El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022 muestra que la mayoría de los países no logran detener la corrupción. El IPC clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
El promedio global se mantiene sin cambios durante más de una década en solo 43 de 100. Más de dos tercios de los países obtienen puntajes por debajo de 50, mientras que 26 países han caído a sus puntajes más bajos hasta el momento. A pesar de los esfuerzos concertados y los logros obtenidos con esfuerzo por parte de algunos, 155 países no han logrado avances significativos contra la corrupción o han disminuido desde 2012.
Por cuarto año consecutivo, las Américas obtienen un promedio de 43 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción. La falta de acciones audaces y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y los derechos humanos y amenazando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto, a su vez, está provocando violencia, daño ambiental y migración en todo el hemisferio.
Desde 2016, 27 de 32 países tienen sus niveles de corrupción estancados. Encabezando los rankings regionales se encuentran Uruguay y Canadá, cada uno con un puntaje de 74, seguido por Estados Unidos con 69. En Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), los países con puntajes más bajos, es difícil trazar una línea entre las instituciones públicas y las redes criminales.
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Los países con peores resultados
En los países que este año obtuvieron los peores resultados, como Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19), Honduras (23) y Guatemala (24), las élites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales. En Venezuela (14), las actividades económicas ilegales representaron el 21% de su PIB de 2021; los grupos delictivos ejercen un control exhaustivo sobre las operaciones de minería de oro, y emplean la extorsión y los pagos irregulares a comandantes militares para poder mantener sus actividades ilícitas. “Estos grupos son responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos ambientales graves”, afirma Transparencia Internacional.
En Honduras (23), la extorsión de pequeños negocios y de la ciudadanía por parte de las pandillas criminales es un problema grave que, no obstante, queda impune. Esto frena el desarrollo económico, agudiza la inseguridad y promueve el ingreso de flujos de dinero ilícito al sistema financiero. Se estima que los hondureños realizan pagos extorsivos por USD 737 millones al año, lo cual representa el 16% del PIB anual del país.
En estos entornos con altos niveles de corrupción, la violencia creciente y la vulneración de derechos sociales y económicos afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados, lo cual promueve movimientos migratorios masivos a otros países de la región. A fin de reducir la violencia de las pandillas, El Salvador y Honduras declararon Estados de Excepción. En El Salvador, esto ha dado lugar a detenciones injustificadas e instancias de abuso de poder. El régimen de emergencia también se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información.
En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales. En Guatemala, las detenciones injustificadas del periodista José Rubén Zamora y las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez representan casos emblemáticos.
Principales tendencias en la región
En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. En Honduras (23), Guatemala (24) y Perú (36), hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos.
“Este entramado de criminalidad e intereses políticos afecta especialmente a los grupos más marginados de la sociedad y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual, cuando funcionarios públicos les exigen actos sexuales a cambio de servicios tales como emitir pasaportes o permitir el cruce de controles fronterizos”, señala el informe. Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.
En la Amazonía, el comercio de drogas ha llevado la violencia a los territorios ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales son áreas con gran biodiversidad. A su vez, en 2021, los países de América Latina registraron el número más alto de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia (39) tuvo la mayor cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido por 42 en México (31) y 27 en Brasil (38). Muy a menudo, los homicidios de defensores ambientales y activistas contra la corrupción quedan impunes debido a la infiltración de redes corruptas y criminales en los gobiernos locales y en el sistema de justicia.
Por otro lado, para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, las cuales reducen la transparencia y la rendición de cuentas y plantean amenazas graves para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ejemplo, la declaración de Estados de Excepción durante 2022 en países como El Salvador (33), Ecuador (36) y Honduras (23) – si bien tuvieron carácter constitucional y oficialmente temporal – otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales.
“Estas medidas afectaron los derechos de asociación, de acceso a la información, de circulación y el debido proceso durante los arrestos. En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control por parte de otros actores y agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece la región”, menciona el documento.
Inacción, retrocesos e inestabilidad
La puntuación de Canadá (74) se ha estabilizado tras varios años de declive. Los señalamientos de la injerencia de funcionarios chinos en la política canadiense, dejaron al descubierto una vez más la necesidad de actuar ante la opacidad en la política y el déficit de integridad en el país.
Chile (67) y Costa Rica (54) – que tradicionalmente han obtenido los mejores desempeños en el IPC dentro de América Latina— no están priorizando la lucha contra la corrupción. Chile ha estado en la misma posición por años, pese a la importancia evidente de actuar contra la corrupción ante el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en el país, dos de las principales inquietudes entre la población.
“Costa Rica ha descendido cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando su puntuación más baja hasta ahora. Los escándalos de corrupción recientes ponen de manifiesto la existencia de déficits en materia de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de infraestructura, una tendencia que se repite en toda la región”, indica el reporte. Los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también podrían explicar los resultados recientes.
Sin embargo, tanto Chile como Costa Rica cuentan con instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir estas tendencias. El documento señala que en el caso de Chile, el proceso de reforma constitucional, así como la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública ofrecen una posibilidad única de fortalecer la rendición de cuentas, modernizar las instituciones públicas y mejorar la confianza en el Estado. La Estrategia Nacional de Integridad de Costa Rica, si se implementa de manera adecuada, podría transformarse en un modelo a seguir para otros países de la región.
Por otro lado, Panamá (36) sigue en una posición estancada, descendió dos puntos en el Índice desde 2012 y no consigue mejorar su puntuación desde 2021. Esto se debe a las condiciones institucionales deficientes para combatir la corrupción y poner fin a la impunidad, sobre todo en casos de corrupción a gran escala. En julio y agosto de 2022, el país se vio paralizado por una ola de protestas y un estallido social violento y prolongado. Los eventos representaron una respuesta orgánica a la corrupción institucional pública y al incremento injustificado en la nómina gubernamental, mientras la población del país, que presenta una de las mayores tasas de desigualdad de la región, enfrentaba aumentos en el costo de medicamentos, alimentos básicos y combustible.