La detención de Luis Rivas Anduray, director ejecutivo del Banpro y CEO del Grupo Promerica, sumado al congelamiento de las cuentas bancarias de trece exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), coloca a Nicaragua “al borde del abismo” y pone en riesgo el rumbo económico del país, coincidieron expertos consultados por DIVERGENTES. Las órdenes dictadas desde El Carmen son consideradas por los especialistas como una “operación suicida” que provocaría pánico financiero y dilapidaría cualquier expectativa de mejoría económica en el país.
“Ortega cometió un error al entrar en esta lógica represiva porque va a tener un efecto negativo en la economía. Posiblemente no va a crecer el 0.9 por ciento, como dice el Banco Mundial. No va a crecer porque no habrá inversión extranjera y tampoco local. Es decir, va a producirse una especie de parálisis de la inversión del capital y mucha incertidumbre”, estimó el analista político Óscar René Vargas.
Rivas Anduray fue apresado el martes 15 de junio. El Ministerio Público solicitó ampliación de investigación y detención judicial. Al CEO del Grupo Promerica lo señalan “por la posible comisión de actos ilícitos a través de Funides por consentir que se maquillaran los estados financieros y permitir una gestión abusiva”. También lo requieren en el marco de la Ley 1055, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”; una de las tres leyes represivas aprobadas por el parlamento de mayoría sandinista a finales de 2020.
Además de Anduray, la Policía ha arrestado a 15 ciudadanos en el último mes: cuatro precandidatos presidenciales, nueve opositores de organizaciones de la sociedad civil, y dos extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En total el régimen mantiene más de 120 presos políticos en sus cárceles.
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La dictadura Ortega Murillo apunta a presionar al sector empresarial que hasta ahora había guardado silencio y no se había posicionado frente a los atropellos cometidos por el régimen. Este miércoles la jueza Karen Chavarría Morales ordenó congelar las cuentas bancarias de 13 exdirectivos del Funides y establecer retención migratoria para todos. La Fundación es investigada por “incumplir con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.
Entre los investigados se encuentran Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del Banco de América Central (BAC) y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del Banco Avanz, que pertenece al Grupo Pellas. También están Jaime Montealegre Lacayo y José Antonio Baltodano Cabrera, dos de los 10 grandes empresarios de Nicaragua.
Este jueves el Ministerio Público ordenó a la Policía Nacional la captura de Humberto Antonio Belli y Gerardo José Baltodano Cantarero, ambos investigados por la causa en contra de Funides. De acuerdo a la nota de prensa, ambos faltaron a la cita programada este 16 de junio y no presentaron justificación.
La noche del 17 de junio, la Policía Nacional ejecutó un allanamiento en la casa de Belli. Su hermana, la poeta y novelista Gioconda Belli, alertó en Twitter sobre el ingreso de oficiales a la casa de habitación.
“Ortega está tratando de balancear las fuerzas para negociar. Su decisión es política. Tiene temor de que Estados Unidos lo sancione y ponga más medidas restrictivas a su círculo. Si bloquean el financiamiento de los organismos multilaterales Nicaragua se vendría a pique. Los préstamos y las donaciones son los dos pilares que sostienen las finanzas públicas del país. Él necesita tener algo con qué negociar la presión que va a venir de parte del gobierno estadounidense”, analizó un economista experto en políticas públicas que solicitó el anonimato para esta entrevista.
La lectura que hace el analista político es similar a la hecha por el economista. Vargas considera que Ortega está claro de toda la presión internacional que se le viene encima y por eso decidió apuntar sus cañones contra uno de los poderes fácticos del país con el objetivo de que este no tenga la capacidad de reaccionar y secundar esa presión externa.
“Antes de que actúen (los empresarios), los pone contra la pared y le envía un mensaje al gran capital: ‘No se muevan’, les está diciendo, ‘porque yo estoy dispuesto a todo’. Le está diciendo a Juan para que entienda Pedro”, explicó el analista político.
El impacto en la economía
Esta nueva ruta de represión en contra del sector empresarial puede provocar desestabilización en el clima de negocios de Nicaragua y mucha incertidumbre en empresarios que estén valorando establecerse e invertir en el país. El economista afirma que los grandes empresarios antes de asentarse en cualquier nación, además de valorar el retorno de su capital, también toman en cuenta el clima político.
“Con estas acciones del gobierno no creo que grandes empresarios vengan a Nicaragua. El nivel de inversión de las multinacionales en el país está siendo menor a las que posiblemente habían pensado antes de 2018 o antes de la pandemia. Y si sumamos a estos factores la incertidumbre política que genera los arrestos a empresarios, definitivamente imposibilitan que venga mayor inversión. Es que aquí no se sabe qué es lo que va a pasar”, sostuvo el experto.
El economista expresó su preocupación por un escenario en el que el régimen continúe con el ataque en contra de la banca privada. Si el gobierno ejerce mayor presión es posible que Nicaragua experimente otra fuga de capital tal y como ocurrió en abril de 2018, durante la rebelión pacífica de manifestantes autoconvocados que protestaron contra Ortega Murillo.
“Pero eso lo podríamos detectar hasta que el Banco Central publique su informe monetario de julio. Entonces podremos ver si hubo una sustracción de depósitos en el sistema financiero. No conocemos la reacción de la población, pero evidentemente hay un miedo en el ambiente económico por la incertidumbre”, sostuvo el economista.
Si la situación política persiste y la represión estatal aumenta, el economista augura que en Nicaragua solo quedaría la inversión o el esfuerzo del capital que ya está en Nicaragua. Igualmente, con la posibilidad de que el que no vea una estabilidad y observe mucha incertidumbre en el país, pueda decir que no vale la pena continuar con su negocio.
“Y te doy un ejemplo. Hay gente que quisiera invertir en el sector turismo, por ejemplo, pero no lo hace todavía. Sabe que tiene mucha ventaja competitiva Nicaragua en el sector turismo, pero tanto la pandemia como la crisis, no permite que el turista extranjero vuelva a Nicaragua y por lo tanto el retorno de la inversión es mucho más larga. Los inversionistas se preguntan qué va a pasar en Nicaragua de aquí a noviembre si todavía persiste esta crisis política. Eso afecta realmente económicamente a la inversión privada”, aseguró el economista.
Enrique Sáenz, economista y exdiputado de la Asamblea Nacional, afirmó en una entrevista a 100% Noticias que esta escalada de represión de Ortega tendrá un importante impacto económico en el país. “Lo que hizo fue enviar un búmeran que retornará en su contra más fuerte. Es una operación suicida porque el pánico financiero es una cuestión de chispa y es de carácter psicológico. Ortega está botando por la borda cualquier expectativa de mejoría económica”, opinó.
La Ley Renacer en camino, otro miedo de Ortega
La postura radical de Daniel Ortega también tiene su origen, según los expertos, en la posible aprobación de la Ley Renacer, que amplía las sanciones a funcionarios del régimen orteguista y que será discutida el próximo martes 22 de junio y aprobada por los senadores del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
La Ley Renacer, cuyo nombre extendido es Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, fue presentado en marzo de este año por demócratas y republicanos ante el Senado. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, lidera la iniciativa que ha sido apoyada por los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy, y el republicano Marco Rubio.
Ante la inminente aprobación de esta ley, Ortega ha tratado de llenar las cárceles con opositores que le sirva como carta de negociación ante el Gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, esta apuesta podría resultar arriesgada incluso para el mismo régimen.
“La Ley Renacer puede golpear el círculo íntimo de Daniel Ortega y crear fisuras al interior del círculo. Me refiero al Ejército”, analiza Vargas. “Él quiere poner a todo mundo pecho a tierra. Y lo hace porque está desesperado”, manifestó.
La estrategia final de Ortega, según Vargas, es negociar con el objetivo de llegar a las elecciones del siete de noviembre, y si es reelecto, llamar a un diálogo nacional para bajar la presión que tenga de parte de la comunidad internacional.
“Su objetivo siempre ha sido ganar tiempo. No importa de qué manera, pero siempre tratará de ganar tiempo. Quiere llegar a enero del 2022 para que le reconozcan en el poder cinco años más a cambio de entregar algunas concesiones. Va a negociar con todo lo que tenga a disposición”, finalizó Vargas.