El dictador Nicolás Maduro, en un intento de amedrentar a los venezolanos, ha incrementado la represión contra la disidencia a pocas horas del 10 de enero. Maduro ha ordenado a sus hordas represivas el asedio de la casa de la mamá de la líder María Corina Machado y el secuestro del yerno del presidente electo Edmundo González. Además, ha desplegado a militares y paramilitares por todos los rincones del país para demostrar que es el hombre fuerte en Venezuela y que al mínimo atisbo de alzamiento popular responderá con balas. 

La pregunta que nos hacemos es si algo cambiará en Venezuela el 10 de enero. La respuesta es sí, pero ese cambio no pasa por una transición democrática, sino por una radicalización de un régimen cruel que ha provocado el éxodo de más de siete millones de venezolanos y que mantiene a más del 51% de la población bajo situación de pobreza.

No es la primera vez que el régimen chavista recurre a la fuerza para neutralizar a la oposición, ya lo hizo durante las protestas de 2017 cuando asesinó a más de 160 personas y encarceló a líderes políticos como Leopoldo López. Ahora amenaza, asedia y secuestra a familiares de liderazgos opositores sin el mínimo reparo. 

“La palabra que define la situación de Venezuela es de alta incertidumbre. Es probable que veamos en los dos próximos días una respuesta ciudadana al llamado a la manifestación pacífica, pero desgraciadamente, si tomamos en cuenta los altos patrones de represión desde el 28 de julio, ya sabemos que se usará la represión como mecanismo para la toma y permanencia del poder”, me dice Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El dictador nicaragüense Daniel Ortega copió a Maduro y reprimió las masivas protestas cívicas que estallaron en 2018. Ortega recurrió a policías y paramilitares para que, con armas de guerra, aplacaran a los opositores que demandaban libertad, justicia y democracia. El saldo fue de 355 personas fallecidas.

Desde 2018 Ortega ha llevado la represión a límites no conocidos en la historia reciente de América Latina y ha cerrado todos los espacios cívicos, desde medios de comunicación, pasando por organizaciones no gubernamentales, hasta el de las iglesias católicas y protestantes. Todo con el fin de consolidar un régimen de concentración del poder,  basado en un estado policial y terror. 

A eso se le suma el destierro y la desnacionalización como política de estado y la promulgación de leyes espurias que legitiman la represión en Nicaragua. “Nicaragua sí está jodido”, me decían colegas venezolanos con los que coincidí recientemente en un foro de periodistas. Sin ánimos de entrar en competencia sobre cuál de las tiranías de América Latina es más terrorífica, les comenté que Nicaragua ha llegado a un punto en el que supera a Venezuela y Cuba en términos represivos. Ningún dictador latinoamericano del siglo pasado llegó a encarcelar a sus propios familiares, como lo hizo Ortega con su hermano Humberto y de cuya muerte es responsable. 

“Hay similitudes entre Maduro y Ortega en el uso excesivo de la fuerza letal para contener la disidencia política. Otra cosa que comparten es el uso de grupos armados irregulares para reprimir”, plantea Jiménez. Ortega aprendió del régimen cubano y venezolano. Las prácticas y políticas represivas —destierro, tortura, detenciones, censura- sitúan a Nicaragua al lado del régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte.

Y tras el incremento de la represión en Venezuela, en los últimos meses, hay quienes creen que Maduro seguirá la misma ruta de Ortega. Por eso es previsible que el chavismo desate una ofensiva feroz contra lo que resta de la disidencia venezolana organizada. No habrá respeto por nada ni por nadie. Eso ya lo hizo Ortega en Nicaragua.