La “Negra” sabía de antemano que las pasadas elecciones del siete de noviembre serían “una farsa” en Nicaragua, pero incluso así le invadió una enorme decepción: nunca ha votado en su vida, y ahora no sabe cuándo lo podrá hacer. Tenía siete años cuando Daniel Ortega llegó al poder, y ahora intenta vivir en una dictadura que no sabe cuándo caerá.
“Andamos en modo avión”, dice con una voz jovial y haciendo referencia a la opción que tienen los teléfonos inteligentes de desconectarse de todas las redes. Accedió a hablar con la única condición de no revelar su identidad, porque en Nicaragua, hablar con los medios, pero sobre todo hablar de forma crítica sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, puede traer graves consecuencias.
Varios jóvenes ya lo han pagado desde el estallido social de 2018, y más recientemente por participar en espacios políticos y de la sociedad civil. Ortega y Murillo mantienen en prisión a 140 presos políticos, entre ellos estudiantes y líderes estudiantiles como Lesther Alemán y Max Jerez, miembros de la Unión Universitaria Nicaragüense (AUN).
“La Negra”, como pidió que la llamáramos, está en Nicaragua y en espacios de incidencia que podrían ser considerados como peligrosos para cualquier joven de su edad. Pertenece a una nueva generación de activistas feministas que han protagonizado protestas en el recinto de la Universidad Centroamericana (UCA) y utilizan las redes sociales como una de sus principales “trincheras” contra el régimen. Muchas de ellas estuvieron encarceladas, fueron al exilio, regresaron y ahora desde la clandestinidad sostienen una lucha silenciosa.
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“Nosotros teníamos mucha fe en estas elecciones, nosotros creíamos que el cambio iba a ser a través de ese proceso. En la víspera, sentimos una decepción tremenda… En verdad te digo: no sabemos qué hacer, ni qué pasará”, analiza vía llamada telefónica, resguardada y cambiando de casa de seguridad cada cierto tiempo. Más en días como estos, en los que nadie sabe qué puede pasar en una Nicaragua sometida al estado policial y la persecución.
De esta forma han vivido miles de jóvenes desde el inicio de las protestas antigubernamentales. La clandestinidad en el país gobernado por Ortega y Murillo implica cambiarse de casa cada cierto tiempo y no dejar rastro. Hacer siempre un “doble chequeo” de puertas y ventanas. Fijarse muy bien en el entorno donde uno vive, con el fin de reconocer algún movimiento que pueda salirse de lo común. En los casos más extremos, implica meter la cabeza bajo tierra como una avestruz, es decir: vivir enclaustrado, no salir. Los vigilantes del régimen están en todas partes y operan mediante una detallada red de soplones en cada barrio del país.
La incertidumbre es inmensa. Las elecciones del siete de noviembre representaron la consolidación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la heróica guerrilla que venció a la dinastía de los Somoza, y que por décadas fue parte del mito revolucionario que jóvenes como “La Negra” han escuchado en boca de sus padres y madres toda su vida.
Hoy, el FSLN encabezado por Ortega y Murillo es considerado como una dictadura. Si antes había dudas en ciertos sectores de la comunidad internacional, todas estas se disiparon el domingo, cuando la pareja presidencial selló su permanencia tras haber encarcelado a más de cuarenta personas, entre ellas siete aspirantes opositores, políticos, activistas, empresarios, campesinos, y a cualquiera que ellos consideran un tropiezo. Las elecciones sólo han sido reconocidas por un puñado de países y viejos aliados ideológicos como Rusia, Cuba y Venezuela.
Éxodo de jóvenes
Así, la pareja presidencial conduce al país a una crisis de múltiples e insondables aristas. La primera, y la más visible está relacionada con el éxodo masivo de nicaragüenses a Estados Unidos. Muchos de ellos son jóvenes que, al verse imposibilitados de visualizar un futuro claro, deciden largarse de su país y buscar vida en otro. “La Negra” conoce a varios exiliados que no han vuelto desde abril de 2018, y otros que se han ido en los últimos meses. La permanencia de Ortega y Murillo representa serios problemas para la débil economía del país, que cumplirá en 2022 cuatro años en recesión. Por ejemplo, en 2020 el Producto Interno Bruto del país se contrajo un 9%, según datos del Banco Mundial. Además, Nicaragua se encamina a un aislamiento internacional sin precedentes después de que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni países como Canadá o Costa Rica hayan reconocido el resultado de los comicios.
En medio de este panorama, en el país todavía quedan los miembros de AUN, cuyos líderes fueron apresados por el régimen en la escalada represiva ejecutada a partir de junio de 2021. AUN puede considerarse uno de los pocos movimientos juveniles que tiene permanencia en Nicaragua. Algunos de ellos viven en asedio y otros han sido amenazados. También siguen trabajando desde la clandestinidad. “Nuestra prioridad absoluta en este momento es la liberación de los presos políticos”, dice Dolly Mora, vicepresidenta de la organización.
A inicios de año, el movimiento pujaba por ir a unas elecciones con el fin de salir de la crisis sociopolítica que el país arrastra desde las protestas de 2018. Las campañas de AUN fueron criticadas debido a que algunos sectores señalaban que no habían condiciones para convocar a unos comicios. No obstante, sus integrantes formaron parte de la unión entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), el primero un movimiento multigremial y el segundo una agrupación de derecha. A pesar de la creación de este bloque opositor, el régimen despojó de su personería jurídica a la agrupación política tras una impugnación que hizo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), antiguo aliado de Ortega.
Los jóvenes de AUN se quedaron sin plataforma electoral y sin candidatos opositores a quienes apoyar. Después, los líderes Alemán y Jerez —dos rostros conocidos en Nicaragua por su aparición en los medios y su participación en las mesas de diálogo con Ortega— fueron encarcelados en un violento operativo policial.
“A pesar de que Ortega nos arrebató el siete de noviembre esa oportunidad, no nos arrebató el compromiso que hemos tenido como organización y que tenemos cada una de las personas que la integra”, sostiene Mora.
Los desafíos la juventud nicaragüense
Los jóvenes en Nicaragua han pagado la disidencia con represión. El estallido social de 2018 fue la muestra, para algunos analistas, de que la juventud no era del todo apática y que más bien participaban cuando sentían que había una injusticia.
Juan Diego Barberena, un joven abogado de 25 años que forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), las protestas antigubernamentales de 2018 abrieron una serie de opciones de participación política para la juventud. Desde trincheras en recintos estatales, hasta la creación de mesas de diálogo.
“La mayoría de la gente y los jóvenes, sobre todo en la marginalidad social, salieron a la calle precisamente porque sabían que Daniel Ortega era un autoritario. También hay un sistema oprobioso que los excluye, que los margina y que no les deja más alternativa que rebelarse ante el sistema”, recalca el opositor.
Tras las protestas estudiantiles, llegó la represión letal. Algunos de ellos, como Álvaro Conrado –de solo 15 años–, o Richard Pavón fueron asesinados en la calle. Otros, encarcelados por levantarse en sus recintos universitarios, y muchísimos condenados al exilio. En el país, la crítica ha sido acallada brutalmente, y quienes todavía permanecen en Nicaragua lo hacen desde una sepulcral clandestinidad para evitar represalias.
“Abril significó un empoderamiento de las juventudes sobre los temas trascendentales del país que atañen directamente a las y los jóvenes, porque al final somos, en teoría, quienes vamos a dirigir este país tarde o temprano. Antes era inconcebible en Nicaragua que hubiesen jóvenes de 25 años, por ejemplo, discutiendo temas de vital trascendencia”, agregó el joven jurista.
Barberena cree que los siguientes años representan un reto para la sociedad nicaragüense, pero sobre todo para los jóvenes. “Debemos estar claros de que nos toca un largo trecho más por seguir luchando, y eso para los jóvenes representa tomar decisiones acerca del futuro”, dijo.
La socióloga Elvira Cuadra ha analizado en diferentes momentos la participación de los jóvenes en la política del país. Para ella, existe una disputa entre “las viejas prácticas de la política tradicional” y las nuevas formas de participación juvenil.
“Las renovaciones no son tan visibles por las mismas dinámicas de la represión, pero se están renovando constantemente, porque cuando encuentran obstáculos para seguir desarrollando cierto tipo de actividad, ellos las cambian y buscan nuevas formas. Es innumerable, es realmente variado”, analizó la experta.
A pesar de ello, los golpes del régimen han sido tan brutales que se avizoran nuevos éxodos masivos. Según una encuesta realizada por CID Gallup, seis de cada 10 jóvenes tienen la intención de migrar, y si tuvieran la oportunidad lo harían.
En medio de todo, muchos como Dolly Mora y sus colegas de AUN creen que cualquier salida pasará por la vía electoral. El problema estriba en los tiempos. “Sabemos que probablemente pasen un par de años más. Probablemente, el 2026 pueda ser la gran oportunidad de oro, o al menos es lo que esperamos y podemos proyectar”, dice Mora con el practicismo que define a su movimiento juvenil. Sin embargo, cuando el cambio que tanto anhelan llegue, serán cinco años menos jóvenes, si las proyecciones resultan ciertas.