El 23 de febrero el Alto Representante del Consejo de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, anunció que diez países más se sumaron a respaldar las sanciones impuestas al régimen de Daniel Ortega el pasado 10 de enero, entre ellos Ucrania, nación que se encuentra bajo fuego luego de que Vladímir Putin anunció una “operación militar especial”.
“Se suman a esta Decisión del Consejo Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos; Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo; así como Ucrania, la República de Moldavia y Georgia”, señala el reporte del Consejo de la UE.
Rusia ha recibido una lluvia de sanciones por parte de los países del Occidente, hecho que fue criticado por Daniel Ortega en su aparición del 21 de febrero y mostró su repudio. Analistas aseguran que la complicidad clientelar de Nicaragua con Rusia podría provocar más sanciones y como consecuencia un mayor aislamiento del país.
Juan González, asistente especial de Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, afirmó a la Voz de América que “las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño”. “Venezuela, Cuba y Nicaragua comenzarán a sentir esa presión”.
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“Las sanciones sobre 13 instituciones financieras entre las más grandes en Rusia, eso tendrá un impacto con cualquier gobierno o negocio que tenga comercio con cualquiera de estas instituciones, pero también mucho de este lavado de dinero y gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones”, señaló González.
¿Cómo va Nicaragua con las sanciones?
Nicaragua tiene 46 individuos sancionados por Estados Unidos en total, también se encuentran sancionadas siete empresas que pertenecían al círculo de los Ortega-Murillo y dos instituciones del país: la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El primer sancionado en el país fue a través de la Ley Global Magnitsky en diciembre de 2017. Roberto José Rivas Reyes, el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el artífice del fraude electoral que se encuentra hospitalizado desde hace más de cuatro meses en un hospital privado en Managua. Según la ley norteamericana, las sanciones son dirigidas a abusadores de derechos humanos y a actores corruptos en todo el mundo.
A pocos meses de haber iniciado el estallido social en el 2018 aparecieron nuevos sancionados, no solo de Estados Unidos, sino también de parte de Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido.
Canadá inició a imponer sanciones el 21 de junio de 2019, hasta el momento hay 35 individuos sancionados. La Unión Europea ha sancionado a 21 personas y a tres instituciones del Estado. Suiza tiene a los mismos sancionados que la Unión Europea en su lista. Finalmente, Reino Unido posee en su listado de sancionados a 14 individuos.
Entre las personas con cinco sanciones se encuentran: la vicepresidenta Rosario Murillo, la fiscal general Ana Julia Guido, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el director de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Justo Pastor Urbina, el magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell, el asesor en seguridad Néstor Moncada Lau, la exministra de salud Sonia Castro, el director general de la Policía Nacional Francisco Díaz y los comisionados generales Fidel Domínguez, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas y Juan Antonio Valle Valle.
En las listas se encuentran cuatro de los hijos de la pareja presidencial: Camila, Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo.
Las sanciones han trastocado funcionarios de casi todos los poderes del Estado tales como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, alcaldes municipales y miembros de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. También autoridades de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de Nicaragua.
Todos los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” dictan los comunicados de cada uno de los países que han impuesto sanciones.
Los destituidos
La primera en ser removida de su cargo fue la exministra de salud Sonia Castro el 26 de julio de 2019. A pesar de eso fue nombrada como “ministra asesora” de la presidencia “en temas de salud”, a un mes y pocos días de las sanciones impuestas junto a otros funcionarios del régimen Ortega-Murillo por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La decisión de la dictadura fue expresada en el acuerdo presidencial 108-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Castro es señalada por organizaciones de derechos humanos de haber ordenado a los hospitales públicos negar la atención médica a los heridos en las manifestaciones de 2018.
El 17 de noviembre de 2021, Daniel Ortega nombró a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, luego que el Tesoro de los Estados Unidos sancionara al también viceministro José Adán Chavarría Montenegro. El Gobierno no derogó, sin embargo, el nombramiento de Chavarría Montenegro como viceministro de Hacienda, quien desde el 29 de mayo de 2020 asumió las funciones legales que le correspondían al ministro Iván Acosta, también incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
A través de un decreto presidencial, Ortega determinó que Gallardo Palaviccine “asumirá las competencias de firmar todos los documentos relacionados a la Administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros”.
También estará a cargo de firmar los documentos “derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan, sin perjuicio de otros nombramientos de igual cargo y competencias en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
El 22 de febrero de este año, Daniel Ortega firmó un acuerdo presidencial para separar del cargo con rango de Ministro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), al Mayor General en retiro Ramón Calderón y a Salvador Mansell, Ministro de Energía, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, Mansell también se encuentra sancionado por Canadá.
De acuerdo a la publicación del diario oficial La Gaceta, en el acuerdo presidencial 19-2022 señala: “Déjese sin efecto el nombramiento del Mayor General en condición de Retiro, Ramón Humberto Calderón, en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), con rango de Ministro”.
El acuerdo presidencial indica que en su lugar ha sido nombrado Ruy Delgado López, para el “cargo de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), con rango de Ministro”. Ruy Delgado es hermano de Ajax Delgado.
Ortega también sacó de la directiva de Eniminas y de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) al Ministro de Energía, Salvador Mansell, conforme al acuerdo presidencial 20-2022.
Ese mismo 22 de febrero, el régimen nombró a uno de sus principales testaferros, también sancionado por Estados Unidos y Canadá, José Mojica Mejía como miembro del Consejo Consultivo de la directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), en la gaceta número 35.
El Consejo Consultivo está formado por 13 miembros, entre ellos se encuentran Laureano Ortega Murillo, asesor de inversiones del Ejecutivo; el director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro de la pareja presidencial y la exministra de salud Sonia Castro. Todos igualmente sancionados.
Dos de los sancionados ya han fallecido: el secretario privado para políticas nacionales Paul Oquist Kelley y Orlando Castillo Castillo, exdirector del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), en su lugar fue designada Nahima Janett Díaz Flores, tres veces sancionada e hija del también sancionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional.