Este primero de mayo se cumplió un año desde que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados decidieron destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de manera irregular, acusándolos de abusar de su poder por haber frenado una serie de decretos que la Presidencia de Nayib Bukele emitió para atender la pandemia de la Covid-19. En lugar de ellos nombraron a personas de confianza del mandatario para que dirijan la Corte Suprema de Justicia. En ese momento el juez Antonio Durán tomó un rol preponderante: empezó a denunciar las arbitrariedades a lo interno del poder judicial salvadoreño.
A finales de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa (dominada por el oficialismo), bajo el argumento de limpiar a la Corte de “corrupción”, reformó la Ley de la Carrera Judicial y jubiló a funcionarios mayores de 60 años, así como a aquellos que tienen 30 años de servicio. Fue una barrida sin precedentes que le otorgó a Bukele el control casi absoluto de la justicia. El cuerpo judicial reaccionó ante la reforma manifestándose en las calles. No hubo mayor eco pero sí consecuencias: El traslado de varios judiciales para desinflar el descontento. El juez Durán fue uno de los removidos de su jurisdicción.
Durán era uno de los titulares del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y por sus opiniones públicas en contra del gobierno fue trasladado al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, una sede judicial en el interior del país. Hay otros casos en los cuales jueces, que han resuelto resoluciones no acordes a los intereses del oficialismo, fueron trasladados.
En esta entrevista con DIVERGENTES, el juez Durán hace un análisis sobre la crisis judicial que se ha desatado debido a las capturas de supuestos pandilleros por el Estado de Excepción implementado por tercera ocasión el pasado 25 de mayo. Asimismo insiste en la independencia judicial para resolver las causas penales, en un momento en el que organismos de derechos humanos han denunciado que el debido proceso ha sido suspendido en el país.
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“La gente está viviendo en carne propia lo que suena a algo abstracto: hablar de Estado de Derecho, de separación de poderes, independencia judicial y defensa de juicio a veces suena como muy hetereo”, dijo el juez.
La postura crítica de Durán ha traído acoso en su contra. Asegura que la intimidación ha callado a otros de sus colegas, pero él no piensa silenciarse. “Al menos que algo grave suceda, voy a seguir siendo la voz que hable en nombre de los jueces”, expresa.
Ya se cumplió un año que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía son dirigidas por personas allegadas al oficialismo. ¿Cuál es su opinión de la gestión que han desempeñado?
Lo del primero de mayo de 2021 nos dejó a todos sorprendidos porque no esperábamos una acción así de criminal. Eso, en materia de derechos humanos, constituye un crimen. Estábamos sorprendidos por el nivel de torpeza y brutalidad con el que se estaba actuando. Una brutalidad derivada de la prepotencia de la mayoría (de los diputados de Nuevas Ideas) por entregárselo a los señores magistrados impuestos. Ha sido un año terrible. Un año durísimo para la gente, verdad, porque la independencia judicial es una garantía de protección para los ciudadanos y se ha tirado por los suelos. La labor del poder judicial es de aplicar la ley, conocer los hechos, de decidir los hechos, para eso se requiere ser independiente. Que no haya influencia externa ni del Órgano Legislativo, ni del Ejecutivo ni grupos de presión. Entonces esa independencia que tanto hemos venido reclamando por tantos años es un estorbo para el poder.
¿Considera que algunos salvadoreños ya comenzaron a vivir a través del Estado de Excepción las consecuencias de no contar, por ejemplo, con independencia judicial?
La gente está viviendo en carne propia lo que suena a algo abstracto, porque hablar de Estado de Derecho, de separación de poderes, independencia judicial y defensa de juicio a veces suena como muy hetereo… y la gente no alcanza a dimensionar la importancia. El deterioro de algo tan abstracto y tan teórico ahora se traduce en acciones concretas de afectación de los derechos de la gente: Vemos alrededor de los Centros Judiciales la lista de los detenidos para que sus familiares sepan, al menos, donde se encuentran. En las redes sociales vemos denuncias sobre detenciones de personas solo por llevar un tatuaje artístico, por ejemplo. Es decir, esos conceptos no se producen en la vida práctica de la gente cuando se trata de hablar de ellos, porque se trata de una contención del poder. En el caso de El Salvador, el poder no quiere límites ni controles… y es aquí donde comienzan los abusos. Aunque los jueces hemos pagado nuestra cuota de sacrificio por la defensa del Estado de Derecho y la Constitución, no se compara con lo que la gente está sufriendo en estos momentos con el Régimen de Excepción.
¿Por qué en estos momentos de Régimen de Excepción es necesario contar con jueces independientes?
Antes hablé de una política criminal, porque hay ciertas garantías procesales que los jueces deben respetar al momento de aplicar la ley. Eso de la sospecha de apariencia pandilleril no es prueba. A la gente no la pueden detener por tener tatuajes, como han capturado a personas que tienen un tatuaje artístico. Es un asunto sumamente grave porque se está castigando a la gente por su estilo de vida, por delito de portación de cara, que es por su apariencia, y por el aspecto externo de su vestimenta. Lo que hay en el fondo es aporofobia, que es miedo al pobre. Están castigando al jóven y pobre.
¿Y en tema probatorio, juez?
Los jueces están decretando detención, así como la Fiscalía lo solicita, sin analizar cada caso en particular. Y aparte de eso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le están llamando a jueces para que decreten detención y no interpongan medidas cautelares. En mis 23 años de carrera jamás me ha hablado un magistrado para decirme cómo debo resolver un caso.
¿Un ejemplo puede ser las reformas de leyes aprobadas durante el régimen? Es decir, una impulsa el secretismo del proceso judicial al que se someterán los miembros de las pandillas. Otra es la creación de jueces anónimos que en el documento dice que la reformaron como “medidas de protección” para salvaguardar la vida de las personas que trabajan en juzgados ordinarios y juzgados especializados.
Lo que está ocurriendo en los tribunales especializados es que están siendo juzgados ad hoc, porque violentan el principio de juez natural.
¿Por qué?
La idea del juez natural es que deben ser jueces nombrados con anterioridad a los hechos y no posterior a los hechos. Estos jueces los han nombrado después de las redadas y se están aplicando con efecto retroactivo. Han hecho nombramientos a los juzgados especializados que existían desde la época del presidente Antonio Saca (2007).
¿Por qué considera que es poco transparente que en una sentencia no vaya el nombre y firma de un juez?
Porque no se sabe quiénes son y sobre quién han caído esos nombramientos. No hay documentos oficiales publicados en el que aparezcan los nombres de los jueces, ni en las actas ni en las sentencias cuando es un principio que se llama identidad física del juez. Todos los acusados deben tener derecho a saber el nombre del juez que conocerá su caso, porque la contracara de la independencia judicial es la responsabilidad. El juez debe ser responsable de sus decisiones, y esa garantía de la identidad física del juez tiene que ver con otro principio que impide la manipulación arbitraria de los procesos.
¿Cómo así?
Cuando se sabe quién es el juez hay mayor seguridad de que un proceso no se llevará de manera arbitraria. Y solo el hecho de impedir que las audiencias no sean públicas y reservadas, y que no se consigne en las actas ni las sentencias el nombre, supuestamente para proteger a los jueces, es parte de la carga que los jueces debemos asumir.
Dicha reforma suele ser un tanto paradójica porque los jueces especializados en temas de pandillas han firmado sentencias con nombre y apellido desde el 2007…
Exacto. Es parte de la responsabilidad, y bueno ellos (el gobierno) han exhibido públicamente a jueces y han hecho que nos linchen en redes sociales; bueno ahí me incluyo.
Hablando de jueces, di cubertura a tres marchas en las que los jueces y juezas hicieron apariciones significativas exigiendo independencia a la Corte. Pero luego eso dio un giro y usted es la única figura judicial que se ha mantenido denunciando. ¿El miedo infundido a través de redes sociales o traslados por resolver de forma independiente afecta la labor del gremio judicial?
Sí afecta porque ya es una decisión adicional que se debe enfrentar. Siempre hay una responsabilidad muy fuerte en cada caso. La presión mediática es otro detalle de los juicios paralelos, pero aquí no estamos solo en un tema de presión mediática. Aquí hay una presión directa del poder del Ejecutivo, diputados de Nuevas Ideas y aliados. También los señores activistas del gobierno que pasan atacando en redes sociales, que seguramente les pagan y no lo hacen gratis. En la manifestación del primero de mayo de 2022 solo yo fui juez. Sin embargo, siento que, en alguna medida, estoy representando a mis colegas y están conscientes de ese nivel. Creo que hay que seguir dando la lucha; al toro bravo a los cuernos, como dicen. Hay que enfrentarnos contra el poder que está ejerciendo de manera salvaje esta política criminal. No podemos exigirle a los jueces que sean héroes y tampoco les podemos exigir que sean cobardes.
¿A usted en lo personal el miedo y el acoso lo ha afectado?
Hay costos que hay que asumir y pagar. Y el hecho de que me hayan llegado a buscar a la casa el 18 de septiembre de 2021, después de la marcha, claro que eso afecta a la familia que no quiere verse metida en ese estrés. Que quiere que ya me calle, que renuncie, que pida asilo, son parte de las exigencias que me hacían o me hacen.
¿Cuál es su motivación, juez?
Juré ser juez. Ese es mi trabajo. Cuando asumí el cargo mi juramento fue cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y entonces lo siento como una extensión de mi trabajo y no se limita a los casos, sino también a la vida de la República. A una democracia sustancial. A la defensa del Estado de Derecho, a la separación de poderes, porque todos los gobernantes tienen la tentación de abusar del poder y de la autoridad. Y sí lo han hecho en beneficio del propio pueblo para lucrarse. Lo hemos visto en gobiernos anteriores y hoy lo hemos visto de manera más exagerada y descarada.
Yo, al menos que algo grave suceda, voy a seguir en esto y siendo la voz judicial que hable en nombre de los jueces. Voy a mantenerme mientras tenga vida, energía y salud. Miedo no tengo, o sea, sí hay que estar alerta y tomar sus precauciones. Pero esto ya lo vivimos, verdad. Nos hemos enfrentado a otros delincuentes que han estado en el gobierno; grupos delincuenciales que también han cometido crímenes, sacando dinero de las arcas del Estado, y realizando toma de decisiones para que violenten los derechos de las personas. Estamos enfrentando a otro grupo de delincuentes.