El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Comercio, dio un nuevo golpe a la Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al incluirla en la lista de Control de Exportaciones, que prohíbe a las empresas norteamericanas hacer negocios con la institución represiva sin un permiso previo. A criterio expertos en el tema, con esta decisión Washington ejerce más presión contra la entidad policial, señalada de cometer crímenes y graves abusos a partir del estallido de las protestas en el 2018.
El Departamento del Comercio indicó que la designación de la Policía en la llamada “lista de entidades” es porque participó en actividades “contrarias a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”, haciendo referencia a la brutal represión ejercida por los uniformados contra ciudadanos en los últimos cuatro años.
“Esta adición se hace porque la Policía Nacional de Nicaragua es responsable o cómplice o ha participado directa o indirectamente en graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, señaló el Departamento en su comunicado oficial.
Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, explicó a DIVERGENTES que con esta medida ninguna entidad norteamericana o siquiera intermediaria podrá exportar o transferir a la Policía de Nicaragua alguna clase de bien o de producto. “Eso significa que la presión se incrementa sobre la Policía y que no va a poder adquirir productos o equipos provenientes de Estados Unidos”.
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La especialista añadió que con esta designación el Gobierno de Joe Biden está imponiendo un “cerco” mucho más fuerte contra la dictadura y sus instituciones. “En este caso lo que se está haciendo es que se está poniendo una traba más para que ahora ni siquiera los intermediarios puedan hacer operaciones en nombre de la Policía, entonces, efectivamente hay mayor presión”, insistió Cuadra.
A la par de Nicaragua, el Departamento incluyó a otras diez entidades de países como Birmania, Rusia y China, donde estas instituciones también están implicadas en graves abusos y violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias masivas, vigilancia de alta tecnología y ataques aéreos que han causado muertos y heridos entre la población.
“El Gobierno de EE. UU. ha determinado que estas entidades actúan en contra de la seguridad nacional o de los intereses de la política exterior de Estados Unidos. En esta norma, el Departamento de Comercio también modifica el Reglamento de Administración de Exportaciones para confirmar explícitamente que el interés de la política exterior de proteger los derechos humanos en todo el mundo es una base para añadir entidades a la Lista de Entidades”, añade el comunicado.
A criterio del exembajador de Nicaragua, José Dávila, esta medida adoptada por Estados Unidos representa una “vergüenza” y mayor “desprestigio” para la institución policial, dirigida por Ortega-Murillo. “Vergüenza mayor si vemos que los argumentos esgrimidos para esta medida es que han participado en represión, graves violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, y hasta asesinatos”.
Dávila añadió que con ello también ha quedado al descubierto que la Policía de Nicaragua no está al servicio del pueblo, “sino que es un brazo armado represor de una familia que concentra el poder en Nicaragua”.
El mensaje de Estados Unidos
El politólogo Manuel Orozco opinó por su parte, que el mensaje que manda el Departamento con estas designaciones es que Estados Unidos no trabajará con este tipo de entidades que cometen graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre las implicaciones para la institución represiva nicaragüense, Orozco explicó que con esta medida las empresas manufactureras o proveedoras de Estados Unidos no podrán vender equipos a la entidad pública. “Las implicaciones son que la policía no podrá usar con facilidad la tecnología de origen americano”, precisó.
El pasado 21 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el informe anual 2022 en el que citó numerosos reportes que evidencian cómo la dictadura sandinista, a través de sus agentes e instituciones, incluida la Policía, “cometieron abusos”, contra diferentes sectores civiles, entre ellos activistas, presos políticos, religiosos, periodistas y medios de comunicación.
“Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país… castigo de miembros de la familia por supuestas ofensas por parte de un pariente”, expone el informe.
Esta no es la primera vez que Washington impone castigo contra la Policía y sus altos mandos. El cinco de marzo de 2020 sancionó a la institución junto a tres altos jefes policiales: Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales, y Luis Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.
*Esta información ha sido producida con la colaboración de Otras Miradas como un apoyo al periodismo independiente en Centroamérica.