Un aspirante a la presidencia apresado, un académico, una periodista, un sacerdote y dos activistas cuentan su día a día bajo el asedio del régimen Ortega-Murillo. “Somos perseguidos políticos”, aseguran. El estado policiaco, impuesto desde septiembre de 2018, es uno de los principales sostenes de la administración sandinista. Los oficiales no solo vigilan, golpean y apresan, sino que su actuar tiene graves consecuencias en las vidas de los ciudadanos. Para ello, la policía ha ampliado sus filas de 15 mil 643 agentes en 2019, a 19 mil 149 en 2021. Aunque hay un subregistro que la institución no reconoce oficialmente.
Durante casi un año, Félix Maradiaga fue uno de los hombres más vigilados de Nicaragua. Una tropa policial se volvió su sombra. Una compañía que no estaba ahí para protegerlo, sino para controlar o restringir sus movimientos veinticuatro horas al día y siete días a la semana. Más allá de las violaciones a sus derechos políticos, de asociación y reunión como un ciudadano con aspiraciones presidenciales, lo más crudo de vivir bajo acoso policial es la vulneración de la cotidianidad, eso que nos hace gente: ir al mercado, a misa el domingo, visitar a la abuela, a los tíos, a los amigos para compartir... Muchas privaciones. No poder salir a un parque, viajar o renunciar —como lo hizo este politólogo perseguido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— a su deporte favorito, el ultramaratón.
“¿Y se me nota, verdad?”, dijo Maradiaga dándose unas palmaditas risueñas en el abdomen. “Es tedioso salir a correr antes de la seis de la mañana si primero tenés que solicitar permiso a los policías que están apostados afuera de tu casa y esperar que comuniquen la petición a los superiores”. La respuesta era a menudo negativa, y cuando llegaba a ser positiva, ¿quién quiere ejercitarse con una patrulla cargada de policías con fusiles? Por eso el precandidato presidencial renunció al ultramaratón, y para hacer más liviana la soledad (también el insomnio) se enchufó al mundo del ajedrez online.
Maradiaga tiene 44 años, pero su ciclo de sueño es más parecido al de un anciano. Mientras estuvo encerrado en casa, dormía poco y se levantaba muy temprano, a las cinco de la mañana. Revisaba correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, contestaba llamadas de periodistas y se hundía en la computadora a interminables reuniones políticas vía zoom. Grababa su programa radial transmitido en Radio Corporación y hablaba con su esposa Berta Valle, exiliada en Miami junto a la hija de la pareja, Alejandra. Maradiaga tiene más de tres años de no ver a su familia por imposición de un régimen que en junio de 2019 le decomisó su pasaporte. Añorar es lo más duro en un encierro, por mucho que sea en una casa. (El día que lo visitamos en la vivienda que alquilaba en las afueras de Managua, a la que entramos luego de una tenaz requisa policial, que incluyó fotos de los rostros y documento de identidad de los periodistas, Maradiaga nos mostró un dibujo que la niña recién le había enviado desde Estados Unidos. La pequeña le infundía ánimo en los trazos y el papá, con un orgullo que le aguó los ojos, dijo: “es valiente mi hija”).
Lo descrito antes fue la rutina que el precandidato presidencial tuvo entre el 8 de diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando la policía le impuso casa por cárcel total. Por ejemplo, Maradiaga intentó salir de la vivienda el 17 de diciembre para viajar a la Costa Caribe Norte para entregar ayuda humanitaria a los damnificados que dejaron los huracanes Iota y Eta, pero la policía lo repelió con fuerza. Le fracturaron un dedo y le dislocaron otros dos. Pese a la fractura, los policías no le permitieron acudir a un hospital. El permiso llegó dos meses después. “Los dedos me quedaron virecos [desviados]”, aseguró el politólogo con un humor, a pesar de la difícil situación en la que estaba.
—Me da un poco de pena admitir que hay una especie de aceptación emocional de este proceso.
—¿Cómo es posible eso, si para ir a la esquina tenés que pedir permiso y vas vigilado? Eso no es normal— le dijimos cuando lo entrevistamos.
—Mirá, sin vergüenza te lo voy a decir: sí tengo miedo. Pero lo que pasa con el paso del tiempo, cuando vivís en aflicción y zozobra permanente, es que vas adaptando tus emociones. No queda otro camino. Lo que queda es encontrar fortaleza en distintos mecanismos, llámese la oración, meditación o la fuerza que te da la gente para continuar. Me dolió muchísimo que el día de los muertos no me dejaran ir a Matagalpa a ponerle flores a la tumba de mi papá... Yo no sé lo que es interactuar con mi familia, no solamente con la que está afuera, sino incluso con la que está dentro de Nicaragua. No sé lo que es poder visitar a mi abuela, por ejemplo, que es una señora de más de 100 años… O a mis tíos y a mi hermana, porque prácticamente los exponés.
A veces no solo es que los vigilados como Maradiaga evitan exponer a sus familiares y amigos a los policías que los siguen como sombra, sino que se vuelven una especie de apestados. Los entornos que frecuentaban se le retiran por miedo. “De ajuste, cuando logré salir a un parque o lugares públicos, los policías evitan que la gente se me acerque o me hable”, lamentó el precandidato presidencial.
El acoso policial trae otros problemas a la cotidianidad. Por ejemplo, a Maradiaga le costaba encontrar a un casero dispuesto a rentarle. El politólogo experimentó ese cambio de vida de golpe, cuando volvió del exilio en septiembre de 2019. Desde el momento que salió del aeropuerto internacional de Managua, paramilitares y policías lo acosaron. Maradiaga pensó que era normal debido al ruido mediático causado por su retorno. Estaba muy equivocado. La sombra policial fue aumentando. Lo vigilaban la mayor parte del tiempo, pero podía movilizarse y se iba a dormir sin policías en las afueras de su casa. Sin embargo, a inicios de septiembre de 2020, la custodia policial se posó fijamente como un eclipse permanente. Su rutina pública pasó a ser controlada por los oficiales, acabándose la cotidianidad: el mercado, las misas, las visitas a la abuela y a los amigos y el ultramaratón…
De esa forma, Maradiaga empezó el tránsito más peligroso del otro maratón que corre desde hace años: el del reclamo por democracia y elecciones libres en Nicaragua.
Vino el encierro completo en casa y las salidas permitidas por superiores policiales al otro lado del radio walkie talkie que unos oficiales, cada vez más hartos de la vigilancia perpetua, sostenían. También el control y el rechazo de las visitas en la vivienda, y las golpizas cuando Maradiaga reclamaba salir. El día antes que lo apresaran bajo el señalamiento de “traición a la patria” (9 de junio de 2021), al precandidato presidencial lo dejaron ir a Galerías Santo Domingo. Maradiaga caminaba con otra persona mientras seis policías de la Dirección de Operaciones Especiales lo perseguían de cerca en el interior del centro comercial, mientras una mujer oficial grababa todo el tiempo con un celular la conversación. Eso es vivir bajo acoso total de la policía en Nicaragua. Maradiaga es el ejemplo más integral de ello, pero hay más personas que lo experimentan desde 2018, cuando la dictadura Ortega-Murillo instaló el Estado policial de facto.
Los ciudadanos señalaron 183 casos de asedio policial. Un número bastante alto si tomamos en cuenta que muchas personas decidieron no denunciar ante organismos de derechos humanos o públicamente por temor a represalias.
En ese periodo, la policía realizó 13 detenciones a ciudadanos que se oponen al régimen Ortega-Murillo. También se ejecutaron en diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, dos detenciones con agresiones físicas. Aquí sobresale la captura y agresión del ex preso político Lenín Salablanca, en Chontales, quien fue rodeado por antimotines que llegaron hasta su casa, lo tomaron por la fuerza y lo llevaron a la delegación policial.
También la detención seguida de agresión del activista Wilber Alberto Gutiérrez. Este fue secuestrado por policías vestidos de civil cerca del Malecón de Managua. “Andaba con su esposa en su motocicleta. Primero llegó un microbús y luego una patrulla. No sabemos dónde está”, denunció la hermana de Gutierréz. Gutiérrez es uno de los ciudadanos que encabezó la campaña de Navidad sin presos políticos.
En estos tres meses se denunciaron cuatro casos de agresión policial. El último ocurrió en febrero de 2021 en contra del periodista Jairo Castillo, quien fue agredido por oficiales mientras daba cobertura a un incendio en la capital.
Si realizamos una sumatoria podemos afirmar que durante los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 hubo un total de 207 abusos policiales de distintos tipos.
Al menos 140 abusos policiales fueron sufridos por hombres y 59 por mujeres. El resto de denuncias fueron interpuestas por organizaciones políticas que no se identificaron bajo ningún sexo.
93 abusos policiales ocurrieron en Managua, 20 en Masaya y 20 en Madriz.
La Policía ejecuta el acoso policial de distintas formas. En ocasiones los antimotines viajan armados a bordo de una patrulla por las principales calles de la ciudad. El objetivo es desarticular cualquier intento de protesta. De norte a sur y de este a oeste, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, ejecuta este tipo de operativos.
Otra forma de acoso es el que realizan de forma selectiva. Llegan hasta las viviendas de líderes políticos o ciudadanos que forman parte de organizaciones sociales. Se estacionan frente a sus casas y les informan que no pueden salir porque son “órdenes de arriba”. A veces este tipo de asedio dura una semana. Otras tan solo un día. Los ciudadanos han denunciado que no los dejan ni siquiera salir a comprar a las tiendas de su barrio. Si lo intentan son empujados con violencia hasta dentro de sus casas.
Pero la Policía Nacional no solo está en las calles y en lugares específicos. También han copado de agentes los principales mercados de la ciudad, también supermercados y centros comerciales. En Metrocentro, un complejo de tiendas en el centro de Managua, por ejemplo, permanecen hasta tres patrullas. Llegan a partir de las ocho de la mañana y se retiran al anochecer. En este sitio madres de presos políticos, familiares de las víctimas de abril organizaban protestas pacíficas que finalmente fueron desarticuladas poco a poco por la institución policial.
En las últimas semanas los agentes policiales han establecido retenes en las principales vías del país con el objetivo de revisar los vehículos y los celulares de los ciudadanos. Hurgan en los chats de las aplicaciones de mensajería, buscan fotos o vídeos que indiquen si una persona es o no opositora. Aunque la ejecución del plan no ha arrojado mayores resultados, los oficiales continúan deteniendo autobuses y requisando uno por uno a los pasajeros.
En junio los oficiales han ejecutado órdenes de detención en contra de cinco precandidatos presidenciales, líderes de organizaciones políticas, empresarios y periodistas. Allanan sus viviendas, ocupan celulares, computadoras y documentos y los trasladan a las celdas de “El Chipote”.
El profesor Ricardo Baltodano sacó su celular y empezó a leer un registro minucioso de todas las veces que los policías han llegado a su casa. Hasta el 13 de marzo, se han contabilizado 268 días de asedio policial.
“Viernes 18 de diciembre: día fatídico. Llegaron a las 06:00 a.m. Inicialmente una patrulla policial, vestidos de negro y pecheras. Se estacionaron en la entrada del garaje de mi casa y tomaron fotografías desde varios ángulos, luego avanzaron un poco y colocaron cuatro conos anaranjados en la entrada del garaje de mi vivienda impidiendo toda posibilidad de salida vehicular”. El mensaje lo leyó mientras permanecía sentado en el asiento del conductor de su carro, lugar donde concedió esta entrevista ante la imposibilidad de entrar a su casa.
“A continuación y con toda la precaución posible busqué refugio en otra casa”, comentó. La bitácora del asedio es un documento compuesto por varias tablas que alcanzan las 72 páginas. Todas con descripciones parecidas a las de ese día. Desde ese entonces, no ha podido regresar a su vivienda. Varias veces lo ha intentado, pero a los 15 minutos los policías siempre regresan.
La rutina del profesor de 61 años y excarcelado político ha cambiado rotundamente. Vira de casa cada cierto tiempo, dejando un par de días a la semana para realizar sus compras. En algunas ocasiones le toca trabajar desde su vehículo porque el despacho que tenía en su vivienda se ha tornado inaccesible.
DIVERGENTES acompañó a Baltodano durante una mañana. Dentro de su automóvil relató cómo ha cambiado su rutina desde que inició el asedio, que se ha tornado permanente desde que salió de prisión por ser un opositor contra el régimen, en junio de 2019. De a poco, las acciones de la policía contra él fueron aumentando. Pasaron de estar unos cuantos uniformados en las esquinas de su vivienda, a instalar una patrulla frente a su portón. Cada una de estos hechos están debidamente documentados no solo por la bitácora, sino por fotografías extraídas de cámaras de seguridad.
“Se volvió insoportable vivir allí. Tomé la decisión de buscar dónde irme de manera permanente”, relató la mañana de la entrevista, mientras encendía el vehículo y se disponía a hacer un recorrido al barrio donde habitaba. Decidió dar una vuelta por San Antonio. Pero no estuvo ahí por mucho tiempo, ni siquiera bajó de su auto. Minutos antes de encender su carro realizó una llamada a un familiar que vive en la zona. Le dijo a alguien detrás de la línea que pasará de paso por el barrio, que le diga cómo está el ambiente. Ese día no llegó la policía, tal vez porque dan por sentado que el profesor ya no vive ahí o le han perdido el rastro.
El barrio San Antonio es uno de los más antiguos de Managua. Las edificaciones antiguas se mezclan con las nuevas. Todavía existen casas con techos de tejas restaurados, que tienen el fin de mantener la esencia de la antigua forma de construcción de la capital anterior al terremoto que destruyó Managua en 1972. En esa zona se ha instalado el centro de Gobierno, por eso, las avenidas suelen tener permanente custodia policial, más desde las protestas de 2018. En todo el tiempo que Baltodano ha vivido ahí, es la primera vez que debe abandonar su morada. En el trayecto contó algunos trazos de su vida, en especial aquellos episodios que se relacionan con la docencia y el sindicalismo. En la Universidad Politécnica, recinto donde impartía clases de historia y de cultura de paz, Baltodano fue presidente del sindicato de maestros. El distanciamiento con el FSLN data de esos años, pues el partido anuló, al llegar al poder, la beligerancia del sindicato a través de su control político partidario.
Mientras conducía por la Avenida Bolívar, mencionó los nombres de estudiantes a quienes impartió clases y que hoy están en movimientos de jóvenes que se oponen al régimen.
—¿Volvería a la docencia? —.
—Solo estoy esperando que se vaya esta dictadura —responde—. No pienso jubilarme de profesor.
A Baltodano no lo persiguen, él piensa que el objetivo del régimen ha sido interrumpir su rutina, sacarlo de su casa. Los hechos iniciaron poco después de que fuera excarcelado en junio de 2019 por el régimen de Ortega-Murillo, junto a otros 59 presos políticos. Fue detenido en su casa en septiembre de 2018 por haberse manifestado contra el Gobierno. Su apellido también tiene su historia de rencilla con Ortega, es primo de la comandante Mónica Baltodano. Una familia de disidentes sandinistas.
Al pasar por su vivienda disminuyó la velocidad. “Esta de ahí es mi casa”, dijo, “no he entrado a ella desde hace más de dos meses”. En los alrededores no hay policías, no hay vigilancia. Pero las cámaras de seguridad de la vivienda revelan que hace unos meses esta cuadra permanecía atestada de agentes vestidos de negro con pertrechos y armas de fuego. El docente no se confía de esta calma. Aunque ya no había agentes ni conos policiales, decidió irse rápido del lugar. No vaya a ser que “alguien” dé alguna señal.
Encendió rápido el carro y salió del barrio San Antonio. Miró constantemente al retrovisor como para cerciorarse que nadie le seguía. Le preguntamos cuál será su rutina, a lo que contestó: trabajar en mi carro. Ese día pudo salir a la calle, para luego volver a su encierro, a la casa de seguridad donde ha habitado los últimos meses.
A partir de 2019, la Policía Nacional ha incrementado el número de oficiales en Nicaragua. Un análisis de datos realizado por DIVERGENTES, basado en los anuarios estadísticos y notas de prensa oficiales, revela que la institución cuenta con 19, 149 policías en todo el país.
En 2014, la Policía Nacional tenía 13, 549 efectivos, de acuerdo al anuario estadístico de ese año. Para 2017 la cifra aumentó hasta 15, 479. Sin embargo, según datos oficiales, en 2018 descendió hasta 14, 946.
Expertos en seguridad que pidieron el anonimato para este artículo explicaron que la baja de oficiales estuvo ligada a las protestas de abril de 2018 y el descontento de los agentes policiales con la represión ordenada por el régimen sandinista. Algunos oficiales abandonaron el país y dejaron sus uniformes en casa de sus familiares. Otros como Edwin Antonio Hernández, que grabó un video explicando el motivo de su “renuncia”, fueron detenidos en las fronteras del país antes de cruzar a Honduras o Costa Rica.
En 2019, la institución informó en su anuario estadístico que contaba con 15, 643 oficiales. Es decir, un aumento de 697 hombres y mujeres. Para ese año el régimen fortaleció el estado de sitio policial que había instalado en septiembre de 2018, después de las protestas sociales. Las órdenes de la dictadura fueron desarticular cualquier intento de marcha en las calles o piquetes exprés en los centros comerciales del país organizados por la oposición.
Para 2020 la oficina de prensa de la policía reveló que tenían 16, 909 agentes en todo el país. Sin embargo, el dato no es preciso. La institución no refleja en su anuario estadístico de ese año tres graduaciones que realizó en febrero (708), junio (818) y noviembre (954).
Si tomamos el dato del anuario estadístico de 2019 (15, 643) y sumamos esas tres graduaciones que fueron informadas a través de notas de prensa por la misma policía, la cifra total en 2020 es de 18, 123 y no de 16, 909, como indica en su anuario estadístico.
En mayo de 2021 la institución realizó la graduación de 1,026 nuevos agentes. La suma de este dato con el acumulado resulta en 19,149 oficiales. Agentes que, según los expertos en seguridad, serán utilizados para “resguardar” el proceso electoral previsto a realizarse en noviembre de este año.
Para el segundo semestre del año, el sitio web de la Policía informó que se inscribieron más de 1, 500 jóvenes de todos los 153 municipios del país para tomar el curso básico que ofrece esta institución. Es decir que es probable que 2021 cierre con más de 20,000 hombres y mujeres al servicio del régimen Ortega-Murillo.
Mariangeles Delgado estalló de hartazgo la tarde del 23 de marzo de 2021. Para esa fecha llevaba contabilizado 51 días de asedio policial frente a su casa. La rabia le llegó cuando los agentes apostados en la calle le impidieron salir a trabajar.
La orden era que no podía salir. Desde hace tres meses la escena se ha repetido en distintas ocasiones: los uniformados llegan, ponen los conos a la mitad de la calle y permanecen estacionados hasta ya entrada la tarde. Delgado es arquitecta, pero también activista del Grupo de Apoyo Nacional, una de las organizaciones fundadoras de la Unidad Nacional Azul y Blanco que surgieron en abril de 2018.
“Yo estoy casi segura que muchos de ellos no quieren hacer lo que están haciendo. Eso se les ve en los ojos. Muchos me han pedido disculpas”, comentó.
El asedio inició el dos de enero, una semana después de que participara en un piquete realizado el 23 de diciembre en la Carretera a Masaya. La activista cree que la identificaron a través de sus redes sociales. Desde entonces ha recibido todo tipo de amenazas por simpatizantes del Gobierno.
De acuerdo con su relato, primero llegaron dos agentes de civil a recabar información sobre ella y preguntaron si tenía pareja e hijos. Los oficiales preguntaron a la seguridad del residencial: “¿dónde vive Mariangeles?” Los oficiales aseguraron que estaban ahí “por asuntos internos”, mientras que a la junta directiva de vecinos le dijeron que se debía a unos robos reportados. En ningún caso mencionaron el nombre de la activista.
“Un día intenté salir a botar la basura y se me acercaron todos los policías y me dijeron que la orden es no dejarme salir, que mientras ellos estuvieran ahí, nadie entra y nadie sale de la casa”, relató Delgado.
La dinámica policial se desarrolla de forma similar entre los activistas, presos políticos y familiares de víctimas. El despliegue puede ser recurrente o intermitente, dependiendo del contexto. Para algunos de ellos el fin es desmovilizarlos y romperles su cotidianidad. Para Delgado es el precio que se suele pagar cuando una persona sale a la calle a protestar contra la dictadura.
Para los que pueden costearlas, las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta para registrar el asedio y realizar denuncias. Otras son las tablas de Excel. Delgado lleva documentado cada uno de los días que los policías llegan a su casa. En la entrada de su hogar y en las afueras acaba de instalar un circuito de seguridad que graba las dos calles que rodean su casa. Desde la sala puede ver quien llega o quien se acerca.
Delgado trabaja en uno de los sectores más golpeados por la crisis económica en Nicaragua. A pesar de ello, su trabajo algunas veces es interrumpido por el asedio policial que vive casi a diario y que afecta también a sus colaboradores. El 23 de marzo tenía que realizar la entrega de una remodelación, pero se atrasó porque una patrulla estaba frente a su casa.
“Te dan ganas de tirar la toalla, pero luego te das cuenta que no podés”, aseguró Delgado. “Yo he mantenido mi protesta y siempre iré a cualquier actividad, aunque solo vayamos tres”. Ese mismo día hizo una denuncia en sus redes sociales donde mostraba el asedio frente a su casa. Al día siguiente, la policía redujo el tiempo de permanencia a solo la mañana. DIVERGENTES fue a su vivienda dos días después de la denuncia, por la tarde, cuando los agentes se habían ido. Pero las cámaras confirman que ahí estuvieron.
De frente a los dos oficiales vestidos con trajes especiales de la Policía Nacional caminaba una niña. La estatura de la pequeña sobrepasaba pocos centímetros de sus caderas. Ambos permanecían como gárgolas frente a la casa que asediaban en Bluefields. La niña, que portaba el uniforme escolar y llevaba su cabello hecho en dos colas, no los volvió a ver. Caminaba más adelante que su madre, la periodista Kalúa Salazar, cuya vivienda ha sido rodeada por un contingente policial.
“¡Sinvergüenzas, busquen como capturar delincuentes!”, les espetó Salazar antes de entrar a su casa. Al día siguiente, el asedio se vuelvió a repetir. A pesar del acoso policial, la periodista decidió continuar con su rutina habitual. Esa mañana hubo un asesinato y, mientras los oficiales permanecían en las afueras de su vivienda, ella recabó información para la radio La Costeñísima, donde funge como directora.
“Los oficiales de la Policía y los antimotines llegan cada vez que quieren a mi casa como si tuvieran pertenencia en esta propiedad”, aseguró Salazar desde su ciudad natal.
La Policía Nacional ha impuesto un estado de sitio en casas de opositores, disidentes y periodistas. Estos últimos no han sido inmunes a la vigilancia y el acoso. Mientras que en la capital se confiscan medios, en el Caribe nicaragüense la prensa vive un asedio constante.
Así se inician el lunes santo con asedio incluido.
— Kalua Salazar (@kalua_salazar) March 29, 2021
Si pueden observar andan equipados para una amenaza inminente.
Cuando solo soy yo
Títeres uniformados. pic.twitter.com/gx0350XZnu
Las agentes instaladas en la casa de Kalúa portan un fusil AK-47. Visten de negro, el mismo uniforme de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. En el país son conocidos como los oficiales de la represión en las zonas urbanas. Son las fuerzas operativas y de choque que en 2018 dispersaron las manifestaciones junto a los antimotines. Sumado a ellos, en la calle se mantiene una camioneta también de la policía. Unos conos dividen la angosta carretera en dos. Permanecen ahí toda la tarde sin decir nada, sin presentar ninguna orden, sin esgrimir ninguna razón de su presencia.
“Ellos quieren enviar un mensaje, de que a uno no lo pierden de vista. Mis hijas sienten ese temor constante, cada vez que pasa esa gente me dicen que ya vienen ellos a molestar”, relató la periodista. Pese a ello, es firme en su decisión de continuar trabajando en la radio. No está en sus planes abandonar sus casas ni permitir que su rutina se inmute. “Este año es crítico, y la población debe tener el mayor conocimiento del contexto electoral”, argumentó Salazar.
Casi todos los periodistas que conforman este medio han vivido escenas similares en menor o mayor intensidad. Salazar, incluso, enfrentó un juicio del cual fue declarada culpable por calumnias contra dos exfuncionarias de la alcaldía de El Rama, pero que ella tacha de político y como un intento para silenciarla. La denuncia llegó tras la publicación de un informe donde una fuente denunciaba las supuestas irregularidades dentro de la municipalidad.
“Es difícil comprender que a un periodista lo acusen de calumnias o de cualquier cosa solo por hacer nuestro trabajo. Recordemos que como periodista debemos darle la voz a este pueblo que tiene miedo y está atemorizado por las represalias que ha vivido”, reiteró la directora de radio La Costeñísima.
La Costeñísima tiene su historia de resistencia, marcada por el constante asedio del régimen en los últimos tres años. Pero también ha recibido embates. Uno de ellos fue la muerte de su director, Sergio León, en junio de 2020 por Covid-19. El periodista también fue un perseguido del Gobierno y fue asediado de forma permanente por la policía. Al igual que Kalúa, fue denunciado por calumnias y pocos meses antes de morir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió a él y a su familia medidas cautelares.
En 2021, un año que se presume electoral, la policía ha mantenido la misma tónica represiva. Al punto de quitar las libretas e intentar truncar la cobertura de la prensa nacional. El 27 de febrero, una periodista de Confidencial denunció que, al salir de una conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn, fue cateada por unos policías y le decomisaron su libreta de notas. Ese mismo día, Kastalia Zapata, otra reportera, también declaró que una oficial tocó sus senos al salir de la actividad.
Además de cateos, asedios en las casas y toqueteos, la policía requisa los vehículos de la prensa, amenaza a conductores y toma fotografías de las cédulas de identidad. Nicaragua se ha convertido en uno de los países más peligrosos —sin guerra declarada o algún conflicto internacional— para hacer periodismo, según una misiva que el pasado 1 de marzo firmaron unos 500 periodistas internacionales en solidaridad con la prensa nacional.
“Lo que nos queda a los periodistas es seguir luchando, teniendo en cuenta que también hay que cuidarnos, a nosotros mismos y a nuestra familia”, finalizó Salazar.
Raúl Oporta siente que unos ojos lo vigilan donde quiera que vaya. No importa si se dirige al parque, a la casa de su mamá o a hacer unas compras al mercado de Nueva Guinea, en el Caribe Sur de Nicaragua, a más de 300 kilómetros de Managua, la capital. Los ojos siempre lo están siguiendo. Asediando.
A finales de febrero de este año, el nuevo comisionado de la policía de Nueva Guinea, Norvin Díaz Somoza, acompañado de varias patrullas y más de 10 antimotines armados, rodearon su casa para darle dos mensajes: el primero era que “él era el nuevo jefe”, y el segundo fue una “orden amenazante” para cancelar una reunión que iban a tener Oporta con otros opositores que pertenecen a la Coalición Nacional en este municipio, para discutir estrategias del incierto proceso electoral de noviembre de este año. “Aquí, en Nueva Guinea, hay dos jefes de la Policía. Uno es el que se encarga de la seguridad de los ciudadanos. Es decir, de los rateros y eso. Y el otro, es el que está dedicado a la represión. Ese fue el que vino a amenazarme”, dijo Oporta, de 52 años de edad e integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
En el video de ese día, Oporta aparece sin camisa, hablando muy sereno con el comisionado. “Le dije que el país está sometido a la más grande represión de la historia”, dijo Oporta.
El día que llegamos a su casa, Oporta permaneció todo el tiempo de pie dando la entrevista, pendiente de que no estuvieran cerca policías o fanáticos del régimen sandinista. No llegaron. Sin embargo, ha enviado a este medio de comunicación varias fotografías de al menos ocho días distintos en que la policía lo ha llegado a asediar. “Estamos sufriendo unas calamidades horribles, en cuanto a lo jurídico de este país: asedios, persecuciones, cárcel. Me ha tocado duro, hasta donde estoy”, dijo Oporta.
La situación no es distinta en la ciudad de Granada, en el Pacífico de Nicaragua. Cada vez que pasa un vehículo por su casa, Efraín Ordoñez, un opositor granadino de 32 años de edad, cree que es una patrulla de la Policía Nacional.
Desde octubre del año pasado, los asedios han sido constantes en su casa en Granada, una ciudad turística al sureste de Managua. “Esto me ha generado traumas, porque cada vez que vienen, se detienen frente a la casa, se escuchan sonar los radio comunicadores y están conversando”, dijo Ordoñez.
Los asedios a Ordoñez no tienen un horario específico. Han llegado por la mañana o en la madrugada. De tarde o de noche. Al principio, como hace cinco meses, los oficiales llegaron a su casa y le dijeron que no tenía permiso de salir porque lo podían echar preso. “Me pasaba todo el día encerrado. Hasta que se iban, yo podía salir. Pero después de un tiempo lo dejé de hacer, porque temía que me pudiera suceder algo malo”, dijo Ordoñez, y agregó que “vive estresado y preocupado. Mi familia se preocupa. Mi paz emocional no es la misma”.
Desde entonces, Ordoñez ha adoptado ciertas medidas de seguridad. Una de ellas es que ya no sale por las noches, o cuando lo logra hacer, informa siempre a varias personas cercanas sobre el lugar y las compañías con las que estará, así como la hora de regreso. “Hago esto para evitar cualquier situación, y dejar constancia de dónde estoy y con quién estoy”, dijo Ordoñez.
Cuando la policía se planta frente a su casa, el opositor opta por no salir. Eso provoca que no pueda hacer gestiones normales o lo limita a participar de actividades académicas o recreativas. “Son medidas preventivas, porque como opositor no sé qué me pueda pasar. Me siento amenazado”, dijo Ordoñez, y agregó que no visita amigos, porque en ocasiones la policía ha llegado a sus casas para interrogarlos. “Muchos de ellos no quieren reunirse conmigo, porque no quieren que se les vincule como políticos, ya que son personas que no se meten en nada político”, explicó.
Desde hace unos meses, Ordoñez se ha distanciado de varias relaciones personales para evitar inconvenientes. “Ahora soy una persona más solitaria”, dijo con un poco de humor. “Al inicio estaba bien preocupado porque no entendía los asedios, porque no estoy haciendo nada malo. Me preocupaba porque en las noticias se han divulgado los asesinatos contra opositores”, aseguró Efraín, y remata con convicción: “Pero ya le perdí el miedo a esto, y asumo cualquier consecuencia de lo que me pueda ocurrir”.
El padre Edwin Román dice que no recuerda cuándo fue la última vez que estuvo en la playa. Ese pasatiempo, uno de sus favoritos, le fue restringido por la policía que controla el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Román, párroco de la iglesia San Miguel, en Masaya, tiene casi tres años viviendo bajo acoso policial.
Cada vez que intenta salir de la ciudad es detenido por agentes de tránsito que le preguntan hacia dónde se dirige. En ocasiones le ordenan que regrese a la casa cural o lo “escoltan” hasta su lugar de destino. “El acoso aumentó después de abril de 2018”, explicó el sacerdote que es conocido por la feligresía de Masaya por ser uno de los más críticos al régimen.
“Pero no me acostumbro a vivir así”, relató el padre, quien reveló a DIVERGENTES que a lo largo de este tiempo tuvo que cambiar su rutina para intentar sortear la vigilancia que el régimen le impuso desde septiembre de ese mismo año, cinco meses después de que estallara la rebelión de abril en Nicaragua.
Para entender el porqué de este acoso, es necesario recordar el papel del padre Román durante la rebelión de abril. Fiel a su vocación de servicio, este sacerdote habilitó un puesto médico en la casa cural para atender a los ciudadanos que resultaron heridos durante los ataques que realizaron policías y grupos paramilitares en mayo, junio y julio de 2018.
Román abogó muchas veces ante las autoridades policiales por la liberación de los presos políticos que capturaron durante esos meses. También protegió y entregó en la delegación a oficiales que realizaban inteligencia en las barricadas y que eran descubiertos por los manifestantes. Y luego de que se impuso el estado de sitio policial, ha tenido el carácter de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que comete el régimen sandinista.
“Nos persiguen (la policía) a sacerdotes y obispos porque somos una voz profética, porque predicamos el evangelio, lo adecuamos a la realidad y en Nicaragua esa realidad es dura. Nosotros damos aliento y esperanza al pueblo y porque denunciamos la injusticia, por eso Ortega persigue a la iglesia”, dijo el sacerdote.
El padre Román dejó de conducir su vehículo Suzuki Alto color amarillo para evitar que los oficiales de tránsito lo siguieran “multando injustamente”. Ahora se sienta en el asiento del copiloto y deja que un conductor lo traslade para hacer sus diligencias. “Jamás pensé que viviría en carne propia esto. Es lamentable que exista este acoso directo de los oficiales”, reclamó el párroco.
El acoso policial lo coordina directamente el comisionado general Ramón Avellán, asegura el padre Román. Aunque no permanezca en la delegación policial de Masaya, Avellán siempre está llamando a sus subordinados para garantizar el control en la ciudad y evitar que los críticos al régimen orteguista no se levanten como ocurrió en abril de 2018.
“No me puedo bajar a comer en una comidería, tampoco salir a cualquier lugar… siempre están tomando fotos, videos, siguiéndome”, afirmó Román, quien confesó que en ocasiones ha tenido que almorzar o cenar dentro de su vehículo. Al padre también lo llegan a vigilar en su propia iglesia, cuando realiza eucaristías.
Los agentes entran vestidos de civil y se sientan en las bancas del templo para escuchar sus homilías. “Están pendientes de lo que yo digo”, mencionó. Los oficiales graban en audio o en video cada uno de sus sermones. Tratan de intimidar para que deje de cuestionar lo que hace el régimen en la ciudad de Masaya.
“En un día que tengo homilía salgo de mi casa cural, me cruzo un andén para atender la parroquia y regreso. Solo salgo para lo justo, es decir, ir a una farmacia, ir a mi casa o hacer compras en el supermercado. Aunque a veces es difícil porque me andan vigilando y grabando videos”, cuenta el padre.
La vigilancia policial también ha afectado su salud. En los últimos meses los doctores le descubrieron una lesión en la espalda que debe corregir con siete sesiones de masaje terapéutico. Logró concluir únicamente dos porque los oficiales lo siguieron y le increparon de que asistía a la clínica a reunirse con opositores para conspirar contra el régimen.
“Pero lo que llama la atención es que, por ejemplo en mi caso, quienes me acosan son policías de menor rango. Son jóvenes de otras ciudades, del norte o gente del campo. Algunas amistades me han dicho eso, de que a los oficiales de la misma ciudad no los dejan en su municipio”, relató el sacerdote.
Román trata de vivir su sacerdocio pese al asedio policial y la vigilancia. Durante esta entrevista que realizamos a inicios de marzo, un miembro de la parroquia llegó a contarle que la policía lo mantuvo en las celdas de la delegación por cinco días. El objetivo era “sacarle” información respecto a los planes de protestas de la oposición.
“Me preguntaron qué andaba haciendo, si me reunía con el padre para planear algo. Ellos están paranoicos, no saben qué hacer”, dijo Pedro, quien aceptó brindar estas declaraciones con la condición de no divulgar su nombre real.
Uno de los episodios de acoso policial en el que el gobierno mostró sin temor su mano dura, ocurrió en noviembre de 2019, cuando un grupo de madres de presos políticos llegó a su parroquia y pidió su apoyo para realizar una huelga de hambre dentro del templo. Como reacción a esta forma de protesta, Avellán ordenó que oficiales antimotines rodearan la iglesia y no permitieran que ninguna persona llegara a auxiliarlos.
Los que llegaron a dejar agua fueron capturados por la policía y judicializados. Durante varios días los antimotines cercaron la iglesia y cortaron el agua potable y la energía eléctrica.
“Trato de vivir mi sacerdocio aun en este momento difícil en Nicaragua. No dejo de evangelizar y mantener la unidad pastoral. Todos estamos sufriendo el asedio, no podemos salir con tranquilidad, somos perseguidos, pero el espíritu santo nos acompaña”, finalizó.
La fachada de la casa donde opera Radio Darío está llena de brochazos de pintura amarilla. Los parches que hacen contraste con el color original de la casa sirven para cubrir las pintas que los seguidores del presidente Daniel Ortega han escrito en innumerables ocasiones. “Plomo”, “está vigilada”, “tranqueros”, “golpistas de mierda”... Esos son algunos de los mensajes que las turbas del partido de gobierno han plasmado en el inmueble ubicado en una antigua edificación leonesa, propiedad de Juan Toruño, el fundador de la estación.
Francisco Torrez, un periodista de 30 años que entró a este medio un mes antes de que estallaran las protestas y viviera --literal-- una prueba de fuego con la quema de las antiguas oficinas de Radio Darío, señala una pinta que no borraron. Dice “paz y bien”. Ahora funciona como el único distintivo del medio para las pocas visitas que llegan. A la emisora y a sus trabajadores les han despojado de muchas cosas, pero sobre todo de su identidad. Nadie se atreve a colocar un rótulo con el logo del medio, ni siquiera a portar camisetas o credenciales con el emblema de la emisora.
Afuera, la radio parece cerrada a cal y canto. De las ventanas no se cuela ninguna luz, más que la que se asoma por las rendijas de los marcos de las puertas y del portón. Adentro, hay muchísimo movimiento. Periodistas y locutores trabajan para informar todo lo que acontece no solo en León, sino en el resto del occidente nicaragüense. La mañana de un viernes de mayo lo hacen con relativa calma. No hay policías, “extrañamente”, dice Torrez. Pero no siempre es así.
Torrez es el actual jefe de prensa de la emisora. Es leonés, pero desde hace algunos meses ya no vive en su ciudad debido al asedio que atraviesan él y todos sus colegas. Fue testigo de la quema de Radio Darío el 21 de abril de 2018 por paramilitares, y de un allanamiento policial en las actuales oficinas el tres de diciembre de ese año.
“Haber vivido la experiencia de estar dentro de una casa que se está quemando y no poder salir te puede crear un trauma”, relata el periodista. A muchos de sus colegas les ha pasado. A algunos les costó volver a esta casa, e incluso, locutar con la misma seguridad como lo hacían antes. La rutina se les ha alterado a tal punto que la mayoría de ellos no viven en León, a pesar de que ahí trabajan.
En la estación donde suelen grabarse los segmentos noticiosos sobran los relatos de agresiones policiales y robos. Ni siquiera el animador y control máster de la emisora se ha salvado. Pocas semanas atrás --cuenta-- le decomisaron su moto frente a la emisora. Por eso ahora deja su vehículo en otro punto de la calle, donde los oficiales no lo puedan relacionar con la radio. En su espacio de trabajo tiene un monitor que conecta con las cámaras de seguridad colocadas afuera de la casa. En ellas puede ver toda la acera e informar inmediatamente si están sufriendo un asedio.
“En todas las coberturas tenés que lidiar con una persona que te está grabando de la nada. No importa que no te identifiqués como periodista. Ellos saben quiénes somos”, cuenta Torrez mientras conversa con otros colegas. A pesar de ello, asegura que la población sigue confiando en su trabajo. Como muestra, esta mañana ha recibido la denuncia de un poblador que le ha informado acerca de unas irregularidades. “Tanto asedio no ha impedido que los periodistas sigan trabajando, ni la población denunciando”, reflexiona.
Que la policía se haya “perdido” desde hace tres semanas no significa que la radio no siga bajo la lupa. Después de una quema y un allanamiento es difícil creer eso.
La jornada del tres de diciembre de 2018 pintaba como los días anteriores: extenuante, pero en relativa calma. Hasta que el comisionado Fidel Domínguez, el hombre fuerte de la Policía de León y probablemente el más temido por sus torturas contra periodistas y opositores, llegó a presentarse.
Lo hizo con los elementos intimidantes que tanto lo caracterizan: cercó la cuadra, movilizó una camioneta repleta de antimotines, puso conos frente al estudio de la radio y detuvo a todo aquel que salía de la emisora. Torrez se topó con Domínguez, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en diciembre de 2020, y la calle repleta de uniformados con armas largas al intentar salir de su trabajo. El comisionado que dirigía el operativo contra el medio le dijo que era un golpista como su jefe --el empresario Aníbal Toruño--, actual director de la emisora. También le amenazó que esta vez sería amable, pero que en la próxima él y todos los periodistas irían al Chipote.
Domínguez llegó a León en agosto de 2018, en plena represión contra las protestas de abril, y de inmediato se caracterizó por imponer el terror en la población. “Las directrices que traía eran encarcelar a los activistas, pero una vez que logró eso su siguiente obstáculo fue la prensa en León”, explica Torrez.
Tras la detención lo dejaron ir, pero le quitaron la mochila donde llevaba su computadora y su celular. Más tarde, los periodistas denunciaron que las oficinas fueron allanadas y los equipos robados. Una vez más los periodistas miraban al abismo de haberlo perdido todo por segunda vez en menos de un año.
Los uniformados mantienen un asedio constante los sábados por la mañana, precisamente en la hora que se transmite el programa “Aquí Estamos”. Es un segmento de opinión en el cual se ventilan los asuntos políticos que suelen molestarle al gobierno. Últimamente, los hombres de Domínguez solo llegan en ese lapso de tiempo y luego se van. “La patrulla está en frente una vez que inicia el programa. Están entre las once de la mañana y las dos de la tarde”, relata Torrez.
Las cámaras de seguridad han registrado todo el acoso policial vivido en los últimos meses, desde que volvieron a este edificio en marzo de 2020, motivados por informar sobre la pandemia de la COVID-19. Los videos muestran un despliegue policial casi diario. Pero también de paramilitares, quienes suelen arrancar las cámaras de seguridad. “Es como el tercer juego de cámaras que tenemos”, dice mientras presenta el material que también sirve para denunciar los asedios. En ellos se observan las “turbas” que actúan en complicidad con la Policía Nacional y los motorizados que vigilan la emisora.
“El gobierno nos va a cerrar cuando ellos lo decidan, pero mientras tanto ellos te despojan de todos los recursos que tenés para poder sobrevivir”, reiteró el periodista. Hasta el momento la estrategia no ha tenido éxito. Si uno llega a León y sintoniza la estación 89.3 podrá escuchar la voz de sus periodistas, y una que otra canción alegre.