La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizó nuevas operaciones de dragado en el río San Juan de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, a través de una resolución administrativa de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) “Autoridad Marítima y Portuaria Nacional” del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) firmada el 11 de julio y publicada en La Gaceta, diario oficial del Estado, el pasado 24 de julio de 2024.
El pasado lunes 29 de julio, Rosario Murillo, confirmó en su alocución diaria de mediodía que se realiza el mantenimiento rutinario de limpieza y dragado sobre el río San Juan, “el cual garantiza la navegabilidad de las familias”.
Destacó que es un “mantenimiento rutinario de limpieza y dragado sobre el río San Juan, la desembocadura, Caribe nicaragüense. Ahí el MTI está realizando limpieza, dragado son actividades rutinarias que garantizan la navegabilidad de nuestras familias en esa zona, las familias de la zona, nuestro río San Juan”.
Régimen asegura que cumplen sentencia de La Haya

Recordó que estas actividades cumplen “siempre, apegados al cumplimiento de los derechos reconocidos a Nicaragua en la Euroclima y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.
Recibe nuestro boletín semanal
Sin embargo, la noche del martes 30 de julio, Ortega reveló que “ahora que el MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura) anunció que se va a hacer limpieza del río, ya vino una carta de ellos (en referencia a Costa Rica), que tenían que ser tomados en cuenta. No. Si se tratara de realizar una obra que vaya también sobre el territorio costarricense, ahí sí”, afirmó el dictador.
“Por ejemplo, si el canal decidiéramos hacerlo sobre el río San Juan sí habría que comunicarles a ellos y explicarles, para que se pueda realizar el canal por el río San Juan, pero ya está claro por los estudios que se han hecho, que la mejor ruta del canal no está ahí a la orilla del río San Juan, porque ahí hay una gran reserva que tenemos que cuidar y hacerle el canal por ahí sería destruir la reserva que va a lo largo del río San Juan y eso se lo explicamos muy bien a las empresas que han estado trabajando los estudios y por eso es que el canal pasa lejísimo de la frontera con Costa Rica”, añadió.
Hasta ahora, la carta que mencionó Ortega no se ha hecho pública y el Gobierno costarricense no ha realizado un pronunciamiento al respecto.
El nuevo dragado en el río San Juan

La Resolución Administrativa DGTA 017-2024 autoriza “las operaciones de dragado del río San Juan, y las correspondientes exoneraciones a las tasas e impuestos que surjan de todas las actividades destinadas a la realización del Proyecto de Dragado del río San Juan, en calidad de Ente Regulador conferidas según la Ley 319, Ley que Regula la Exploración y Rehabilitación de la Navegación Comercial en el Río San Juan”.
En la resolución se detalla que la coordinadora del proyecto de dragado del río San Juan será Olympia Avellaneda Tórrez, quien funge como delegada de la Presidencia en la Comisión para el Desarrollo del río San Juan.
Avellaneda, según la resolución, presentó una carta en la que “solicita autorización basada en el deber del Estado de Nicaragua de garantizar la integridad territorial en el ejercicio de su soberanía, lo que incluye la administración, mantenimiento, y dragado del río San Juan y por ser proyecto del Estado, solicitó la exoneración de pagos de los aranceles correspondientes a nombre del Proyecto de Dragado de río San Juan con RUC No. J083000452834”.
Rosario Murillo dijo que “el mantenimiento habitual de nuestro río San Juan se realiza de manera permanente para evitar el aislamiento de nuestras familias, de la población de San Juan de Nicaragua y las comunidades aledañas, garantizando acceso a bienes y servicios básicos, como educación, salud, transporte, comunicaciones, energía, alimentación, comercio y turismo”.
Según el régimen, estas actividades de limpieza de sedimentos y dragado rutinario sobre el río San Juan están acompañadas con medidas de protección ambiental como la siembra de 14 320 árboles de variedades autóctonas, para contener la sedimentación y garantizar la fluidez de la navegación de las familias sanjuaneñas.
El dragado que llevó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia

Las tensiones entre Costa Rica y Nicaragua estallaron en octubre de 2010, cuando San José, que abolió el ejército hace 64 años, acusó a Managua de invadir la pequeña isla Calero. Managua rechazó esas denuncias sobre ese territorio que, al igual que Costa Rica, reivindica como propio.
Posteriormente y argumentando severos daños ambientales en el río San Juan, Nicaragua acusó a Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la construcción de una carretera paralela al río.
La CIJ dio la razón a Costa Rica y ordenó el 22 de noviembre de 2013 a Nicaragua detener el dragado y retirarse de la isla Calero en el río San Juan, objeto de una disputa de soberanía entre los dos países. Costa Rica había reclamado a la CIJ en septiembre pasado que ordenara a Nicaragua suspender la construcción de dos caños (canales) artificiales en Isla Portillos (Harbour Head para los nicaragüenses), un pequeño humedal de unos tres kilómetros cuadrados en el extremo oriental de la frontera común.
En acuerdo con esos pedidos, la CIJ determinó que Nicaragua “deberá abstenerse de cualquier actividad de dragado u otra actividad en el territorio en litigio y, en particular, de cualquier trabajo en los dos nuevos caños”, indicó el presidente del tribunal con sede en La Haya, Peter Tomka. Además, “Nicaragua tendrá que garantizar la retirada del territorio en litigio de todos los agentes ya sean civiles, de policía o de seguridad e impedir la entrada de tales agentes en el territorio mencionado”.
Asimismo Managua debió proceder al retiro de “cualquier persona privada bajo su jurisdicción”, agregó la sentencia de la Corte. La Corte de La Haya había dictado en marzo de 2011 medidas cautelares a los dos países, que debían mantenerse fuera del área e impedir el ingreso de civiles o militares, en espera de pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la soberanía.
Pero según Costa Rica, Nicaragua alentaba la entrada de activistas que le son afines y envió maquinaria para abrir dos canales artificiales, causando graves daños ambientales. El territorio situado en el extremo este del río San Juan, es un área declarada de interés mundial por la Convención Ramsar de protección de humedales.