El Parlamento Europeo exigió este 18 de junio al Consejo y a la Comisión Europea que activen la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, y que suspendan su aplicación a Nicaragua mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantenga la represión. La resolución fue aprobada a mano alzada, sin necesidad de voto nominal, lo que refleja un respaldo amplio entre las bancadas.
Es la segunda resolución que el Parlamento Europeo aprueba sobre Nicaragua en esta legislatura. La primera, de febrero de 2025, ya había urgido a activar la cláusula democrática del acuerdo. Esta vez, el texto va más allá y pide directamente que se suspenda su aplicación al país.
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica regula el comercio y la cooperación entre ambos bloques. La cláusula democrática permite suspender sus beneficios a un país miembro cuando hay violaciones graves de derechos humanos.
El Parlamento advierte además que no mantendrá relaciones con representantes del régimen en la recién creada Comisión Parlamentaria de Asociación, y exige que ningún fondo europeo o multilateral termine fortaleciendo al régimen de Ortega y Murillo.
El texto aprobado también pide ampliar las sanciones individuales contra los responsables de la represión, nombrando directamente a Ortega, Murillo y a “los miembros de su círculo más cercano”. Hasta ahora, las sanciones europeas habían alcanzado a funcionarios del régimen.
El caso Brooklyn Rivera
La resolución también exige una investigación independiente sobre la muerte de Brooklyn Rivera, presidente del partido indígena YATAMA, disuelto por el régimen. Rivera fue detenido en septiembre de 2023 y permaneció desaparecido más de 970 días, hasta que el régimen copresidencial confirmó su muerte bajo custodia el 30 de mayo de 2026. Las autoridades sandinistas se negaron a entregar su cuerpo, y los familiares y allegados que viajaron a reclamar los restos también están desaparecidos.
El Parlamento exige además la liberación de Carlos Brenes y su esposa Salvadora Martínez, detenidos de nuevo en agosto de 2025 y condenados a quince años de prisión por “traición” sin garantías procesales. Brenes, coronel retirado, fue torturado tras su primera detención en 2018 y padece diabetes. Según el texto aprobado, el régimen le ha negado la medicación.
La resolución recoge las conclusiones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que ha documentado que las violaciones cometidas desde 2018 pueden constituir crímenes contra la humanidad. Más de 5600 ONG y el 80% de las organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas, y cientos de miles de personas han sido obligadas a exiliarse. Desde agosto de 2025, Naciones Unidas ha registrado tres muertes de personas privadas de libertad por condiciones de detención y atención médica inadecuadas.
El texto aprobado condena además la persecución de las iglesias, los pueblos indígenas, la sociedad civil, los opositores políticos y sus familiares. Los eurodiputados piden que se restablezcan todas las organizaciones disueltas arbitrariamente por el régimen y que se respete la libertad de religión y creencias.
La resolución también respalda a los actores democráticos y a la sociedad civil nicaragüense, tanto dentro del país como en el exilio. El Parlamento insta a Nicaragua a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y respalda los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas del régimen, incluso a través de la jurisdicción universal y una posible remisión a la Corte Penal Internacional.