“Tenemos reportes de personas que ingresan ilegalmente hasta 70 veces al país y que están ligadas al crimen organizado y problemáticas de narcotráfico… tenemos el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades al territorio nacional donde tenemos casos de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces donde identificamos una reforma a la Ley de Migración”, afirmó la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en un video difundido por la Presidencia en los últimos días.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre Costa Rica y Nicaragua por la situación en Crucitas, donde continúa según el Gobierno de Fernández, la explotación ilegal de oro por parte de “coligalleros” nicaragüenses.
Aunque la presidenta aseguró en una entrevista con la periodista Claudia Gurisatti, de NTN24, que su Gobierno mantendrá una “relación armoniosa dentro de lo que cabe” con Nicaragua debido a los vínculos fronterizos y comerciales entre ambos países, la crisis en Crucitas sigue poniendo a prueba esa relación.
Más detenciones, violencia en la zona y daños ambientales en Crucitas y Conchuditas es lo que reportan las autoridades costarricenses. En redes sociales, la situación es más cuestionada: influenciadores llaman a crear grupos para defender el territorio tico, mientras otros cuestionan a los diputados de la Asamblea Legislativa y exigen respuestas más contundentes de Fernández. En Nicaragua, entre tanto, la minería ilegal continúa y, según las notas de prensa del Ejército de Nicaragua, se han realizado algunas detenciones vinculadas a esta actividad.
Mientras, la presidenta costarricense este 19 de junio realizó su gira oficial donde invitó a los diputados a realizar una gira oficial en la zona de Crucitas de Cutris, San Carlos, sin embargo, una hora después fue evacuada de emergencia al escucharse un ruido similar al de una explosión.
Fernández en conferencia de prensa indicó que Costa Rica gasta 1 millón 300 mil colones al mes en seguridad. “Tenemos 150 policías en estas 800 hectáreas, pero 150 policías en ese terreno que ustedes y yo vimos. Eso es una gota de agua en una plancha hirviendo. No va a haber contingente policial que nos permita garantizar nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”.
Afirmó que “esto no es jugando. No va a haber plata que alcance el oro. Se lo van a seguir robando a vista y paciencia de nosotros… Y ustedes (diputados) dejando que se roben el oro y se lo lleven a otro país a procesarlo y venderlo, o que lo procesen ilegalmente y se lleven la riqueza que es de los ticos”.
La mandataria fue firme al exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que el Código Penal costarricense se incluya a la minería ilegal como un delito “específico y fuerte”. “¿Ustedes sabían que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y que la condena es de dos meses? Entonces, tienen toda la razón los policías que me han dicho y aquí nos contaban los compañeros… hemos agarrado a sujetos hasta 35 veces. Ni uno solo ha ido a prisión preventiva. Da lo mismo robarse un nido de pericos que hacer estas piletas de cianuro porque se tipifica como delito ambiental parejo y no son la misma cosa. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que matar a los pericos, pero no son la misma cosa. Aquí es crimen”.
Crucitas: denuncias de crimen organizado y una coordinación bilateral sin avances
Fernández dijo a la periodista Amelia Rueda, que en lo que va del año, las autoridades le informaron sobre el hallazgo de 600 piletas de cianuro de 6 x 7 metros, donde donde procesan el oro, y que además, es un metal altamente contaminante de los mantos acuíferos y de la salud, además del desastre ambiental generado. “Hay grupos armados financiados por el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas”, recalcó Fernández.
Durante su gira, según la presidenta, invitó a todos los diputados “para que tomen decisiones… el mes pasado (mayo) los escuché a todos y hay mucha ignorancia en relación al tema, como por ejemplo, quieren que el Gobierno destine 200 millones de dólares para limpiar el desastre ambiental y luego que se convierta en patrimonio nacional del Estado y que se convierta un área forestal y vendamos bonos de carbono”.
A lo que Fernández enfatizó que estas acciones no van a evitar que se “siguen metiendo los nicaragüenses y otros grupos de otras nacionalidades”. La mandataria se aferra a que los diputados aprueben una ley que dé solución y permita la explotación minera a cielo abierto en esa zona y otorgar concesiones a empresas privadas a cambio de ganancias para el Gobierno en las 800 hectáreas que componen la zona.
La primera reunión bilateral ya se realizó. El encuentro tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Peñas Blancas, del lado nicaragüense de la frontera. Luego de que el entonces canciller Arnoldo André Tinoco, de Costa Rica enviara una misiva a Nicaragua indicando: “En sentido de buena vecindad, solicitamos intensificar patrullaje en río San Juan, para evitar que los terrones sean montados a la barcazas y llevados a Nicaragua”, según un comunicado publicado por Fundación del Río.
El día 24 de febrero, el canciller nicaragüense respondió positivamente a la solicitud de Costa Rica y se organizó dicha reunión.
Los cancilleres Tinoco, de Costa Rica, y Valdrack Jaentschke, de Nicaragua, encabezaron la reunión, en la que San José planteó la necesidad de incrementar las acciones para frenar la minería ilegal que afecta a Crucitas y Conchuditas, ubicado en Cutris de San Carlos.
El acuerdo incluyó la coordinación de operativos policiales conjuntos, un mejor intercambio de información y la designación de un enlace de comunicación para atender la situación en la frontera. Asimismo, ambas partes acordaron reunirse cada dos meses para evaluar los avances y fortalecer la coordinación en materia de seguridad fronteriza.
En el comunicado publicado por la organización ambientalista reveló los compromisos específicos suscritos por parte de Nicaragua fueron: reforzar patrullaje en la zona de minería ilegal especialmente en la Reserva Biológica del río San Juan, responder formalmente a acusaciones y coordinar acciones conjuntas, compromisos del Ministerio de Transporte, Aduana y Migración (ambos países) y mejorar la fluidez vehícular, reducir filas y optimizar escaneo de carga.
Sin embargo, los compromisos asumidos en febrero parecen haber quedado en el aire. La segunda reunión entre Costa Rica y Nicaragua debía realizarse el 24 de abril, pero hasta la fecha, ninguno de los dos gobiernos ha confirmado la próxima reunión ni si ya se desarrolló. Para este momento ambos países ya deberían estar preparando una tercera reunión.
Nicaragua reporta operativos, pero persisten las dudas sobre su efectividad
Siete meses después del primer encuentro, tampoco existe información pública sobre los resultados de la primera reunión ni sobre nuevos acuerdos para enfrentar el problema. Según Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, los Ortega-Murillo aplazaron la segunda reunión, y hasta el momento no se conocen las causas, ni la próxima fecha.
Mientras tanto, Nicaragua sostiene que mantiene operativos contra la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz. Las notas informativas publicadas por el Ejército de Nicaragua desde noviembre del año 2025 que se dio la primera reunión con autoridades ticas, y los primeros seis meses de 2026 reportan decenas de detenciones, el decomiso de combustible, equipos de comunicación y otros insumos utilizados por mineros ilegales, así como la destrucción de pilas de cianuro y establecimientos vinculados a esta actividad.
En lo que va del año, las autoridades reportaron la captura o retención de al menos 88 personas, la deshabilitación de 67 pilas de tratamiento con cianuro y nueve establecimientos vinculados a esta actividad.
Además, ocuparon 1501 galones de gasolina, 58 radios de comunicación, armas de fuego y proyectiles que presuntamente serían utilizados en labores de extracción ilegal de oro. Los operativos se concentraron en sectores como Las Cruces, La Conchuda, La Tigra, cerro La Conchuda, El Castillo y Boca de San Carlos, entre otros puntos cercanos a la frontera con Costa Rica.
Entre los operativos más recientes también se reportaron casos de personas que habrían ingresado desde Costa Rica hacia territorio nicaragüense por pasos no habilitados. En uno de los hechos, se detuvo a ciudadanos que, según el Ejército, transportaban medios vinculados a la minería ilegal tras cruzar la frontera, en embarcaciones con motor fuera de borda.
Sin embargo, Ruiz manifiesta que no existe voluntad política del régimen Ortega-Murillo para frenar la minería ilegal en la zona fronteriza con Costa Rica.
Agrega que, en vez de disminuir la actividad ilegal de extracción, “más bien ha habido un aumento y se ha extendido a otros puntos de la Reserva Biológica Indio Maíz, que tiene una relación directa con las personas que extraen oro de forma irregular en Conchudas y Crucitas”.
Costa Rica intensifica operativos contra la minería ilegal en Crucitas
Costa Rica ha tenido una respuesta más incisiva frente a este tema. Según la Policía de Costa Rica en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería realizan patrullajes, controles operativos y recorridos en puntos estratégicos para combatir las actividades delictivas que afectan las comunidades fronterizas.
“Se ve que el Gobierno de Costa Rica está haciendo un esfuerzo de detener la minería ilegal en estas zonas, sin embargo, esto no se tiene una corresponsabilidad del otro lado de la frontera, a pesar de que el Ejército de Nicaragua ha hecho patrullaje no ha habido una detención real de la actividad minera, porque se mantienen los principales puntos de extracción de minería ilegal en el sureste del país, se entregó otra concesión minera a una empresa china. Lo que significa que van a continuar los procesos extractivos”, dice Ruiz.
Según la Policía de Costa Rica, en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería, se mantienen patrullajes y operativos en puntos estratégicos de la frontera para combatir las actividades delictivas asociadas a la extracción ilegal de oro.
En videos difundidos por las autoridades se observan persecuciones y enfrentamientos armados con “coligalleros” que huyen de la zona en embarcaciones para evitar ser capturados. También se han divulgado imágenes de campamentos improvisados, depósitos de combustible, túneles clandestinos y amplias áreas deforestadas por la actividad minera.
El 2 de junio de 2026, las autoridades reportaron en sus redes sociales, la detención de 20 personas en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en cuarterías, campamentos y otros puntos considerados estratégicos para la minería ilegal en Crucitas. Días después, el 6 de junio, la Fuerza Pública informó la destrucción de dos campamentos clandestinos en cerro Conchuditas utilizados para apoyar labores de extracción y procesamiento de material minero. Según las autoridades, la intervención evitó el procesamiento de más de 215 toneladas de sedimento minero. Durante la misma semana, la Policía de Fronteras localizó cerca de 100 toneladas adicionales de material en esa misma zona, informó el comandante Junier Villalta Rubí, director de la Fuerza Pública en la Región N° 11 (Chorotega Norte).
La minería ilegal también ha dejado víctimas. En mayo, autoridades costarricenses y medios nicaragüenses informaron la muerte de Berlingo Samuel Sosa Oporta, de 23 años y originario de Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. De acuerdo con los reportes, el joven manipulaba un saco de cianuro dentro de un túnel cuando quedó expuesto a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia y murió intoxicado.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), en respuesta a una consulta de DIVERGENTES, entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026 la institución intervino a un total de 442 personas en la zona de Crucitas.
De acuerdo con los datos proporcionados por esta entidad, durante ese período se registraron 37 extranjeros rechazados por ingresar presuntamente por pasos no habilitados y carecer de estatus migratorio regular, una persona menor de edad remitida al Patronato de la Niñez (PANI), 226 personas con consultas al Sistema Migratorio, 28 extranjeros con estatus migratorio regular, nueve extranjeros citados por la Policía Profesional de Migración (PPM), 28 solicitantes de refugio y 92 extranjeros aprehendidos. La DGME también indicó que, del total de personas intervenidas, 373 eran hombres y 40 mujeres.
Migración añadió que, en cada caso, se aplicaron las disposiciones correspondientes de la Ley General de Migración y Extranjería N.º 8764 y de su reglamento, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada procedimiento.
Geólogos advierten el costo ambiental y económico de la minería ilegal
La preocupación no se limita a las autoridades policiales. El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) advirtió que la zona afectada por la minería ilegal en Crucitas y Conchuditas se ha expandido hasta alcanzar aproximadamente 10 000 hectáreas.
Según el CGCR, el valor potencial del recurso aurífero presente en la zona podría alcanzar los 10 000 millones de dólares a precios internacionales actuales. Los geólogos estiman que Crucitas alberga cerca de 2 millones de onzas de oro y que el potencial regional podría acercarse a 5 millones de onzas. Sin embargo, sostienen que la minería ilegal ha impedido un aprovechamiento ordenado de estos recursos y ha provocado pérdidas estimadas entre 1500 y 2000 millones de dólares desde 2017.
A ello se suma el impacto ambiental. Los especialistas advierten que el uso de mercurio en actividades ilegales reduce la eficiencia de extracción y continúa contaminando los ecosistemas. Estiman que desde 2017, se han utilizado alrededor de 200 toneladas de esta sustancia en la zona. Asimismo, señalan que la Fuerza Pública ha identificado cerca de 300 piletas con cianuro de sodio en Conchuditas, principalmente en la margen izquierda del río San Juan.
Las advertencias coinciden con estudios de la Universidad Nacional (UNA), que han documentado la presencia de mercurio en agua, sedimentos, flora y fauna, además de procesos de deforestación, erosión, acumulación de residuos y uso de explosivos que continúan deteriorando el ecosistema y favoreciendo la infiltración de contaminantes al subsuelo.
Sin coordinación binacional, la minería ilegal seguirá avanzando
Ruiz sostiene que una de las principales preocupaciones de Fundación del Río es que, aunque el Ejército de Nicaragua realice vigilancia, las personas involucradas en la minería ilegal no son procesadas judicialmente. A ello se suma, según el ambientalista, la falta de controles efectivos sobre el flujo de personas y embarcaciones que desembarcan en el lado de la frontera con Costa Rica.
“No hay una corresponsabilidad de Nicaragua, y al no existir, creemos que la actividad minera ilegal no va a detener. Va a continuar. Son medidas paliativas que derivan en contrabando, tráfico ilegal de materiales tóxicos y personas. Y es que, no hay un acuerdo binacional. Nicaragua solo busca ganar tiempo con Costa Rica, porque no existe un compromiso real sobre el Río San Juan y las áreas fronterizas”, dice.
Y es que, según Ruiz, la vigilancia del Ejército sólo enfoca sus labores de vigilancia en el sector del río San Juan, porque no ha logrado desalojar ni impedir la presencia de estos grupos que continúan trabajando en la minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.
“También la información presentada por el Ejército de Nicaragua omite detalles importantes sobre los decomisos, como el dinero incautado, la cantidad de sacos o sedimentos de minería (broza), la ruta de los materiales y las sustancias tóxicas decomisadas. Ni de personas judicializadas”, reza el comunicado de Fundación del Río.
Otra de las preocupaciones de la organización ambientalista, se basa en que la minería ilegal ha entrado en una fase de mayor tecnificación “utilizando técnicas semi-industriales de lixiviación con cianuro donde se utiliza carbón activado, soda cáustica, ácido clorhídrico, entre otros productos químicos para el procesamiento del oro. Inclusive se ha documentado la introducción de generadores eléctricos de motor diésel importados desde la India por Codinsa”, amplía el comunicado.
El monitoreo de Fundación del Río ha constatado que la actividad de minería ilegal continúa. La zona de influencia de esta actividad es de 36 km de longitud sobre el río San Juan, desde el punto del puesto del río Bartola hasta el puesto del río San Carlos.
Para la organización, la evidencia recopilada por la Fuerza Pública y las autoridades costarricenses sugiere que el incremento en los costos y la escala de estas operaciones podría estar asociado al ingreso de recursos de origen ilícito. Esto abre la posibilidad de que existan indicios de lavado de dinero y de vínculos con otras economías ilegales, como el contrabando y el tráfico de drogas, dada la magnitud logística que requiere sostener este tipo de actividad en la zona fronteriza.
A juicio del ambientalista, estas acciones no solo representan un riesgo para la seguridad en la zona fronteriza, sino que también pueden tener implicaciones sobre la soberanía de Nicaragua y de Costa Rica. En ese sentido, existe una responsabilidad del régimen Ortega-Murillo de controlar los efectos que se originan dentro de su jurisdicción y evitar que provoquen consecuencias sobre los países vecinos, especialmente en áreas cercanas a Las Cruces, donde se han autorizado concesiones mineras.
“Creemos que la minería ilegal en Crucitas, Conchuditas, Las Cruces y Conchudas no podrá detenerse mientras no exista un compromiso real por parte de ambos países para enfrentar el problema. Las autoridades costarricenses suelen abordar la situación como un asunto interno, pero se trata de una problemática binacional que también requiere responsabilidad institucional, acción estatal y voluntad política del lado nicaragüense”, afirma Ruiz.
Mientras eso no ocurra, concluye Ruiz, será muy difícil frenar la actividad minera. “Los coligalleros cruzan la frontera, utilizan embarcaciones y, según ha documentado Fundación del Río, se movilizan pese a la presencia de puestos del Ejército. Lo que se necesita es un compromiso real del régimen de Ortega y Murillo, respaldado por acciones concretas para combatir esta actividad”, finaliza.
La organización, también ha podido evidenciar la movilización de material minero o broza sigue siendo movido por los güiriseros o coligalleros tanto del lado de Costa Rica como del lado de Nicaragua, en ambos casos utilizan el río San Juan para el transporte acuático de estos sedimento, ya sea para procesarlo en territorio costarricense o para procesarlo en territorio nicaragüense. Tanto los reportes realizados por la Fuerza Pública de Costa Rica como los reportes locales de la organización coinciden en la continuidad de esta práctica.
La tensión en Crucitas alimenta mensajes contra los nicaragüenses
Los llamados para que el Gobierno costarricense actúe con mayor firmeza frente a la situación en Crucitas también han llegado desde algunos influenciadores y diputados. Sin embargo, parte de ese discurso ha derivado en expresiones xenófobas contra la población nicaragüense.
Uno de los casos más notorios es el de Rubén Rodríguez, un polémico influenciador costarricense que en junio difundió un video en el que aseguró que reclutaría personas mediante un número de WhatsApp para “defender” Crucitas.
“Hermanos costarricenses revolucionarios necesito 1500 hombres para ir a defender la patria en la zona fronteriza con Nicaragua, Crucitas, zona donde está siendo invadida por nuestros hermanos nicaragüenses, y nos están violando la soberanía nacional…”.
Posteriormente publicó otro video en el que pidió que su mensaje no fuera malinterpretado y aseguró que su intención era organizarse para “sacar a los nicaragüenses”, insistiendo en que “no estoy llamando a la violencia. Estoy llamando a la conciencia”.
No obstante, los comentarios publicados por usuarios en sus redes sociales evidencian un tono distinto, con mensajes que van más allá del apoyo a la vigilancia fronteriza y que, en varios casos, promueven discursos hostiles y xenófobos contra los nicaragüenses.
“Yo voy, pero no a defender el comunismo, ni el socialismo, voy a defender a mi patria. Rodriguez, para cuando es el movimiento, quién nos da las armas, moniciones y traslado. En pie de lucha por nuestra soberanía”, escribió el usuario”, Leovigildo Alvarado Esquivel