Durante la administración de Rodrigo Chaves, la pobreza por ingresos cayó. En 2025 alcanzó su nivel más bajo registrado: 15,2%. Este dato, respaldado por el INEC y destacado por el Estado de la Nación, es relevante y no debería minimizarse. La mejora se explica, principalmente, por tres factores: baja inflación que hace que la canasta de alimentos cueste menos; aumento en los ingresos de los hogares, es decir, más recursos para comprar; y una reducción en el tamaño de las familias, es decir menos gente que alimentar. Cuando aumentaron los ingresos fue principalmente por trabajo informal o por transferencias solidarias entre personas de la familia, no así desde el Estado. 

Hasta aquí, los hechos.

A partir de ellos algunas personas sacan una conclusión apresurada: si la pobreza puede disminuir incluso con una reducción histórica del gasto social y con los problemas de calidad de la inversión como las listas de espera o las aulas sin pupitres, entonces la política social no sería tan importante.

Si eso fuera así, ¿por qué tanta preocupación por la caída histórica en la inversión social en salud, becas o cuido? ¿Se trata simplemente de ganas de criticar?

La respuesta tiene dos partes.

1. Los ingresos no aseguran protección

Primero, debemos distinguir ingresos de bienestar. Tener ingresos mensuales, incluso relativamente buenos, no equivale a tener protección frente a los imprevistos de la vida.

Pensemos en algo concreto: una cirugía compleja o una hospitalización prolongada. ¿Qué ocurre si una persona debe cubrir esos gastos bolsillo? No es un escenario excepcional. Basta un evento de salud serio para que un hogar caiga o regrese a la pobreza. Le puede pasar a cualquiera.

Hay muchas experiencias cercanas: familias que venden bienes, hipotecan casas, se endeudan o ajustan decisiones importantes, como la educación de sus hijas e hijos para cubrir gastos médicos. Estas situaciones no siempre se reflejan en las estadísticas mensuales de pobreza, pero son clave para la estabilidad económica y mental de las personas.

Algo similar ocurre con los cuidados. Muchas familias conviven con niños, niñas y personas adultas mayores que requieren de apoyo cotidiano inexistente fuera de los familias. En ese contexto, vale preguntarse: ¿cuántas opciones existen hoy para acompañar a esas familias? ¿Qué sacrificios implica cubrir esos cuidados de manera privada o asumirlos dentro del hogar, generalmente por parte de las mujeres de la familia?

Aquí es adonde entra la política social: no es un lujo es un seguro colectivo. La inversión en salud pública, becas o redes de cuido no solo mejora condiciones de vida, salud mental incluída, también previene caídas abruptas. 

Este punto es especialmente importante en una sociedad que ya ha envejecido. Costa Rica tiene una proporción creciente de personas mayores, muchas de ellas mujeres, que requieren servicios de salud y cuidados de largo plazo. La mayoría no puede costearlos de manera privada.

Además de proteger individualmente, la política social hace algo más: reduce la distancia entre la gente y fortalece el sentido de pertenencia.

Reducir la inversión social en este contexto traslada el riesgo a las familias – los ingresos a hombres y mujeres y los cuidados principalmente a las mujeres.

2. Los nuevos riesgos no se resuelven solos

La segunda parte de la respuesta mira hacia adelante.

Cada día el mundo es muchísimo más incierto, no menos. Esa incertidumbre no se resuelve con crecimiento económico únicamente.

Primero, la inteligencia artificial y la automatización están transformando el mercado laboral. No necesariamente eliminan el trabajo, pero sí lo cambian y vuelven más inestable. Más personas pasarán períodos sin ingresos o con ingresos intermitentes. La volatilidad será la norma.

Segundo, los efectos del cambio climático ya no son un riesgo futuro sino nuestro presente. Eventos extremos afectan ingresos, encarecen la vida y golpean más fuerte a los hogares vulnerables pero no dejan de tocar a la gente más acomodada.

Tercero, emergen nuevas formas de violencia e inseguridad que también tienen impactos económicos directos: pérdida de empleo, desplazamientos, costos adicionales para protegerse.

Como sociedad ya vivimos una advertencia muy recientemente: la pandemia de COVID-19. En ese momento, incluso personas que dependían del sector privado para casi todo tuvieron que recurrir al Bono Proteger para llegar a fin de mes. Ese episodio dejó claro algo fundamental: los shocks no discriminan tanto como creemos.

En ese contexto de triple incertidumbre —tecnológica, climática y social—, pensar que un país puede prescindir de una red sólida de protección colectiva es, simplemente, ilusorio.

Entonces, ¿qué explica la caída de la pobreza?

La reducción reciente de la pobreza no invalida la política social. Más bien, muestra algo distinto: que factores coyunturales pueden mejorar indicadores en el corto plazo sin resolver vulnerabilidades estructurales. 

La baja inflación, por ejemplo, tiene un efecto inmediato sobre el poder adquisitivo. Pero es volátil. Los ingresos pueden subir, pero también caer. Los hogares pueden ser menos numerosos, pero eso no elimina riesgos.

No debemos confundir mejoras transitorias con una soluciones permanentes.

El verdadero debate

La crítica a la caída de la inversión social no es ideológica ni caprichosa sino que es una advertencia.

La política social no solo reduce la pobreza en el presente: previene la pobreza y la desigualdad extrema en el futuro. Funciona como un amortiguador frente a crisis individuales y colectivas. Cuando se debilita, los efectos no siempre se ven de inmediato, pero aparecen y con fuerza cuando llegan los shocks individuales – como una enfermedad – y colectivos –  como una sequía.

Celebrar la reducción de la pobreza es correcto. Usarla como argumento para desmantelar o debilitar la red de protección social es un error enorme y con consecuencias de largo plazo.

Al final del día la pregunta no es sólo cuántas personas salieron de la pobreza hoy sino cuántas podrían volver mañana y si el país se prepara para evitarlo.