Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías.
Sin embargo, dos semanas después de que el Gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum durante 20 años, con posibilidad de extender el contrato 20 años adicionales, en las calles de la ciudad hubo más de 70 000 personas todos los días, otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: ¡Panamá libre de minería!
Todo esto por las acciones del Ejecutivo y el Legislativo de Panamá que, en menos de una semana, presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las entrañas del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y es clave para la vida silvestre, amenazada por la falta de protección legal en Panamá.
El hartazgo se multiplicó en el segundo día de protestas, cuando el presidente Laurentino Cortizo habló en cadena nacional, tras varios días sin hacer declaraciones, para defender el contrato.
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“El contrato ley aprobado logra para Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9387 puestos de trabajo directos de la mina, con una planilla anual de 357 millones de dólares”, dijo.
Además, prometió que a partir de la firma del contrato con la minera, ajustarían las pensiones de jubilados que ganan menos de 350 dólares al mes, y advirtió a los manifestantes que “haría cumplir la Constitución” y despejar las calles.
No obstante, la respuesta popular fue masiva: la Asamblea y la Presidencia se llenaron de miles de personas. Desde la punta de la marcha, sindicatos y ciudadanos comunes coreaban en contra del partido gobernante.
El origen del conflicto
Las controversias en torno a este contrato tienen una historia desde hace muchos años. En 2021, entró en vigor un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido cuatro años antes y que declaró la inconstitucionalidad del contrato anterior, por no haberse sometido a licitación pública.
Tras eso, el gobierno de Laurentino Cortizo negoció durante meses y con interrupciones abruptas un contrato que permitiera dar continuidad a la operación de Minera Panamá.
Pero, el borrador del nuevo contrato no tuvo respaldo popular: cuando la Asamblea Nacional empezó su debate, en agosto pasado, múltiples organizaciones ambientalistas y comunitarias denunciaron ante los diputados que el contrato lesionaba la soberanía nacional.
Entre los principales argumentos estaba que el texto permitía que la multinacional solicitara prohibir los sobrevuelos sobre la mina, y autorizaba expropiaciones que fueron catalogadas por los opositores como “descontroladas”.
Por otra parte, el contrato abría la puerta a que, sin licitación pública, empresas afiliadas a la multinacional First Quantum, pudieran solicitar nuevas concesiones.
Con la polémica creciendo, la Asamblea Nacional devolvió el contrato, el Ejecutivo anunció la eliminación de algunos de los artículos más controversiales y lo presentó nuevamente. Desde entonces, el Gobierno sostiene que es el mejor trato que ha hecho la República de Panamá.
En la nueva versión del contrato una cuestión clave quedó sin modificación: la poca capacidad de fiscalización ambiental de la actividad de la mina más grande de Centroamérica.
Hasta 2021, el proyecto acumulaba 209 denuncias por incumplimientos ambientales, con sanciones que superan los 11 millones de dólares. La mayor parte de las fallas tiene que ver con afectaciones a la biodiversidad y manejo de las fuentes hídricas (la mina usa 18 000 litros de agua por segundo del mar Caribe y de tres ríos de la zona, extracción por la que, según el Ministerio de Ambiente, no pagaba impuestos).
First Quantum y Minera Panamá
En 1997, Panamá le otorgó a la empresa Minera Petaquilla la concesión correspondiente al yacimiento de cobre de 13 000 hectáreas, y 645 hectáreas bajo las cuales hay oro.
En 2011, otra empresa canadiense, Inmet Mining, compró parte de esa concesión, la cual pasó a manos de First Quantum, cuando ésta adquirió, en 2013, Inmet Mining.
En 2014 se completa la adquisición de Minera Petaquilla por parte de Minera Panamá, subsidiaria en el país centroamericano de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Dado estos movimientos, el contrato de Petaquilla es el mismo que amparó por años a First Quantum.
Petaquilla quebró tras escándalos de corrupción, denuncias de supuesta manipulación de acciones que involucran a la familia de un expresidente y problemas ambientales.
First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre, cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato que inicialmente fue con Petaquilla y que luego heredó la multinacional canadiense. En cuatro años, la multinacional exportó a China, Japón, Corea del Sur, Alemania y España, 4 mil 900 millones de toneladas húmedas de concentrado de cobre, extraídas de Minera Panamá.
El Gobierno defendió que la empresa representaba el 5% del Producto Interno Bruto del país y que empleaba a cerca de 10 000 personas. Pero un reporte de la casa matriz de la mina revela que durante los primeros nueve meses del 2023, la operación en Minera Panamá generó 2 mil 233 millones de dólares, el 42% de sus ingresos en todo el mundo, aunque no pagó impuestos por sus ganancias.
Ese es otro de los frentes de conflicto en esta historia: los especialistas denuncian que Panamá recibe poco en comparación con lo que gana la multinacional por explotar la mina.
El contrato de First Quantum lleva años enfrentando oposición en pueblos campesinos como Donoso, La Pintada o Coclesito, en los entornos del proyecto, y quienes se manifestaron por más de un mes en las calles, denunciaron a todos los gobiernos de los últimos 25 años.
La Corte finalmente declara el contrato como “inconstitucional”
Este 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá, constituida por nueve magistrados y encabezada por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró inconstitucional la Ley 406, que contiene el polémico contrato y que fue aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo.
“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, declaró la presidenta.
La Ley 406 regula la explotación de esta mina, la mayor de cobre a cielo abierto de Centroamérica, que representa una inversión de alrededor de 10 000 millones de dólares. Con este fallo, el contrato deja de existir.
Al tener conocimiento sobre el fallo de la Suprema Corte, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ofreció un conciliador discurso televisado a la ciudadanía del país, en el que afirmó que, tan pronto como la decisión de la Corte Suprema sea publicada en la Gaceta Oficial, el Gobierno acatará su decisión y procederá con los preparativos para “un cierre ordenado y seguro” de la mina.
“Con el fallo de hoy, queda demostrado que la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia, siempre que esa administración de justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente”, expresó Cortizo.
Tras conocer la decisión, First Quantum dijo que estaba comprometida a cumplir con las normas que rigen sus actividades en Panamá, sin dar más detalles.
“Queremos afirmar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones en el país. Haremos más comentarios a medida que se hagan públicos detalles adicionales sobre la sentencia”, dijo la empresa en un comunicado.
Por otro lado, Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
Con gritos de “Solo el pueblo salva al pueblo” y “Panamá ganó”, los manifestantes avanzaron sobre la Calle 50 de la capital, ondeando banderas rojiazules y llevando carteles que rezaban una de las consignas más populares utilizadas en los últimos meses de protesta: “Panamá es verde”.