Ortega y Murillo han clausurado casi a la mitad de oenegés existentes en Nicaragua

En los últimos cuatro años la dictadura Ortega-Murillo ha cerrado más de tres mil asociaciones civiles. Sólo nueve de ellas ha generado a las arcas del gobierno unos cuatro millones de dólares en bienes confiscados y dejado en vulnerabilidad a más de 50 mil personas que eran beneficiadas

Sede de la organización feminista Oyanka, confiscada en Jalapa por el régimen Ortega-Murillo. Foto: Divergentes.

Entre finales de 2018 al cierre de noviembre de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado un total de 3 mil 106 organizaciones civiles, que representa el 42 por ciento de los organismos sin fines de lucro que existían en Nicaragua previo al estallido de la crisis social y política, cuando la dictadura reportaba 7 mil 227 entidades activas en ese momento.

Los datos son parte del estudio “Expediente ONG Nicaragua”, un conjunto de tres informes presentados este martes por expositores de la Red Local, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, la Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“Eso demuestra la magnitud de esta violación a un derecho humano reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y reconocido en el marco internacional de Derechos Humanos”, expuso durante la presentación el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, oenegé cancelada por la dictadura en diciembre de 2018.

Los expositores señalaron que para este expediente obtuvieron información de nueve organizaciones cerradas entre 2018 y 2020, ocho nacionales y una extranjera, las cuales revelaron que estos cierres representaron a las arcas del Estado unos cuatro millones de dólares en bienes confiscados, dejando a unas 50 mil personas anualmente sin acceso a los servicios que brindaban estas entidades en más de 50 municipios del país.

Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que estos cierres también dejaron en el desempleo a unas 152 personas. El estudio arroja que en promedio estos organismos desarrollaron una labor de 24 años, la más antigua de 33 y la más reciente con siete años de existencia.

Guadamuz enfatizó que con estas cancelaciones, el régimen Ortega-Murillo pretendió no sólo apropiarse de los recursos económicos, sino desarticular el trabajo local, comunitario y territorial que tenían estas organizaciones. “Por ejemplo, estas entidades articulaban una red de al menos 488 colaboradores o voluntarios, que se encargaban de replicar el trabajo de estas oenegés”.

El defensor añadió que los expedientes de las organizaciones indicaron que estas tenían plena vigencia de sus obligaciones ante las instituciones estatales como la Dirección General de Ingresos (DGI), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el pago de sus impuestos en las alcaldías municipales.

“Evidentemente el Ministerio de Gobernación presentó una etapa de persecución en la que impidió que estas organizaciones siguieran dándole seguimiento a la vida legal de sus organismos”, denunció.

Datos impactantes

Las organizaciones que apoyan a las mujeres han sido de las más golpeadas en los territorios. Foto: Divergentes.

Katherine Ramírez, miembro de Popol Na, aportó que entre los datos arrojados por el estudio también están 3 mil 171 agresiones contra diversos sectores de la sociedad, incluyendo 54 medios de comunicación, partidos políticos y tres microfinancieras.

La gran mayoría de estas oenegés no persiguen ningún fin político, sino que llevaban a cabo labores de asistencia humanitaria o trabajos con enfoque cultural. Según Ramírez estas proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo de los sectores más vulnerables del país, así como asociaciones médicas que brindaban atención a costos bajos.

De acuerdo a la representante de Popol Na, la represión contra la libertad de asociación no solo se observa con las cancelaciones de personerías jurídicas, sino también a través de la persecución a funcionarios, encarcelamiento y criminalización del personal, allanamientos y persecución policial en contra de colaboradores y beneficiarios de organizaciones sin fines de lucro.

“Podemos ver cómo el aparataje estatal está totalmente en función de seguir limitando la libertad de asociación y el espacio cívico con todo lo que implica, y quienes quieran seguir trabajando en Nicaragua en cualquier tema relacionado a la democracia o al desarrollo sabe que por desgracia lo paga con cárcel o exilio”, lamentó Ramírez.

Presentan micrositio de denuncia

Como parte del esfuerzo de las organizaciones civiles, los expositores también presentaron un micrositio llamado “libertadasociación.org”, que está a disposición de la población, medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales que monitorean el tema de derechos humanos.

“Es un sitio que monitorea la represión en Nicaragua, obtener reportes, notas de prensa, informes y estudios, pero que también apuesta a establecer los datos actualizados sobre las violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua”, explicó Ruiz.