El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue sorprendiendo. Esta vez la Asamblea Legislativa controlada por operadores de la dictadura firmó dos acuerdos de cooperación con las autoproclamadas administraciones de territorios ucranianos ocupados, —la llamada República Popular de Donetsk, la ciudad de Sebastopol (Crimea), y ratificó convenios con la República Popular de Lugansk y las regiones de Zaporozhye y Kherson, en actos que se interpretan como un respaldo a la anexión por la perpetrada por Rusia de esas zonas.
Estas alianzas provocaron que se rompieran las relaciones diplomáticas con Ucrania en octubre, provocando tensiones diplomáticas en ambos países. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha a través de su cuenta en X dijo que: “Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua”. Sybiha describió el acto de reconocer a territorios en disputa entre Rusia y su país, como “un intento deliberado de socavar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, una grosera violación de la Constitución de Ucrania, de la Carta de Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional”.
¿Por qué para Nicaragua es extremadamente riesgoso hacer negocios con estas administraciones? Te lo explicamos en DiverCheck. Lo primero es que no existe una falta de reconocimiento legal y una autoridad legítima, puesto que Donetsk y Sebastopol no son considerados por la mayoría de países occidentales como gobiernos, sino territorios ocupados por la invasión rusa.
En América Latina, Nicaragua es el único país que reconoce y acepta su independencia, seguido de Rusia, Corea del Norte y Siria, aunque muchos de esos casos son reconocimientos parciales o simbólicos, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados los ven como ilegales y mantiene el respeto a la soberanía ucraniana. Esta medida del régimen puede seguir costando contratos o relaciones con organismos multilaterales, organizaciones y socios potenciales.
Otro riesgo para Nicaragua es la posible aplicación de sanciones secundarias por parte de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y otros países, que han impuesto medidas específicas sobre Sebastopol y Donetsk, al considerarlas zonas no controladas por el Gobierno de Ucrania. Esto implica prohibiciones comerciales, bloqueos de activos y restricciones financieras que vuelven inválidas las operaciones comerciales normales. En caso de que una transacción viole estas medidas internacionales, Nicaragua podría enfrentarse a multas y congelamiento de activos.
El 16 de junio de este año, por ejemplo, la Unión Europea renovó sus sanciones hasta el 23 de junio de 2026 como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por la Federación Rusa. Esta situación genera la ausencia de transferencias fiables, falta de seguro marítimo y terrestre, ausencia de garantías bancarias, restricciones para operar con bancos occidentales e imposibilidad de acceder a mercados seguros.
Nicaragua en la mira de quedar atrapada entre sanciones
Nicaragua tampoco tendría posibilidad real de litigar o ejecutar una sentencia en caso de incumplimiento contractual, porque en territorios ocupados no existen tribunales reconocidos ni mecanismos válidos de ejecución.
Además, el riesgo aumenta porque los países que aplican sanciones pueden bloquear cualquier acto relacionado, lo que impediría que el Gobierno de Nicaragua —o socios privados— recuperen sus inversiones si la contraparte opera bajo una administración no reconocida. En otras palabras, no existe seguridad jurídica para resolver disputas. A esto se suman las dificultades para asegurar cargas, contratar fletes o garantizar el transporte, debido a la inestabilidad y a la falta de cobertura de seguros en zonas en litigio.
Por último, Nicaragua tampoco tendría posibilidad real de litigar o ejecutar una sentencia en caso de incumplimiento contractual, porque en territorios ocupados no existen tribunales reconocidos ni mecanismos válidos de ejecución.
Además, el riesgo aumenta porque los países que aplican sanciones pueden bloquear cualquier acto relacionado, lo que impediría que el Gobierno de Nicaragua —o socios privados— recuperen sus inversiones si la contraparte opera bajo una administración no reconocida. En otras palabras, no existe seguridad jurídica para resolver disputas.
A esto se suman las dificultades para asegurar cargas, contratar fletes o garantizar el transporte, debido a la inestabilidad y a la falta de cobertura de seguros en zonas en litigio. Como lo ocurrido con el exministro ruso, Dmitrii Ovsiannikov, quien en abril de 2025 se convirtió en la primera persona en ser condenada en el Reino Unido por eludir las sanciones impuestas tras la anexión ilegal de Crimea de Ucrania en 2014. Este fue designado gobernador de Sebastopol en Crimea por el presidente ruso Vladimir Putin en 2016. Utilizó una cuenta bancaria británica para recibir ilegalmente decenas de miles de libras de su esposa y aceptó regalos y pagos de su hermano, dijeron los fiscales, informó la agencia AP.
Ortega-Murillo usa alianzas con territorios ocupados para afianzar su dependencia política de Moscú
Nicaragua b afianzar estos lazos comerciales con estas zonas de litigio por medio de exportaciones de productos y la apertura de la Cámara de Comercio nicaragüense en Sebastopol, según la agencia de noticias rusa TASS.
La otra expectativa del régimen es crear alianzas, proyectos de asistencia técnica e inversión tanto en educación, tecnología y cultura, que para los Ortega-Murillo es una especie de relaciones alternas de cooperación, frente a la presión de Estados Unidos.
La vicegobernadora de Sebastopol, María Litovko, destacó en noviembre de 2025 que la cooperación entre Rusia y Nicaragua se desarrolla en diversos ámbitos —desde la educación y la cultura hasta la economía— y subrayó que el intercambio entre escolares fortalece los lazos entre ambos países y amplía la colaboración humanitaria. Entre los planes del proyecto está seguir ampliando la cooperación: la creación de un aula de lengua rusa en Matagalpa, nuevos programas de intercambio y la posibilidad de que estudiantes nicaragüenses visiten Sebastopol y elijan universidades rusas para continuar su formación.
La firma de alianzas con ambas ciudades y la ratificación de los acuerdos con la República Popular de Lugansk y las regiones de Zaporozhye y Kherson, también representa para el régimen una posición interna y externa, y una clara advertencia a Occidente, de ser un actor “no alineado” y un aliado de potencias que desafían ese orden.
Donetsk y Sebastopol, territorios ocupados por Rusia y sin reconocimiento global
En el caso de la República Popular de Donetsk, Nicaragua firmó el acuerdo el 26 de noviembre de 2025, según diputados de la Asamblea Nacional para ampliar y fortalecer la cooperación entre ambas partes en el ámbito comercial y económico de forma equitativa, y según el medio sandinistas, 19 digital se da en el marco de la legislación nicaragüenses, rusa y “en el fortalecimiento del derecho internacional contemporáneo… con el objetivo de reducir las barreras existentes en el comercio, facilitar la inversión y crear un marco jurídico estable que propicie el crecimiento económico de los Estados Parte, así como ampliar el acceso recíproco a los mercados”, dijo la diputada sandinista Loria Raquel Dixon.
Con el gobierno de Sebastopol, se firmó el acuerdo también el pasado 26 de noviembre en la Asamblea Nacional de Nicaragua, basado sobre la “cooperación en las esferas económica y comercial, científica y tecnológica, social y humanitaria”.
Los acercamientos ya se han dado desde años atrás, pero estos acuerdos dan pie a las intenciones del régimen de estrechar más los lazos con Rusia. Firmar acuerdos con las autoridades de Donetsk o con la administración de Sevastopol es, para Nicaragua, un acto político de respaldo a la política rusa que puede traer pequeñas ganancias simbólicas y cooperación bilateral. Pero desde el punto de vista práctico y legal, abrir la puerta a negocios implica riesgos altos y reales.
