Al igual que en otros temas, Daniel Ortega no habla mucho sobre libertad de prensa y expresión en sus discursos. Sin embargo, el ocho de marzo de 2021, fecha en que se conmemora el día Internacional de la Mujer, expresó lo siguiente:
“Imagínense si aquí nos ponemos con esas leyes, todos los que escriben, lanzan amenazas en las redes, los que dicen que hay que hacer daño al país, aquí no caemos en eso. Aquí hay libertad de expresión, ah pero vienen los yanquis (Estados Unidos) que no hay libertad de expresión y los europeos dicen que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere, en las redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen, allá los meten presos, allá los meten presos. Allá estuvieran presos todos estos, acusados de terroristas, terroristas”, sostuvo.
Y agregó el Caudillo Sandinista: “en los periódicos, en la televisión, dicen lo que quieren, hablan lo que quieren. No tenemos aquí, una política donde les estemos diciendo a los periódicos. Hay hasta periódicos, que circulan ahora digitales por las redes, los mismos periódicos que circulan en papel, también se reproducen por redes. Y que no dicen ahí en contra de Nicaragua, en contra de Nicaragua, porque llegan al extremo de decir también, tranquilamente lo dicen, lo dicen, que estuvieron reunidos con funcionarios yanquis, pidiendo que le apliquen más sanciones a Nicaragua y se toman la foto”.
Sin embargo, hay hechos que respaldan que desde antes de abril 2018 se ha ido suprimiendo la libertad de prensa y de expresión, y por consiguiente, un recrudecimiento luego del estallido de abril 2018. La toma del diario La Prensa este viernes lo demuestra fehacientemente. El equipo de Fact- Checking de DIVERGENTES clasifica como falso todo lo dicho por el comandante Daniel Ortega.
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Un mes después del regreso al poder de Daniel Ortega a la Presidencia en 2007 se conoció la Estrategia de Comunicación para su nueva etapa en el gobierno. Fue elaborada por Rosario Murillo, quien asumió como la responsable de su puesta en marcha. La estrategia llevaba el sello de secretismo que la identifica hasta el día hoy, ya que se la había enviado sólo al círculo más cercano a Ortega y con esta orden: “No puede reproducirse o distribuirse”.
La “Estrategia” que se filtró a los medios independientes proponía que la información oficial, que es de carácter público, es decir, accesible a toda la sociedad, debía salir ‘incontaminada’. El manual goebbeliano de Murillo establecía que para lograr esa pureza saldría únicamente por los propios medios del FSLN.
En aquel momento esos medios eran pocos: sólo un canal de televisión, el de menor audiencia, varias radios de importancia variada, de alcance nacional o local, y la radioemisora que sí había mantenido por años el número uno en Managua y otras ciudades: la Nueva Radio YA. Actualmente, el partido de gobierno ha comprado cuatro canales de televisión, tiene acciones en otros dos, propiedad del poderoso empresario mexicano Ángel González, controla varias emisoras de la capital con alcance nacional y ha comprado con diversas estrategias, no todas transparentes, decenas de emisoras locales. Opera también varias páginas informativas en Internet. Lo único que no han logrado es apropiarse de la prensa escrita.
Siguiendo los pasos de las arbitrariedades posteriores a 2018, en mayo del 2013, el régimen deportó al fotoperiodista Héctor Retamal de la Agencia France-Presse (AFP), luego de mantenerlo cuatro días en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como El Chipote. Retamal fue detenido cerca de la residencia presidencial para cubrir la reunión del mandatario Daniel Ortega y el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina Riad Malki.
“La detención es ilegal. La policía tiene 48 horas para realizar pesquisas y ponerlo a la orden de un juez. Pero él sigue detenido y ninguna causa se ha elevado”, dijo Raúl Arevalo, abogado del periodista días antes de su deportación.
En diciembre de 2015, la fotógrafa belga Michèle Sennesael fue apresada en El Tule, departamento de Rivas, mientras documentaba las protestas campesinas contra el Canal Interoceánico. Al día siguiente fue deportada sin que le dieran ninguna explicación. Además, momentos antes de ser deportada miembros de la policía llegaron al lugar donde se hospedaba y robaron sus cámaras, computadora, vídeos, trípode, celulares, memorias.
Nicaragua: sin libertad de expresión
Nicaragua se ubica con los puntajes más bajos negativamente en América Latina y el Caribe sin libertad de expresión, según los parámetros del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa publicado en el año 2020. El estudio midió en una escala de 100 puntos la libertad de expresión y Nicaragua solo obtuvo 16 puntos, superando solo a Cuba (6,2) y Venezuela (3,8) de una lista de 22 países de la región.
“Nicaragua se encuentra en una crisis de derechos humanos después de las protestas ciudadanas de 2018 en contra del gobierno Ortega-Murillo, considerado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como una dictadura”, señala el informe.
El estudio del Índice Chapultepec comprende del primero de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020, donde la dictadura de Ortega ha recrudecido la amenaza contra los medios de comunicación independientes, debido a que estos han informado y denunciado las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en las protestas de 2018 y que continúan hasta el día de hoy.
Hay muchos casos que dejan en evidencia que no hay libertad de expresión en Nicaragua. El 19 de julio de 2020 en La Trinidad, Estelí, Jorge Luis Rugama, fue asesinado por gritar “Viva Nicaragua libre” a una caravana del Frente Sandinista, cuyo asesino fue absuelto cuatro meses después por un juez sandinista.
Otro ejemplo es lo ocurrido al joven opositor Kevin Monzón Mora, de 20 años, quien ha sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones por utilizar sus redes sociales para publicar videos cortos usando la aplicación TikTok, para protestar contra el régimen y sus seguidores.
Daniel Ortega, “depredador de la libertad de prensa”
En julio de este año, Daniel Ortega debutó en la lista realizada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) como uno de los “depredadores” de la libertad de prensa debido a la “asfixia económica y censura judicial” impuesta en Nicaragua a periodistas y medios de comunicación independientes. La información oficial indica que 17 de los “depredadores de la libertad de prensa” aparecen por primera vez en el listado, cuya edición anterior se elaboró en 2016.
“Todos son jefes de Estado o gobierno que imponen una represión masiva mediante maquinarias de censura, encarcelamiento arbitrario de periodistas o incitación a la violencia contra estos. Algunos incluso tienen sangre de periodistas en sus manos por haber alentado directa o indirectamente su asesinato”, agregó la organización.
En otro informe publicado por RSF, Nicaragua es uno de los países peor evaluados en el tema de la libertad de prensa en el continente americano, según el informe de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, en el que evalúa a 180 países del mundo.
Nicaragua se colocó en el puesto número 121 de los 180 países evaluados, descendiendo cuatro lugares respecto al informe del año 2020.
Desde abril 2018 los periodistas independientes han tenido que desafiar al régimen, desde el inicio de la crisis sociopolítica hasta marzo de 2021 se llevaban registradas 2,392 agresiones en el país.
Entre abril y diciembre de 2018, el primer año de la crisis sociopolítica, la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), reportó un total de 712 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, que incluye el asesinato del periodista Ángel Gahona, mientras transmitía en vivo las protestas en Bluefields.
En diciembre de 2018 fueron confiscadas las instalaciones donde se encontraba la redacción de Confidencial y Esta Semana del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra nuevamente en el exilio, luego de una segunda confiscación en mayo del 2021.
Igualmente las oficinas del canal de televisión 100% Noticias fueron confiscadas en ese mismo periodo, cuyo dueño el periodista Miguel Mora, precandidato presidencial, se encuentra en prisión por segunda vez. Ambas confiscaciones fueron consumadas tres años después por el régimen al inaugurar centros que pertenecen ahora al Ministerio de Salud.
Al 30 de marzo de 2021 se contabilizaban más de 90 periodistas y trabajadores de medios independientes exiliados según un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El comienzo del apagón informativo
En ese mismo informe, la CIDH publicó que en los últimos meses de 2020, se registró la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una serie de normas regresivas y restrictivas, que atentan directamente contra el ejercicio de la libertad de expresión y asociación por parte de ciudadanos y periodistas, y contra la supervivencia de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil independientes.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) en el contexto actual de Nicaragua profundizan el deterioro de la libertad de expresión, “pueden generar un ambiente inhibitorio a la libertad de prensa y tienen efectos drásticos de restricciones a las libertades civiles”, finaliza el boletín.
A partir del 21 de mayo de 2021, la Fiscalía inició una investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios, que dirigía hasta inicios de este año Cristiana Chamorro Barrios, la precandidata presidencial más popular y ahora bajo arresto domiciliario. A raíz de su arresto, más de 30 periodistas han desfilado por el Ministerio Público, al igual que generadores de opinión, empresarios, entre otras personalidades.
Periodistas citados en el Ministerio Público han asegurado que los fiscales intentaron criminalizar su labor periodística, al citar la Ley Especial de Ciberdelitos -conocida también como “Ley Mordaza”- cuando están siendo entrevistados por un caso de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios.
El último informe de violaciones a la libertad de prensa que fue publicado por el diario La Prensa en julio pasado expone que en el séptimo mes lograron documentar 23 casos de violaciones a la libertad de prensa, en los cuales 12 fueron agresiones y ataques, ocho procesos civiles y procesos penales, dos detenciones arbitrarias y una negativa de acceso a la información.
Nicaragua se encuentra a la par de Myanmar como países que no tienen periódicos impresos independientes. Recientemente la policía del régimen inició una investigación en contra del Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, el mismo día que se suspendió la versión impresa del periódico de más de 95 años de existencia por un bloqueo de sus materias primas en la Dirección General de Aduanas (DGA).
En septiembre de 2019, El Nuevo Diario, otro periódico impreso y digital con casi 40 años de existencia, suspendió su labor informativa debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrentaban a raíz de la crisis sociopolítica de 2018.
Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, afirma que desde que los Ortega-Murillo asumieron el poder, Murillo dijo que iban a promover información ‘incontaminada’ que es la información del poder que no admite cuestionamientos. “Solo ellos tienen acceso libre, incluso lo usan descaradamente para amenazar, ofender, atacar al periodismo independiente, al periodismo que pregunta. Ellos sí tienen los espacios para ellos, para el poder sí hay libertades y no hay ningún riesgo”.
“El periodismo independiente, la prensa libre, la prensa que pregunta, que investiga y busca la verdad y que no caiga frente al abuso de poder esa es la que corre el riesgo, para esa no hay libertad”, finaliza el defensor de derechos humanos.
Periodistas consultados por DIVERGENTES coinciden que lo dicho por Ortega es falso. “No puede haber libertad de expresión si nosotros como ciudadanos, como periodistas no podemos ir a una conferencia de prensa de cualquier institución del Estado, no podemos entrevistar a un funcionario público cuyo salario sale de nuestros bolsillos, no puede haber libertad de expresión cuando los ciudadanos no pueden manifestarse libremente, cuando no pueden haber manifestaciones en la calle, cuando el solo hecho de ondear una bandera en nuestro propio país te puede conducir a la cárcel, eso no es libertad de expresión”, expresa una de las periodistas consultadas que por motivos de seguridad pidió su anonimato.
Otro de los periodistas afirma que si hubiese libertad de expresión, el régimen nunca hubiese capturado a los últimos presos políticos, evidentemente la “Ley Guillotina”, la Ley 1055 va en conexión con las otras leyes represivas y lo que apuntan es a buscar un silencio para que no haya una voz que se oponga, o reclame, o que cuestione o divulgue todos los atropellos que cometen.
“Libertad de expresión no existe y libertad de prensa tampoco. Para que hubiese libertad de prensa, por ejemplo, tendrían que haber devuelto las oficinas de 100% Noticias y de Confidencial, de Niú, de Esta Semana, incluso no hubiese ocurrido el segundo allanamiento a Confidencial pero al final ocurrió y lo peor es que no hay ningún argumento válido porque afirman que forma parte de la extinta Fundación Violeta Barrios y todo eso es incorrecto”, finaliza el periodista.
Sin embargo, en una de las últimas intervenciones de Ortega justo después del allanamiento al periódico La Prensa, durante la conmemoración del 41 aniversario de constitución de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, aseguró que “aquel que comete delito, que se presta a lavar dinero y luego a esconder las pruebas en un diario. Ahí se han encontrado”, refiriéndose al Diario La Prensa. También dijo que “el periódico es un negocio que debería pagar impuesto”.
“Cuando se calumnia al Estado, es delito”, enfatizó Ortega, dejando entrever que las arbitrariedades de su dictadura continuarán a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales.