El Gobierno ha desaprovechado el denominado “bono demográfico”, que ofrecía una oportunidad histórica de desarrollo en los próximos 10 años. Dado que los niños, niñas y adolescentes serán un porcentaje cada vez menor de la población total, este periodo era el mejor momento para invertir en educación de calidad y empleo para las nuevas generaciones, lo cual permitiría incrementar los niveles de ingresos per cápita.
La base fundamental del bono demográfico es la educación. Sin embargo, Nicaragua muestra un enorme rezago en los niveles educativos de la población, tanto en términos de cobertura como de la calidad de la misma.
Pero, ¿qué es el bono demográfico?
El término bono demográfico es un concepto económico, desarrollado por teóricos como Bloom, Canning y Sevilla, que se centra en el período de evolución demográfica en el que el número de personas en edades potencialmente productivas (de 15 a 59 años) crece de manera sostenida en relación con las personas potencialmente inactivas (menores de 15 años y mayores de 60).
Es decir: si tenés más población en edad de trabajar, es la ocasión de oro para el desarrollo de tu país si inviertes en educación de calidad y empleo para esa población. De lo contrario, el país no dejará de habitar en el círculo de la pobreza.
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En el caso específico de Nicaragua, el crecimiento de su población activa inició en 1970 y terminará en 2035. Hasta el momento, no ha habido ninguna medida para aprovechar ese bono demográfico que permita un desarrollo acelerado en el país.
+ Educación =－Pobreza
“Si Nicaragua no invierte en educación ahora, será demasiado tarde”, advirtió el economista Adolfo Acevedo en el año 2010. Los planes para el desarrollo debían priorizar el gasto en educación pública y destinar a ese sector al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en la última década que ha transcurrido para los efectos de alcanzar los objetivos básicos, según lo propuesto por la Coordinadora Civil.
¿Qué hace el gobierno? El gasto en educación del régimen Ortega-Murillo no superó el 5% en los últimos años. Solo ha ido del 3.1%, en el año 2017, al 3.4% en 2019. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto gubernamental en educación, en el año 2020, fue de 4.6% y, en 2021, de 4.1%.
El 8 de agosto de 2009, la sociedad civil hizo el llamado urgente de aprovechar el bono demográfico, esto a través de la Coordinadora Civil, que reunía a unos 600 organismos y redes no gubernamentales en todo el país. La “Propuesta a la Nación para cambiar el rumbo del país” planteaban seis pasos, entre ellos, establecer un Contrato Social, crear mecanismos para mejorar la economía productiva, desarrollar procesos para lograr empoderamiento social y contribuir a una nación inclusiva y democrática.
Un experto en ciencias de la educación, quien pidió anonimato para evitar represalias, asegura que “Nicaragua será un país que comenzará a envejecer”. “Cuando se acabe el bono demográfico con personas que no se formaron, que no tuvieron empleos de calidad, que no ahorraron, que no cotizaron al INSS y que comenzarán a ser personas en dependencia, a demandar políticas de cuido porque nunca ahorraron y nunca cotizaron, se verán los verdaderos problemas”.
La disminución de la pobreza y el mercado laboral
La posibilidad de aumentar la inversión en educación por cada niño y niña generaría la posibilidad de combinar un crecimiento económico más rápido y una reducción significativa de la pobreza.
Un ejemplo exitoso de esto es el de Corea del Sur que, en 1950, era un país muy pobre –más que la mayoría de los países latinoamericanos– y, en el lapso de unas décadas, eliminó casi completamente la pobreza, gracias a su apuesta por invertir en la educación.
Sin embargo, el aprovechamiento del “bono demográfico” presupone no sólo el fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar sino que esta se incorpore efectivamente al mercado de trabajo.
En el año 2017, el Banco Mundial reconoció por primera vez el papel del bono demográfico en el crecimiento del PIB per cápita y en la reducción de la pobreza en su informe “Nicaragua Paving the way to faster growth and inclusion”. El documento señaló datos significativos como el que, señaló que aproximadamente, un tercio de la población (1.7 millones de nicaragüenses) vivía con un consumo per cápita por debajo de la línea de pobreza general oficial (US$ 1.8 al día por persona).
Actualmente, Nicaragua es el tercer país más pobre del continente americano, solo superado por Haití y Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el año 2017, la ilegalizada Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) publicó el estudio de Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad donde explican que, según los resultados obtenidos, los niveles de vulnerabilidad en Nicaragua son mayores que los niveles de pobreza. Al analizar el Ingreso de Mercado, el 48.2% de las personas se encontraban vulnerables a caer o permanecer bajo la línea de pobreza..
No obstante, en el último informe de pobreza realizado por la también ilegalizada Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), los resultados de 2019 sugieren que a nivel nacional, un 44.4% de la población vivía en condiciones de pobreza general y 8.9% en pobreza extrema.
Nicaragua también es uno de los países con los niveles más altos de informalidad en Latinoamérica.
Y sigue en aumento, un ejemplo son los datos del número de asegurados activos en el INSS. Para el año 2017 había un total de 914,196 nicaragüenses asegurados, reduciéndose progresivamente a 818,396 en 2018; a 735,236 en 2019 y a 714,465, en 2020, significando una pérdida de 199,731 de afiliados al INSS que dejaron de cotizar, esto producto de la crisis económica y migratoria, según un análisis realizado por Manuel Orozco, director del Programa de Migraciones, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Según estudios publicados en el año 2010, solo el 20% de la fuerza de trabajo se encontraba afiliada al Seguro Social. El porcentaje restante (80%) de las personas que integran la fuerza laboral, llegan a edad de jubilación sin haber cotizado en el seguro, sin suficiente acceso a ahorro o pensiones.
La dependencia de las personas mayores para sobrevivir, tanto de sus familiares como del Estado, se acentuará, debido a que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reparte las pensiones a partir de los aportes de los afiliados activos. En unos diez años, el número de jubilados va a crecer hasta un punto en que el sistema de pensiones ya no será cubierto totalmente por las cotizaciones de los afiliados activos.