El Ministerio de Educación de Nicaragua (Mined) dispuso en septiembre de 2025, una medida que obliga a los docentes a asumir-con su propio salario-, el costo del maestro que los sustituya en caso de enfermedad o accidente laboral. La disposición, comunicada oralmente en reuniones departamentales, se está aplicando sin respaldo legal formal, y representa una violación directa a los derechos laborales establecidos en la legislación vigente de Seguridad Social y Carrera Docente.
A diferencia de Nicaragua, en el resto de países centroamericanos los Estados asumen el costo de los docentes sustitutos durante licencias por enfermedad, sin trasladar esa carga al trabajador. En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) establece que los maestros tienen derecho a una licencia con goce de sueldo parcial por enfermedad, la cual es gestionada institucionalmente sin condicionar al profesorado a pagar por su reemplazo. Así lo dispone el artículo 166 de la Ley de Carrera Docente de ese país.
En Honduras, el Estatuto del Docente garantiza licencias médicas sin que se afecte el salario del educador ni se le imponga ninguna responsabilidad financiera adicional. El documento normativo, aprobado mediante Decreto Legislativo 136-97, reconoce la estabilidad laboral del magisterio y establece que la cobertura de suplencias por enfermedad debe ser asumida por el sistema educativo y no por los trabajadores.
Mientras tanto, en El Salvador, la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) establece que este instituto proporciona “servicio de asistencia médica y hospitalaria, cobertura de riesgos profesionales y las demás prestaciones que en esta Ley se expresan” a los educadores del Estado. Además, en el Decreto Legislativo 171 de la Ley de la Carrera Docente, se dispone que los maestros gozan del subsidio por incapacidad cuando la incapacidad excede los tres meses.
Por otra parte, en Guatemala, la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional (Decreto 1485) define el estatuto profesional docente, regulando derechos, estabilidad, ascenso y condiciones de trabajo del magisterio público.
Docentes pagan el precio
Carolina, docente de primaria en el norte de Nicaragua, fue notificada de esta nueva exigencia durante la última reunión mensual en su escuela. La directora le indicó que si requería un subsidio médico, debía también presentar al sustituto que la reemplazaría en el aula. De lo contrario, debía asistir a clases aunque tuviera orden de reposo. “Me dijeron que si me daban subsidio, debía presentar quién me sustituirá y asumir ese pago. Con lo que gano apenas alcanza para vivir, ahora me piden que enfermarme me salga aún más caro”, relató.
El catedrático Adrián Meza, después de indagar sobre la medida arbitraria con docentes en el exilio y miembros de la Unidad Sindical Magisterial, señala que esta imposición se suma al panorama de bajos salarios, sobrecarga de trabajo y pérdida progresiva de derechos que sufre la educación pública en Nicaragua. Advierte que esta nueva obligación vulnera el principio universal de responsabilidad del empleador, y deja al maestro en una posición de indefensión frente al Estado.
“Normalmente el empleador es el que asume el costo de una sustitución eventual que tiene que hacerse cuando el trabajador o el operario cae enfermo, con prescripción médica. Porque sería absurdo que el trabajador, además de estar enfermo, también tuviera que asumir la responsabilidad del pago de quien lo va a sustituir”, señaló Meza.
Durante un Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje (EPI) realizado en agosto de 2025 en Jinotega, se conoció que la disposición fue comunicada como una instrucción de carácter nacional. Según expresó en esa reunión la delegada municipal del Mined en Jinotega, Rosa Liliam Cuba Picado, la medida busca sancionar a los docentes que —en palabras suyas— “piden muchos subsidios”, insinuando un supuesto abuso de este derecho laboral por parte del magisterio.
Lo que dice la ley y lo que hace el régimen
En lugar de investigar caso por caso o aplicar medidas institucionales, la funcionaria indicó que a los docentes “se les va a cobrar de su salario”, el costo de sus sustitutos, como una forma de frenar esas ausencias. También, informó que el subsidio por riesgo laboral se limitará únicamente a lo que ocurra dentro del aula, dejando fuera los accidentes en otras áreas del centro educativo o en el trayecto hacia la escuela, salvo que hayan testigos.
La Ley de Seguridad Social, en su artículo 87, establece que el trabajador con incapacidad temporal por enfermedad tiene derecho a recibir un subsidio equivalente al 60% de su salario, cubierto por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Asimismo, el artículo 60 de la misma ley contempla que los accidentes laborales y de trayecto son responsabilidad del Seguro Social y no del trabajador.
La Ley de Carrera Docente (Ley 114), por su parte, reconoce licencias con goce de salario por razones de salud, sin condicionamientos adicionales como la presencia de testigos. Ninguna de estas normativas ha sido reformada o derogada, lo que demuestra la ilegalidad de la nueva exigencia del Mined.
Un abogado especialista en derecho laboral, que por razones de seguridad pidió omitir su nombre, explica que esta disposición no tiene ningún sustento jurídico y representa una doble vulneración al maestro. Señala que el Estado no puede trasladar al trabajador el costo de una ausencia justificada, ni condicionar un derecho como el subsidio médico.
“Eso no tiene ningún respaldo legal. El empleador, en este caso el Estado, es el responsable de cubrir el vacío de personal por enfermedad. Trasladar esa obligación al trabajador no solo es ilegal, sino que también genera una doble penalización: por un lado se reduce el salario con el subsidio, y por otro se obliga a cubrir un gasto que no le corresponde”, dijo.
La situación es especialmente grave considerando el salario bajo promedio de los maestros nicaragüenses. Adrián Meza cita estudios regionales que colocan a Nicaragua entre los países con las remuneraciones docentes más bajas de Centroamérica. “Nicaragua tiene un promedio de 398 dólares. Panamá tiene un promedio de 2025 dólares mensuales. Guatemala 1499 y Honduras 744. Costa Rica anda en un rango de entre 1392 y 976 dólares. Solo estamos un poco arriba de El Salvador”.
Según Meza, obligar a un maestro a pagar entre 20 y 25 dólares diarios por su sustituto durante 10 días de subsidio, puede representar una pérdida de hasta el 75% de su ingreso mensual. Esto, asegura, provocará mayor rotación de personal, renuncias y abandono del sistema.
“Esto va a elevar el nivel de la deserción profesional, aumentando la rotación, el ausentismo no reportado, la renuncia de maestros titulares para evitar estas cargas o el simple abandono del sistema”, advirtió.
Calidad educativa no es prioridad del régimen
“Todo el mundo sabe que en Nicaragua el sistema docente está haciendo agua desde hace ya varios años, precisamente por las crudas condiciones en las cuales se desarrolla la tarea docente en el país. Esto va a tener un impacto inmediato en la calidad educativa”, agregó Meza.
Según las últimas cifras oficiales disponibles del Banco Central de Nicaragua (BCN), correspondientes al año 2023, el país registró 50 421 educadores en el Gobierno central al cierre de ese año, con un promedio anual de 50 461.
Los datos reflejan una pérdida sostenida de personal en el magisterio, ya que entre 2018 y 2023, Nicaragua redujo su planilla docente en 2331 maestros, pasando de 52 792, a 50 461 en promedio. Esta disminución coincide con un periodo de precarización laboral, represión política y migración forzada, que ha impactado severamente al sector educativo.
Para el académico Ernesto Medina, la nueva disposición de trasladar a los docentes el pago de sustitutos por ausencias de enfermedad, revela que el régimen Ortega-Murillo no tiene a la educación entre sus prioridades. Resalta que el magisterio ha sido tradicionalmente una profesión ejercida por mujeres y considera esta medida como un retroceso en derechos adquiridos para las maestras.
“Desde el punto de vista legal, esta es una violación a un derecho adquirido por las mujeres y por las maestras. Y por otro lado, pues, obviamente dificulta mucho más el ejercicio de la profesión”, señaló Medina.
A su juicio, el hecho de que la disposición se haya anunciado sin explicación previa y sin una base jurídica clara, es una práctica común del actual Gobierno. Cuestiona que no se haya presentado ninguna evidencia de abuso por parte de los maestros antes de imponer la medida.
“Lo mínimo que uno espera de un Gobierno que se dice popular es presentar evidencias y, en el caso de que hayan abusos, discutir con los afectados y las afectadas, principalmente las maestras, las medidas para detener los abusos. Pero de sopetón anunciar que ahora las maestras (y maestros) tendrán que hacerse cargo de pagar sus sustitutas, pues me parece que es un abuso, una violación, como dije antes, flagrante de la ley”, agregó.
Medina advierte que la decisión podría estar relacionada con una crisis financiera en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que ha dejado de cubrir sustituciones. Añade que si el Mined tampoco tiene capacidad presupuestaria, eso confirma que la educación no es prioridad para el régimen.
“El presupuesto de educación es la última prioridad de este Gobierno y no tiene recursos prácticamente para nada. Para lo único que tiene es para pagar unos salarios miserables. Pero para nada más, sencillamente porque la educación no es una prioridad para el país”, dijo.
“Los maestros tenemos derecho a enfermarnos y pasar consulta”
Gabriel Putoy, profesor y miembro de la Unidad Sindical Magisterial, advirtió que la medida impuesta al magisterio vulnera directamente los derechos laborales de los maestros, especialmente cuando se trata de enfermedades derivadas de su labor en las aulas.
“Los maestros tenemos derecho a enfermarnos y a pasar consulta. Y si eso es producto de enfermedades propias del oficio, como la disfonía funcional crónica, tenemos derecho al subsidio. Hay maestros con cáncer en la garganta, con alteraciones de la voz y auditivas”, comenta el docente.
Putoy también denuncia la eliminación de beneficios previamente reconocidos, como acceso a medicina especializada y licencias por fallecimiento de familiares directos o matrimonio. Lamenta que, aunque la Ley de Carrera Docente no ha sido reformada, sus disposiciones ya no se aplican en la práctica.
“Otro derecho que hemos perdido es el de los tres días por fallecimiento de un familiar cercano: madre, padre, hijo o esposa. Antes bastaba con presentar la partida de defunción. También existía el derecho a tres días cuando un docente soltero se casaba por primera vez. Ahora ya no lo respetan. Si muere tu mamá o te casás, igual tenés que mandar sustituto o presentarte al aula”, indica Putoy.
ANDEN sordo, ciego y mudo
Tanto Medina como Putoy coinciden en que la dirigencia de la oficialista Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), ha guardado silencio ante esta situación. Consideran que esta organización está subordinada al régimen y ya no representa los intereses del magisterio.
“Todos sabemos que desde hace mucho tiempo la dirigencia de ANDEN se preocupó por complacer al Gobierno, hacerle la corte a la dictadura y, como premio, los principales dirigentes ganaron un puesto en la Asamblea Nacional. Son diputados vitalicios y lo último que les interesa es defender los derechos de los maestros, sobre todo cuando están frente a un abuso tan flagrante”, aseguró Medina.
En ausencia de canales institucionales para denunciar, los expertos coinciden en que la única vía posible es la denuncia internacional. Meza considera que atacar las condiciones laborales del magisterio equivale a vulnerar el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en el país.
“Cuando vos afectás un componente del sistema tan importante como es el maestro, estás afectando en la práctica el derecho de sus alumnos a la educación”, concluyó.
Para Carolina, como para miles de docentes en todo el país, esta nueva imposición no solo representa una carga económica insostenible, sino también una nueva preocupación. “Lo poco que uno gana es para sobrevivir, no para pagarle a otro porque una se enfermó”, lamenta. Sabe que enfermarse ya no es solo un problema de salud, sino una amenaza directa a su sustento y estabilidad.