Con la juramentación en la Asamblea Nacional de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 27 de noviembre —Ana Julia Guido Ochoa, Shura Bonilyn Welcome Crawford, José Manuel Fuertes Toledo, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino—, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscó proyectar una imagen de “renovación institucional”.
Sin embargo, la reacción ciudadana ha sido dividida: mientras algunos expresaron esperanza de que, con el pleno finalmente completo según la nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial, la CSJ retome sus funciones y resuelve sobre centenares de casos engavetados, otros denunciaron la elección como una “pantomima” y criticaron que no haya “rostros nuevos, independientes o libres de cuestionamientos”. La gran pregunta es si la CSJ realmente volverá a funcionar como debería… y, sobre todo, quién estará al mando.
Abogados nicaragüenses entrevistados bajo condición de anonimato por DIVERGENTES, coinciden en que la supuesta señal de renovación institucional no existe. No hay indicios de que la CSJ retome su funcionamiento, tras más de dos años prácticamente paralizada. Por el contrario, afirman que el Poder Judicial continúa bajo el control directo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ejemplo de ello, es que pese al relevo anunciado, la elección de los nuevos magistrados no sorprendió a la ciudadanía ni al gremio jurídico, que los identifica como fichas directas de la pareja presidencial, principalmente de Rosario Murillo.
Aun así, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, defendió el proceso. Explicó que, la propuesta de candidatos —junto a sus respectivos currículums— fue remitida a la Comisión de Justicia, la cual actuó como comisión especial para evaluarlos “y presentar, con la brevedad correspondiente, el dictamen para que.. estemos aprobando esta propuesta”. Sin embargo, para el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, la legitimidad y transparencia de estas designaciones es otro movimiento político para mantener el control total de la CSJ.
Juan Herrera, un abogado litigante en Nicaragua, advierte que en el gremio se comenta que las condiciones en el Poder Judicial siguen debilitadas, empezando con que el “nombramiento de los cinco últimos magistrados fue exprés, son cuestionados por su parcialidad y la estructura legal ha sido reformada recientemente para reducir controles”.
Todas estas irregularidades no dan confianza al gremio, mucho menos a nicaragüenses que tienen causas pendientes de resolver por las diferentes salas judiciales. “La CSJ no va actuar con independencia real, sigue estando cooptada, es decir, es alta la posibilidad de continuar con el actual modelo de justicia controlada sin independencia, situación que no genera confianza”, dice el abogado.
¿Cómo quedó conformada la Corte Suprema de Justicia?
La CSJ está compuestas por los magistrados Juana Méndez, Ana Julia Guido, José Fuertes, Ernesto Rodríguez, Shura Bonilyn Welcome Crawford, María Elsa Frixiones, Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Rosa Argentina Solís Dávila, Gerardo Arce y Alba Luz Ramos, estos dos últimos fueron los grandes ausentes de la sesión de Corte Plena. Sin embargo, Barberena puntualiza que Ramos sigue sin tener voz en la CSJ, y según fuentes ligadas al sistema judicial, se encuentra en arresto domiciliario, aunque tampoco ha sido destituida formalmente por la Asamblea Nacional.
El pasado jueves 4 de diciembre se eligieron a los presidentes de las diferentes salas. Ana Julia Guido quien fungía como fiscal general, ahora es la presidenta de la Sala Constitucional; Octavio Rothschuh, ex magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, es el nuevo presidente de la Sala Penal; José Fuertes, quien se desempeñaba como secretario político del Frente Sandinista en Boaco y fue miembro del Consejo Departamental Electoral de ese departamento, fue nombrado como presidente de la Sala Civil y Rosa Solís fue designada como presidenta de la Sala Contenciosa Administrativa, luego de integrar la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). Aún queda pendiente nombrar al magistrado que presidirá la nueva Sala de Familia y Violencia.
Otra fuente ligada al Poder Judicial, que conversó con DIVERGENTES en condición de anonimato, explicó que tampoco se ha nombrado al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, ni al presidente, ni al vicepresidente de la CJS. Menciona que existe un fuerte rumor de que el magistrado Gerardo Arce, ya renunció, al igual que Alba Luz Ramos. “Mientras tanto, la Corte sigue paralizada y solo funciona en lo Administrativo, bajo Róger Martínez y Arlen Idalia Reyes López, que son el secretario y la subsecretaria general Administrativa.
Yader Morazán, especialista en administración de justicia y uno de los 94 desnacionalizados nicaragüenses, explica que la batuta de la CSJ estuvo primero en manos de Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y brazo derecho de Rosario Murillo.
Luego, pasó a los trabajadores de confianza de Moreno —Martínez y Reyes— quienes, a juicio de Morazán, incluso están por encima de los propios magistrados, a quienes describe como “figuras decorativas”. Morazán añade que a Moreno se le ha visto nuevamente en la Corte y “sigue teniendo las riendas de manera directa e indirecta de la CSJ”. Además, “están completando algunas vacantes de áreas sensibles que están escasas de personal después de la tercera barrida”, afirma.
Nombramientos premiados por lealtad, “no por capacidad”
“Los recientes nombramientos no están por capacidad, y eso es realmente lo que nos preocupa al gremio que seguimos ejerciendo en Nicaragua, tampoco tiene trayectoria real en funciones profesionales, y eso claro está, quita asertividad y nula independencia”, señala el litigante. Otra de las grandes preocupaciones de Herrera, es que la CSJ seguirá al mando de los Ortega-Murillo, y advierte que “los juicios no seguirán siendo justos o imparciales, sobre todo en casos que involucren a opositores, incluso hasta temas de propiedades”.
Esa misma opinión tiene Barberena, que la CSJ sigue sin independencia, pues la cabeza de este órgano estatal sigue siendo Ortega y Murillo. “Van a empezar a resolver los expedientes en despacho, pero serán aquellos que se decidan desde el bufete de El Carmen”. Con ello, Barberena recalca que la CSJ, a pesar de estar conformada, “no cumple las tres funciones elementales que debe tener todo sistema judicial: resolver conflictos entre particulares, realizar control de constitucionalidad de las normas, y materializar la función nomofiláctica por medio de la casación y la uniformidad del derecho”. En otras palabras, el deber de proteger y preservar la ley, asegurando su correcta interpretación y aplicación para lograr la unificación de la jurisprudencia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Herrera analiza que los diez magistrados ya electos deberían ser “independientes, imparciales, con criterios profesionales y no políticos, tener transparencia en los procesos, donde las personas sin importar su condición política tenga acceso a un defensa justa y respetuosa de los derechos humanos y garantías procesales, que no tengan ingerencia de los Ortega-Murillo, y lo más importante: que tenga credibilidad social en las sentencias, pero todo eso ha fallado, y el nombramiento de los cinco magistrados no hará la diferencia, sino más bien se seguirán creando vicios”.
“No había razón legal alguna para que haya dejado de operar la CSJ, por consiguiente, los nuevos nombramientos no marcan la diferencia en lo jurídico, por lo tanto, su funcionalidad no es legal, sino política. Con la pequeña diferencia que ahora ya no administran el servicio de brindar justicia como poder del Estado y ya no son un poder del Estado independiente, ni en papel”, advirtió por su parte Morazán. Señala que la CSJ ni siquiera ha podido pagar las liquidaciones por antigüedad ni prestaciones laborales —como el décimo tercer mes y las vacaciones— a los trabajadores despedidos durante la barrida de octubre de 2023.
En apariencia, la juramentación de los cinco magistrados completa el pleno y devuelve la normalidad en la CSJ, pero detrás de esos nombramientos exprés, las trayectorias cuestionadas y el control total del Ejecutivo, este órgano del Estado a juicio de abogados continuará sin independencia, sin capacidad operativa y sin cumplir con funciones esenciales. Es decir, seguirá siendo una institución paralizada y capturada.
