“Miguel Ángel Rodríguez llegó con traje entero, cabizbajo, y con el rostro tenso. Cuatro agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo escoltaron desde el asiento de la ‘clase ejecutiva’. Lo bajaron por el puente de abordaje que da a la autopista y de ahí se le trasladó a la ‘perrera’, mientras fotógrafos y camarógrafos pegaban gritos para que los agentes dejaran verlo”.
Así cuenta una de las notas de prensa escritas aquel lunes 15 de octubre de 2004, una de las escenas más contradictorias con la imagen de paraíso de estabilidad política que por décadas ha proyectado Costa Rica. Era el momento en que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegaba al aeropuerto Juan Santamaría para afrontar las serias acusaciones penales por casos de corrupción que pesaban contra él y otros dos expresidentes que habían gobernado en los años 90, tiempos en que el país consolidó una fuerte transformación y se abrió al mundo.
Rodríguez afrontó larguísimos juicios y al final recibió una condena leve si se compara con las dimensiones de aquel escándalo del 2004, uno de los hitos de la metamorfosis política costarricense en las últimas tres décadas. Ahora, a sus 85 años, ve lo que ha pasado luego y entiende que él fue parte —al menos testigo, quizás factor— del proceso que hizo a este país centroamericano dejar de ser o de creerse una arcadia democrática que llamaba a sus elecciones “fiesta electoral” y empezar a aceptar cada vez más similitudes políticas con los países del vecindario centroamericano.
“No cabía en mi cabeza. Bajando las escaleras me pregunté qué le había pasado a mi país”, dice ahora el hombre que por voluntad propia había aceptado dejar sus funciones en el mayor cargo diplomático ocupado por un centroamericano, para regresar a Costa Rica a someterse a la justicia, pero sin imaginarse aquella escena de recibimiento tan dispuestas para las cámaras.
Su versión es la de una víctima de aquel proceso judicial que había detonado junto a numerosas publicaciones del diario La Nación, el más importante del país. Otros ven al expresidente como un causante de las condiciones que ayudaron a alterar el terreno político del país, dinamitando el bipartidismo imperante de la segunda mitad del siglo XX y sembrando la semilla para un ambiente de antipatía partidaria que ayudó en 2022 el ascenso al poder de la propuesta “antipolítica” de Rodrigo Chaves, como pudo haber sido la de cualquier otro que también hubiera acertado en su narrativa y su oferta de derrumbar lo que ya mostraba grietas.
“Estaba naciendo un hambre de querer acabar con el pasado”, dice Rodríguez sobre aquella época, consciente de que su frase alude al lema de Chaves, cuyo discurso intenta relativizar los logros pretéritos y negar la calidad de una democracia que en el mundo se aplaude todavía, incluso en tiempos de crisis de los modelos democráticos.
En 2004 el 75% de los ‘ticos’ se decía satisfechos con la democracia, un indicador que 20 años después bajó 14 puntos y coloca al país en tercera posición en el continente, según el Latinobarómetro 2024. El ranking, sin embargo, tiene sus puntos delicados al basarse en la opinión de la población, pues en primer lugar aparece El Salvador, sometido al régimen de estilo autoritario liderado por Nayib Bukele y escenario de un claro retroceso democrático desde que él asumió el poder, según el Índice de la Democracia que publica The Economist Intelligence Unit.
El “chavismo”, que pretende profundizar su poder con las elecciones generales de febrero, ha atinado en su narrativa que responde al escepticismo de las nuevas generaciones frente al sistema tradicional y al resentimiento de sectores que quedaron excluidos de aquel modelo de bienestar para las clases medias. También a los apuros de estas para poder mantener su calidad de vida ante realidades económicas inciertas y a dos corrientes internacionales: el revisionismo sobre la historia del siglo XX y una resaca en políticas de derechos humanos que abona a la aceptación, incluso el entusiasmo, por la medicina de la “mano dura” cuya marca registrada en la actualidad lleva el apellido Bukele.
Lo nuevo no es tan nuevo
Los cambios, sin embargo, vienen de años incluso previos a aquella tarde en que Rodríguez sentía que el país era otro. Lo señalaba un investigador estadounidense llamado Mitchell Seligson, que estudió a Costa Rica como a pocas naciones y publicó en 2001 un libro cuyo título resultaba incómodo para la vanidad nacional: “¿Problemas en el paraíso? La erosión en el apoyo al sistema político y la centroamericanización de Costa Rica”.
Los indicios eran abundantes, pero había uno que funcionaba como indicador clave: después de que por décadas la abstención electoral rondó el 20%, esta había saltado a 30% en las elecciones de 1998, las que depararon el poder a Miguel Ángel Rodríguez justo para el cambio de siglo, de milenio, de terreno.
Esas elecciones fueron las últimas en que la disputa por el Poder Ejecutivo la protagonizaron sólo dos partidos, los representantes de los movimientos derivados de la Guerra Civil de 1948, detonada por la defensa de unos resultados electorales, que dio pie a una nueva Constitución política y a un modelo de desarrollo basado en el poder del Estado como un condicionante de las élites.
Sólo entonces hubo votación universal, un tribunal electoral independiente, un sólido entramado institucional y una pacífica alternabilidad en el poder entre la socialdemocracia y el socialcristianismo, aunque la democracia tampoco era perfecta, pues un sector de la población estuvo “huérfana” de representación hasta 1975, cuando se levantó la prohibición de partidos comunistas, recuerda el historiador y político de izquierda Vladimir de la Cruz.
Los años 80 comenzaron con los efectos locales de la crisis internacional que no impidieron la sucesión pacífica entre los gobiernos, mientras la sangre ahogaba al resto de Centroamérica agitada, por los coletazos de la Guerra Fría. A Costa Rica, sin embargo, le llegaron las ideas capitalistas del Consenso de Washington que impulsaron reformas para limitar el papel estatal —sesgado, burocratizado, cuestionado— en la economía y abrir espacios para empresas privadas que propulsaron el modelo exportador, lo cual enriqueció más a unos y ensanchó las desigualdades, recuerda De la Cruz y otros estudiosos consultados.
La socialdemocracia entró en dilemas, lo que aumentó las fisuras en la estructura del Partido Liberación Nacional (PLN) y se mezcló con escándalos que erosionaban la confianza popular, pero no alcanzaban en repercusiones al del 2004. Su bandera verdiblanca competía con la rojiazul del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en cada proceso electoral.
Los niños nacidos entre finales de los 70 y los 80 animábamos con banderas distintas en cada más y hurras el paso de las caravanas partidarias en tiempos de la “fiesta democrática”, nuestros padres exhiben aún la lealtad partidaria de la familia o el retrato de su caudillo, y los abuelos apenas recordaban las hostilidades políticas de mitad de siglo. Escaseaban las banderas distintas y las familias que emigraban; se negaba la existencia de “otros”, se pensaba que el resultado de los comicios poco iba a cambiar el rumbo aceptable del país; se creía que la estabilidad democrática y el agua eran inagotables.
“En los años 90 las cosas podían ser buenas o malas, pero la mayoría de la gente tenía certezas básicas”, apunta el expresidente Rodríguez. La mayoría también quitaba la mirada a las minorías creciente de activismo y a la marginación económica de hogares, en los que no habían entrado por la puerta el bienestar basado en la educación pública, ni las oportunidades de la economía ligada a los mercados externos. Costa Rica se preciaba de su modernidad al establecerse en el país una planta de la gigante estadounidense Intel, en 1997, pionera de las inversiones extranjeras que llegaron en condiciones de privilegio y que crearon una nueva clase de ricos manos afecta a las relaciones políticas, a los servicios estatales y a lo público en general.
Creció el escepticismo ante el Estado, su burocracia, las capas políticas y al poder de los funcionarios como representantes de la clase trabajadora. Se reventó el mito de los “igualiticos” que alimentó por décadas la idea de la excepcionalidad de Costa Rica expresada en su modelo democrático y su cultura de paz simbolizada en la carencia de un ejército desde 1949. Algo más —mucho más— pasaba en el país que se proyectaba ante el mundo como un paraíso de bosques y estabilidad que daba la bienvenida a inversiones, a turistas y a piropos como el que había pronunciado en 1989 el entonces presidente uruguayo Julio María Sanguinetti: “Donde quiera que haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad”.
El fin del encanto
Miguel Ángel Rodríguez empezó en 1998 un gobierno que intentó ir más allá con las reformas al Estado al impulsar la apertura del mercado eléctrico y de telecomunicaciones, dos negocios que junto a los seguros estaban aún bajo el dominio monopólico público. Sin embargo, desató un fuerte debate político sumado a intensas protestas en las calles nutridas por sectores que aún defendían el músculo estatal o dudaban de la probidad de esas reformas.
Eso impactó en los cuadros internos del PUSC y del PLN, que aumentaron su relativismo ideológico y ayudaron a debilitar las lealtades de otros tiempos. “Corruptos todos”, decía una enorme manta que un grupo de universitarios colgó en los portones de la Asamblea Legislativa, donde había diputados que quebraron las líneas partidarias sin temor a mayores consecuencias y con el aplauso de grupos ciudadanos.
Entonces nació el Partido Acción Ciudadana (PAC) con una figura llamada Ottón Solís, exdiputado del PLN en los 80, quien supo posicionar el discurso de la anticorrupción, de la austeridad estatal y de la necesidad de una opción distinta de los dos partidos de siempre. Así logró en las elecciones del 2002 arrebatarles una porción suficiente de votos para evitar que se alcanzara el 40% en primera vuelta y forzar una segunda ronda electoral, con el éxito de haberse dejado el 25% de los escaños legislativos. Un balotaje por primera vez en la historia. Empezaban las dos décadas que obligarían a los periodistas a repetir muchas veces “por primera vez en la historia del país”.
Por primera vez ganaba la presidencia un político que había apuntalado su fama como figura de la televisión, Abel Pacheco. Por primera vez el PUSC quedó en cuarta posición en 2006 y por primera vez la estrechez de resultados obligó a esperar días antes de conocer al ganador, Óscar Arias, que venció con una ventaja de sólo 1% a Ottón Solís, con una campaña electoral absorbida por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un acuerdo comercial que abundaba en reformas para una mayor apertura económica. “Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”, es una frase del 2007 que aún se le cobra a Arias como ejemplo de las promesas imposibles.
La discusión abrió aún más fisuras en los partidos tradicionales y Arias no pudo hacer que se ratificara en el Congreso, lo que lo obligó a convocar en 2007 un referendo nacional, por primera vez. Hasta ese momento todas las elecciones nacionales habían girado en torno a partidos, pero en esa ocasión perdieron el monopolio que, sin embargo, aún poseen para la designación de cargos de elección popular.
En 2010, cuando las redes sociales eran aún un terreno de encuentros amistosos sin apenas valor político, ganó por primera vez una mujer, Laura Chinchilla, que por primera vez tuvo que gobernar frente al control del Congreso en manos de bancadas opositoras y, como nunca antes, enfrentó la inseguridad colocada como principal problema del país. Desde entonces, llamó a la necesidad de Costa Rica de mirarse en el espejo de México para evitar el rebalse de la violencia de las organizaciones narcotraficantes. En otros países de Centroamérica ya había discursos políticos centrados en la mano dura, pero la respuesta costarricense aún se basaba en la policía civil y el reforzamiento del Poder Judicial.
Su política de seguridad tuvo relativo éxito, pero no evitó que Chinchilla acabara su gobierno agobiada por la impopularidad y sin la defensa de connotados dirigentes del partido, incluido Arias. En 2014 entró el PAC al poder con Luis Guillermo Solís, que había sido secretario general de PLN y supo entusiasmar a jóvenes y grupos de la población que ya formaban criterio por plataformas virtuales; significaba la nota final del réquiem bipartidista sin faltar otro elemento inédito: la renuncia de uno de los candidatos clasificados al balotaje, el liberacionista Johnny Araya, lo que dejó servida la victoria de Solís y su posibilidad de empezar un Gobierno con altas expectativas, que pronto se desinflaron.
Era el retorno del discurso socialdemócrata de un Estado fuerte y la irrupción de las invocaciones del nuevo progresismo, pero el paisaje le era más que adverso con la potencia de grupos conservadores y la apertura de debates sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Desde fuera se veían como discusiones de país desarrollado, mientras en Costa Rica crecía la división en torno a un nuevo clivaje cultural, en paralelo a señalamientos sobre los problemas estructurales arrastrados por años que se expresaban en marginalidad social, crisis fiscal y la expansión de la criminalidad asociada al narcotráfico. Solís quiso responder con posiciones de derechos humanos, basándose en la inversión social y poniendo en duda la eficacia del punitivismo, pero el terreno se iba abonando más y más con el respaldo popular a la “mano dura”. Fue cuando se acuñó el concepto “golondrinas” en sentido peyorativo para referirse a delincuentes reincidentes, pues en un caso de esos Solís defendía que “una golondrina no hace verano” y abogaba por políticas de readaptación social que resultaron impopulares.
Dios, Patria y familia
“Nada es más importante que Dios, la familia y la fuerza de la ley”, dijo un pastor evangélico en 2018 cuando una periodista en televisión le preguntó sobre las elecciones de ese año. Pasaron a segunda ronda el oficialista Carlos Alvarado, de discurso liberal en lo cultural y lo económico, y el predicador neopentecostal Fabricio Alvarado, una disputa producto del “shock religioso” que acabó movilizando a favor del PAC a la mayoría seguidora del catolicismo (religión oficial del Estado). Ambos venían de clases medias, jamás habían militado en las agrupaciones del bipartidismo y eran egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR), pero nunca antes había importado menos el origen de las candidatos, ni el color de la bandera partidaria.
Tampoco se había conocido de un Gobierno que empezara con tan baja popularidad. “Que haya votado por Carlos Alvarado no significa que lo apoye. Manché la memoria liberacionista de mi familia para evitar que quedara el evangélico”, dijo apenas supo los resultados Rosa Fallas, una jubilada de San José devota de la Virgen de los Ángeles, la patrona de los católicos de Costa Rica.
Su hijo mayor —profesor en un colegio público— también había votado por Alvarado, pero estaba feliz de que ningún partido tradicional había resucitado y la hija menor —analista de datos en una trasnacional— no votó porque no pudo regresar a tiempo de su paseo en Estados Unidos. “Por suerte, porque apoyaba en silencio a Fabricio. Bienvenido a mi casa, una Costa Rica a escala, pero sin pobres”, decía el profesor con humor ácido.
Carlos Alvarado, consciente de tener poca popularidad qué perder, impulsó una reforma fiscal que oxigenó las finanzas públicas con políticas de austeridad, más que con cambios tributarios progresistas. También propició limitaciones a los derechos a huelga y se aferró a posiciones que algunos líderes del PAC llegaron a calificar como “neoliberales” y por tanto, “traicioneras”. Ante la pandemia aplicó medidas restrictivas que la población nunca había vivido, lo cual agravó el perjuicio en los negocios, en los empleos y en la recaudación de impuestos.
El descontento popular se expresó por momentos en modo de furia. Hubo actos públicos en que el presidente era recibido con insultos a pocos metros de su cara. Mal con unos y con otros, Alvarado vio de cerca un desplome del PAC como jamás se había visto, con cero escaños legislativos y una votación de menos de 1% por su candidatura presidencial.
“De niña me gustaba el PAC por los colores de la bandera (rojo con amarillo) pero no yo no había nacido cuando fue eso de Ottón y Arias. Sí recuerdo que de niña me gustaba la bandera del PAC por los colores (rojo y amarillo) pero cuenta seguirle el paso a un partido, siempre ha habido muchos”, dice Johana, una joven que a sus 18 años se apresta a votar por primera vez, por presión de su mamá.
Ese “siempre” es una realidad para ella y la generación que jamás vio los tiempos de comicios con partidos estructurados más allá de los equipos de campaña. Son bisnietos de los costarricenses que vivieron los años claves de mitad del siglo y poco de aquello los marca, en caso de que lleguen a estudiarlo en los colegios. “Mis papás dicen que el país era mejor antes y que se ha ido perdiendo; para mí los culpables son los partidos, todos son lo mismo”, explica Johana.
Los padres de Daniela recordaban cuando en 2006 Ottón Solís, fundador del PAC, prometía destruir la corrupción de las élites y la politización del país. Les gustaba ese discurso, pero ahora no quieren saber nada del PAC. “Denme cuatro años y, si no, vuelvan a Liberación o la Unidad”, decía para las elecciones del 2006 que por muy poco no ganó. También aseguraba que el país tenía abundancia de dinero, pero que sólo faltaba eficiencia y ética. Los padres de Daniela, sin embargo, no quieren volver a nada de lo que hubo y tampoco quieren nada de lo que hay. A dos meses de las elecciones de febrero, no tienen ni idea de cómo votarán y tampoco se creen que haya alguna opción “defensora de la democracia”. “Mentirosos todos, ya no se sabe qué puede creer uno”, dice la madre. Son parte del 40% del electorado que, faltando ocho semanas de los comicios de 2026, mantienen la disposición de votar pero no saben por quién.
Paradójicamente, fue un ministro de Carlos Alvarado quien, encarnando en buena medida el discurso de Ottón Solís, supo hallar la forma de sembrar en el barrial para las elecciones del 2022. Se llama Rodrigo Chaves Robles y quizás se enteró por las noticias sobre este proceso de transformación política del país, porque llegó en 2019 a Costa Rica, después de casi tres décadas fuera con cargos en el Banco Mundial. Su currículo, sin un ápice de trayectoria partidaria más que funciones de su padre con el PLN, bastó para que lo nombraran ministro de Hacienda justo antes de la pandemia.
Sólo estuvo seis meses en el cargo, pero fueron suficientes para dejarse entusiasmar por la política y casi de inmediato empezó a “buscar partido”, una frase común ahora con el desplome de lealtades partidarias y la ausencia de una ley que permita candidaturas independientes.
El salto de Chaves
El primer acierto de Chaves fue aliarse con Pilar Cisneros, una periodista recordada por su paso en la televisión tradicional del país, con fuertes editoriales aversos al sistema político. Había dicho que era atea, pero ya no importaba tanto. Había expresado simpatía en 2014 por un candidato de izquierda, pero eso no era tan raro ante la volatilidad de los electorados. Había jurado que no entraría en política, pero las circunstancias pudieron más que el juramento y aceptó ser la figura que llevó a Chaves a remolque por todo el país, hasta convencer a un grupo de ciudadanos suficiente. Prometía acabar con la política tradicional y con la corrupción que muchos veían simbolizada en el otro candidato para segunda ronda, el expresidente José María Figueres, hijo del caudillo vencedor de la Guerra del 48. “Votar por Chaves es un salto al vacío”, decía Figueres. Algunos se escandalizaban por la aparente alusión al suicidio y otros lo explicaban como un paso a lo incierto.
Lo cierto es que cumplido el 90% del gobierno de Chaves, y encendida la mecha para las elecciones de febrero de 2026, casi nadie duda en afirmar que la democracia está en riesgo, aunque cada bando da razones diferentes. Chaves ha logrado posicionar una narrativa de que él es el enviado del pueblo para acabar con los tejidos del sistema político e institucional que, dice, sigue beneficiando a las élites bajo el espejismo de una democracia que, en la realidad, no es más que un espejismo. Por eso llama a usar las urnas para prolongar el despertar democrático que él se atribuye alimentado por un respaldo popular que hubiera deseado cualquiera de sus antecesores o de los candidatos actuales, incluida la oficialista Laura Fernández, que encabeza las encuestas, sin claridad de un triunfo en primer vuelta y sin un adversario claro para una eventual segunda ronda.
Del otro lado, fuerzas opositoras dispersas también llaman a las urnas en nombre de la democracia, pero para evitar que se derrumbe ante los señalados pasos autoritarios de Chaves: mensajes de rebeldía ante órganos judiciales, ataques verbales y acciones contra sectores críticos, afán por mayor concentración del poder en el Ejecutivo, el llamado a una nueva Constitución política para rediseñar el Poder Judicial y el deseo de Pilar Cisneros para habilitar la reelección inmediata, así como insinuaciones sobre un levantamiento popular en apoyo al Gobierno o la posibilidad del “destierro” para opositores, como dijo un diputado oficialista en el plenario, además del aviso de impulsar un Estado de excepción en zonas que alojan bandas narcotraficantes, como pronunció la candidata oficialista.
Como marco, un 25% de la población se desmarca de la idea de que la democracia es preferible a cualquier otro régimen político, dice la encuesta publicada este diciembre por el Centro de Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.
Esto sí marca una distancia frente a todas las propuestas políticas del pasado, incluida la de Ottón Solís en los primeros años del siglo. Sin dejar de sacar a lustrar la placa de la democracia ocasionalmente en estrados internacionales, Chaves encarrila con una corriente internacional de autoritarismos populistas cuyo referente regional es el presidente del El Salvador, quien dejó atrás posiciones progresistas y defensoras de reivindicaciones democráticas de hace unos años, como la división de poderes.
Ahora resulta un modelo a seguir para otras sociedades sedientas de resolver con cárceles lo que no evitaron las escuelas, aunque no padezcan la enfermedad de las pandillas que él la logrado contener en territorio salvadoreño, donde “muchos votantes han aceptado la erosión del sistema de pesos y contrapesos y de las libertades civiles a cambio de una mayor seguridad básica”, reseña el Índice de la Democracia.
La histórica presunción de superioridad costarricense frente a sus vecinos parece haber cedido ante un amplio grupo de la población que ansía a un Bukele en Costa Rica, como una seña de que iba bien encaminado Seligson en 2001 cuando se atrevió a usar la palabra “centroamericanización”. También pesa la presencia de Donald Trump en Estados Unidos, con sus relativismos democráticos y su política transaccional basada en el poder económico y los pocos reparos para intervenir en la política de otros países. “Nuestro socio favorito”, dice Chaves.
Como en 2010, la inseguridad volvió a colocarse como el principal problema del país, pero ahora con peores tasas de homicidios y mayor exposición de actos sangrientos a la vista de personas enajenadas a las disputas de narcotraficantes. Al mediodía, frente a las escuelas, en cualquier cafetería, en un atasco vial, en un juego de fútbol amateur o al atardecer en un parque de pueblo. El muestrario de los actos de sicariato ofrece más variedad de la que se pensaría para un país que ha hecho del pacifismo parte de la postal para el mundo, basado sobre todo en el saber vivir sin un ejército desde 1949.
Ahora como nunca, las sospechas apuntan más a un enraizamiento de las estructuras criminales dentro de instituciones públicas y sectores formales de la economía, así como al temor del arribo de dinero sucio en las finanzas electorales. Un punto de quiebre puede ser la captura del polémico abogado y exmagistrado Celso Gamboa, requerido para extradición por Estados Unidos para procesarlo por narcotráfico internacional.
Se trata de un hábil abogado que por años supo moverse como un pez en las aguas de la política en numerosos cargos hasta ocupar una silla como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de donde fue destituido en 2018 por el Congreso ante un escándalo de corrupción, como no había ocurrido nunca en la historia del país. Después se dedicó a dar servicios de asesoría y defensa legal a clientes privados, incluidos sospechosos de narcotráfico. Ahora además se le imputa ser socio de algunos de ellos, quizás aprovechando sus contactos en las instituciones del Estado.
Celso Gamboa, que abogaba por la “mano dura” desde años atrás, es el primer costarricense sujeto a un proceso de extradición, producto de reformas legales hechas en 2025 para responder a la escalada de homicidios y expresiones violentas del narcotráfico. En 2023 el país alcanzó una cifra récord de homicidios, con una tasa superior 17 por cada 100 000 habitantes, el doble de una décadas atrás, con una alta presencia de jóvenes entre víctimas y victimarios. “La mayoría viene de esa gente vive en esos barrios donde nadie está por voluntad propia, donde la vida vale poco”, dice un experimentado fiscal antidrogas. “A muchos ahí les importa poco el peligro de las bandas del crimen organizado y a otros, los que tienen miedo, les importa poco los abusos de los policías o de una cárcel donde no ven la luz, tipo Bukele”, agrega.
Libertades más que democracia
Encuestas de 2024 mostraron que una mayoría de costarricenses se rinden también ante el “efecto Bukele” y apoyan, quizás claman, políticas de “mano dura” que dejen de lado los resguardos de derechos humanos y que hagan posible recuperar aquella Costa Rica tranquila que supo venderse bien ante el mundo, cuando las condiciones eran otras.
La opinión pública, sin embargo, no es siempre clara, pues en simultáneo son altos los apoyos populares a las distintas libertades, incluida la libertad de expresión, entendidas estas como fundamento de la democracia, evidenció una encuesta de octubre del CIEP-UCR. Es decir, los costarricenses mantienen un alto aprecio por la democracia, pero la entienden como un cúmulo de libertades, y no necesariamente como el funcionamiento formal de las instituciones que constituyen el sistema de pesos y contrapesos.
De esto se aprovecha Chaves y su movimiento para afilar su discurso contra el sistema institucional, al que acusa de ser un entramado que ataca a su Gobierno para proteger a las élites, por lo cual llama a reformas constitucionales que le devuelvan el poder al pueblo (del que él dice ser su portavoz) y, por tanto limiten el poder de esas instituciones. De ahí su rechazo a someterse a las reglas del Poder Judical, del TSE o de la Contraloría de la República, tampoco a los controles del Congreso (en su actual composición, dominada por opositores), a la rendición de cuentas ante la prensa o a la interlocución con otras organizaciones públicas o privadas.
Esta es la diferencia más notoria entre la actualidad y el 2004 cuando Miguel Ángel Rodríguez aceptó apartarse de los beneficios del cargo internacional en la OEA, para regresar por su propío voluntad al país y someterse al aparato judicial, en los años en que Ottón Solís también prometía barrer con los vicios de la política tradicional con un discurso potente de ataque a la corrupción y defensa de la austeridad a rajatabla. Ahora uno y otro, como tantos más, son señalados por Chaves y su movimiento como culpables de la Costa Rica que ha sido ejemplar para otros países y que él asegura haber llegado no a enmendar, sino a refundar.