Una resolución emitida por el pleno de comisionados del IAIP en favor de una solicitud de información realizada por Contracorriente el pasado 18 de junio, obligó a las autoridades de la Secretaría de Salud a hacer pública la información de los resultados de la prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa -Transcripción Inversa (RT-PCR) del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a través de un informe de resultados firmado por la doctora Dina Jeaneth Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología.
La noche del 16 de junio en cadena de radio y televisión, Hernández afirmó que, junto con su esposa, Ana García Carías, recibieron el diagnóstico positivo por COVID-19 en pruebas de laboratorio. Esa misma noche, la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado reforzando las declaraciones e indicando que la prueba positiva era una PCR para la detección del virus. Sin embargo, el informe de resultados oficial contradice esta versión.
Según el documento entregado por la Secretaría de Salud, Hernández se realizó la prueba PCR para la detección del virus en dos ocasiones, la primera el 15 de junio que se clasificó con código de muestra 64451 tomada en el Hospital Militar y resultó negativa. A esta prueba es a la que se habría referido el presidente en sus declaraciones del 16 de junio, donde afirmó que «durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19».
El Hospital Militar recibió el ingreso hospitalario del presidente la mañana del 17 de junio sin un resultado positivo del virus. Según declaraciones emitidas ese día por el doctor Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el ingreso se hizo como precaución ante el resultado de los exámenes que supuestamente detectaron «infiltrados leves en sus pulmones».
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Hernández recibió muestras de apoyo de personajes de la comunidad internacional como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
Además, el mismo 17 de junio, funcionarios y personas allegadas a la gestión de Hernández se encargaron de respaldar el discurso que afirmaba la presencia del virus en el presidente. Para el caso, Alba Consuelo Flores, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, según una nota de prensa de Casa Presidencial manifestó que «el presidente y su esposa están muy bien, luego de dar positivo de COVID-19».
Otra nota de prensa de Casa Presidencial destacó que «el neumólogo e infectólogo Tito Alvarado confirmó que el presidente Juan Orlando Hernández es positivo de COVID-19 y por ahora presenta un cuadro de neumonía bilateral, por lo que está siendo tratado con el esquema de medicamentos CATRACHO, creado por médicos hondureños». Anteriormente, un comunicado también indicaba que el presidente y la primera dama estaban tomando el tratamiento MAIZ, compuesto por microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, todo esto como parte del método sugerido por la Secretaría de Salud y promocionado por el Presidente como la respuesta hondureña ante la pandemia para bajar la carga viral en pacientes positivos por COVID-19.
A las muestras de preocupación por el supuesto estado de salud del presidente también se sumó el pastor evangélico Roy Santos quien manifestó que estaba «orando por la pareja presidencial de la República de Honduras».
La segunda prueba realizada por el Hospital Militar y procesada por el Laboratorio Nacional de Virología, según el informe, se hizo el 19 de junio, cuatro días después del resultado que había dado negativo, mientras Hernández permanecía hospitalizado. Esta obtuvo un resultado positivo. Sin embargo, observaciones de expertos en procesamiento de este tipo de pruebas señalan que este resultado es dudoso debido a que el código de muestra que se indica en el informe de resultados, es el mismo que el de la primera prueba: 64451.
El código de dos muestras debe ser diferente, aunque sea la misma persona, explicó a Contracorriente un experto que prefirió mantenerse anónimo, es de esa manera en que se pueden diferenciar los resultados de las pruebas y el modo en que operan todos los laboratorios a nivel nacional, por lo que queda la duda de si la muestra del resultado positivo es la misma que ya había arrojado un resultado negativo el 15 de junio, o la posibilidad de que en el Hospital Militar se maneje de una forma diferente.
El documento enviado por la Secretaría de Salud a Contracorriente y certificado por el Laboratorio Nacional de Virología no muestra el contexto o las explicaciones ante esa incongruencia. Escribimos a la Secretaría de Salud para una explicación y hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Seis meses para hacer pública la información del presidente
El 23 de junio, la Secretaría de Salud categorizó la información de la prueba del presidente como reservada y denegó la solicitud de Contracorriente violentando la Ley de Acceso a la Información Pública y los estándares internacionales. La justificación enviada por la unidad de transparencia de dicha secretaría indicó que «de acuerdo con el artículo 3 Literal 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace referencia a los datos personales confidenciales como, en este caso, los relativos al estado de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen».
Contracorriente interpuso un recurso de revisión el 7 de julio donde se señalaba entre diversos puntos que, en primer lugar, la información solicitada no amenazaba con causar daño al presidente, ya que fue él mismo quien anunció el resultado de las pruebas de laboratorio; y en segundo lugar, que de no obtener la información, se causa perjuicio al interés público ante la ausencia del presidente de sus labores durante 15 días. Además, se apuntó que, si la prueba resultó negativa, implicaba responsabilidad administrativa y política frente a todo el país.
Finalmente, la Unidad de Servicios Legales del IAIP emitió el dictamen USL-356-2020 en el que se dio lugar al recurso interpuesto, provocando la emisión de la resolución del pleno de comisionados del IAIP del 30 de octubre, en el que se ordenaba nuevamente «la entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información solicitada», especificando que se ha determinado como consentimiento las declaraciones públicas realizadas por Hernández.
El incumplimiento de esta resolución iba a resultar en una acción del IAIP que llevaría el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) para la ejecución de la resolución y aplicación de una sanción económica a la licenciada Alba Flores, como titular de la Secretaría de Salud. Antes de este procedimiento, el pasado 16 de noviembre, dicha dependencia estatal envió la información que fue remitida este miércoles a Contracorriente.