La abogada penalista española, Almudena Bernabéu, aseguró que su equipo legal solicitó a la Fiscalía de Costa Rica que se incluyera a Kenny Navarrete en la acusación que se presentó en junio de este año por el crimen del militar en retiro, Roberto Samcam, pero el Ministerio Público no lo aceptó.
Así lo confirmó Bernabéu, directora del bufete internacional Guernica 37 y representante en el proceso de la viuda de Samcam y querellante de la causa, la activista Claudia Vargas, en una entrevista este viernes 7 de agosto con el medio de comunicación 100% Noticias. “Nosotros solicitamos que se le acusara, creemos que hay prueba indiciaria y suficiente para ello, sin embargo, la Fiscalía es la que ha decidido que no es así”, apuntó Bernabéu.
Las declaraciones de la abogada española surgen a partir de que DIVERGENTES reveló que Navarrete, quien figura en un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el presunto coordinador del asesinato, se encuentra libre en Nicaragua.
El Ministerio de Justicia y Paz, encargado de administrar el sistema penitenciario en Costa Rica, confirmó a DIVERGENTES que Navarrete egresó el pasado 15 de julio del penal en el que estuvo recluido desde 2016, y posteriormente fue puesto a disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua para que esa autoridad “determinara lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias”.
De acuerdo con el artículo 250 de la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, cuando una persona extranjera condenada termina de cumplir su pena, el Ministerio de Justicia y Paz debe notificarlo con 30 días de anticipación a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que inicie el trámite de deportación.
“Fiscalía demuestra que no tiene capacidad o voluntad”
Bernabéu quiso aclarar que la OIJ hizo todo lo que pudo dentro de su capacidad de acción. “Nosotros tenemos claro quién está detrás de este asesinato”. La abogada descartó que sea un asesinato común. “Aquí hay una motivación y un deseo de acallar a una persona que viene desde Nicaragua”, señaló.
La directora de Guernica 37 aseguró que, hasta ahora, la Fiscalía costarricense no se muestra dispuesta a investigar más allá de la autoría material del asesinato. “Con esto, la Fiscalía demuestra que no tiene la capacidad o no tiene la voluntad”, dijo Bernabéu.
“Yo creo que (la Fiscalía) tiene que recabar o apoyarse en cooperación internacional porque sólo en Costa Rica, efectivamente, no se tienen todos los elementos para poder tirar del hilo e investigar una posible autoría nicaragüense o en Nicaragua, pero la investigación puede continuar en ese camino”, sostuvo.
Bernabéu dijo que el equipo legal prepara una solicitud de medios de prueba adicionales a la Fiscalía “que pueden ser clave para poder determinar responsabilidades que van más allá del grupo de sicarios”.
En junio, la Fiscalía de Costa Rica acusó a cinco sospechosos del asesinato del militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025. Sin embargo, en la acusación no se incluye al nicaragüense Kenny Navarrete Vallecillo, quien supuestamente coordinó la acción desde la cárcel, de acuerdo con un informe de ampliación de las investigaciones del crimen por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Hasta la publicación de esta nota, ni el Ministerio Público, ni el OIJ, se han pronunciado sobre la liberación de Navarrete y su posterior deportación a Nicaragua.
“No habría razones para que las autoridades penitenciarias lo retuvieran bajo resguardo”
Bernabéu dijo que en la investigación del OIJ se determina que Navarrete ha sido, a través de diferentes medios de prueba, la persona que “coordina a cierto nivel el asesinato de Roberto Samcam”.
El abogado penalista costarricense, René Ramos, explicó a DIVERGENTES que, si al momento de recuperar la libertad, el sujeto mencionado (Kenny Navarrete) no estaba ligado a ninguna investigación formal, que genera una medida cautelar de privación de libertad ordenada por algún juez de la República, “no habría razones para que las autoridades penitenciarias lo retuviera bajo resguardo”.
Ramos consideró que el Ministerio de Justicia actuó de conformidad con la Ley: al cumplirse la condena lo puso a disposición de las autoridades de Migración. “El hecho de ser mencionado como parte de una investigación penal, no es óbice para actuar en la forma que menciona el Ministerio de Justicia, pues solo un juez podría haber ordenado su detención provisional”, aseguró el penalista.
“El juicio se centrará en los disparos”
En junio, Bernabéu dijo a DIVERGENTES que el juicio oral –que todavía no tiene fecha– contra los autores materiales del crimen del militar retirado Roberto Samcam estará centrado en los sicarios, pero puede ser el primer paso para llegar a los autores intelectuales.
“Este juicio va a hablar sobre los disparos cometidos por un grupo de costarricenses a los que se les pagó por asesinar, no va más allá. Pero todos sabemos que lo que está atrás es algo mayor y todo contribuye a esa investigación”, explicó Bernabéu en esa ocasión.
Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, dijo este viernes que Navarrete “es un eslabón más de una larga cadena construida precisamente para diluir responsabilidades y proteger a quienes ordenaron y planificaron el crimen. La búsqueda de verdad y justicia debe llegar hasta los verdaderos autores intelectuales”.
La viuda de Samcam señaló que el caso está demostrando que es complicado. “Estamos ante un muro inmenso de impunidad que tiene que ver con Nicaragua, con la impunidad que el caso está generando en Costa Rica, porque Costa Rica no podría estar preparada para un caso de esta magnitud”, apuntó.
De los autores materiales a la búsqueda de quién ordenó el crimen
El asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor Roberto Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José. Desde las primeras etapas de la investigación, las autoridades costarricenses comenzaron a descartar que se tratara de un crimen relacionado con el narcotráfico y concentraron las pesquisas en un posible móvil político.
El primer avance importante ocurrió casi tres meses después. El 12 de septiembre de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a cuatro sospechosos de participar en el crimen y logró identificar a un presunto intermediario entre quienes habrían ordenado el asesinato y las personas encargadas de ejecutarlo.
Ese hallazgo permitió que la investigación comenzara a avanzar más allá de los autores materiales. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, afirmó entonces que una de las principales líneas investigativas apuntaba a que el asesinato habría sido ordenado desde Nicaragua y aseguró que las autoridades intentarían determinar quiénes estaban detrás del crimen.
Un extracto del expediente judicial divulgado en septiembre de 2025 incorporó información de una fuente confidencial que señalaba a miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y el G2 del Ejército de Nicaragua. La información también hacía referencia a reuniones que uno de los sospechosos habría mantenido con la “plana mayor” del Ejército nicaragüense antes del asesinato. Hasta ahora, esa línea investigativa no ha derivado en una acusación contra miembros de la institución militar.
La investigación que condujo hasta Navarrete
Las pesquisas avanzaron posteriormente hacia Keny Hosman Navarrete Vallecillo, un nicaragüense que para entonces se encontraba recluido en una cárcel costarricense por delitos ajenos al asesinato de Samcam.
Una ampliación de la investigación del OIJ, fechada el 6 de marzo de 2026 y revelada posteriormente por el medio Confidencial, colocó a Navarrete como una pieza relevante para esclarecer quién coordinó la contratación de las personas que participaron en el crimen. La investigación estableció conexiones entre Navarrete y personas señaladas dentro de la estructura que ejecutó el asesinato, mientras él permanecía privado de libertad.
Sin embargo, cuando la Fiscalía costarricense presentó en junio de 2026 la acusación formal por el asesinato de Samcam, Navarrete no figuró entre los acusados. El Ministerio Público concentró esa primera causa en cinco costarricenses señalados por su participación en la ejecución del crimen.