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Nicaragua bajo Ortega y Murillo: “tres años sostenidos de crímenes de lesa humanidad”

Quince organizaciones de derechos humanos publicaron este jueves un “Informe de la Verdad”, en el que denuncian a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por sostener en los últimos tres años los crímenes de lesa humanidad que otras instancias han reportado. El documento fue presentado por un grupo de defensores de derechos humanos que recopilaron las distintas violaciones ejecutadas por el régimen desde las protestas de abril de 2018. 

El informe contempla diferentes aristas de la represión que el régimen ha ejercido en los últimos años, fue avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En él se detalla que en Nicaragua “se sostiene una estrategia de encubrir, negar e intentar justificar las generalizadas violaciones a los derechos humanos en el país”. 

Los organismos señalaron que en Nicaragua impera un clima de impunidad, en el cual “el conocimiento de la verdad resulta fundamental para que la comunidad y los individuos cuyos derechos han sido vulnerados, puedan restañar las heridas, exigir sus derechos y contribuir a prevenir situaciones similares a las sufridas en estos tiempos de tragedia”.

En la presentación estuvieron personalidades internacionales como Érika Guerava-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI) y Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH y Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. 

“Nicaragua está en manos de un régimen despiadado, sangriento que ha puesto al descubierto, una y otra vez, su intención de silenciar, castigar y someter al pueblo nicaragüense a un periodo sombrío en donde las violaciones a los derechos humanos,lamentablemente, se han convertido en la norma”, dijo Guevara durante la presentación. 

Así se ha sostenido la represión del régimen

Miembros de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional enfrentan a varios jóvenes que se tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2018 .EFE/Jorge Torres

El informe titulado “Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad”, señala como principales sostenes de la represión a algunas instituciones del Estado como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. 

“Desde 2018 hasta la actualidad, el gobierno de Ortega sigue sosteniendo un régimen autoritario y dictatorial, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y, en particular, sobre las fuerzas de seguridad, que persigue, hostiga, amenaza y detiene arbitrariamente a quienes piensan y se expresan de manera diferente”, enfatiza la publicación, que fue presentada como uno de los primeros esfuerzos surgidos en el país de sistematizar las violaciones de derechos humanos que realiza el régimen. 

Todas estas instituciones también fueron señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense, que se manifestó para exigir un cambio de régimen en Nicaragua. Las protestas de abril de 2018 fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas del Estado, que en muchas ocasiones trabajaron en complicidad con grupos paramilitares. “Estas graves violaciones a los derechos deben considerarse crímenes de lesa humanidad y así ser juzgados”, detalló la publicación.

La denuncia asegura que el régimen de Ortega y Murillo se valió de un patrón de violencia que consistió en ataques contra los manifestantes, haciendo uso de armas de gran poder lesivo contra los cuerpos de los manifestantes. También el uso de elementos para neutralizar a objetivos específicos. Todo esto bajo un discurso negacionista de la masacre motivado por la pareja gobernante. Desde entonces, el Frente Sandinista no reconoce los hechos de abril de 2018, e incluso, los ha tildado de ser un intento de “golpe de Estado” contra su gobierno.

En los últimos meses, las políticas represivas del régimen han escalado hasta el punto de encarcelar a cuarenta personas en pleno año electoral, siete de ellas aspirantes a la presidencia y varios líderes políticos, económicos y campesinos. Ortega ha ordenado la suspensión de los juicios y somete dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El Chipote”, a los detenidos a intensos interrogatorios. 

“El gobierno de Nicaragua cometió y sigue cometiendo numerosas, múltiples y graves violaciones a los derechos humanos contra su pueblo, que revelan patrones repetitivos, en los cuales actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques organizados de diversa índole (asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones, etc.) a gran escala (más de un centenar de muertes, heridos y detenidos), de manera generalizada (en numerosas localidades y regiones del país), contra la población civil, de forma premeditada y con conocimiento y, en ocasiones, con el propósito expreso de la comisión de dichos ataques”, detalla el “Informe de la Verdad”. 

Las fases de la represión

Una mujer observa en el televisor al presidente de Nicaragua Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres

La publicación también realiza un análisis acerca de las etapas de la represión que dicho informe distribuye en seis: 

  1. Represión generalizada a la protesta ciudadana.
  2. Imposición de un Estado terrorista y la “Operación limpieza”.
  3. Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos.
  4. Prohibición de la protesta social, hacia un Estado de excepción.
  5. Secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas.
  6. Encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.

De igual forma, se mencionan diferentes violaciones al derecho a la vida, relacionados a “patrones” de ejecuciones extrajudiciales. “1) Ataques a manifestaciones vulnerando el derecho a la protesta; 2) ataques contra los tranques (barricadas que se habían instalado como forma de defensa ante las fuerzas de seguridad); 3) ataques focalizados (se distinguen por el perfil de la víctima y el contexto de desaparición, detención y persecución que es concurrente con la muerte) y 4) ataques indiscriminados (afectando a personas que no se encontraban en un contexto de marcha o manifestación)”.

El informe dedica un completo apartado a las violaciones a la libertad de prensa que ha cometido la dictadura contra periodistas y medios de comunicación. “Ha aumentado la censura y autocensura ciudadana, minando la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. Como contrapartida, las redes sociales e Internet constituyen medios alternativos a través de los cuales las personas pueden divulgar información de interés público, manifestar y expresar ideas y opiniones de toda índole”, detallan los defensores de derechos humanos.

La publicación especifica los principales objetivos de la represión del régimen Ortega-Murillo, como organizaciones de derechos humanos, estudiantes, mujeres y población LGBTIQ, indígenas y afrodescendientes, integrantes del movimiento campesino, líderes religiosos, periodistas y opositores políticos. 

El texto concluye en que, “es indispensable avanzar en procesos de memoria, verdad, justicia y reparación que permitan no solo a las víctimas y sus familiares sanar las heridas, sino a la sociedad en su conjunto poder reconstituir los lazos de paz y convivencia democrática”.

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