Las remesas se han convertido en un pilar fundamental para la economía de muchos países en desarrollo, especialmente en Centroamérica. En Nicaragua, representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y son esenciales para la subsistencia de miles de familias. Sin embargo, una propuesta reciente del Partido Republicano en Estados Unidos pretende imponer un impuesto del 5% sobre estas transferencias, lo que podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades receptoras.
La idea de gravar las remesas ha resurgido en la agenda republicana bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Según la Associated Press, el proyecto plantea aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes que no sean ciudadanos estadounidenses, afectando a más de 40 millones de personas, incluidas aquellas con tarjetas de residencia y visas de trabajo temporales. Aunque la medida aún no ha sido aprobada, ha generado una fuerte oposición por parte de activistas y expertos en migración, quienes advierten sobre sus consecuencias económicas y humanitarias.
Expertos en economía señalan que limitar o gravar las remesas podría incentivar el uso de canales informales y menos seguros para el envío de dinero. Además, podría reducir el volumen de transferencias, afectando directamente a familias que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda.
En Nicaragua, el impacto de esta medida sería particularmente significativo. Desde la crisis sociopolítica de 2018, el flujo de remesas ha aumentado exponencialmente, pasando de 1 501 millones de dólares en ese año a 5 243 millones en 2024. Según el Banco Central de Nicaragua, estas transferencias representan casi un tercio del PIB nacional, convirtiéndose en un elemento clave para la estabilidad económica del país y el sustento de más de un millón de familias.
Reacciones internacionales: un golpe para las economías migrantes
El impacto de este gravamen no se limita a Nicaragua. En México, las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias, y un impuesto sobre estas transferencias podría tener efectos negativos en la economía local.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación al respecto, señalando que esta medida afectaría tanto a los hogares que dependen de estos recursos como al consumo interno en Estados Unidos, impulsado en parte por las comunidades migrantes.
El efecto en Centroamérica sería aún más profundo. Países como El Salvador, Honduras y Guatemala, que dependen significativamente de las remesas, podrían ver un incremento en la desigualdad y la pobreza. Además, el uso de canales informales para el envío de dinero podría fortalecer redes ilícitas y reducir la transparencia financiera.
La situación, lejos de ser un problema aislado, se proyecta como una amenaza para la estabilidad económica de toda la región, incrementando el riesgo de crisis humanitarias y migratorias.
La posible aprobación de este impuesto plantea interrogantes sobre el futuro económico de miles de familias migrantes, especialmente en Nicaragua, donde las remesas son un salvavidas económico. La crisis migratoria ha llevado a cerca de 900 000 nicaragüenses a establecerse en países como Costa Rica, Estados Unidos y España, en busca de oportunidades laborales para sostener a sus familias.
Para muchos, las condiciones de vida en el extranjero son duras, con empleos precarios y costos de vida elevados. En este contexto, un impuesto a las remesas podría agravar aún más su situación.