La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes 2 de octubre una resolución que crea un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, encargado de intentar un diálogo directo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y presentar, en un plazo máximo de 60 días, recomendaciones sobre nuevas acciones diplomáticas y jurídicas frente a la crisis sociopolítica.
La resolución, titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue adoptada durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Washington este dos de octubre.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó al concluir la sesión que los Estados miembros acordaron un “proceso concreto” para impulsar el diálogo diplomático, evaluar avances y determinar nuevas medidas, mediante un mecanismo con “responsabilidades y plazos claros”.
El Grupo Ministerial será de composición voluntaria y estará abierto a todos los Estados miembros, representados por sus cancilleres o las personas que estos designen. Deberá comenzar a trabajar dentro de los próximos 30 días y contará con apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA.
Su primera tarea será buscar un diálogo “rápido y directo” con las autoridades del régimen copresidencial e intentar realizar una visita a Nicaragua, “en lo posible encabezada por Ministros de Relaciones Exteriores”. También deberá conversar con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio.
En un plazo de hasta 60 días, el Grupo deberá entregar recomendaciones a la Reunión de Consulta que incluyan “acciones diplomáticas y jurídicas concretas” que no impliquen el uso de la fuerza.
La OEA acordó además mantener abierta la Reunión de Consulta y permitir que su presidente vuelva a convocarla dentro de los 90 días posteriores a la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.
Liberación de presos, elecciones y restitución de nacionalidad
La resolución plantea una extensa lista de medidas “inmediatas, concretas y verificables” que las autoridades nicaragüenses deberían adoptar.
Entre ellas, la OEA exige la liberación incondicional de todos los presos políticos y que el régimen informe sobre el paradero y estado de las personas víctimas de desaparición forzada. También demanda restituir la nacionalidad, los registros civiles y los derechos de quienes fueron despojados arbitrariamente de su ciudadanía, así como permitir su regreso seguro y voluntario a Nicaragua.
La resolución pide restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, y permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas y otras organizaciones disueltas recuperen su personalidad jurídica, instalaciones y bienes.
También reclama recuperar la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político, incluso mediante la revocación de disposiciones constitucionales y legales aprobadas en 2025 y 2026 que vulneren esas garantías.
El organismo hemisférico pide además establecer las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, con restitución de derechos políticos, una administración electoral independiente y observación electoral internacional creíble.
Otro de los puntos reclama mecanismos efectivos para atender las confiscaciones realizadas contra personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación y universidades. La resolución prioriza la restitución de los bienes y, cuando esta no sea posible, plantea una compensación “adecuada y efectiva”.
Preocupación por apoyo extranjero al aparato represivo
El documento expresa además preocupación por el riesgo de que la interferencia extranjera en Nicaragua en materia de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información sea utilizada para facilitar la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos.
La resolución insta a interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional que faciliten esas prácticas y plantea impedir la presencia de personal extranjero asociado con actividades ilícitas que afecten los derechos humanos y la estabilidad.
El documento también sostiene que las prácticas del régimen ya han tenido impactos negativos en otros países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad regional. Sin embargo, ese punto no concitó una interpretación uniforme entre las delegaciones.
Brasil dejó constancia de que se desvincula de cualquier intento de caracterizar, incluso indirectamente, la situación nicaragüense como una posible amenaza a la paz y la seguridad regionales. Uruguay también reconoció el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos, pero señaló que no comparte que la situación pueda calificarse como una potencial amenaza para la paz y seguridad de todo el hemisferio.
Landau: la crisis “no es solamente un asunto interno”
Durante la reunión, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sostuvo que la situación de Nicaragua “no es solamente un asunto interno” y afirmó que las actuaciones del régimen ponen en peligro la paz y la seguridad hemisférica.
Landau pidió que la OEA enviara un mensaje claro a Ortega y Murillo y afirmó que Washington está dispuesto a trabajar con los demás Estados miembros para mantener la presión hasta observar cambios en Nicaragua.
La reunión de cancilleres fue convocada después de que el Consejo Permanente de la OEA acordara el 19 de agosto elevar la crisis nicaragüense a ese nivel, tras las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo y las declaraciones de Ortega del 19 de julio de 2026 en las que aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Opositores dispuestos para el grupo
Félix Maradiaga informó que el Grupo Ministerial ha reconocido institucionalmente a la oposición nicaragüense, por lo que sostendrá un diálogo con las diferentes organizaciones opositoras. “El pueblo de Nicaragua, a través de distintas organizaciones, va a ser parte integral de este esfuerzo de transición democrática”, explicó.
Maradiaga dijo que, si la dictadura se niega a establecer un diálogo con la oposición nicaragüense, los cancilleres convocarán a otra reunión para definir nuevas medidas de presión. “Los cancilleres nos dijeron que no van a aceptar un ‘no’ por respuesta”, agregó.
El joven opositor Lesther Alemán afirmó que esta “no fue una resolución más”. Alemán considera que la comunidad internacional está agotando todas las vías para propiciar un diálogo con la dictadura. “Cuando se intente realizar la visita del Grupo Ministerial y exista una negativa, la acción no queda ahí. Es decir, cuando hay un ‘no’ por respuesta, la OEA y Estados Unidos deben buscar el ‘sí’ a toda costa”, enfatizó.
Maradiaga también afirmó que la oposición en el exilio “está siendo la voz de aquellos que no pueden hablar”. El político señaló que, en algún momento, deberá conformarse un grupo representativo de la oposición para intentar ingresar a Nicaragua. “Nuestra labor de resistencia debe ser dentro de Nicaragua. Si a nosotros nos dicen que podemos estar mañana mismo en Nicaragua, nosotros no estamos poniendo ninguna objeción”, explicó.