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Ortega impone un proceso electoral viciado y cierra la salida democrática a la crisis

Rosario Murillo y Daniel Ortega participan en El Repliegue. Foto de archivo. Carlos Herrera | Divergentes.

Con la aprobación de unas reformas electorales a la medida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la publicación de la convocatoria a las elecciones que establece un plazo de seis días para que los opositores puedan inscribir su alianza, se cierra una de las puertas a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde las protestas de abril de 2018. Las medidas ya han tenido sus repercusiones a nivel internacional. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), como el Departamento de Estado de EE. UU. elevaron las alarmas hacia un proceso que reúne todos los insumos para un fraude.

“Con estas acciones, así como la continua represión de los derechos humanos, el presidente Ortega y sus seguidores están señalando un inquietante desprecio por la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana”, aseguró el Departamento de Estado estadounidense a través de un comunicado.

Sumado a todas las trabas impuestas por el combo electoral del régimen, persisten las divisiones que han caracterizado la relación en los últimos meses de los dos bloques opositores: la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. La dictadura, a través del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), ha impuesto un plazo fatal para la oposición nicaragüense, que este miércoles tendrá que decidir si se inscribirán unidos en alianza para participar en las elecciones convocadas para el 7 de noviembre.

Hasta el momento, los intentos de unidad han sido infructuosos. Este viernes, la Coalición Nacional emplazó a la Alianza Ciudadana, el otro bloque opositor conformado entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Los integrantes de la Coalición reiteraron “la necesidad de una alianza” entre ambas expresiones. Ante estas condiciones, está sobre la mesa la posibilidad de que los opositores continúen con el proceso electoral o lo abandonen para denunciar la falta de condiciones a nivel internacional.

“Hoy reiteramos ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional nuestra voluntad de trabajar a contrarreloj y la disposición de nuestro equipo político y legal de sesionar permanentemente hasta concretar la firma de dicho acuerdo”, aseguraron en una conferencia de prensa.

Un representante del Partido Restauración Democrática (PRD), miembro de la Coalición Nacional, dijo tras la conferencia realizada por este bloque opositor que no realizarán “acuerdos bajo la mesa por curules o diputaciones”, dando a entender a el partido CxL ha ofrecido estas concesiones a cambio de que accedan a unirse a la Alianza Ciudadana.

“Sabemos que ellos están tratando de trabajar con algunos integrantes de la Coalición Nacional para llevarlos. El PRD mantiene firme su posición que no nos vamos a mover de coalición si no somos todos. Todos o ninguno”, agregó.

El paquetazo electoral

La estrategia de Ortega ha sido mantener su control en el Poder Electoral, mediante la colocación de magistrados complacientes. Lumberto Campbell Hooker, quien había sido sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 por su papel precisamente como vicepresidente y presidente en el CSE, fue reelecto. Al igual que Mayra Antonia Salinas Uriarte, quien está en el cargo desde 2016.

Los otros elegidos son Brenda Isabel Rocha Chacón, Alba Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney Johaira Mcdavis Álvarez, Cairo Melvin Amador y Leonzo Knight. Los magistrados suplentes son Adriana Molina Fajardo, Maura Lizeth Álvarez Ortiz y Alberto Julián Blandón Baldizón. Todos afines al FSLN, que tiene mayoría absoluta en el parlamento desde el fraude electoral de 2016, y sus partidos colaboracionistas en la Asamblea Nacional.

Por otra parte, las reformas electorales realizadas por el oficialismo traen consigo una serie trabas para la oposición nicaragüense que buscaba unas garantías mínimas para participar en un proceso libre en noviembre próximo.

Pero ahí no terminan los obstáculos. Con el calendario electoral, el CSE exigió a las organizaciones políticas participantes cumplir con la Constitución de Nicaragua, la Ley Electoral, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; dos leyes represivas que la dictadura puede usar para inhibir a los opositores.

Estas dos leyes también se refuerzan mediante la norma jurídica, la cual ha dejado como tal aquellos puntos que opositores alertaron tras el anuncio de la iniciativa, el 12 de abril. Dos de los artículos que más preocupan son el 81 y el 89. El primero establece que no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular a quienes el gobierno les aplique la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. El segundo, brinda atribuciones a la Policía Nacional para controlar las campañas una parte del proceso electoral.

Con estas disposiciones, Ortega desoye las recomendaciones que hizo la comunidad internacional en materia electoral. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la OEA demandaron la despartidización del CSE y unas reformas que puedan garantizar unas elecciones democráticas. La OEA solicitó la completa restructuración del Poder Electoral, el restablecimiento de todos los derechos civiles y políticos, un recuento transparente de los resultados y observación internacional “creíble”.

“En Nicaragua la dictadura cierra todas las puertas a una salida democrática. No hay que desanimarse. Es hora de deponer la soberbia política y las posturas sectarias. Todavía es hora del acercamiento humilde entre los distantes y del sacrificio de cada uno por el bien de todos”, tuiteó este jueves monseñor Silvio Báez, una de las voces eclesiásticas más críticas contra el régimen.

OEA: Reformas dan ventaja al partido oficial

Los nuevos magistrados electorales leales a Daniel Ortega. Imagen cortesía de la Asamblea Nacional.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que ambas acciones —la elección de magistrados y las reformas de Ortega— dan “una ventaja absoluta al partido oficial”. Mediante un comunicado, el organismo aseguró que observa con “extrema preocupación” la elección de los altos magistrados y la aprobación de reformas electorales “que van contra los principios y recomendaciones realizadas por la comunidad internacional”.

“La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el Poder Legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población (…) Este arreglo de poder no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes”, adujeron.

La OEA finaliza su comunicado exhortando al régimen y a los partidos colaboracionistas que “adopten medidas de reformas electorales coherentes con los principios del ejercicio efectivo de la democracia y del acceso a los derechos humanos”.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en reaccionar a la reforma electoral de Ortega. “La nueva ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional. El CSE está altamente parcializado. Nicaragua se encamina a elecciones viciadas a menos que implemente un proceso libre y justo que respete la voluntad de la gente”, expresó la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung.

Reacciones de opositores

Los integrantes de la Coalición Nacional Azul y Blanco emplazaron a CxL para concretar la unidad. Miguel Andrés | Divergentes.

Con la elección de nuevos magistrados del CSE afines a su gobierno, no solo incumple las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que demandó una completa restructuración de la instancia, sino que allana el camino para un fraude. Esta ha sido la lectura que los grupos opositores han hecho desde su aprobación.

“Es grave para Nicaragua que el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales, en el proceso de aprobación, aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados”, cita un comunicado emitido por la Alianza Ciudadana, uno de los dos bloques opositores.

Por otro lado, Arturo Cruz, uno de los candidatos de la Alianza, dijo que “no podemos quedarnos al margen, mientras todo pasa”. Agregó que en la Alianza Ciudadana “estaremos a la altura de la decisión que el pueblo tome”.

Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia, asegura que las reformas de Ortega son inadmisibles porque “no le garantiza al pueblo que su voto será contado de manera transparente”. Chamorro pidió a los precandidatos a honrar su palabra mediante el cumplimiento del acuerdo “Unidad Nicaragua Primero” para apoyar un esfuerzo de alianza electoral.

Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), dijo a través de Twitter que los diputados sandinistas y los partidos colaboracionistas eligieron a magistrados “que responden a los intereses del régimen”. Monterrey asegura que Ortega ha desperdiciado la oportunidad de devolver la credibilidad al Poder Electoral.

La Coalición Nacional tachó el paquetazo como “antidemocrático”, cuya principal finalidad es “burlar la voluntad popular y asegurar la continuidad del modelo dictatorial”.

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