Diez días después de ser investida como presidenta de Costa Rica, Laura Fernández sostuvo el primer encuentro con el Poder Judicial. Lo que inicialmente fue una reunión de más de dos horas para discutir reformas al sistema de justicia, seguridad y manejo de recursos, terminó convirtiéndose en una muestra de la tensa relación que mantendrían ambos poderes.
La conferencia de prensa se caracterizó por la hostilidad entre ambas partes. Fernández estuvo acompañada de sus ministros de Seguridad, Gerald Campos, y de Justicia, Gabriel Aguilar. Mientras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre, llegó con la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Fernández dijo que en la reunión que sostuvo con los jerarcas del Poder Judicial les planteó que “existe una distancia entre lo que el pueblo de Costa Rica espera del Poder Judicial y lo que está recibiendo” y criticó directamente la reelección de magistrados.
– ¿Cuántos años tiene usted de ser magistrado, don Orlando? – le preguntó Fernández.
Aguirre le contestó que tenía 37 años como magistrado, y la presidenta comparó ese tiempo con los 39 años de vida que tenía entonces. “A mí me parece que todos los poderes de la República deben rendir cuentas y no deben existir funcionarios vitalicios en la función pública”, encaró Fernández al magistrado.
La permanencia de magistrados por largos periodos de tiempo es sólo una de las críticas del Ejecutivo al Poder Judicial. No es una objeción nueva, ni tampoco la única. Desde la Administración anterior, encabezada por Rodrigo Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia, los ataques a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia han sido constantes. Chaves llegó a señalar a los jueces de liberar a delincuentes detenidos por la Policía y sostiene que el crimen organizado penetró la judicatura.
El informe Estado de la Nación 2025, en su capítulo Fortalecimiento de la Democracia, registró que entre 2024 y 2025, el Poder Judicial fue mencionado el 69% de las veces en las conferencias de Consejo de Gobierno del Poder Ejecutivo, que se realizan los miércoles a mediodía.
El informe menciona que el 99% de las menciones fueron críticas a decisiones específicas de salas o tribunales, así como a la percepción de inacción o excesivo garantismo en asuntos considerados relevantes para el Ejecutivo.
Laura Fernández, autodenominada “heredera” del proyecto político de Chaves, ha intensificado el enfrentamiento con el Poder Judicial. Sus críticas van desde las “pifias” que cometen los jueces de ejecución, hasta la politización del Poder Judicial y la supuesta persecución política contra funcionarios de su gabinete (Chaves, por ejemplo, acumula aproximadamente 40 denuncias penales bajo investigación de la Fiscalía), el manejo de presupuesto y la “infiltración del crimen organizado”.
En sus primeros tres meses de Gobierno, Fernández les dijo a los jerarcas judiciales que se hicieran “a un lado”, acusó a los magistrados de la Corte Constitucional de ejecutar un “golpe de Estado” y anunció recortes fuertes al presupuesto.
Por otro lado, los magistrados han advertido que estos recortes presupuestarios afectarán el acceso a la justicia y el combate a la criminalidad y anunciaron acciones legales. Además, la oposición realizó un plantón multitudinario en apoyo a este poder.
El viernes 21 de agosto, Fernández aseguró que no volvería a convocar a Orlando Aguirre a ninguna reunión, luego de que el magistrado comunicara que no asistiría a un encuentro al que lo invitó la mandataria.
“Yo tengo la buena voluntad, la buena disposición, pero tampoco voy a seguir suplicándole al presidente del Poder Judicial que haga su trabajo… Ya no lo pienso convocar más”, dijo Fernández. Cinco días después, Aguirre, de 83 años, aseguró que no postulará su nombre para continuar como presidente de la Corte, pero que terminará su periodo como magistrado, que vence en enero de 2029.
Actualmente, Costa Rica vive uno de los momentos de mayor tensión entre ambos poderes en décadas, en una democracia caracterizada históricamente por su estabilidad política.
“La finalidad del Ejecutivo es convertirse en un actor más poderoso”
El politólogo e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ronald Alfaro, explicó a DIVERGENTES que los ataques del oficialismo (Chaves y Fernández) contra el Poder Judicial forman parte de su proyecto político.
“En Costa Rica el sistema político tiene un diseño institucional en el cual el Ejecutivo tiene un papel importante, pero no dominante, porque está sometido a muchos controles, límites, entonces esto es una forma de ampliar esos poderes”, añadió.
El analista político Alex García consideró que este enfrentamiento creciente es parte del “continuismo” de la administración de Rodrigo Chaves, quien lidera un grupo de “ultraliberales” que abogan por la privatización de los servicios públicos y empresas del Estado y utilizan una retórica “agresiva” por medio de las redes sociales y medios de comunicación afines.
Para García, el trasfondo de esta disputa “es la implantación del modelo económico neoliberal, que conlleva a una transformación social y política”.
El informe del Programa Estado de la Nación en 2025 advirtió que el Poder Ejecutivo atacaba a otros poderes “en procura de concentrar más poder, pero no ha logrado someter bajo su control al Legislativo y al Judicial, como ha ocurrido en otras naciones”.
El informe analizó que el sistema de pesos y contrapesos, particularmente la gestión pública, sigue activo pese a los intentos por debilitarla. “Hasta el momento, la institucionalidad de la democracia ha mostrado una resiliencia que no han tenido en otras naciones”, valoró.
Rezagos en la justicia “pronta y cumplida”
La narrativa de ataques al sistema judicial se sostiene en una realidad: la mora judicial, es decir, los rezagos para lograr la justicia pronta y cumplida. El pasado 23 de julio, la exdiputada y figura determinante del oficialismo, Pilar Cisneros, publicó un video en el que aseguró que la justicia es “cara y lerda” por “la ineptitud del Poder Judicial”.
Cisneros dijo que los magistrados costarricenses “son los que más ganan de América Latina”, con un monto de 18 800 dólares mensuales (de acuerdo a una recopilación de datos de Cisneros).
La exdiputada aseguró que actualmente existen 700 mil expedientes en mora y que los juicios tardan décadas. Sin embargo, ese poder del Estado respondió que esas cifras corresponden a los casos en trámite, no a casos atrasados, y el 48% de estos expedientes tiene menos de un año de antigüedad. Con todo, hasta abril de este año se contabilizaban exactamente 604 704 casos en trámite, 12 140 en ejecución, 3703 en rebeldía y 25 673 en resolución provisional, según datos del Poder Judicial.
Un artículo de Doble Check de 2025 reveló que cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia acumulaban más de 700 expedientes, de un total de 22 jueces. Otros tres funcionarios judiciales tenían más de 400 casos pendientes.
El informe de Estado de la Justicia 2025 señaló que estos rezagos hacen más vulnerable a la judicatura frente a presiones generadas por nuevas competencias judiciales y más conflictividad social. “La capacidad de respuesta institucional ha evolucionado más lento que la demanda… Esta situación ha dado cabida a una crítica ciudadana generalizada al desempeño judicial”, remarcó el informe.
Además del rezago judicial, la narrativa del oficialismo se alimenta de las críticas ciudadanas. Según el estudio Confianza y percepción ciudadana en el Poder Judicial en Costa Rica, el 53.9% de los ciudadanos expresó desconfianza en el Poder Judicial.
“Gobierno judicial lento y poco estratégico”
Sin embargo, los investigadores del Estado de la Justicia explicaron que la Corte enfrenta mayor presión sobre sus servicios debido al aumento de la violencia, el auge del crimen organizado en Costa Rica y las nuevas competencias asignadas por parte de la Asamblea Legislativa.
Según las estadísticas oficiales, el sistema judicial presentó una mejora de un 10% de los casos resueltos entre 2016 y 2024, pero un aumento del 20% en el volumen de expedientes.
El investigador Ronald Alfaro aseguró que la mora judicial “es una realidad”, pero sostiene que el sistema judicial conserva capacidades operativas, como quedó demostrado con la captura del reconocido narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el pasado 24 de julio.
El analista Alex García consideró que el discurso del oficialismo “parte de una base real: la alta corrupción política que por más de 60 años ejercieron los partidos tradicionales”.
García explicó que, desde finales de los años noventa, el Gobierno es el encargado de nombrar a los directivos de las instituciones del Estado, un mecanismo que, según dijo, ha sido utilizado para “pagar favores de financiamiento o colocar amigos”. De acuerdo con el analista, esta práctica también se extendió al nombramiento y la reelección de magistrados, uno de los principales cuestionamientos que hoy plantea el oficialismo.
“No hay que perder de vista que (Chaves y Fernández) no buscan una mejora del Poder Judicial, buscan un debilitamiento de la estructura del Estado; esa es su máxima política”, añadió García, quien consideró que esto forma parte de una tendencia política de derecha que ha ganado fuerza en América Latina.
Los analistas del informe Estado de la Justicia reconocieron que la crítica ciudadana “es parte de la vida democrática y un poderoso mecanismo para mejorar los servicios judiciales” e insisten en la necesidad de “modernizar un gobierno judicial lento y poco estratégico”. Sin embargo, diferenciaron que los ataques de parte del Ejecutivo procuran otros fines: “Descalificar la legitimidad judicial para así someterlo a fines partidarios”.
Enfrentamientos por presupuesto
Desde su nuevo puesto como ministro de Hacienda, el expresidente Rodrigo Chaves ha realizado una serie de propuestas para reducir el presupuesto al Judicial. Según Chaves, el recorte es extensivo a todas las instituciones del Estado debido a una caída de 373 390.8 millones de colones de impuestos proyectada para 2026.
El presupuesto del Poder Judicial sufriría una rebaja de 35 330 millones de colones. Una de las instituciones más afectadas sería el OIJ (9536 millones de colones), la institución que encabeza el combate contra el crimen organizado.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, calificó el recorte como una usurpación de funciones, violación de la división de poderes y medida inconstitucional. El magistrado Jorge Araya consideró, por su parte, que las consecuencias en las investigaciones criminales podrían ser críticas y traducirse en una mayor desprotección de víctimas y testigos y aumento de la mora judicial.
“Le tengo dos preguntas públicas al presidente Chaves: ¿A favor de quién está: del crimen organizado y del narcotráfico o a favor de los costarricenses decentes y honorables? Y la segunda pregunta que le hago a don Rodrigo Chaves Robles: ¿Está usted a favor de disminuir la mora o está usted a favor de aumentar la mora judicial?”, dijo el alto juez el pasado lunes.
Presupuesto alto, pero con más responsabilidades y tareas
El artículo 177 de la Constitución establece que “se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico”.
El presupuesto del Poder Judicial ha aumentado en las últimas décadas: de 53 509 millones de colones en 2002, a 521 023.2 millones de colones en 2025. Es el presupuesto más alto de Centroamérica y el 6% constitucional es uno de los porcentajes más altos asignados en la región.
Sin embargo, esta previsión del 6% entró en vigencia en 1961, cuando esta institución era mucho más pequeña y todavía no había asumido muchas de las responsabilidades que tiene actualmente.
En la reunión que sostuvieron ambos poderes en mayo, la magistrada Patricia Solano tomó la palabra para explicar este punto. La alta jueza dijo que, cuando se aprobó este 6%, el Poder Judicial estaba conformado por despachos jurisdiccionales y algunas oficinas de apoyo administrativo. Sin embargo, el Judicial ha sido ampliado al ámbito auxiliar que incluye al Ministerio Público, Defensa Pública y OIJ, instituciones que absorben casi la mitad de los ingresos anuales.
Además, entre 2019 y 2024 se aprobaron 46 leyes en materia de seguridad, y 30 de ellas modificaron las competencias de jurisdicción penal sin contenido presupuestario. Es decir, se convirtió en una institución más grande, con mayores responsabilidades, pero sin tomar en cuenta si el porcentaje presupuestario alcanzaría.
El oficialismo señala a la institución de no ejecutar todo el presupuesto, y destinar este dinero a un fideicomiso millonario. La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero, dijo a Semanario Universidad que el porcentaje de subejecución presupuestaria es mínimo. El año pasado se ejecutó el 96.84%, lo que representó 16 000 millones de colones, un monto “mínimo”, según Romero, ante la complejidad de programas de gasto y que estos corresponden a rubros de difícil ejecución, como infraestructura.
Sobre el fideicomiso, la directora ejecutiva informó que se trata de 82 millones de dólares que generan intereses en Hacienda y que ya están comprometidos con contratos de construcción de obras, que buscan reducir el pago de alquileres.
Fernández llamó “golpistas” a magistrados
El conflicto actual de los recortes de presupuesto data desde hace varias semanas, cuando Chaves propuso recortes del 5% a todas las instituciones del Estado. Los jerarcas judiciales aceptaron una rebaja de 13 221 millones de colones, pero el Ejecutivo argumentó que el recorte tiene que ser mayor.
En medio de esta disputa, el pasado 31 de julio, los magistrados de la Sala Constitucional prorrogaron el nombramiento de suplentes de la propia Sala, después de siete meses en los que el oficialismo se negó a votar la nómina de candidatos propuestos.
Laura Fernández calificó a los magistrados como “golpistas” por tomar esta medida, ya que la Asamblea Legislativa es la única autorizada para nombrar magistrados, según la mandataria.
La Sala Constitucional es la encargada de resolver recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y la protección de derechos humanos, y ha emitido varios fallos contra el Gobierno por violaciones a la libertad de prensa y de expresión.
Plantón demostró “activación” de la oposición
A raíz de los rifirrafes, el 6 de agosto, grupos de oposición convocaron a un plantón multitudinario en la Plaza de la Democracia en apoyo al Poder Judicial. Semanas después, Rodrigo Chaves dijo que los que asistieron a ese plantón defienden a las bandas criminales.
Según Alfaro, la marcha fue “un proceso interesante” debido al ciclo de baja protesta que ha habido en Costa Rica en la última década. “Esto es una especie de activación, que habrá que ver cuál es la profundidad que tiene, pero lo cierto es que agrupa a sectores sociales que han estado divididos, fraccionados, incluso debilitados en su capacidad de movilización”, valoró Alfaro.
El choque de poderes no solo está generando un clima hostil, sino que impacta en las políticas para el desarrollo. El sistema político actual hace la mitad de las entregas a la sociedad en comparación a la década anterior, según el informe del Estado de la Nación.
El analista político Ronald Alfaro consideró que, a medida que se ha intensificado el ataque, también lo ha hecho el contraataque. “Este es un escenario de enfrentamiento de poderes, en el cual lo que hace es que el poder se concentre en atacar y defender, entonces es poco lo que los actores se pueden concentrar en sus tareas cruciales”, puntualizó.