Proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad “amenaza a la democracia hondureña”

El nuevo proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad fue presentado a mediados de agosto por el Gobierno de Xiomara Castro. Sin embargo, los partidos opositores han expresado su rechazo a esta ley por ser “una copia a las normativas de defensa de Nicaragua” para ser utilizada como un instrumento de persecución a sus detractores. El equipo de DiverCheck te cuenta


El miércoles 17 de agosto, sorpresivamente, el oficialismo hondureño apareció en el pleno legislativo con un proyecto de una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que pretendía se aprobara sin análisis previo y con la exoneración de dos debates.

Sin embargo, la oposición -constituida por las bancadas de los partidos Salvador de Honduras (PSH), Nacional (PN) y Liberal (PL)- exigió su discusión y aprobación en tres debates.

Este proyecto de ley busca impulsar la independencia de poderes y quitarle facultades a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). El Congreso Nacional (CN) aprobó en sesión del 23 de agosto el proyecto de ley en su segundo debate y solo hace falta un tercero para que sea aprobada de forma definitiva.

Unos sectores lo ven como un gran avance; pero por otro lado temen que tal como está redactada la iniciativa de ley, haciendo uso del concepto de “seguridad nacional”, se debilite la democracia, el derecho a la libertad de expresión y se aumenten los niveles de impunidad y corrupción en Honduras.

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Reconocidos profesionales del derecho en Honduras como Reina Rivera Joya y Raúl Pineda Alvarado explicaron al periódico hondureño El Heraldo que el nuevo proyecto de ley del CNDS tiene aspectos positivos, pero también muchos errores, relacionados con atribuciones y disposiciones que ya están contenidas en otras leyes.

“Seguridad nacional”

Proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad “amenaza a la democracia hondureña”
Soldados participan en una parada militar durante la conmemoración del 196 aniversario del Ejército hondureño, con entrega de condecoraciones, distinciones militares y ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas en una unidad militar al sureste de Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

Después del golpe de Estado de 2009, las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que había una figura en la Constitución, en el artículo 287, que nunca había sido regulada, la cual plantea la creación de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero no se especifica para qué. Por lo tanto, encontraron este artículo vacío y decidieron darle contenido. Sin embargo, está el artículo 285, que dice que la Junta de Comandantes es el órgano de consulta de todos los asuntos relacionados con la institución.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, entonces, de acuerdo con la Constitución, los temas de defensa deberían discutirse en su despacho.

Los militares vieron la oportunidad de qué podían pedir, y así con la ley del CNDS crearon una megaestructura y conformaron la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que muy pocos saben que existe pero que tiene un poder terrible.

La actual ley del CNDS coloca a la DNII como el máximo órgano ejecutor encargado de rectorar, diseñar y supervisar políticas en materia de seguridad y defensa nacional e inteligencia, y le da independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Además, a su titular le da el cargo de secretario ejecutivo del CNDS.

También se le quita a la DNII toda una serie de prerrogativas y se traspasan a un secretario ejecutivo con presupuesto, pero sin independencia funcional y administrativa; un órgano de coordinación sin mayores poderes.

Por otra parte, los expertos consideran sin sentido el artículo 5 del anteproyecto porque no se pueden definir las amenazas a la defensa y seguridad nacional, ya que estas ahora son multidimensionales y cada día surgen más; por otro lado, las amenazas que ponen en riesgo al Estado ya están en el Código Penal en el capítulo correspondiente a los delitos contra la seguridad interior y exterior; asimismo, consideran innecesario el artículo 6 que habla sobre la seguridad en el plan nacional de desarrollo.

Sobre la potestad que se le quiere dar en el artículo 9, numeral 8, al nuevo CNDS de clasificar y desclasificar información bajo el argumento de seguridad nacional, se traduce como una amenaza al derecho que tiene la ciudadanía a la información y que en todo caso, la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) regula eso.

Los reclamos de la oposición

La bancada de oposición del Partido Nacional, mediante un comunicado de prensa, calificó la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como una copia a las normativas de defensa de Nicaragua con la elaboración de la “Agenda Nacional de Riesgos”, como un instrumento de persecución a sus detractores.

Los parlamentarios enunciaron en el documento que la pretensión del oficialismo en la aprobación de la ley obedece a la evidente amenaza de definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley sí existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, a la Iglesia o a la empresa privada.

Las bancadas del Partido Salvador de Honduras, Liberal y Nacional han votado en contra de la normativa debido a considerar que la ley contraviene a la Constitución misma y contiene excesos.

Para Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), socióloga y analista, “los estilos de hacer las cosas crean mucha desconfianza. El hecho de que la presidenta de la República tenga a su sobrino como ministro de Defensa, por el estilo de conducción de ella, que no asume la conducción del país, sino que está el presidente Zelaya. Mandar al Congreso una ley una hora antes y se la dictaminan en otra hora y la pasan, eso crea desconfianza. Ellos mismos la han sembrado”.

No todo es negativo 

Proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad “amenaza a la democracia hondureña”
El titular de la Secretaría de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya (izq.), la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, y el presidente del Congreso de Honduras, Luis Rolando Redondo (der.), llegan al parque Cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Humberto Espinoza

Los expertos afirman que la ley también tiene aspectos positivos como el planteamiento del respeto de la separación de poderes al eliminar la representación de los titulares de los poderes legislativo y judicial, así como la presencia del fiscal general del Estado.

Asimismo, se le quita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) la atribución de ejecutar las políticas públicas que en materia de defensa y seguridad establezca el Consejo y se le elimina la independencia funcional y administrativa.

Y finalmente, se saca de las instituciones especializadas para la producción de inteligencia a las entidades financieras, al Instituto de la Propiedad y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las cuales manejan datos protegidos por el habeas data.