Carlos ya dio las instrucciones a sus sobrinos sobre qué hacer si los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lo detienen y deportan. Lo primero es avisar a su familia en Nicaragua. Lo segundo, vender su carro y todas las cosas que tenga en su apartamento, y mandar ese dinero a su esposa, que también está en Nicaragua. Y, por último, estar atentos y brindar apoyo tanto a él como a su familia.
Tiene únicamente 800 dólares en efectivo escondidos en un rincón de su cuarto. También le informó a sus sobrinos de la ubicación de este dinero, por si al momento de su detención lo necesiten. El resto del dinero que consiguió trabajando en este último año y medio, ya lo envió a Nicaragua, y no dejó nada en su cuenta de banco, aclara Carlos, de 30 años, originario de Jinotega, y quien solicitó el anonimato.
En solo seis meses, el permiso de permanencia temporal, conocido como parole humanitario, finaliza para él. Aunque tiene planeado regresar a Nicaragua en cuanto su permiso termine en julio de este año, ahora se encuentra en riesgo de ser enviado antes, y no en las condiciones que él planeaba.
El reciente memorando ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aprueba la deportación de personas beneficiadas por el parole que no han cambiado su estatus migratorio, aunque su permiso no haya culminado, cambia el juego para él y más de 90 000 nicaragüenses que han migrado bajo este programa.
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“Quería aprovechar estos últimos meses para trabajar lo más que pudiera y después regresarme, pero no sé si me voy a ir antes, porque no me gustaría ser deportado”, afirma Carlos.
“Se dice que las personas con parole van a ser las primeras deportadas. Ya estoy resignado a lo que me toqué. Si me agarran en la calle o en mi trabajo, no queda más que hacer. Una vez que te capturan, no hay forma de negociar”, continúa.
Entre el 23 y el 31 de enero, el ICE arrestó a 7311 personas inmigrantes y ha enviado 5717 órdenes de detención de forma paralela, según el conteo que la institución publica diariamente en la red social X (antes Twitter). En medio de tensas discusiones sobre las condiciones de las deportaciones, los primeros países en recibir a los inmigrantes han sido México, Colombia y Brasil.
Si bien en un principio el blanco de las deportaciones se supone eran inmigrantes irregulares con algún antecedente delictivo, todo apunta a que las detenciones y deportaciones son contra cualquier inmigrante no regularizado.
De acuerdo con el The Washington Post, Trump ordenó que cada oficina de ICE ejecute 75 arrestos diarios, lo que “empujaría” a los agentes de Migración a detener a inmigrantes que no han cometido delitos, para cumplir con la cuota, violando derechos civiles y políticos en el proceso.
Trabajadores se avisan sobre posibles redadas

Aunque no hay un comunicado oficial sobre la orden de deportación de personas inmigrantes amparadas con el parole humanitario y con otros programas que ofrecen un estatus migratorio temporal, Carlos y sus compañeros de trabajo bromean sobre los lugares en los que se van a esconder si llegan los agentes de ICE. “Si los de ICE vienen a la bodega, ya sé dónde me voy a esconder, ya tengo escogido mi lugar”, dice vacilando.
En la bodega donde trabaja manejando un montacarga, la mayoría de la fuerza laboral la componen inmigrantes, casi todos latinos. “Solo los jefes y los de puestos importantes son gringos”, señala. De esos trabajadores inmigrantes, la mayoría son personas indocumentadas. “Si somos 100 en una sala, solo 15 tenemos permiso de trabajo”, explica.
Además de hacer bromas entre ellos, sus compañeros de trabajo y él, se notifican en un grupo en WhatsApp sobre cualquier actividad sospechosa que pueda suponer un movimiento de ICE. Carlos dice que la noche anterior a esta entrevista, miró una patrulla de policía frente a su trabajo. Horas más tarde, otro compañero avisó que habían varias camionetas en el mismo lugar con personas vestidas con chalecos similares a los de agentes de Migración.
Ambos tomaron fotos de la patrulla y las camionetas, y las mandaron al grupo para alertar a quienes estaban por salir de la bodega. Pese a que no se pueden hacer detenciones dentro de los lugares de trabajo o dentro de las viviendas sin una orden judicial, sí se pueden ejecutar en espacios públicos.
Desde que Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero, la presencia de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es más notoria en las calles, asegura Carlos. También es mayor la aparición de agentes de ICE que se trasladan en vehículos que no están identificados.
Este ambiente de temor y especulación surge en un contexto que se ha vuelto adverso en unas pocas semanas para una de las comunidades más grandes de Estados Unidos. California, donde se encuentra Carlos, no ha sido la excepción para las redadas, aunque es uno de los estados con políticas antiinmigrantes menos estrictas.
Los decretos aprobados por Trump durante su primera semana de mandato, que suman más de 200, permiten que lugares antes considerados como seguros, como escuelas, hospitales e iglesias, puedan ser blanco para las redadas.
Estados con tendencia republicana son los más severos

Joaquín Jiménez, exalcalde mexicano de Half Moon Bay, California y actual miembro del consejo de la ciudad, señaló en entrevista con DIVERGENTES que las autoridades locales no tienen la intención de colaborar con las redadas, pero reconoce que la situación será mucho más difícil para los inmigrantes que residen en los estados con mayor simpatía republicana.
“Desde antes que Trump tomara la presidencia comenzó el miedo. Se habla de redadas que están sucediendo en California, están deteniendo a gente en el Valle Central, San José, San Francisco. La gente tiene miedo de ser detenida. Hay temor en todos lados, en las escuelas, en las empresas, en las iglesias”, relata.
Y aunque a nivel comunitario los vecindarios se están organizando para hacer frente a las ofensivas y proteger a los inmigrantes, en otras ciudades y estados estos están siendo abiertamente perseguidos.
En el estado de Florida, el miedo ha crecido de manera exacerbada. Junto con Texas y Chicago, es uno de los estados que más reporta detenciones, de acuerdo con la información publicada por el ICE en X.
Nicaragüenses temen ser deportados, pese a estar “legales”
Para Arlen y José, un matrimonio nicaragüense que llegó a Miami junto con sus dos hijas menores en abril de 2023, bajo el programa del parole humanitario, han sido días de zozobra.
“Hay una política de miedo y de terror, y se está cumpliendo en la Florida. El gobernador de la Florida cumple todo lo que le ordena Donald Trump y hasta hace más para quedar bien”, dice José.
Según el matrimonio, su estado migratorio “está en dudas”. Es decir, “estamos legales, pero no 100% asegurados. Somos los primeros que podemos ser deportados, aunque no caigamos en ninguna ilegalidad”, explican.
Con la aprobación casi diaria de decretos que restringe cada vez más la estancia segura y regular para los inmigrantes, no saben en qué momento pueden caer en “la ilegalidad”, pese a que llegaron al país de forma regular. “No se sabe el actuar de esta gente”, añaden.
Arlen es maestra en un daycare, una guardería de niños, y José trabaja en el área de mantenimiento de un edificio vacacional. Todos sus compañeros de trabajo son inmigrantes latinos y la mayoría se encuentran bajo la protección de algún programa social que les posibilita tener permiso de trabajo y seguridad social. Ahora esos beneficios se encuentran en riesgo.
Arlen solicitó asilo ocho meses después de que llegó a Estados Unidos. Con esa medida, aseguró que ella y su familia logren permanecer de manera regular en el país, aún después del vencimiento del plazo del parole que termina para ellos en tres meses.
Hace tan solo tres semanas consiguió su permiso de trabajo otorgado bajo la solicitud de refugio, pues el permiso de trabajo brindado por el parole también está próximo a vencer. Este nuevo permiso le permitirá trabajar cinco años, mientras las autoridades migratorias evalúan su caso.
La extensión del permiso laboral de dos años a cinco años fue una de los últimos cambios ejecutados por el expresidente estadounidense, Joe Biden, antes de terminar su administración. En la ola de rumores sobre los próximos cambios ordenados por Trump está su revocación, así como la aceleración del proceso de los casos de asilo para que estos reciban una respuesta pronta sobre su aprobación o denegación.
Si Arlen recibe una respuesta negativa sobre su solicitud de asilo, su esposo, sus hijas y ella están sometidas a otro proceso de solicitud de residencia por vínculo familiar. Pues su suegra es ciudadana estadounidense y pidió la reunificación familiar, un tipo de visa que podría brindarles residencia permanente.
“Estamos esperanzados en que si no sale uno, que al menos salga el otro”, dice Arlen. Y más que esperanzados, están obligados a agotar todos los medios posibles para alargar su estancia en dicho país, ya que vendieron todas sus pertenencias en Nicaragua. Ella y esposo dejaron todo atrás para darle mejores oportunidades académicas y laborales a sus hijas. Regresar a Nicaragua no es una opción que contemplan.
Todo el dinero que han recogido ha sido para establecer su nuevo hogar en Miami, pero ahora, la política antiinmigrante de Trump hace temblar los planes de esta familia. “Se viene el panorama más feo. Están las redadas todos los días, que Dios nos agarre persinados”, expresa José.
Migrantes se ausentan de granjas y restaurantes

En los trabajos de Carlos, Arlen y José todavía no se han ausentado a trabajar la mayoría del personal. Sin embargo, Jiménez, miembro del consejo de la ciudad Half Moon Bay, señala que en su estado, los trabajadores inmigrantes sí han dejado de asistir a sus jornadas laborales para evitar ser detenidos por miembros de ICE, especialmente en las zonas agrícolas y restaurantes.
“Trump dijo que solo estaban buscando criminales, pero eso no es cierto. Está atacando a toda la comunidad migrante. Si solo quieren deportar a migrantes ¿por qué están llegando a los campos agrícolas donde las personas están trabajando? Si estuvieran buscando a criminales, llegara directamente a la residencia de las personas, que es lo que siempre se ha hecho cuando hay una orden de deportación”, indica.
Si las redadas continúan el ritmo y severidad de esta última semana, las pérdidas económicas en las empresas sustentadas mayoritariamente por mano de obra de inmigrantes, serán notorias. Por esa misma razón, Jiménez espera que en unos meses las detenciones y deportaciones se suspendan o al menos disminuyan.
“La Cámara de Comercio del área tiene una preocupación sobre los negocios y las empresas que van a ser afectadas. Se van a dar cuenta que esto los va a perjudicar. En las zonas de construcción hay obras sin continuar porque las personas no están llegando a trabajar”, continúa.
La mejor protección es conocer sus derechos, manifiesta Jiménez. El exalcalde destaca algunas de las cosas que son importantes saber: ningún funcionario del Estado puede entrar a propiedad privada, incluyendo viviendas, sin tener una orden judicial. Las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a no brindar información personal, a no hablar sin presencia de un abogado, y a no firmar ningún documento sin consentimiento.
También tienen derecho a realizar una llamada, por lo que es importante memorizar los números de teléfonos de familiares y amigos. Tienen derecho a solicitar un abogado público, en caso de no tener uno privado, y a que su caso de deportación sea previamente evaluado por un juzgado, antes de que sea ejecutado.
Jiménez también recomienda que entre las familias formulen un plan de contención en caso de sufrir una detención, y siempre portar la documentación necesaria, en caso de tenerla.