El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Honduras —condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York en 2024 e indultado por Donald Trump en 2025— coincide con una fecha incómoda para su legado: diez años de la Comisión Depuradora de la Policía, promovida por él.
La Comisión surgió tras varias revelaciones de la prensa, entre las que destacan las de El Heraldo y una del New York Time, que denunciaban vínculos entre policías y estructuras criminales, que incluían la participación de agentes de altos rangos en los asesinatos de un zar antidroga y de un asesor de seguridad. Años más tarde, en su juicio, se demostró que JOH también tenía nexos con estructuras criminales. La misión de esta Comisión fue extendida hasta 2019, y despidió a casi 5.700 policías en tres años.
Sin embargo, esta investigación tuvo acceso, analizó y contrasto informes de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad y halló que algunos policías señalados de participar en asesinatos y/o tráfico de droga lograron mantenerse en la institución, e incluso ascender. Mientras que otros que habían sido depurados por esta Comisión han sido reincorporados, tras demandar al Estado por despido injusto e ilegal. Al menos 25 policías han sido investigados reiteradamente por inteligencia policial en los últimos 20 años.
Este reportaje también encontró que no todos los hallazgos de estos informes policiales derivaron en investigaciones del Ministerio Público. Algunos casos aparentemente sí llegaron a la Fiscalía, de acuerdo con la información que la Dirección General de la Fiscalía compartió con esta investigación. Sin embargo, a pesar de que los señalamientos tienen más de una década, permanecen en reserva y sin condena.
Para comprender las razones, el equipo periodístico entrevistó a operadores de justicia, miembros de la última comisión depuradora, autoridades, agentes y exagentes cuyo trabajo era investigar a otros policías. Los consultados señalan que la impunidad radica en la manipulación de expedientes, la falta de datos en las investigaciones penales, la desaparición de testigos claves y la poca independencia de las entidades que investigan esos casos.
El equipo periodístico preguntó a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial si tienen investigaciones en contra de algunos policías depurados que buscan reintegro en la institución. La Unidad respondió: “Es un problema desde antes y ahora en la estructura policial sin ningún control. Hasta la fecha no tenemos una investigación en contra de alguno.”
La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, desde el exilio, cuenta lo que vivió en sus cuatro años en el poder (2022-2026): “Hay varios casos claros donde se demuestra que quien debía depurar a los policías corruptos era el ministro de Seguridad, pero con certificados médicos falsos lo evadieron (usan los certificados para no asistir a las audiencias y entorpecer los procesos). La Fiscalía tiene los expedientes de los casos de asesinatos de fiscales antidroga y nunca se hizo nada contra los actores intelectuales que son los mismos policías. Yo salí del país cuando gente de inteligencia militar me informó que la misma policía había puesto el valor de 5 millones de lempiras a la cabeza de mi hija.”
Villanueva denunció en 2023 la “complicidad” de la Policía Nacional en la masacre que ocurrió en la penitenciaría de Támara, donde 46 mujeres privadas de libertad fueron asesinadas en manos de supuestas pandilleras del Barrio 18. La exviceministra indicó que la mayoría de los casquillos encontrados en la escena criminal pertenecen a la Policía y concluyó que las armas que sirvieron a la masacre fueron prestadas.
En Honduras, el 55% de la población piensa que los policías y militares protegen a la gente rica y narcotraficantes, mientras el 30% siente miedo ante la presencia de policías. Esta percepción se sustenta en delitos graves cometidos por policías, que han derivado en escándalos mediáticos.
Por ejemplo, esta investigación identificó en los informes de la Inspectoría y en publicaciones de prensa señalamientos de participación de policías en los asesinatos de siete trabajadores de diferentes fiscalías del país. Los más mediáticos fueron los homicidios de Arístides González, Alfredo Landaverde y Orlan Chávez en Tegucigalpa. Pero hubo al menos cuatro más: Marlene Banegas, Olga Eufragio y Raúl Reyes Carbajal, en San Pedro Sula; y Manuel Eduardo Diaz Mazariegos en Choluteca.
Tras cada escándalo, las autoridades hondureñas recuerdan o activan procesos de depuración en la institución. Pero la mayoría de los casos quedan sin esclarecerse. En la mayoría de los casos solo se investigó y condenó a los autores materiales, mientras que el asesinato del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, permanece en total impunidad . La Dirección General de Fiscalía comentó a este equipo que la investigación se encuentra bajo reserva.
El último hito de la depuración policial ha sido objeto de críticas. Figuras de referencia en el combate contra el crimen en la Policía Hondureña, como la comisionada en retiro María Luisa Borjas, critican la Comisión Depuradora de 2016 por no haber respetado un procedimiento legal y alegan que la mayoría de las demandas de policías depurados serán ganadas por los mismos.
Según la Procuraduría General de la República, existen 527 demandas de policías depurados en contra del Estado, se están procesando en los juzgados de contenciosos administrativos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Ahora, muy poco se sabe sobre los procesos administrativos de reincorporación. Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) —parte de la Comisión de 2016— comenta que la ASJ no sabe cómo se está realizando estos procesos: “Se habla de bastantes reintegros y de bastantes personas que están pidiendo retornar a la institución. Pero definitivamente será la Secretaría de Seguridad, a través de la Procuraduría General de la República y otros entes encargados que deberán de buscar una estrategia. Número uno, para evitar infiltraciones y número dos, para no crear condiciones que puedan vulnerar derechos, porque eso al final tendría una repercusión en las finanzas del Estado”.
Un, dos, tres menciones
Javier Francisco Leiva Gamoneda es uno de los policías que ha sido reincorporado. Dice que fue despedido de la policía por un señalamiento basado en un informe falso publicado por la prensa en 2016. Ese año, The New York Times reveló que supuestamente la cúpula policial de 2009 orquestó el asesinato del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, bajo órdenes de varios carteles hondureños. Según el reportaje, Leiva Gamoneda prohibió a agentes bajo su mando interferir en el suceso.
“Mi subcomisario Francisco Leiva Gamoneda nos dijo: ‘Va a llegar un carro de un delincuente. Lo vienen persiguiendo unos policías motorizados. Denle luz verde a los policías y cualquier cosa ustedes no han visto nada(…)”, declaró un agente de tránsito que presenció el crimen a policías de la Dirección General de Investigación Criminal, según el informe de investigación de este caso al que tuvo acceso este equipo periodístico.
Ese “documento es falso”, afirmó Leiva Gamoneda en entrevista para esta investigación: “La supuesta participación de nosotros es completamente falsa, ya que el informe es completamente falso. Aún así, el director de la policía y el ministro de seguridad de ese entonces, haciendo caso omiso de este informe, continuaron con la depuración, dejándonos nosotros completamente en un estado de indefensión, a pesar de que ellos tenían la prueba para demostrar que lo que estaban publicando era falso y ellos no lo hicieron.” Además, aseguró que fue depurado sin audiencias de descargos ni el debido proceso”.
Leiva Gamoneda dijo que está adscrito a la Dirección General de la Policía desde marzo de 2026, y aseguró que fue beneficiado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en octubre del año pasado. Interrogada sobre su caso, la Procuraduría General de la República respondió: “La demanda fue contestada a través del juzgado de letras de lo contencioso administrativo, existiendo fallo con carácter firme”. Pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, el equipo no pudo acceder al fallo, pese a que se lo solicitó reiteradamente a Leiva después de la entrevista.
Los juicios y condenas en Estados Unidos a exoficiales hondureños han confirmado la veracidad de varios hechos que menciona el informe revisado por esta investigación y que reveló el New York Time en 2016. Primero, policías mencionados en ese informe fueron depurados: siete fueron extraditados a Estados Unidos y seis fueron condenados por tráfico de cocaína. Segundo, durante el juicio, el jefe del cartel de los Cachiros, Leonel Maradiaga, contó a la Corte que agentes de la Policía Nacional de Honduras asesinaron al fiscal González por órdenes de él y otros narcotraficantes que pagaron entre 200 y 300 mil dólares por este homicidio.
Leiva Gamoneda contó en la entrevista que recibió nueve años de salarios caídos.“Aquí en Honduras, los medios de comunicación deberían de estar preocupados por deducir quiénes practicaron esa falsa depuración por la cual ahora el Estado debe pagar millonarias cantidades a oficiales de policía que estamos regresando por el mal procedimiento de esa Comisión”.
Sin embargo, Leiva Gamoneda no ha sido investigado solo por el asesinato del fiscal Arístides González, de acuerdo a los informes filtrados a este equipo periodístico. Es mencionado por primera vez en 2003: supuestamente, junto a otros policías manipuló evidencia y descargó droga de una narcoavioneta en la carretera que conduce a la aldea Tulito, en el departamento de Choluteca. En 2006, fue investigado junto a otros colegas por haber participado en la fiesta navideña de un jefe de cartel en el norte de Honduras. El informe concluye: “Por las declaraciones testificales y los medios de pruebas se concluye que los oficiales están coludidos con personas del crimen organizado. Por lo tanto, hay méritos suficientes para realizarles audiencias de descargos.”
En 2011, fue nuevamente investigado por presuntamente mandar a empeñar 37 armas de la Policía Nacional. En el transcurso de la investigación, los subalternos de Leiva dijeron a la Inspectoría General que fueron amenazados de muerte si ofrecían declaraciones. Ese mismo año, en otro informe, se le vinculó con el asesinato de otro director de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público, Alfredo Landaverde, por dirigir a los sicarios en la zona del crimen en coordinación con otros oficiales.
Esos informes internos no dieron lugar a acusaciones penales. En cambio, el equipo halló que varios de los policías que investigaron, testificaron o dieron órdenes de seguir con las diligencias correspondientes fueron asesinados.
Jorge Castro Duarte, subinspector que describió y transcribió los vídeos de cámaras de seguridad en los que se planeó la muerte de Arístides González fue encontrado muerto en una calle solitaria de Tegucigalpa con un disparo en la cabeza en 2014. German Fernando Reyes Flores, testigo ocular del crimen, fue asesinado en 2013. Walter Iván Romero Alvarenga, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que firmó el informe que Leiva califica de falso, también fue asesinado. Acribillado con fusiles AK-47 en el norte de Honduras en agosto de 2010, ocho meses después del asesinado del zar antidrogas.
En el caso de la narcoavioneta en el departamento sureño de Choluteca ocurrió lo mismo. Exzequiel Antonio Estrada Izaguire, el policía que denunció a los miembros de la estructura criminal fue asesinado meses después. Juan Carlos Sotelo Perdomo, quien ordenó que se investigara a esa estructura fue asesinado en 2007. El Subcomisario Marco Aurilio Arias Rodriguez que elaboró la investigación en contra de los policías fue asesinado junto a su esposa en 2015.
En la investigación sobre el empeño de las armas de la policía, la mujer policía que denunció el hecho fue asesinada en un bus de la capital en 2013 y el policía que señaló a Leiva en su declaración también fue asesinado en 2015.
Leiva Gamoneda debió ser depurado en 2012 junto a otros 20 funcionarios, según una carta firmada por el entonces director de Recursos Humanos, Luis Aguilar Mazzoni, dirigida a Juan Carlos Bonilla Valladares, entonces director general de la Policía Nacional: “…Me dirijo a usted a fin de informar que ya se le aplicó el decreto de depuración 89-2012 al personal de Oficiales y Policías involucrados en el asesinato del director de la lucha contra el narcotráfico Julian Arístides González…”. Sin embargo, Leiva, según sus propias declaraciones para este reportaje, nunca fue separado de la institución en ese momento. “Eso fue un informe falso de la inspectoría. Yo tengo la copia donde el inspector del 2016 le hace ver al director que ese informe del 2012 es falso, ya que el número de oficio corresponde a otro informe. Y el oficial que dice que hizo el informe de Inspectoría ya no estaba asignado (…) El derecho no sanciona rumores, comentarios de pasillos, ni campañas de prestigio. Sanciona hechos demostrados”. Sin embargo, no compartió los documentos mencionados con el equipo periodístico.
En 2024, el destinatario de la carta de 2012, Juan Carlos Bonilla Valladares, se declaró culpable en Estados Unidos de haber contribuido al tráfico de 450 kilogramos de cocaína entre 2003 y 2016.
El comunicado también afirmaba que se habían girado instrucciones al Departamento Legal para que remitiera el expediente investigativo al Ministerio Público. A la pregunta sobre la existencia o no de una investigación en contra de Leiva Gamoneda, La Dirección General de Fiscalía respondió que se trataba de una información reservada.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso Judicial, creada en 2017 para ser el brazo penal de la Comisión Depuradora, sólo cuenta hoy con cuatro fiscales a nivel nacional. Sus resultados son muy limitados, con pocas investigaciones abiertas y pocas acusaciones emitidas, rozando en años anteriores cero.
Mario Guillermo Mejia Vargas, exsubcomisionado, un alto mando de la Policía Nacional, es otro ejemplo. Aparece en los informes policiales hondureños por dos asesinatos: el de Arístides González en 2009, como actor operativo, y el del fiscal contra el lavado de activos, Orlan Chávez, en 2013, ya como autor intelectual. Por estos casos nunca ha sido acusado por el Ministerio Público en Honduras, pese a que en 2016 se entregó a Estados Unidos por tráfico de cocaína, donde cumplió condena hasta el año 2021. Tras años de señalamientos a la justicia hondureña por la inacción, en junio de 2026 fue acusado por el delito de lavado de activos. Sin embargo, respecto a la supuesta participación de Mejía Vargas en los asesinatos de fiscales, la Dirección General de Fiscalía comentó que se trataba también de una información reservada.
Los filtros de la depuración
La depuración de la policía en Honduras es constante. Las cifras dadas por la Dirección General de Policía lo muestran: 115 depuraciones el año pasado. Pero no se sabe si cometieron una falta, un delito o si están investigados por el Ministerio Público. El dato no coincide con el número de policías “cancelados por despido”: 641 en 2025, de acuerdo con una reciente publicación de El Heraldo.
El equipo insistió en obtener las razones de estos despidos a la Secretaría de Seguridad. En respuesta, la institución compartió un listado que mencionaba las faltas disciplinarias con mayor incidencia, sin relacionarlas con las cifras de policías despedidos. Tampoco explicó “qué tipo de acciones debe cometer un policía para ser depurado”.
A la opacidad, se suma que la persona encargada de sancionar, suspender y despedir a policías, el comisionado Johab Eli Merlo Medina, actual director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, también aparece en los informes filtrados de la Inspectoría.
El primer señalamiento aparece en 2006 cuando supuestamente asistió a una fiesta navideña organizada por Wilter Blanco, el jefe del Cartel del Atlántico quien actuaba en la costa caribeña de Honduras. Años más tarde, Eli Merlo Medina fue ascendido a jefe regional de Catacamas en Olancho. En octubre de 2013, fue detenido supuestamente por transportar cocaína en un camión cisterna hacia la residencia de Wilter Blanco, sin embargo fue rápidamente liberado por el jefe policial de la estación de Satuye “por orden superior”. Y el camión cisterna siguió su ruta.
Merlo Medina fue también mencionado, junto a otros oficiales, en otro informe por “transportar la droga en los vehículos de su propiedad a estas estructuras criminales (…) a diversas partes del país por orden de Fabio Porfirio Lobo Lobo (hijo del expresidente Porfirio Lobo y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, unos años más tarde).” .
De acuerdo con un artículo de Proceso Digital, fue declarado culpable en junio de 2023 por abuso de autoridad y detención arbitraria. Tres años después, accedió a la dirección de Recursos Humanos de la Policía.
El equipo periodístico envió una comunicación a la Dirección General de la Policía para conocer su explicación sobre los hallazgos encontrados en los informes de la Inspectoría. La carta solicitó la versión de Medina, pero hasta la publicación de este reportaje no fue contestada. En cuanto al Ministerio Público, la Dirección General de Fiscalía declaró que “el policía no ha sido objeto de investigación ni de acusación en delitos vinculados al narcotráfico”.
El equipo también entrevistó de forma independiente a dos expolicías que investigaron para la Inspectoría General a policías que presuntamente cometieron delitos. Ambos describen una situación similar: no se trata de negligencia, es impunidad. Uno de ellos contó: “Hay manipulación de los expedientes para proteger a determinados oficiales, se quita páginas, se desaparecen informes investigativos, se saca pruebas de los expedientes”. Explica la ruta de denuncia interna cuando un policía es sospechoso de participar en actos ilegales. Los policías investigadores remiten sus informes a las autoridades policiales y departamentos pertinentes dentro de la misma institución, que deben verificar la información y mandarla si hace falta al Ministerio Público. “Cada eslabón representa un filtro. Porque un funcionario dice ‘X es mi amigo’ y no lo pasa al otro nivel. Si hay que proteger a alguien, lo protegen. De esta forma los informes se estancan”.
Uno de estos policías, que trabajó en diferentes casos de agentes involucrados en estructuras criminales, dice que llegó a la conclusión de que las fallas vienen tanto de la Policía Nacional, que protege a sus miembros, como del Ministerio Público. “Escuché a fiscales decir: ‘A este le vamos a arruinar la carrera si dejamos este documento… Mejor quitemos eso’”, recuerda. Cuenta también que el Ministerio Público tiene la facultad de secuestrar documentos de interés si la institución policial no colabora y no remite los expedientes. “Lo que pasa es que los fiscales llegan a las oficinas de la Policía, se llevan algunos informes investigativos, pero cuando se dan cuenta de que hay autoridades involucradas y mencionadas en los informes, ya no se ponen a trabajar en ellos y los dejan en el olvido”.
La mayoría de las acusaciones de la Unidad Fiscal encargada de la depuración son por lavado de activos. El equipo preguntó por qué se privilegia este tipo penal cuando hay señalamientos de participación de policías en diversos delitos. “Se utiliza este delito porque generalmente están involucrados en delitos económicos como extorsión, asesinato, tráficos en general, con todo lo anterior es mas fácil comprobar el lavado de activos”, contestaron.
Debilidades investigativas y trucos legales
La batalla judicial del excomisionado Jorge Barralaga empezó en 2017 cuando la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración lo capturó por lavado de activos. En el expediente penal, la acusación afirmó que recibió “dinero proveniente de personas ligadas al narcotráfico” y se hace mención en particular al cartel de los Valle Valle, que controlaba el traslado de cocaína en la región de Copán, donde Barralaga fungió como jefe policial departamental .
Su expediente es gigante. Son 13 tomos en el juzgado contra el crimen organizado, más los del juzgado de privación de bienes incautados. Son páginas y páginas que enumeran su riqueza y la de su familia: 315 vehículos, 72 cuentas bancarias, 54 inmuebles, 9 sociedades mercantiles. En el juicio, la defensa se refirió a las empresas de transporte que Jorge Barralaga tenía aparte de su sueldo de policía y cuyos ingresos explicarían su enriquecimiento . Pero no llevaron al juicio los libros de contaduría, los contratos y la documentación de respaldo. El tribunal los condenó a 10 años de prisión en enero de 2021: “La prueba de la defensa no es verosímil ni confiable”, determinó.
Tres años después de la sentencia, en 2024, Barralaga recuperó su libertad. Sus abogados apelaron la decisión y la Corte Suprema de Justicia falló a su favor. ¿El motivo? La justicia debía aplicar de manera retroactiva una reforma a la Ley de Lavado de Activos que lo beneficiaba . Otros jefes policías acusados del mismo delito conocieron la misma suerte. “Esa reforma ha sido creada para ellos. Tuvo vigencia poco tiempo, pero permitió a varios policías recibir absolución”, contó un juez que pidió mantener el anonimato por seguridad. La reforma a la Ley de Lavado fue aprobada en octubre de 2021. y derogada en julio de 2023.
Jorge Barralaga ganó una demanda en contra del Estado de Honduras por despido irregular apoyándose en el hecho de que la justicia lo declaró inocente. La Procuraduría General de la República comentó que existe un fallo de carácter firme del juzgado de letras de lo contencioso administrativo. Según fuentes cercanas a la Dirección General de la Policía, el policía podría recibir salarios caídos desde 2011, cuando fue suspendido de sus funciones por una investigación de Inspectoría General.
Su abogado, Andrés Urtecho Jeamborde, contestó a esta investigación que su cliente fue víctima de una persecución: “Él fue acusado de lavado de activos no por vinculación criminal. Después de 5 años y 2 meses de estar privado de libertad la sala penal emitió sentencia absolutoria a favor de él, lo absolvió de toda responsabilidad penal. No satisfecha con eso, la fiscalía inició un proceso de privación de dominio. El juzgado de privación después de 3 años ordenó mediante sentencia la devolución del 90% de sus bienes, que ahora vuelve a él en pésimas condiciones. ¿Fue víctima o victimario? ”
Otro caso de condena fallida, es la del exdirector de la Policía, Ricardo Ramirez del Cid (2011-2012). Ramirez del Cid fue capturado en España en septiembre de 2024 y acusado por la Fiscalía de Apoyo al Proceso de Depuración Policial de lavado de activos, después de haber estado prófugo de la justicia por tres años. En los informes de la Inspectoría, aparece cómo partícipe en el caso del aterrizaje clandestino de narcoavionetas en cañeras del sur de Honduras , cuando era oficial de la Policía Preventiva. Años más tarde, Ramírez del Cid es vinculado a los asesinatos de los fiscales Arístides González y Landaverde.
En febrero de 2026, Ramírez del Cid fue también absuelto de los cargos de lavado de activos que enfrentaba junto a su esposa. 15 inmuebles, 16 cuentas bancarias, seis vehículos, dos sociedades mercantiles le habían sido confiscados mientras la justicia examinaba movimientos financieros sospechosos por casi 27 millones de lempiras (1.2 millón de dólares).
“Los altos mandos policiales pasan en nuestro tribunal, pero los casos se caen”, explica un juez del circuito contra el crimen organizado. Según él la falla está en la poca investigación y la escasez de pruebas. “¿Dónde está el dinero que se blanqueó? ¿En inversiones inmobiliarias, en cuentas bancarias, en caletas ? ¿Y dónde está el vínculo con el crimen organizado? No se puede probar nada sólo con decirlo. Los policías a quienes se absuelve logran probar que tienen otros recursos que sus salarios, tienen rentas de apartamentos, varias empresas… Por eso no podemos probar el lavado de activos”. Un caso de lavado bien investigado son 50 documentos y un testigo protegido, dice. Y lo que se ve en los tribunales, continúa, es lo contrario: muchos testigos y pocos documentos.
La Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial lamenta la serie de absoluciones que recibieron policías en los últimos años: “Es un error grave ya que esto fomenta la impunidad, los tribunales no analizan la prueba del Ministerio Público y se basan en reformas ya derogadas, pero en la acción de privación de dominio se les priva de los bienes. Esto es una contradicción de un sistema de justicia desigual”, comentaron.
Investigaciones sin fuerza, policías sin frenos
Las oficinas de la Dirección de Asuntos Disciplinares de la Policía se ubican en una de las torres modernas del centro cívico de Tegucigalpa. En un open space luminoso trabajan una decena de investigadores en medio de expedientes que se acumulan en los escritorios. Hay cubículos con puertas cerradas para realizar las audiencias de descargo a los policías. Una oficina está dedicada a analizar las centenares de denuncias que llegan todos los meses y a elegir cuáles necesitan una investigación profunda. Al contrario de las décadas anteriores, en Honduras ya no son sólo los policías que investigan a policías, sino de una unidad civil compuesta por 22 abogados
La última comisión depuradora fue reemplazada permanentemente por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol). Aunque fue presentada como un orgullo internacional de “control civil e independiente” de la Policía tiene limitaciones en su diseño, explicaron expertos y expolicías consultados para este reportaje. Lo que ocurre es que la Didadpol investiga, pero las decisiones finales de sancionar –si se trata de una falta– le corresponde a las propias autoridades policiales. Si se trata de un posible delito, está en la obligación de pasar los expedientes al Ministerio Público.
El análisis de las propias estadísticas de la Didadpol (2018-2025), realizadas por este equipo, arrojan irregularidades: 21% de las denuncias recibidas no se investigaron y el 80% de las denuncias que podrían constituir delitos no se reportaron a la fiscalía, como establece la norma. Consultada sobre esas inconsistencias en las cifras, la Didadpol explicó que sólo se pueden abrir expedientes investigativos de denuncias con policías identificados, y que les llegan denuncias sin esta información. Negó que la institución no mande todos los expedientes que constituyen delitos al Ministerio Público: “realiza en su totalidad” la remisión de informes.
Silvia Amaya, su directora interina, explica que el principal reto es la falta de recursos en comparación con la cantidad de trabajo. Entre 2016 y 2025 la cantidad de policías aumentó en 70 % alcanzando más de 24.000 miembros. Amaya reclamó más independencia respecto a la Secretaría de Seguridad. Lamentó que para imponer las pruebas de confianza —toxicológicas, psicométricas, socioeconómicas— a los policías, los investigadores deben usar las infraestructuras y herramientas de la Policía. “La idea es que nosotros tengamos ese centro de pruebas para tener esa información con nosotros. Para tener un centro independiente. Eso también normalmente estaba en la ley”, señaló.
Las alertas que podría emitir la institución no parecen estar funcionando al cien por ciento. El policía Leonardo David Ortega Pagoada es uno de los policías depurados junto a Leiva Gamoneda en el decreto de 2012, por también estar señalado de haber participado en el homicidio del fiscal Arístides González. Sin embargo, Ortega ha permanecido en la institución y fue ascendido a director de la Dirección Anti Maras y Pandillas entre 2024 y 2026 . Unidad que fue recientemente desmantelada después del operativo irregular que terminó con la muerte de cinco de sus agentes.
El equipo periodístico preguntó a la Didadpol si tenía información que compartir a la Secretaría de Seguridad de policías depurados que están regresando a la institución, pero manifestó que “los procesos de depuración, reingreso, nombramiento o cancelación del personal son atribuciones exclusivas de la Secretaría de Seguridad” y que no tenía competencia en ellos.
Por esas fallas, desde la falta de investigación al blindaje legislativo para fomentar la impunidad, actores en el terreno ya no se creen el cuento de la “depuración” policial. Así lo relata un policía activo que fue parte de la Dirección Anti Maras y Pandillas. Desde la costa norte de Honduras, donde ha sido asignado, confesó que mandó varios reportes a la Didadpol sobre colegas involucrados con el crimen organizado. Palos de ciego. “Nunca mandan los informes al Ministerio Público y nosotros, los policías que quieren sanear la institución, quedamos desprotegidos. En peligro. La información se filtra porque hay muchos jefes que se llevan con las estructuras. Y a los policías señalados se les cambian de lugar, nunca son despedidos,” concluyó.
“Los altos mando están protegidos por los directores”, confirmó un expolicía quien trabajó siete años en Asuntos Internos de la Policía. “A mí me despidieron porque investigué a tres jefes policías por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.” Ahora, el expolicía lleva unos jeans y una gorra de deporte, pero extraña su uniforme. Se moviliza con cuidado en ciudades hondureñas porque sabe “demasiado” sobre sus excompañeros. Está convencido que el sistema actual de control a través de la Didadpol es tan solo un “archivero de denuncias”: “No entienden cómo funcionan los policías, cómo delinquen, y los policías andan más sueltos que nunca, sin frenos.”
La viceministra Villanueva aseguró que hay informes sobre policías corruptos que nunca han llegado al Ministerio Público, y agregó: “Y de los mismos que en el pasado han sido protagonistas de corrupción que están en el poder vigente”.