Brooklyn Rivera padecía una enfermedad hepática terminal cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo exhibió en una cama de hospital el 27 de mayo de 2026, según una evaluación independiente de Physicians for Human Rights a los reportes médicos oficiales, citada en un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Aunque el Gobierno sandinista expresó entonces esperanzas de que su salud continuará mejorando, sus propios reportes documentaron en los días siguientes una falla multiorgánica que comprometió cuatro sistemas de su cuerpo. El líder indígena miskitu murió el 30 de mayo, apenas tres días después de aquella aparición pública, y tras 32 meses de desaparición forzada.
Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, considera que los comunicados oficiales proyectaron “una imagen falsa de la gravedad de su condición, justo en el momento en que la transparencia más importaba”. Según explicó, a partir de los reportes médicos analizados, Rivera tenía aproximadamente “una posibilidad entre cuatro de sobrevivir 30 días”.
Tras revisar los cinco comunicados oficiales sobre Rivera, los expertos determinaron que los reportes o bien “tergiversaron la gravedad de un estado que el equipo médico ya conocía, o bien se produjo un deterioro catastrófico que no fue explicado desde el punto de vista clínico”.
Los hallazgos son parte de Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua, el nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes 22 de septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documenta 161 desapariciones forzadas desde 2018 y ocho muertes bajo custodia del régimen Ortega-Murillo.
Lo que revelaron los reportes oficiales
Las fotografías difundidas el 27 de mayo mostraban a Rivera demacrado, acostado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz, con una sonda nasogástrica, un vendaje compatible con una traqueostomía y conectado a varias vías intravenosas y bombas de infusión. El comunicado que acompañó las imágenes reconocía que había sufrido complicaciones recurrentes de salud desde su detención, pero terminaba expresando la esperanza de que continuara mejorando “para tranquilidad de todos”.
Los reportes posteriores mostraron otra realidad. En apenas tres días, las autoridades informaron de lesiones en el cerebro y la médula espinal, edema cerebral, insuficiencia renal repentina y afectación cardíaca. Para el 30 de mayo, Rivera presentaba complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y renales compatibles con una insuficiencia multiorgánica. Aun así, el comunicado de ese día afirmó que “no había una variación importante” en su estado y murió esa misma noche.
La versión oficial también cambió respecto a la covid-19. El comunicado del 27 de mayo no mencionó la enfermedad. Al día siguiente apareció como un antecedente durante la pandemia, basado en información proporcionada por familiares y no en registros clínicos. El 31 de mayo, al anunciar la muerte de Rivera, el Gobierno la presentó como el factor desencadenante del fallecimiento en términos que Physicians for Human Rights consideró que “carecían de coherencia médica”.
Brody advierte que estas contradicciones no permiten determinar por sí solas qué causó la muerte. La falta de una autopsia forense y de una investigación independiente impide establecer con certeza qué provocó el fallecimiento y hasta qué punto las condiciones de detención o la atención que recibió pudieron incidir en el desenlace.
“El Grupo no afirma conocer con certeza la causa exacta de la muerte de Brooklyn Rivera —precisamente porque el Gobierno nunca permitió que ello se investigara de manera independiente. Lo que sí puede afirmarse, con base en la evaluación médica independiente, es que el relato oficial del Gobierno se contradice a sí mismo en los puntos más importantes, y que estas contradicciones son consecuencia de un sistema que nunca permitió supervisión médica independiente durante los 32 meses que Rivera estuvo bajo custodia del Estado”, explica Brody.
Casi tres años de cautiverio y aislamiento
Rivera fue detenido sin orden judicial el 29 de septiembre de 2023 y permaneció bajo custodia estatal durante más de dos años y medio, durante los cuales las autoridades ocultaron su paradero. El Gobierno reconoció pocos días antes de su muerte que había sufrido problemas recurrentes de salud desde el inicio de su detención y que incluso estuvo hospitalizado entre septiembre y octubre de 2023.
Durante esos 32 meses, señala el informe, su familia no recibió información médica y Rivera no estuvo bajo supervisión médica independiente. Tampoco se divulgaron historias clínicas, resultados de laboratorio, estudios de imagen, registros de ventilación mecánica o cuidados intensivos ni expedientes médicos penitenciarios que permitan reconstruir de manera independiente como fue degeneración de su estado su salud.
Después de su muerte no se practicó una autopsia forense independiente ni se abrió una investigación pronta, independiente y transparente. Por ello, siguen sin respuesta la causa y el mecanismo precisos del fallecimiento, si la atención que recibió durante su cautiverio fue adecuada y oportuna y si una posible desatención contribuyó a una muerte que pudo haberse evitado.
Ante esas incógnitas, el Grupo señala que la presunción de responsabilidad del Estado por una muerte ocurrida bajo su custodia “no ha sido refutada en absoluto”.
29 personas siguen desaparecidas
El caso de Rivera forma parte de una práctica que, según el Grupo de Expertos, se ha profundizado desde el año 2023. Naciones Unidas verificó 161 casos de desaparición forzada desde abril de 2018, aunque advierte que la cifra real probablemente sea mayor debido al temor a represalias y al desmantelamiento de la sociedad civil independiente. Al 31 de agosto de 2026, 29 de esas desapariciones continuaban en curso.
Entre los desaparecidos documentados están militares retirados, líderes indígenas, opositores, familiares de personas consideradas opositoras y antiguos funcionarios. Algunos llevan más de dos años sin que sus familias puedan verificar directamente dónde se encuentran, cuál es su estado de salud o las condiciones en las que permanecen detenidos.
La lista incluye al coronel retirado Víctor Boitano Coleman, el mayor retirado y profesor universitario Eddie Moisés González Valdivia, el líder indígena Steadman Fagoth Müller, José Danilo Jirón Gudiel, Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas menores de edad, entre otros. El informe también documenta la desaparición forzada de seis familiares y dos personas cercanas a Rivera, detenidas después de su muerte.
Desapariciones como método de represión
El Grupo de Expertos concluye que desde 2023 las desapariciones prolongadas se convirtieron en una “práctica estratégica y recurrente” contra personas opositoras o percibidas como tales. El procedimiento consiste en detenciones sin las garantías legales, negativa de las autoridades a reconocer que tienen a la persona bajo custodia, ocultamiento de su paradero y obstáculos a familiares y abogados que intentan localizarla.
En algunos casos, después de meses de silencio, el régimen ha difundido fotografías o videos de los detenidos como pruebas de vida. Los expertos advierten que esas exhibiciones únicamente confirman que las víctimas estaban bajo control estatal en ese momento, pero no permiten verificar independientemente sus condiciones de reclusión ni borran las violaciones cometidas durante el período de desaparición.
El informe también documenta ocho muertes bajo custodia, incluida la de Rivera, de personas detenidas por motivos políticos que habían sufrido atención inadecuada, condiciones insalubres y, en varios casos, torturas u otros malos tratos. Para los expertos, la falta sistemática de atención adecuada y de condiciones humanas de detención, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, provocó muertes que pudieron prevenirse.
El Grupo considera que las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos documentados constituyen, sobre la base de las pruebas disponibles, crímenes de lesa humanidad y forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que comenzó en 2018 y continúa en la actualidad.