El líder indígena Brooklyn Rivera habría muerto bajo custodia policial. Esa es una de las preocupaciones expresadas por expertos de las Naciones Unidas, quienes se han mostrado consternados por denuncias de muertes de personas desaparecidas forzadamente que estaban en centros de detención del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y líder del pueblo miskito, fue detenido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía orteguista, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos penales formales en su contra.
Su desaparición ha generado alarma entre familiares y organizaciones de derechos humanos de Nicaragua y del hemisferio, así como demandas de fe de vida que el régimen ha ignorado.
Sin embargo, no es el único caso. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay 47 personas en esa condición, de las cuales 11 están desaparecidas, según su informe del pasado marzo.
Para los expertos de las Naciones Unidas, serían 112 las personas víctimas de desaparición forzada en Nicaragua.
El régimen endureció esta nueva fase de represión en septiembre de 2025, cuando se conoció que los presos políticos Alonso Petri y Cárdenas Zepeda murieron en prisión.
Seis muertos bajo custodia policial de la dictadura
Para entonces, las muertes bajo custodia policial ya se contaban en seis, y los organismos de derechos humanos denunciaban que fuerzas represivas del régimen retenían a disidentes sin revelar su paradero ni reconocer su detención.
Los expertos de la ONU consideran que las personas desaparecidas forzadamente podrían haber muerto en condiciones de tortura, un hecho grave del que se viene alertando desde hace varios años.
“La tortura y la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad”, afirma Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Los expertos de la ONU alertaron de que han recibido información que indica que otra persona desaparecida forzadamente habría muerto en febrero de 2026 mientras estaba detenida, y que su cuerpo fue entregado a sus familiares sin certificado de defunción.
“Cuando una persona es desaparecida forzadamente, cada minuto cuenta y conlleva un sufrimiento y una angustia enormes para sus familias, quienes quedan atrapadas entre las dudas sobre la suerte de sus seres queridos y la esperanza”, señalan los expertos.
Otros pedidos de fe de vida
En los últimos días también se ha pedido una fe de vida de Carlos Ramón Brenes Sánchez, secuestrado por la Policía del régimen el 14 de agosto de 2025 junto a su esposa, Salvadora Martínez, y posteriormente condenado a 15 años de cárcel por el delito de “traición a la patria”.
Los expertos de la ONU han instado a las autoridades a investigar con prontitud, de manera independiente, imparcial, exhaustiva y transparente, las muertes bajo custodia, y a exigir responsabilidades a todos los culpables.
Algunos familiares han optado por no denunciar por temor a mayores represalias de la dictadura. Este silencio impuesto es visto como parte de una estrategia deliberada de recurrir a las violaciones de derechos humanos más graves y aterradoras para silenciar la disidencia y controlar a la población.
“En estos casos han transcurrido meses y años sin información verificable sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente”, afirmaron los expertos en un comunicado difundido a inicios de mayo, suscrito por nueve expertos, entre ellos los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU.
Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes citados por la Naciones Unidad, inhumanas, y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles.
“Una de estas personas está detenida con las manos y los pies encadenados y es sedada periódicamente. También se habrían colocado cortinas sobre los barrotes de su celda para impedir que otros detenidos puedan ver el interior. Asimismo, se les negaría atención y cuidado médico”, denuncian.
Los familiares han solicitado a las autoridades penitenciarias y a la Policía orteguista información sobre sus seres queridos, pero se les ha negado. Los tribunales, controlados por la dictadura, tampoco han admitido recursos de hábeas corpus, dejando a las familias sin ningún recurso efectivo.
“Es profundamente preocupante que las personas en Nicaragua carezcan de mecanismos judiciales efectivos para proteger sus derechos, lo que está permitiendo la continuación de graves violaciones de derechos humanos”, afirmaron desde las Naciones Unidas.
Alarma por desapariciones forzadas del régimen
Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, dijo que las denuncias sobre muertes bajo custodia de personas sometidas a desaparición forzada en Nicaragua generan una profunda alarma, y que el caso del líder indígena miskito Rivera refleja esta crueldad.
“Han pasado ya 950 días sin información oficial, sin que el régimen presente una prueba de vida, a pesar de que ha sido demandada por órganos de protección internacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y distintas campañas para visibilizar la urgencia de la situación”, añade Quezada.
El Gobierno de Estados Unidos ha expresado preocupación por la salud de Rivera y ha exigido su liberación a los copresidentes Ortega y Murillo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos acusó en marzo a la “dictadura de Murillo-Ortega” de tener personas “encarceladas únicamente por disentir del régimen”, en condiciones “inhumanas” y sin atención médica.
“La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”, agregó la administración estadounidense.
En el sistema judicial nicaragüense aparecen más de ocho recursos judiciales presentados para exigir que el líder indígena sea presentado, sin respuesta alguna.
Jiménez señala que la alarma en el caso de Rivera es mayor, ya que en otras ocasiones, cuando se ha solicitado fe de vida sobre personas bajo desaparición forzada —como el caso de monseñor Rolando Álvarez— la dictadura ha recurrido a su aparato propagandístico para mostrar que están vivos.
En el caso de Rivera, eso no ha ocurrido. “Preocupa porque, a pesar de la presión para que se muestre fe de vida, el régimen no lo está haciendo”.
Quesada y Jiménez instan al régimen a presentar de inmediato una prueba de vida de Rivera y de todas las personas en situación de desaparición forzada.
Las muertes y desapariciones constituyen una violación del derecho internacional y recuerdan los vejámenes cometidos por la dictadura de los Somoza en el siglo pasado.