cifra es la más alta que se reporta este siglo. Cada día, durante el último año, en promedio fueron detenidos 260 salvadoreños, es decir casi 8,000 por mes. 

Las cifras de migrantes detenidos en la frontera sur en 2021 duplican a las de 2020, año en que disminuyeron los registros debido a los estrictos encierros obligatorios en los países por la pandemia de la Covid-19.  Para explicar el incremento de los migrantes en el último año y el efecto de los confinamientos por la pandemia en 2020, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza América, una organización que trabaja en las comunidades inmigrantes latinas en Estados Unidos, ocupó como ejemplo la analogía de un río obstruido por tierra. Al eliminar el obstáculo, la intensidad del flujo se dispara, pues el líquido sigue fluyendo.

La migración empujada por los problemas económicos, democráticos y de inseguridad siempre existió, dice el experto en migración, pero las personas no podían salir ni movilizarse porque las políticas de distanciamiento físico eran estrictas.

 “En El Salvador tenemos, hoy por hoy, una configuración donde convergen, por un lado, un claro mando de tendencias antidemocráticas dictatoriales por parte del gobierno actual, que al menos en el ámbito del discurso es muy amenazante…Y el tema económico, no podemos negar que afectó en la pérdida de empleo y a las personas que se ganaban la vida en la economía informal”, analiza Chacón.

III. Una defensora de derechos humanos perseguida por el gobierno

Bertha María Deleón, abogada y defensora de derechos humanos, tiene seis meses de haber dejado El Salvador junto a su hija de seis años. “Decidí no regresar al país, sobre todo por la amenaza concreta de ser privada de libertad por acusaciones penales absurdas, varias provenientes de seguidores o personas allegadas a Nayib Bukele”, explicó en un comunicado publicado el pasado 8 de marzo de 2022. Ahora cuenta con el estatus de protección y residencia permanente en un país de Latinoamérica.

El silencio que ella mantuvo desde su salida de El Salvador fue roto en redes sociales un día después que la Fiscalía General de la República informara que presentó una acusación contra ella ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, por “maltrato infantil y privación de libertad». Ese proceso penal se desarrolla mientras ella está fuera del país. Desde su exilio, la abogada responsabiliza al padre de sus hijos, de quien está separada desde agosto de 2019, de usar las instituciones salvadoreñas “para sus fines”, pues dice que él sabe dónde puede visitar a su hija y también ha hablado con ella. 

La abogada y activista de derechos humano Bertha Deleón abandonó El Salvador hace seis meses. Desde su exilio señala al padre de sus hijos de usar las entidades salvadoreñas para sus intereses. Foto archivo/ Salvador Meléndez

Deleón fue la primera defensora de derechos humanos salvadoreña en recibir medidas cautelares a su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la administración del presidente Bukele. El 19 de septiembre de 2021, la Comisión, órgano encargado de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el continente, pidió a El Salvador que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Deleón”. El objetivo principal era que la abogada pudiera desempeñarse sin ser amenazada, intimidada o ser objeto de violencia.  

Ella fue candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo en las elecciones de 2021. También fue abogada de la excomisionada del IAIP, Liduvina Escobar, a quien acompañó durante la presentación de una demanda de amparo en la Sala de lo Constitucional. Su riesgo, según ha documentado la CIDH, aumentó en 2020 cuando adoptó una voz crítica en contra del gobierno de Bukele y frenó la candidatura a una diputación de Walter Araujo tras denunciarlo por dirigir ataques digitales en su contra, que desencadenaron amenazas de asesinatos y violaciones sexuales. Un día después del desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional y de la fiscalía, el 2 de mayo de 2021, Araujo anunció que demandaría a la abogada por revelar detalles de un proceso judicial con la clasificación de reserva. 

“Migrar no es delito, buscar una vida libre de violencia, una vida digna, para continuar criando mis hijos y trabajando es lo que quiero”, manifiesta Deleón.

Este trabajo es parte del especial Los nuevos caminos de la migración centroamericana realizado por los siguientes medios parte de la alianza: Otras MiradasDivergentesRevista FactumContracorrienteAgencia Ocote La Voz de Guanacaste. Y contó con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.