La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene cautivo al obispo Rolando Álvarez, quien este jueves cumple dos semanas en arresto domiciliario en Managua, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue extirpado la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Hasta ahora ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han presentado públicamente una acusación formal contra Álvarez, próximo a cumplir 56 años y quien es el primer obispo arrestado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
Recibe nuestro boletín semanal
¿Dónde está el obispo?
“El régimen Ortega Murillo no va a desviar nuestra atención. Seguimos preguntando dónde está monseñor Rolando Álvarez ¿Qué están haciendo con los sacerdotes, seminaristas y el camarógrafo secuestrados en El Chipote?”, preguntó este jueves el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
“Libertad inmediata para todas las personas presas políticas”, demandó ese organismo humanitario en un mensaje a través de Twitter.
La Diócesis de Matagalpa rogó este jueves por su obispo, por el clero diocesano y por Nicaragua durante la eucaristía celebrada en la Catedral de Matagalpa, según esa Diócesis, donde se expuso “la venerada imagen procesional de Nuestra Señora de la Merced”, dando inicio a septiembre.
Además, este fue el segundo jueves sin el programa “Pastoreo, Comunión y Oración” que dirigía el obispo Álvarez y era transmitido en plataformas digitales.
El domingo pasado, el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, pidió a la feligresía confiar “plenamente en el Señor, no en las estrategias”, en relación a la situación del obispo Álvarez y otros sacerdotes.
Brenes, también arzobispo de Managua y que visitó a Álvarez en su residencia el pasado 19 de agosto, cuando formalmente fue dejado bajo “resguardo domiciliar” por la Policía Nacional, aseguró que lo vio “desmejorado”, aunque “su ánimo y espíritu están fuertes”.
El papa Francisco expresó su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió “un diálogo abierto y sincero” para que “se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, aunque no hizo referencia al arresto de Álvarez. El régimen sandinista sigue sin referirse a ese ofrecimiento de Francisco.
Un año convulso para la Iglesia
El arresto del obispo Álvarez es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También ha llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
Igualmente, prohibió a la arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años. La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.