El régimen de Daniel Ortega, mediante su aplanadora de diputados y partidos comparsas que tienen representación en la Asamblea Nacional, acordarán quienes serán los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de cara a las elecciones del 7 de noviembre, en medio de la demanda nacional e internacional de personas probas en los cargos. Sin embargo, el anuncio realizado por el sancionado presidente del Hemiciclo, Gustavo Porras, este jueves no levantó ninguna esperanza sobre un posible saneamiento de la controvertida institución y el sistema que rige.
La convocatoria es para presentar candidatos que ocuparían las diez magistraturas vencidas del Poder Electoral, correspondientes a siete propietarios y tres suplentes. Según Porras, la discusión y aprobación en el plenario de esta resolución está programada para el próximo 12 de abril, pero es exclusiva para el presidente Ortega y sus diputados, dejando por fuera a la oposición aglutinada en diversos partidos y plataformas, como la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Coalición Nacional y Alianza Ciudadana.
“Las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo respectivo a la directora general de Asuntos Legislativos como Secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente de resolución de convocatoria en La Gaceta”, reza la resolución leída por Porras ante medios oficialistas.
Gustavo Porras, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también anunció que se conformará una comisión especial de carácter constitucional que se encargará de la “revisión, estudio, consulta y dictamen de los aspectos electorales”.
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Aunque personeros de la dictadura han dicho que en el mes de mayo el gobierno de Ortega realizará reformas electorales, hasta ahora no ha demostrado voluntad política para ello, ni mucho menos abrirla a los sectores opositores con la legitimidad nacional e internacional. En cambio, el gobierno ha aprobado leyes para inhibir a posibles candidatos a cargos públicos y mantiene un estado policial que impide la organización de los opositores.
Oposición sin propuesta unificada
Ante el anuncio de cambio de magistrados, la oposición no tiene una lista consensuada por estar priorizando temas ideológicos y otros intereses. Yatama tiene representación ante la Asamblea Nacional y forma parte de la Coalición Nacional, mientras que otros bloques opositores, Unab y Alianza Ciudadana, no tienen voto en el parlamento.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez,considera que la oposición todavía tiene tiempo para definir el tema de los candidatos ante el CSE.
“La verdad es que, si ya estuvieran listas estas propuestas de candidatos a magistrados, es probable que pudiera haber contribuido mucho acelerar los procesos. Sin embargo, yo no quisiera darle tanto peso a esto, en el sentido que todavía tienen tiempo de resolver las cosas, de aproximar sus diferencias y de evitar que cause un gran impacto negativo que repercuta de manera perjudicial para los intereses del pueblo nicaragüense”.
Por su parte, el precandidato presidencial independiente Juan Sebastián Chamorro manifestó que el anuncio de la Asamblea Nacional no “agarró movido” a los opositores.
“Esto era de esperar que cada vez había más rumores de esta movida. Aquí pueden ocurrir solamente dos caminos: que se den reformas profundas como lo demanda la oposición nicaragüense y comunidad internacional, o se den reformas cosméticas que traten de generar una imagen de reformas y que no llegue a la profundidad del asunto que es más probablemente el escenario que va a tomar la dictadura.
DIVERGENTES contactó la oficina de prensa del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para conocer su postura sobre el tema y respondieron que no habrá reacción por el momento de sus dirigentes hasta la próxima semana.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a través de Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político, expresó que esa organización demanda que ese proceso de elección de magistrados al CSE sea como mandata la Constitución Política y la Ley Electoral.
“En consulta vinculante con los organismos de la sociedad civil a que puedan discutir en el seno del parlamento nacional quienes son los hombres y mujeres con la capacidad para optar a los cargos de magistrados en el CSE y que respeten la voluntad popular de los nicaragüenses”, agregó Barberena.
Partidos políticos comparsas preparan sus candidatos
El cuestionado Partido Conservador (PC) presentará un candidato para ocupar vacantes ante el CSE, según confirmó a DIVERGENTES Alfredo César, presidente de esa agrupación política, pero omitió revelar el nombre de su candidato o sobre la posibilidad de prestarse al juego del gobierno de una reforma cosmética.
“Tiene todas las características y estará sujeto al escrutinio público. Es un hombre joven con una excelente preparación profesional a nivel también de posgrados, no solo de licenciaturas o ingeniería con una trayectoria de vida impecable. Un hombre honesto y capacitado que va a defender el voto de los nicaragüenses en general, aunque sea propuesto por el Partido Conservador, una vez que se juramente y entre a funcionar como magistrado, él ya deja de representar los intereses del partido”.
La diputada liberal Azucena Castillo todavía guarda las esperanzas que su agrupación política puede aportar a las demandas de la ciudadanía opositora, pese a que su partido carga con el lastre de Arnoldo Alemán, quien siempre ha pactado políticamente con el comandante Ortega. “El PLC pudiera proponer personas decentes, preparadas, inteligentes y sobre todo no vendibles que eso es lo más importante”, dijo Castillo.
Los partidos políticos en la Asamblea Nacional son señalados por otros grupos de oposición de prestarse al juego del régimen y han sido bautizados como “zancudos”. Pese a esa desconfianza, el constitucionalista Gabriel Álvarez, apuesta que todavía esas agrupaciones puedan aportar al cambio democrático en Nicaragua.
“Si el comandante Ortega, la señora Rosario Murillo y los partidos con representación parlamentaria quieren en realidad contribuir a resolver la crisis profunda e integral que estamos padeciendo los nicaragüenses, tendrán por obligación, no solo política, sino también ética, de tomar en cuenta las propuestas, demandas y reclamos de la sociedad nicaragüense que no tiene representación parlamentaria, pero sin la cual no será posible crear condiciones necesarias para que en noviembre, tengamos una puerta para superar una crisis”, finalizó el constitucionalista.
Aunque todavía no se conoce una lista oficial del gobierno sobre sus posibles candidatos a ocupar el Consejo Supremo Electoral, se mencionan algunos de confianza de la pareja Ortega-Murillo, entre ellos: la magistrada Mayra Salinas y el exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitake.