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Nicaragua, una crisis de derechos humanos sin precedentes en la región en los últimos 30 años

Daniel Ortega y Rosario Murillo junto al jefe de la policía, su consuegro Francisco Díaz. EFE.

El director para las Américas del organismo Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, no ha visto en los últimos 30 años una grave crisis de derechos humanos como la que vive Nicaragua desde 2018. No recuerda a ningún gobernante de este hemisferio que “se dé el lujo” de apresar a todos sus principales rivales de las próximas elecciones presidenciales, como actualmente lo ha hecho el mandatario nicaragüense Daniel Ortega con cinco aspirantes a la presidencia en las últimas tres semanas.

Vivanco hizo esta declaración este martes 22 de junio durante la presentación del informe de HRW llamado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, en el que insta a Naciones Unidas (ONU) aumentar su rol en la crisis nicaragüense. 

Antes de las declaraciones de Vivanco, este mismo martes, 59 países del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas firmaron una declaración en la que instaron al régimen de Daniel Ortega “a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”. Horas más tarde, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ante el mismo Consejo, leyó una actualización sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, en la que llamó al régimen “a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral”. 

Bachelet detalló que como mínimo se debe “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”. 

El canciller nicaragüense Denis Moncada respondió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos, el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía”. 

HRW pide invocar el artículo 99 de la ONU

Lo que propone el informe de HRW es invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para que este tema sea tratado por el Consejo de Seguridad “como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad en la región”.

Según Louis Charbonneau, director de HRW en Naciones Unidas, el artículo 99 permite al secretario general de la ONU, en este caso António Guterres, llevar un tema trascendente al Consejo de Seguridad del organismo. “El artículo 99 le da la facultad al secretario de decirle al Consejo que es un tema de suma importancia para poder mantener la paz internacional y requiere de la atención directa del Consejo de Seguridad”, dijo Charbonneau. 

Este artículo no contempla sanciones, dijo el experto. Sin embargo, las penalizaciones son medidas “que se pueden imponer luego, si así lo deciden los países”. El artículo 99 puede ser invocado cualquier día. El plazo depende del secretario general. 

Ortega no contesta comunicaciones de la ONU

Un policía apuntando civiles. Archivo | Divergentes.

En la declaración firmada por 59 países se insta al régimen Ortega Murillo a comprometerse con la comunidad internacional y “se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”. Al final de la declaración indica que “los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”. 

En tanto, en el informe de Bachelet se hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que considere con “urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”. Esto incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018. Bachelet reiteró que “es urgente” que se autorice el regreso de “mi Oficina a Nicaragua”, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país. 

En el documento la expresidenta chilena explicó que sigue estrechando la coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional para el monitoreo de la situación en Nicaragua. Pero confirmó que “lamentablemente, el Gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por mi Oficina”.

Charbonneau, director de HRW en la ONU, dijo que la declaración firmada por los 59 países “es un mensaje claro y contundente” al secretario general António Guterres de que el tema de Nicaragua les preocupa a gran parte de la comunidad internacional. “Esto permite darle una base más sólida al secretario para que este tema avance con trascendencia en el Consejo de Seguridad”.

“Lo que queremos evitar es llegar a la situación de desastre. Se trata de activar un mecanismo de prevención para no llegar a esa situación. Queremos encontrar una manera que se discuta en la ONU antes de que se salga de control”, dijo Charbonneau, quien de acuerdo a su experiencia puede asegurar que el solo hecho de que se discuta el tema en el Consejo de Seguridad “les asusta y les preocupa” a los gobiernos que están cometiendo los abusos de derechos humanos. 

HRW pide sanciones concretas

Una de las redadas realizada por la Policía Nacional que concluyeron con la captura de opositores en el último mes. Cortesía | Divergentes.

El informe de HRW fue elaborado entre enero y junio de este año. Se entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. También se revisaron fotografías y videos tomados durante las detenciones e incidentes de vigilancia policial, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.

En estos cinco meses de investigación detectaron 46 casos de hostigamiento y detenciones. Entre ellas se destaca la de la estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años, quien fue forzada a subir a un vehículo policial sin que le ofrecieran ninguna explicación el 24 de abril de 2021. Sandoval relató que en la cárcel de El Chipote “dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”. Un oficial le preguntó “qué había dicho en Estados Unidos”, donde Valeska había intentado pedir asilo, sin éxito, antes de ser deportada de regreso a Nicaragua.

La estudiante dijo que agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. “Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos”, contó. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: “La próxima vez que te veamos, vamos a matarte”.

En el informe HRW hace una serie de recomendaciones a la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y demás países de América Latina; y a los Estados miembros de la Convención contra la Tortura de 1984. Entre las sugerencias está la de imponer sanciones individuales (o mantenerlas, si ya se han implementado), incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las violaciones de derechos humanos. 

Entre los nombres concretos se encuentran el mandatario Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista; la Fiscal General Ana Julia Guido y el director de la Policía Nacional Francisco Díaz.

José Miguel Vivanco, de HRW, dijo que estos nombres deben estar en una lista global para cancelar visas y congelar sus bienes por los hechos represivos. “Hay que tratarlos como parias, por su récords en derechos humanos y materias de derechos electorales e incumplimiento de la Carta Democrática”.

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