Ortega sepulta presunción de inocencia y legaliza arrestos políticos de hasta 90 días

Miembros de la policía detienen a un manifestante durante una protesta en Managua. Carlos Herrera | Divergentes

En la cárcel le llamaban a veces por el código “AJ357”. Para sus interrogadores no era Allan Gómez, de 30 años, sino un simple código. En prisión preventiva lo trataban como a un procesado más, aunque legalmente no tenía abierto ningún proceso en su contra. Él no sabía por qué estaba preso, sometido a intensos interrogatorios y amenazado. Meses antes lo único que había hecho era haber participado en marchas pacíficas contra el gobierno de Daniel Ortega, pero eso no era un delito para pasar encerrado en una cárcel por 64 días.

Lo que Gómez vivió es el reflejo de una práctica que hasta hace poco el aparato de justicia hacía de facto, y que a partir del 3 de febrero de 2021 se legalizó mediante unas reformas anexadas al Código Procesal Penal. La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó una iniciativa donde las “investigaciones que requieren mayor tiempo” puedan llevarse a cabo “en un periodo no menor de 15 ni mayor de 90 días” con el argumento de que en ciertos casos las 48 horas no son suficientes.

Gómez no tuvo juicio. No hubo acusaciones ni audiencias, solo encierro y muchas preguntas; preguntas que lo incitaban a que “delatara” a otras personas, gente que él ni siquiera sabía dónde estaban.

“Cuando me apresaron, me sometieron a investigación. Los policías decían que yo sabía por qué me andaban investigando. Me forzaban a hablar. Ellos querían saber dónde andaba el esposo de una amiga”, relata el joven. Esa fue “la razón” que los oficiales esgrimieron y por la cual, a finales de diciembre de 2018, lo detuvieron en su casa. Querían que identificara a un “sospechoso”.

Tras la detención, primero fue llevado a la antigua Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) llamada “El Chipote”, que está en una loma de una antigua zona histórica de la capital. Las mazmorras son temidas por las reiteradas denuncias de torturas que datan del tiempo de la dictadura de los Somoza, y cuya mala fama el Gobierno de Daniel Ortega se ha encargado de mantener intacta. En este centro, cuyo nombre sobresale en un informe sobre violaciones a los derechos humanos elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, permaneció 44 días. En su contra no había un juicio ni nada por el estilo, violando las 48 horas de detención máxima que establecía la ley. Luego de eso estuvo en las recién construidas instalaciones de la DAJ, habilitadas a inicios de 2019, y por último en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo”.

“El Chipote viejo es una celda espantosa y oscura. Dormís en celdas muy pequeñas, en ropa interior”, describe Gómez. “La presión es dura cuando llegás: Te desnudan y cada dos o tres horas te llegan a interrogar para preguntarte lo mismo. Me preguntaban quiénes andaban conmigo (en las protestas)”.

A las extenuantes sesiones de preguntas le siguieron amenazas… que iban a traer a su mamá, a su hermano, a toda su familia, que los iban a meter presos, le decían. Y uno de esos días se cumplió. Cuando iba a ser llevado a un interrogatorio, miró a su mamá detrás de uno de los vidrios de reconocimiento, pero ninguno podía escucharse. A él le obligaban a que hablara.

“Pero yo no tenía nada de qué hablar. Al pasar los días siempre pensé que iba a salir libre en una semana. Pasaba la otra y decía que en esta iba a salir, porque no tenían nada contra mí. Fue una experiencia bastante traumática”, relata Gómez.

En Nicaragua a una ilegalidad le pueden seguir muchas otras. La primera, en el caso de Gómez fue su detención injustificada. La segunda, que tras vencerse el plazo de 48 horas no presentaron pruebas que lo acusaran, por lo tanto tenían que liberarlo. La tercera, que fue trasladado a una cárcel preventiva sin que ningún juez lo ordenara. Al menos no en su presencia. La cuarta fue sometido a un proceso inquisitivo con el fin de autoinculparse y de inculpar a otros.

Un retroceso a un antiguo código criminal acusatorio

El abogado Julio Montenegro inicia a contar el número de casos con tintes políticos que ha llevado en los últimos tres años. La cifra es alta y la dicta de forma detallada, dividiéndola en dos etapas: 240 en un primer momento, cuando el régimen apresó a la mayor cantidad de personas posibles, entre abril de 2018 y mayo de 2019; y luego 120.

“En absolutamente ninguno de ellos se ha cumplido la liberación de los detenidos tras las 48 horas si no existen pruebas”, dice el jurista con énfasis.
Y no solo eso, también ha llevado casos donde una persona es detenida hoy, por ejemplo, y comete el delito pasado mañana, según el acta que presentan los oficiales. “De esos hay muchos. Esto no lo digo por una situación de defensa de presos políticos. Estuve dirigiendo la Unidad Especializada de Apelación, Casación y Revisión (entre 2004 y 2010) y me tocó revisar los expedientes remitidos por la Policía. Desde entonces los fiscales tuvimos que mandar a revisar el acta adecuadamente”, afirma.

“Tenemos algo reciente”, continúa Montenegro en su oficina. Muestra dos actas que acaba de traer del Ministerio Público, recién impresas. “Estos son los últimos casos de presos políticos que hemos asumido —da la vuelta a los papeles y lee los nombres escritos en ellos: Julia Cristina Hernández y Eduardo Morales Gadea—. “Ellos fueron detenidos el día siete de enero, en su casa de habitación. Se le buscaba a él, aparentemente. Ella fue llevada para efectos de acompañamiento e investigación, para después dejarla en libertad. Sin embargo, sus familiares no han podido tener contacto con ella. Se han dado cuenta, el día 19 de enero, a través de un tercero, que Julia Cristina estaba detenida”, explica el defensor.

Tras finalizar de comentar este último caso tomado por su despacho, deja las actas a un lado y explica que ambas personas fueron presentadas seis días después de su detención.

Según la nueva reforma, el juez tomará en cuenta la trascendencia del delito, en especial cuando estos se traten de crimen organizado o de “cualquier relevancia nacional”. Muchos de los juicios a opositores o disidentes entrarían a esta categoría, porque son acusados de terrorismo, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, o señalados de cometer “crímenes de odio”.

Las detenciones políticas son la norma en Nicaragua. Carlos Herrera | Divergentes

Para explicarse mejor, Montenegro vuelve a hacer uso de los objetos que están encima de su mesa.

“Lo que está haciendo la Asamblea Nacional es volver a hacer uso de este Código — Montenegro levanta la portada de un pequeño libro titulado “Código de Instrucción Criminal”—, cuya aprobación fue en 1879. Había dejado de tener vigencia en el 2002, en los casos de distritos, y luego dos o tres años después en los juzgados locales”, dice el abogado.

El antiguo texto que regía el derecho penal en el país hasta hace poco, estaba plagado de un procedimiento inquisitivo, donde el juez orientaba las medidas, intervenía en el proceso investigativo y recepcionaba a través los testimonios.

—¿Es un retroceso? —se le pregunta.
—Un retroceso, donde al acusado se le hacía declarar cuando no estaba obligado por la norma.
—¿Se anula el papel del abogado defensor?
—Prácticamente. Con las arbitrariedades que se han dado, lo que están haciendo es quitarle acción a los abogados.

Casi al final de la entrevista, utiliza una frase que puede resumir mejor todo lo anterior: “Hay tigre suelto con burro amarrado”.

102 días sin ser acusada

El mismo día que Allan Gómez fue liberado, Ana Cecilia Hooker llegó finalmente a su casa en el departamento de Somoto tras 102 días encarcelada. Las historias guardan similitudes: no hubo acusación, juicio ni presentación. No había razones para esa prolongada permanencia en una cárcel.

“Hasta hoy no lo entiendo. No es legal, no es comprensible, no es normal”, asegura la mujer.

Hooker es una docente de 47 años que, al igual que miles de nicaragüenses, salió a protestar contra el Gobierno en 2018. Una de esas veces fue el 19 de noviembre, cuando un grupo decidió reunirse en una esquina de la ciudad para exigir una Navidad sin reos políticos.

El piquete duró lo que dura el Himno Nacional de Nicaragua. Debido al estado policial impuesto por el régimen, las protestas eran muy breves. Todos volvieron a sus casas, menos uno de los integrantes que fue detenido en el camino y llevado a una delegación local. Hooker decidió ir a buscarlo, pues como activista defensora de los derechos humanos, y sobre todo como amiga, sentía un compromiso.

Al llegar a la delegación, las autoridades le dijeron que ella también se quedaba para ser investigada, así, sin más. Dos días después fue trasladada a Auxilio Judicial donde permaneció sin causas. Los funcionarios le solían decir que iba a salir muy pronto, y así las expectativas se inflaban y desinflaban semana tras semana.

“Fue confuso, porque no había cometido ningún delito. Pasaban los días y no sabíamos nada. Yo pasaba los días pensando cuándo me iba. Sabía que iba a salir porque era inocente”, sostiene Hooker.

Lo más difícil era pensar en los que estaban afuera, en su hija.
“Yo, al menos, tenía la defensa moral de decir que fue injusto e ilegal. Ahora va a pasar lo mismo que venían haciendo, pero ya institucionalizado”, denuncia la mujer.

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