Más de 337 mil personas se encuentran en alerta luego de la conclusión de las negociaciones entre la administración del Presidente Joe Biden y los demandantes en el caso Ramos vs. Mayorkas, relativo al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que el expresidente Donald Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera preocupación.
A través de la demanda de Ramos vs. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.
Sin embargo, en septiembre de 2020 un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó.
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Las personas que se benefician de la protección que brinda un programa como el TPS entran en un limbo desde el día que se benefician de este tipo de protección, por la naturaleza temporal del programa. Ordinariamente es un limbo que dura 18 meses, porque ese es el período de protección. Esos 18 meses pueden ser renovados de manera indefinida pero no segura por la administración estadounidense de turno.
El actual programa humanitario otorga un amparo de deportación y una autorización de empleo temporal renovable cada dos años mientras dura la protección, hasta el 31 de diciembre de 2022.
La designación de los TPS de Honduras y Nicaragua fue en respuesta al paso del huracán Mitch en Centroamérica en octubre de 1998. El de El Salvador fue decretado por razones humanitarias tras los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001, mientras que el amparo de deportaciones a Haití respondió al sismo de enero de 2010 que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, la capital.
La promesa incumplida de Biden
El rompimiento de las negociaciones se da a menos de tres semanas de las elecciones de medio término donde los electores saldrán a las urnas para elegir un nuevo Congreso. “Si la decisión del panel de tres jueces se mantiene y Biden no actúa con decisión, los titulares de TPS de estos países podrían perder la protección a finales de este año”, advirtió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California.
Luego del colapso en las negociaciones el martes pasado, las reacciones de indignación no se hicieron esperar. “Estamos profundamente decepcionados de que la Administración de Biden haya optado por defender las decisiones de despido de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que representa a los demandantes.
También acusan a Biden de incumplir promesas de campaña. “Al no volver a designar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer con las familias migrantes”, dijo Erasmo Ramos en entrevista a Univision, un inmigrante hondureño titular del TPS y líder de la Alianza Nacional del TPS.
“En cambio, está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, apuntó.
Las diversas reacciones de algunos gobiernos
En medio de la actual disputa legal, en Miami (Florida) se creó la Fundación 15 de Septiembre. Miembros de esa entidad se movilizaron este lunes hacia Washington D.C. y se apostaron frente a la embajada hondureña pidiendo que el Gobierno de Xiomara Castro no solo se enfoque en el caso que se encuentra en la Corte.
En entrevista con Los Angeles Times en Español, el vicecanciller hondureño Tony García reveló que la presidenta Castro, el canciller Enrique Reina y el mismo García han realizado gestiones en diferentes niveles de la administración Biden para que se otorgue otro TPS y que se proteja a las personas amparadas desde 1999.
El viceministro de Relaciones Exteriores aseguró que la semana anterior se reunió con Katie Tobin, asistente especial del presidente Biden y directora senior de asuntos transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional. “Le recordé que cuando Biden era candidato dijo que cancelar el TPS era ‘una receta para el desastre’”, indicó.
En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el canciller Reina le solicitó el 18 de abril anterior que se tomen en cuenta las condiciones del país y los estragos causados por las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020 para que se apruebe un nuevo TPS.
Por otro lado, el Gobierno salvadoreño tiene otra posición. El Gobierno de Nayib Bukele ha elevado la narrativa de que esa nación ha cambiado y mejorado, algo que se convierte en desventaja para los salvadoreños en este alivio migratorio.
La semana anterior, Los Angeles Times publicó una nota sobre el aparente abandono en el que han estado los beneficiarios del programa, la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, reaccionó en Twitter asegurando lo contrario.
El salvadoreño Tony Vásquez, coordinador del comité TPS en Woodbridge, Virginia, desmiente a Mayorga en una entrevista brindada a Los Angeles Times. Este activista asegura que el consulado local en Virginia les cerró las puertas. Antes se reunían en esas instalaciones, pero luego les dijeron que debían enviar la solicitud a la Cancillería y no volvieron a contar con ese apoyo.
Al mismo tiempo, el organizador comunitario sostiene que la embajadora ha estado ausente, lo mismo piensa de la canciller Alexandra Hill Tinoco.
“Ella está mintiendo”, dijo el activista, aduciendo que las supuestas gestiones de la embajadora Mayorga con congresistas datan de febrero y mayo de 2021, en donde la diplomática asegura haber abordado el tema del TPS, tal como se puede ver en su cuenta de Twitter.
En octubre de 2019, los salvadoreños beneficiados con el TPS le pidieron al presidente Nayib Bukele que hiciera lobby para ayudarlos. La respuesta fue positiva, sin embargo, ese mismo día los activistas se enteraron que el presidente de El Salvador había firmado un acuerdo con Estados Unidos para que los salvadoreños retornaran al país de origen.
En cuanto al Gobierno del régimen Ortega-Murillo se desconoce si verdaderamente han realizado algún tipo de acción para ayudar a los miles de nicaragüenses que se encuentran protegidos bajo el TPS.
¿Qué sigue?
Como lo plantean los expertos, el caso va a resolverse en la Corte. Sin embargo, todavía la administración Biden puede extender el programa o igual tiene la potestad para otorgar una acción diferida.
Óscar Chacón, director de Alianza Américas, aseguró recientemente que lo que se debe hacer ante esta realidad es redoblar esfuerzos de presión hacia la administración Biden para que emitan una protección migratoria, que les permita a los actuales beneficiarios de TPS seguir protegidos. Entre las opciones que la administración Biden tiene está la de una nueva designación de protección temporal, que podría incluir a los actualmente protegidos y abrir la posibilidad para nuevos solicitantes, esa es una opción.
Otra opción es revocar la cancelación del programa TPS, emitida bajo el gobierno anterior (Trump), y en paralelo, anunciar una extensión automática de las personas que han gozado de esta protección hasta esta fecha. Además, si esto no llegase a funcionar, hay otros mecanismos. El presidente Biden puede emitir una orden ejecutiva creando un programa de acción diferida que tiene un efecto muy parecido al TPS, y de esta manera garantizar que exista una protección para una población que ha tenido TPS.
Alianza Américas asegura que es importante estar claros de que independientemente las negociaciones estén suspendidas, nadie debería estar haciendo maletas y pensando en regresar a sus países de origen porque no se han agotado los caminos legales disponibles.